Semana del 2 al 9 de enero de 2022.

Asaja pide la dimisión del ministro de consumo por los continuos ataques al campo español.

12 de enero de 2022

ASAJA considera inadmisibles las últimas manifestaciones de Garzón sobre la ganadería en las que indica que se exporta carne de mala calidad que proviene de animales maltratados. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores – ASAJA solicita la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por asegurar en una entrevista en el periódico The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados

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ASAJA lamenta que sea otro capítulo más de la actitud de sectarismo del ministro y no comprende cómo desde la Presidencia del Gobierno se puede mantener un ministerio que está continuamente atacando a un importante sector como es el agroganadero, y por lo tanto a los intereses de España.
Garzón volvió a defender la reducción del consumo de carne, como ya hizo el verano pasado en diversos foros, y señaló al diario británico que las críticas le vinieron de parte de los hombres, “Sentían que su masculinidad se vería afectada por no poder comer un trozo de carne o hacer un asado”, ironizó.
Ante este despropósito, ASAJA pide al presidente Sánchez que, si no se produce la dimisión, cese inmediatamente al ministro Garzón para evitar males mayores, ya que el sector primario necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos desde dentro del Gobierno.
Igualmente, ASAJA insta al presidente del Gobierno para que suprima el Ministerio de Consumo, que solo se dedica a atacar al sector ganadero por parte de su ministro y de su equipo.
REACCIONES PROVINCIALES ASAJA.
-AVA-ASAJA exige la dimisión del ministro Garzón por sus declaraciones contra la ganadería nacional
-Asaja-Sevilla exige el cese fulminante de Garzón, que ya fue nombrado persona “non grata” en la última jornada ganadera de la asociación
-Asaja Albacete pide la dimisión del ministro Garzón por sus constantes ataques al sector ganadero español
-Asaja Ciudad Real pide la dimisión del ministro Garzón por sus continuos ataques al sector agrario
-Asaja Córdoba pide el cese del ministro Garzón tras decir que España exporta carne mala de animales maltratados


-La organización agraria UPA ha pedido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que «rectifique o dimita» tras un nuevo ataque a la ganadería en una entrevista en The Guardian. Una petición a la que se ha sumado Asaja.
Los ganaderos y ganaderas españoles han vuelto a mostrar su rechazo contra las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha emprendido desde hace unos meses una campaña contra la ganadería española. En su último ataque, el coordinador de Izquierda Unida se ha prodigado en un medio británico –The Guardian– vinculando de forma estrecha el consumo de carne con el cambio climático y la desertificación.
“Encuentran un pueblo en la España vaciada e instalan 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, el agua, y exportan esa carne de animales maltratados”, asegura Garzón en la entrevista. Unas palabras que desde UPA califican de irresponsables y directamente falsas: “En España no hay animales maltratados, señor ministro”, le han trasladado.
UPA, que ya se dirigió por carta a Alberto Garzón cuando inició su cruzada anti-ganadería, ha vuelto a transmitir públicamente una exigencia de que «rectifique o dimita» por unas palabras “basadas en falsedades, torpes, miopes y que pueden tener nefastos efectos en las exportaciones españolas de productos cárnicos”.
INVITACIÓN A CONOCER LA REALIDAD RURAL
Tras los asiduos ataques del ministro Garzón a la ganadería española, desde UPA han pasado a la acción y le han invitado, además de que rectifique, a visitar distintas tipologías de granjas para que compruebe cómo trabajan los ganaderos y ganaderas españoles. Unos profesionales que están muy molestos por las palabras de un ministro que, a su juicio, debería tener “tareas mucho más urgentes e importantes que atacar a los productores: empezando por la descarriada inflación, los desequilibrios en la cadena agroalimentaria y la necesidad de un etiquetado transparente que reconozca el origen de los alimentos, por citar solo tres”.
Sobre el consumo de carne, desde UPA recuerdan que España es el tercer país más longevo del mundo -tras Japón y Corea del Sur- un hecho en el que tiene mucho que ver la dieta mediterránea que se sigue mayoritariamente en nuestro país. “Debemos centrarnos en defender la dieta mediterránea, una de las más saludables del mundo, que está basada en el consumo de frutas, hortalizas, cereales, lácteos, aceite de oliva, y por supuesto carne”. Una dieta que supone uno de los mayores atractivos para el turismo, al que también se refiere Garzón en su entrevista en The Guardian.
UPA ha recordado que, en algunas de las zonas de España más afectadas por el despoblamiento, como las zonas remotas y de montaña, son los ganaderos y ganaderas los que hacen frente al ‘reto demográfico’. “Los ganaderos producimos alimentos de la máxima calidad para ser consumidos dentro y fuera de nuestras fronteras, al tiempo que luchamos contra el cambio climático, mantenemos limpio el monte y aprovechamos los recursos de forma sostenible. Esa es la realidad de la ganadería en España”, han explicado.
Desde UPA han exigido al Ministerio de Agricultura que alce su voz en el Consejo de Ministros y se ponga a la vanguardia de la defensa del sector primario, que en España es diverso, moderno y sostenible, pero que afronta “enormes retos” y necesita el apoyo de todo el Gobierno, incluido el del Ministerio de Consumo.
UPA.


