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Atrapado en el tiempo: La Ley de Memoria histórica

Franco y la estatua de Largo Caballero en la Castellana

En diciembre de 2007 se aprobaba por las cortes españolas -dónde el presidente de  gobierno José Luis Rodríguez Zapatero contaba con una mayoría suficiente para gobernar-  la ley 52/2007 que rápidamente pasó a ser conocida como "ley de Memoria Histórica".  

Actualizado 18 mayo 2017  
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Gonzalo Fernández de Navarrete G.V
  

En realidad  la ley  se  denominaba “LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

 

En su preámbulo se podían leer palabras grandilocuentes en las que se enlazaba el objetivo de la ley con el de la Transición y la Constitución de 1978.

 

               “ El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora.

 

               El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas

que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió.

 

               Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones

cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender.”

 

Decía Miguel de Unamuno que no es posible encontrar la verdad por el carácter no-algebraico del propio lenguaje, pero en cambio Bertrand Russell considera que los hechos no son ni verdad ni mentira: son hechos. Por lo tanto con la dificultad que las interferencias de las creencias de los ciudadanos suponen, sería bueno que la Ley de Memoria Histórica sea evaluada por los hechos que se han producido tras su promulgación y aplicación.

 

Lo cierto es que desde esta ley se aprobó, los efectos han sido múltiples en la vida política española.  Aunque no todos se deban a esta ley, seguramente ha contribuido a orientar muchas de estas circunstancias enumeradas a continuación:

 

- Aunque puede que algunos de los juristas e historiadores que participaron en su redacción obraran de buena fe, no es cierto que el espíritu de concordia de la Transición haya sido el que ha guiado la aplicación de esta ley. La ley de Memoria Histórica en estos 10 años transcurridos desde su aprobación se ha convertido en un instrumento del que se han apropiado aquellos herederos de las ideas  totalitarias que quieren blanquear las salvajadas de uno de los bandos, señalando solamente reprobaciones al otro.

 

- Esta ley  también está siendo utilizada por los nacionalismos periféricos excluyentes para intensificar la expansión de un nacionalismo totalitario en varias regiones donde cuentan con apoyo para gobernar, ocultando el verdadero carácter antidemocrático de sus ideologías, presentándose como víctimas del franquismo, lo que supuestamente legitimaría cualquiera de sus acciones por ese simple hecho .

 

- El Partido Socialista ha pasado a ser una suma de facciones minoritarias dónde en alguna de ellas reaparecen elementos marxistas que tras la dimisión de Felipe González en 1978 hasta conseguir  la renuncia a la ideología marxista del PSOE habían quedado  limitados a un mínimo folclórico desde entonces.

 

- Un partido  de componente  religioso ideológico anarco-marxista llamado Podemos ha sobrepasado por la izquierda al Partido Socialista. Zapatero  abrió una caja de los truenos que ya no podrá cerrar sin que aparezcan los fantasmas de Julián Besteiro, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero en una versión actual en el siglo XXI desde luego empobrecida de aquellas figuras representada en los 3 candidatos a la secretaría del PSOE que en estos días se rifan los apoyos de los militantes.

 

 

- El secuestro de la ley de Memoria Histórica por los que quieren blanquear las salvajadas cometidas por el Partido Socialista desde  1934, y por el gobierno republicano y sus múltiples facciones desde 1936 y 1939, así como por anarquistas, comunistas y otros autodenominados “republicanos”.

 

Es conveniente recordar que cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero al poder en 2004 por motivos que excederían las líneas de este artículo, España estaba atravesando una bonanza económica heredada  que había supuesto  supera el 100% de la renta media de la UE.

 

Fue rápidamente voluntad de Zapatero el aceptar postulados simplistas sobre la Transición y sobre la Guerra Civil que motivarían la redacción de ley de 2007 sobre la Memoria Histórica.

 

Baste recordar antes de la redacción de esta ley,  la desafortunadísima  retirada en el año 2005 de la estatua de Francisco Franco que se encontraba en los Nuevos Ministerio de Madrid, justo el mismo día que se celebraba un homenaje a Santiago Carrillo.

 

No fue bien elegido el día de la retirada, pero denota la verdadera voluntad del gobierno de Zapatero. Si hubiera elegido el día de retirada coincidiendo con algún aniversario de Julián Besteiro – líder de la única facción socialista desde 1934 verdaderamente democrática- quizás hubiera sido más creíble que la de la Memoria Histórica era una ley de verdadera concordia que representaba el espíritu de la Transición y la Constitución de 1978.

 

Santiago Carrillo nunca fue una figura de verdadera concordia. No aceptó Carrillo responsabilidad alguna cuando personas que dependían orgánicamente de él – esto es un hecho irrefutable- colaboraron en los asesinatos cobardes de miles de personas  en Paracuellos del Jarama y en otros muchos descampados de Madrid donde facilitaron la ejecución de personas desarmadas. Además de cualquier otra consideración  penal lo que hoy llamamos la “responsabilidad política” de Carrillo es evidente.

