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Congeladas las cuentas de los detenidos

El juez de la Audiencia Nacional Velasco ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de los doce detenidos en la Operación Lezo. La medida fue efectiva ayer, pero los detenidos no recibieron ninguna comunicación de que la congelación iba a producirse. La detención se ha notificado mediante autos con el mismo texto en los que sólo cambia el nombre de cada detenido.

Actualizado 21 abril 2017  
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Redacción y Agencias
  

De momento, el juez no ha tomado más medidas de embargo preventivo, aunque no se descarta que las ordene en las próximas horas. Eloy Velasco tiene 72 horas para que los detenidos pasen a su disposición, plazo que vence a las 9 horas del sábado, con lo que lo ordenará, previsiblemente, hoy.

Además de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, los otros principales detenidos son su hermano Pablo, directivo de la empresa pública Mercasa; su cuñado, José Juan Caballero; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, que gestiona contratos del Canal en Latinoamérica; María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, y el exdirector general del Canal Adrián Martín. También están detenidos la secretaria de Rodríguez Sobrino, Clarisa Guerra, y antiguos cargos del Canal.

Entre el miércoles y hoy, los detenidos están asistiendo al registro de sus domicilios y despachos acompañados de sus abogados, que se ocupan de garantizar que se proceda de conformidad con lo acordado en el mandamiento de entrada y registro, ya que los agentes sólo pueden requisar los soportes documentales autorizados por el juez. Tras haberse practicado dichos registros, la Guardia Civil toma declaración policial a los detenidos, quienes pueden optar, según la Ley, por guardar silencio y reservar su testimonio para ser prestado ante el juez.

Cuando la Guardia Civil conduzca a los detenidos a presencia judicial, además de ser escuchados en declaración judicial, se deberá decidir si son puestos en libertad o se adoptan medidas de prisión provisional incomunicada y sin fianza, sobre la obligación de presentarse cada cierto tiempo en el Juzgado, la retirada del pasaporte con obligación de no abandonar el territorio nacional o la prestación de una fianza cuyo importe se fijará en función de la capacidad económica del investigado.

Las medidas preventivas de embargo pretenden asegurar futuras responsabilidades civiles y la ejecución de la sentencia cuando sea firme, momento en el que se realizarán los embargos. Ante las dificultades que encuentra la Justicia para que los condenados devuelvan lo sustraído, el Gobierno ha creado la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), dependiente del Ministerio de Justicia, que echó a nadar en octubre de 2015. Hasta ahora la gestión de los activos intervenidos a los delincuentes se hacía en cada juzgado, lo que le restaba eficacia a su decomiso y embargo para destinarlo a fines sociales. La Oficina pretende además que disminuyan los costes derivados de la gestión de esos bienes mientras se encuentran en manos de la Administración de Justicia.

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