-Cooperativas Agro-alimentarias de España considera inaceptables las afirmaciones realizadas en The Guardian por el ministro Alberto Garzón, especialmente las relacionadas con las hipotéticas exportaciones masivas de carne de baja calidad procedente de animales maltratados; por lo que reclama su dimisión. Asimismo, también considera injusto que una vez más el titular de Consumo señale al sector ganadero como causante principal del cambio climático, presentando para ello información tergiversada y emitiendo descalificaciones generalizadas que no se corresponden con la realidad del sector ganadero español. Lamentamos que la actitud del ministro Garzón se asemeje más a la de un activista que a la de un miembro del gobierno.
El duro ataque proferido por el ministro Garzón resulta doloroso e incomprensible por varios motivos. En primer lugar, por generalizar y asumir que la problemática de la ganadería española gira en torno al modelo de las macrogranjas, cuando éstas no representan en absoluto el panorama productivo mayoritario de nuestro territorio. En todo caso, y en aquellas zonas en las que hay instaladas granjas de mayor capacidad, éstas cumplen estrictamente con la legislación vigente, incluida la normativa de ordenación de explotaciones de los diferentes sectores, que establece en algunos casos capacidades máximas para las granjas, y que han sido aprobadas por el propio ejecutivo al que pertenece el ministro.
Por otro lado, es especialmente grave y dañino, que en lugar de impulsar y construir un sereno debate nacional sobre el futuro modelo productivo del país, un ministro del gobierno español realice acusaciones de tal gravedad, basadas en argumentos falaces, en un medio de comunicación extranjero. Dichas declaraciones podrían tener un importante impacto comercial en el sector ganadero cárnico, altamente dependiente del comercio internacional.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España queremos recordar al ministro Garzón que el sector ganadero está totalmente comprometido con la sostenibilidad medioambiental y cumple estrictamente con el modelo de producción europea, el más estricto del mundo. Además, se recuerda una vez más que el sector ganadero español lleva años trabajando en la mejora del bienestar animal, concretamente a través del desarrollo de certificaciones de bienestar animal impulsadas por el propio sector desde las interprofesionales, o de manera privada con sellos ya existentes. Es conveniente remarcar también que el pasado año desde España se exportaron carne y productos cárnicos por un valor de 9.145 millones de euros, y que España es también el segundo mayor exportador mundial de carne de porcino. Estos datos avalan la enorme profesionalización del sector, que ha conseguido alcanzar unos estándares de bienestar, salud animal, calidad de la producción, y eficiencia muy elevados y que son alabados en todo el mundo.
Es también igualmente importante el papel que juegan los sectores ganaderos en la vertebración del territorio, el mantenimiento de la población rural y del paisaje, y su contribución a la economía de la llamada España vaciada, donde la ganadería permanece y no se deslocaliza.
Cooperativas Agro-alimentarias de España espera que el Ministro de Consumo rectifique sus palabras, muy perjudiciales para el sector ganadero nacional, y dimita en consecuencia de la actitud demostrada, claramente dañina para un importante sector productivo. Sería deseable que el futuro existiese una coordinación con el Ministro de Agricultura a la hora de lanzar sus mensajes con datos contrastados, y se espera que sus esfuerzos se dirijan más a evitar la competencia desleal de alimentos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares de producción que los europeos, siendo menos sostenibles comprometiendo la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones ganaderas.
Cooperativas Agroalimentarias.