 

Luego, en los años de postguerra, Carrillo fue un oligarca que viajaba de congreso en congreso y reunión y en reunión con todos los gastos pagados por los países afines a la Unión Soviética, contribuyendo a esclavizar, encarcelar, y reprimir en nombre de la URSS a todos los que querían un modelo de libertades basado en la Democracia representativa y en el sufragio individual.

 

Es cierto que en la Transición Carrillo aceptó participar en la democracia española. Pero  a pesar de participar en ese invento conceptual que mezclaba el nacionalismo con el comunismo llamado “eurocomunismo” que supuestamente reivindicaba un comunismo independiente de Moscú, aunque se acercó al Partido socialista en sus últimos años nunca condenó de forma clara la dictadura soviética ni otras de pelaje similar que destrozaron la vida de tantos obreros en el mundo, condenándolos a trabajar para una oligarquía soviética por unos míseros salarios, en unas condiciones de vida precarias, sin siquiera poder quejarse. .  

 

Por otra parte esta ley ha producido de forma indirecta un “blanqueamiento” de la deriva totalitaria-revolucionaria del PSOE de Francisco Largo Caballero desde 1934. Desde 1934 Largo Caballero, llamado el “Lenin español”, declaró  su voluntad  refrendada  en los hechos desde la Revolución de Asturias de establecer una dictadura en España, declarada en todos los documentos que el diario oficial “el Socialista” recoge en sus números archivados, así como en todos los discursos que pronunció desde 1934 que las hemerotecas contienen.

 

Además en Septiembre de 1936, momento en que Largo Caballero  llega a la presidencia del gobierno,  el ministerio de Gobernación  dirigido por el criminal Ángel Galarza era una institución encargada del “terrorismo de Estado” más absoluto. Basta observar los archivos de la Audiencia Territorial de Madrid y de Fiscalía del tribunal Supremo para comprobar que la Dirección General de Seguridad (DGS) era una policía política al más puro estilo del NKVD o KGB, que colaboraba con las múltiples Checas anarquistas, comunistas y socialistas –llamadas estas últimas de forma eufemística Círculos Socialistas-   para exterminar de forma criminal a cualquier rival que considerara un “enemigo del pueblo”.

 

¿Cómo es posible que ese gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitiera que la estatua de Largo Caballero permaneciera en los arcos de los Nuevos Ministerios de Madrid mientras retiraba a apenas 50 metros  la de Franco en 2005? ¿Cómo es posible que largo Caballero siga teniendo una calle en Madrid mientras se retiran nombres de algunos asesinados por la policía política de la IIª república mientras él  era presidente del gobierno, ejecutados solo por sus creencias religiosas y  que no participaron en ningún hecho de la Guerra Civil ni en política?

 

La respuesta es obvia: el objetivo del gobierno de Rodríguez Zapatero no era ni la Concordia, ni la equidad, ni la recuperación de una Memoria que permitiera superar el desastre español del segundo tercio de siglo XX, con  la deriva marxista revolucionaria del PSOE de la IIª República, de la  Guerra Civil y de la posguerra.

 

Los efectos perversos de esta ley  son muchos. Pretende deslegitimar la Transición y además hace proselitismo de nueva mentalidad que inició un presidente del gobierno -irresponsable como mínimo- como Zapatero  que abrió una caja de los truenos  cuyos efectos  serán difíciles de mitigar en unas nuevas generaciones que tienen pocas referencias históricas de lo que la verdadera concordia de la Transición representó.

 

Que en 2017 el Parlamento español haya aprobado una resolución instando el gobierno de España actual que dirige el PP para desenterrar a Franco del Valle de los Caídos hubiera podido  ser aceptable como elemento de Concordia si se cumplieran unos requisitos de equidad y de trato ecuánime legalmente de circunstancias similares. No ha sido el caso.

 

Ciudadanos se está transformando en un partido aletargado por el sistema. Ha perdido la frescura. No presenta las mociones adecuadas para que una Ley que supuestamente está para establecer que la “Concordia” se aplique de una forma simétrica en los símbolos actuales.

 

Espero que si ahora estamos en España por quitar los vestigios de nombres de calles y estatuas que homenajean a  los totalitarios, quiten pronto la  estatua de Largo Caballero en Madrid, y se evalúe los méritos y deméritos  a Indalecio Prieto que también mantiene su estatua en los Nuevos Ministerios.

Prieto es un personaje más complejo, pero que no está exento de responsabilidad en la deriva totalitaria del PSOE desde 1934 a 1939 a pesar de su evolución posterior hacia la social-democracia tras el final de la guerra Civil, y sus méritos en excluir a los socialistas procomunistas Juan Negrín y Julio Álvarez del Vayo de la estructura del PSOE.

 

Qué aburrido es tener que mirar atrás para estos temas, pero realmente mientras los partidos antiliberales de izquierda –entre los que se encuentra una facción creciente del disminuido PSOE-  quieran hacer de este tema un elemento de confrontación política actual habrá que intentar aplicar criterios de equidad en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Hay multiplicidad de personas que no entienden que el derecho rige la vida de los ciudadanos en mucha mayor proporción que otras disciplinas, y no se debe permitir  que leyes carentes de ecuanimidad progresen en el ordenamiento jurídico español.

 

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