Durante unos días, el foco se desplazó hacia el simbolismo, el diálogo y una cierta elevación institucional. Pero bastó que la atención mediática se retirara para que los escándalos, lejos de haberse resuelto, volvieran a ocupar el centro del escenario con la misma intensidad de siempre.
Lo más preocupante no es ya la repetición de episodios controvertidos, sino la sensación de normalización del deterioro. Los casos se acumulan, se solapan y reaparecen sin que exista una voluntad clara de cerrar etapas, depurar responsabilidades o, siquiera, ofrecer explicaciones convincentes. La política entra así en una dinámica de desgaste continuo, donde cada nuevo capítulo no sorprende, sino que confirma una inercia profundamente arraigada.
En este contexto, la actuación del Gobierno resulta especialmente cuestionable por su pasividad. Más allá de declaraciones defensivas o de la habitual estrategia de diluir responsabilidades en la complejidad de los procedimientos, se echa en falta una reacción política proporcional a la gravedad del problema. No se percibe ni urgencia ni determinación para cortar de raíz las prácticas que alimentan la sospecha pública. Esa falta de iniciativa transmite la impresión de que se confía en que el paso del tiempo, y no la acción política, acabe desactivando las crisis.
Esta actitud no solo debilita la credibilidad del Ejecutivo, sino que contribuye a erosionar el conjunto del sistema institucional. Cuando el Gobierno se limita a resistir en lugar de liderar una respuesta, deja un vacío que se llena con ruido, especulación y desconfianza. Y ese vacío es particularmente dañino en un momento en el que la ciudadanía reclama transparencia y ejemplaridad.
La breve tregua propiciada por la visita papal ha actuado, en este sentido, como un espejo incómodo: ha mostrado que existe margen para rebajar la tensión y recuperar cierto tono institucional, pero también que esa normalidad no se sostiene si no va acompañada de decisiones firmes. Sin ellas, el retorno al clima de escándalo no es una sorpresa, sino una consecuencia lógica.
Al final, el problema ya no es la aparición periódica de polémicas, sino la incapacidad —o la falta de voluntad— para afrontarlas con profundidad. Mientras el Gobierno mantenga una actitud reactiva, casi resignada, el ciclo seguirá repitiéndose: breve pausa, nuevo escándalo, desgaste añadido. Y así, la política queda atrapada en un bucle que mina la confianza pública y debilita la calidad democrática.