 -El Gobierno desautoriza a Garzón y rechaza por escrito el concepto de "macrogranja".
El Ministerio de Agricultura defiende la regulación ambiental y sanitaria que siguen las explotaciones ganaderas españolas y los límites que existen a las "ampliaciones de las granjas"El Gobierno rechazó en septiembre uno de los conceptos más utilizado por Garzón en su campaña sobre el consumo de carne. En una respuesta a Vox por escrito registrada en el Congreso, el Ejecutivo desautorizó el uso de la palabra "macrogranja" para catalogar a las grandes explotaciones ganaderas. "No está definido y es complicado llegar a hacerlo", argumentó. El ministro de Consumo usa repetidamente este término para referirse a las granjas más dañinas con nuestra salud y el planeta.
Los líderes del PSOE cargan contra Garzón y evidencian la brecha de la coalición.
El origen de la polémica se remonta al 7 de julio de 2021. Ese día, el ministro de Consumo lanzó en Twitter la campaña 'Menos carne. Más vida' para alertar de los daños que genera un consumo "excesivo" de carne en nuestra salud y en el planeta. En concreto, advirtió de que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas. Desde el inicio de la campaña, Garzón elogió el modelo de la ganadería extensiva, "más sostenible". En cualquier caso, nunca ha animado a dejar de comer carne, sino a consumir menos.
Al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no le sentó bien la iniciativa de su compañero. El presidente, Pedro Sánchez, directamente la desautorizó con aquello de que para él un "chuletón al punto" era "imbatible". Garzón enfureció a ganaderos, a la oposición y a dirigentes autonómicos, como el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.
La polémica llegó al Congreso. El 9 de julio, Vox recogió por escrito la alerta de Garzón y le hizo al Gobierno dos preguntas: "¿Cuáles son los requisitos que, a juicio del Ejecutivo, ha de cumplir una macrogranja para que se defina como tal? En este sentido, ¿cuántas macrogranjas existen España?".
Pregunta de Vox al Gobierno presentada el 9 de julio sobre la campaña 'Menos carne. Más vida' lanzada por el ministro Garzón. Congreso de los Diputados

El Ejecutivo respondió por escrito el 17 de septiembre, pero no resolvió las dudas del partido de Abascal. "No es sencillo (…) dar una respuesta concreta respecto a lo que debería entenderse como dimensión ideal de una granja. El concepto 'macrogranjas' -argumentó- no está definido y es complicado llegar a hacerlo sin tener en cuenta las peculiaridades de los distintos sectores ganaderos, modelos de producción y condiciones del entorno para enfocar adecuadamente esta cuestión".

Respuesta del Gobierno a Vox registrada el 17 de septiembre sobre la definición de "macrogranjas" en España. Congreso de los Diputados

En dicha contestación, de tres hojas de extensión, el Gobierno destacó además el trabajo del sector para apostar por la "calidad", "sanidad", "bienestar animal" y "sostenibilidad ambiental". También reconoció una de las demandas que exponía el dirigente de IU en su campaña: "El sector cárnico afronta numerosos desafíos entre los que se encuentra el descenso sostenido del consumo de carne año tras año y la necesaria transición hacia modelos de producción más sostenibles".
La entrevista en The Guardian.
La controversia quedó en un segundo plano hasta el 26 de octubre, cuando The Guardian publicó una entrevista al ministro español para hablar del asunto de la carne. En ella, volvió distinguir entre la ganadería extensiva y la industrial o intensiva y se ensañó con las macrogranjas.
De hecho, una de sus contestaciones al diario británico ha desatado un terremoto político en España en los últimos días. Al poner un ejemplo, Garzón habló de macrogranjas españolas con entre 4.000 y 10.000 cabezas de ganado con un "impacto ecológico descomunal" y que exportan una carne de "mala calidad" que procede del "maltrato animal".
Sus últimas palabras le han dejado en una posición muy débil dentro del Consejo de Ministros.
Ante el aluvión de críticas de la industria cárnica, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró que las declaraciones de Garzón en The Guardian eran "a título personal". Pero el toque de atención no ha frenado al titular de Consumo, que insiste en que sus palabras fueron "impecables". Garzón incumplió así la norma no escrita de que los miembros del Ejecutivo deben hablar en positivo de los intereses de España en el extranjero. Unidas Podemos y la ONG Greenpeace sí que han defendido la iniciativa del ministro.
¿Macrogranja? "No existe esa categorización".
Preguntado por Vozpópuli, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica que el concepto de macrogranja "no es una categoría para clasificar a las instalaciones ganaderas de producción". En este sentido, insiste en que es "complicado" delimitar esa definición ante las distintas "peculiaridades" dentro del sector. "No es lo mismo hablar de 2.000 ovejas en régimen extensivo o semiextensivo que de 2.000 vacas de leche. El número de animales puede ser el mismo, pero las características de cada modelo de producción determinan condicionantes absolutamente diferentes".
También diferencia entre "producción intensiva" y "macrogranja", dos conceptos que Garzón utiliza en su campaña sin aclarar qué es cada uno. "No existe equivalencia entre producción intensiva y macrogranja, entendida ésta como granja de gran tamaño.
Por ejemplo, una explotación puede ser intensiva y tener un tamaño reducido. La definición del grado de intensidad de una producción ganadera viene determinado por la relación con el territorio, es decir, en base a si la actividad productora se desarrolla sobre la superficie, donde el ganado obtiene parte importante de su aporte alimenticio, o si se desarrolla en instalaciones cerradas", añade.
En España existe un paraguas normativo nacional para la ganadería, pero la autorización de una granja compete a las comunidades autónomas. Además, según el tamaño, la explotación necesita una autorización ambiental integrada, de acuerdo con la normativa IPPC (Prevención y control integrado de la contaminación). Esta autorización también depende de las CCAA.
Desde el Departamento que dirige Luis Planas aseguran que los sectores ganaderos están "profundamente regulados desde hace años" en materias como la "identificación, registro y trazabilidad, sanidad animal e higiene, bienestar animal y medio ambiente". En buena parte de la ganadería se ha ido revisando y actualizando una regulación que tiene 50 años de antigüedad. También se trabaja para desarrollar una normativa básica sobre ordenación de explotaciones en los sectores que aún no la tienen.
Las mismas fuentes remarcan que las leyes aplicadas y las que están por implementar marcan limites a la "dimensión máxima y ampliaciones de las granjas" para evitar que crezcan "a dimensiones elevadas en zonas de alta densidad ganadera".
Al igual que en la contestación a Vox, el Ministerio resalta la apuesta del Gobierno por las explotaciones familiares, "que contribuyen de manera tan importante al mantenimiento de un medio rural vivo y a fijar la población en el campo". Así, subraya que la ganadería europea y mundial trabajará en los próximos años para ser más sostenible.
Greenpeace: "Las macrogranjas son el máximo exponente de la ganadería industrial".
En Greenpeace sí que tienen claro que son las macrogranjas. Pese a que reconoce que no existe una definición oficial, la ONG sostiene que estas explotaciones son el "exponente máximo de la ganadería industrial". Instalaciones que albergan una gran cantidad de animales "hacinados en espacios reducidos", alimentados con piensos y forrajes de terceros países y medicamentos y donde no se puede gestionar de "forma segura" los excrementos. "Realmente, son fábricas de carne, leche y huevos donde producen mucho, rápido y a bajo coste económico", describe Luis Ferrerim, responsable de Agricultura de Greenpeace España.
El principal problema ambiental de las granjas son los purines. Estos residuos emiten metano, amoniaco y otros gases de efecto invernadero. Todas las granjas que superen un número determinado de aves de corral y cerdos deben darse de alta en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR). Es decir, necesitan una declaración ambiental. En los próximo meses, las explotaciones de vacuno que rebasen un número concreto de cabezas también deberán solicitar un permiso medio-ambiental .
Datadista sí que fija unas cifras concretas que debe cumplir una explotación porcina para que se la considere macrogranja. Lo hace en base al Real Decreto 306/2020, que regula la ordenación de las granjas porcinas intensivas y las explotaciones extensivas.
La ley clasifica las granjas en función de su producción y diferencia tres tamaños: las más pequeñas, las reducidas y las más grandes. Dentro de esta última categoría, se distinguen tres niveles en base al peso del animal. Las de mayor tamaño, aquellas que Datadista define como macrogranjas, son las que tienen capacidad para albergar 6.000 cerdos de cebo entre 20 y 120 kilos en una única explotación.
La regulación permite a las CCAA ampliar el número de cabezas hasta un tope de 7.200 cerdos de cebo de entre 20 y 120 kilos o 2.880 cerdas con lechones de hasta 20 kilos.
Miguel Fiter. Voz Populi.


-Margarita Robles: "La opinión de Alberto Garzón es respetable, pero importa la del Gobierno"
"Puede tener una opinión personal o como ministro, pero hay que tener cultura institucional en un órgano como el Gobierno", ha indicado Robles.
El Español.


 -El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que «por motivos de espacio» el periodista del diario británico ‘The Guardian’ tuvo que excluir información de su entrevista y ha insistido en que «el bulo» sobre sus declaraciones en las que ponía en tela de juicio la carneque se exporta desde España ha sido impulsado por el «lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes»
En uno de ellos, señala que «aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados», ha tuiteado.
Según el ministro, la entrevista tuvo lugar el 14 de diciembre y fue publicada en versión narrada el 26 de diciembre, «el bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes… y el resto ya lo sabéis», ha señalado.
En la entrevista, preguntado sobre cómo lograr el apoyo de los ganaderos y cambiar la mentalidad de los españoles para reducir el consumo de carne, Garzón explica que hay que diferenciar entre la ganadería industrial y la extensiva.
«Esta es una ganadería ecológicamente sostenible y que tiene mucho peso en determinadas regiones de España como puede ser Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura», insiste, «pero esta es sostenible, la que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas». ro «el bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes… y el resto ya lo sabéis», ha señalado.
El ministro, pese a las peticiones de cese o dimisión, no solo cree que no debe justificarse de sus palabras, sino que aclara que «esto es lo que dije sobre la ganadería de Castilla y León en la entrevista citada: ¡un justo elogio de la ganadería extensiva! Pero el señor Mañueco está desesperado por los votos de ultraderecha y por eso recurre a la mentira y manipulación de los lobbies. Ojalá rectifique».
Pese a estos mensajes, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sostenido este miércoles que las palabras del titular de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería española son «a título personal» y, por lo tanto, no marcan la posición del Gobierno.

 


-Que la importación esté sometida a las mismas normas que la producción comunitaria, una de las prioridades de Francia en la presidencia del Consejo de la UE.
Desde el 1 de enero y durante seis meses, la presidencia del Consejo de la UE será ocupada por Francia, país que tendrá entre sus prioridades, en el ámbito agrícola, la reciprocidad de las normas: que las importaciones agroalimentarias estén sometidas a las mismas reglas que las producciones comunitarias, según expuso el ministro de Agricultura galo, Julien Denormandie.
“No podemos aceptar importar a la UE productos que no respetan las mismas normas que imponemos a nuestros propios productores. Es un sinsentido. Actuar para conseguir esta reciprocidad de las normas será una de las prioridades de la presidencia francesa”.
Y esto se conseguirá mediante dos vías principalmente, a través de la política comercial, condicionando el acceso preferencial al mercado comunitario al pleno respecto de las normas de producción europea y, por otro lado, incluyendo clausulas espejos en los acuerdos de asociación con países terceros para condicionar las importaciones al cumplimiento de las normas comunitarias.
En la última reunión bilateral entre los ministros de Agricultura de Francia y de España, en noviembre de 2021, ambos se mostraron a favor de las “clausulas espejo” y la reciprocidad, que consiste en garantizar que los productos agrarios importados cumplan con las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias, así como con unos estándares de producción equiparables al modelo europeo.
Ambos declararon que “es cuestión de lógica y de justicia para garantizar unas reglas de mercado iguales para todos”.
FEPEX ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de incorporar los principios de igualdad y reciprocidad en la política comercial, porque su ausencia ha provocado una globalización asimétrica del mercado comunitario y condiciona el desarrollo futuro del sector exportador de frutas y hortalizas, al que destina más del 94% de sus exportaciones.
La presidencia del Consejo de la UE por parte de Francia comenzó el día 1 y durará el primer semestre de 2022, bajo el lema “Recuperación, poder y pertenencia”, siendo sus objetivos globales “la recuperación ecológica y digital; fuerza para defender y promover sus valores e intereses europeos y pertenencia, para construir una visión europea común a través de los valores y la cultura común”.
FEPEX.


-La pandemia ha retrasado hasta el 1 de enero de 2022 la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre producción ecológica, un marco legal que busca uniformizar las reglas de juego de los países, dar estabilidad al sector para que se sumen nuevos operadores y promover el consumo de alimentos bio.
En principio, estaba previsto que el Reglamento 2018/48 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, cuya redacción final fue fruto de tres años de intensos trabajos, se aplicara a partir de enero de 2021.
Europa se ha puesto como objetivo que el 25% de la superficie agrícola sea ecológica en 2030 y que aumente el consumo de productos orgánicos, no porque los convencionales no sean seguros, sino porque son «la opción más saludable» y atienden a las demandas de calidad y bienestar animal que reclama el consumidor.
Así lo exponía el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, cuando a finales de marzo pasado presentaba el nuevo Plan de Acción para la Agricultura Ecológica, otro documento que, aunque no es jurídicamente vinculante, también rema en la misma dirección.
El «padre» de ese Plan de Acción, el español Diego Canga -consejero principal de la Dirección General de Agricultura (DG Agri), de la Comisión Europea-, ha explicado a Efeagro que el documento pretende dar un «impulso nuevo -con el objetivo cuantificado del 25 %»- para aumentar las superficies ecológicas en Europa.
Canga ha destacado tres aspectos del nuevo marco legal que entra este sábado 1 en vigor: «El modelo de agricultura ecológica se uniformiza, da estabilidad al sector durante muchos años y permite certificaciones de grupo», lo que abaratará costes a los pequeños agricultores y ganaderos ecológicos.
Ya no hay, por tanto, una producción bio a la carta en cada Estado miembro (según las excepciones y derogaciones que haya adoptado cada país) y una granja ecológica de gallinas en Galicia y otra en Polonia se regirán por los mismos criterios; a su juicio, la estabilidad normativa de larga duración propiciará que más productores se adhieran a la actividad.
ESPAÑA, LÍDER EUROPEO EN HECTÁREAS ECOLÓGICAS
El papel de España en el negocio ecológico es valioso, ya que es el país comunitario con más superficie ecológica (2,44 millones de hectáreas en 2020, un 3,52 % más que en 2019), según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que en su último análisis del sector le augura un futuro prometedor.
Sin embargo, el «punto débil» de España, como ha advertido Canga, es «el consumo», «muy por debajo del de la media europea», pese que el año pasado, cuando comenzó la crisis de la covid, creció un 6,10 %, hasta los 53,41 euros per cápita.
El consejero principal de la DG Agri ha recomendado que las autoridades locales, regionales y estatales alienten la «contratación pública verde» para que, al igual que en otros países comunitarios, los hospitales, cuarteles militares y de policía y universidades sirvan, por ejemplo, un día por semana un menú eco.
También ha sugerido que España aproveche más el conocimiento que hay en Europa del logo de la hoja verde -que diferencia a un alimento ecológico de uno convencional-, ya que son muchos millones los turistas que visitan el país a lo largo del año y buscan productos con este distintivo en los supermercados.
El aumento del consumo de alimentos ecológicos, en su opinión, se traduciría en una bajada de precios (ahora son más caros que los de los convencionales) y respondería a la sostenibilidad que cada vez demandan más ciudadanos en relación a las condiciones de producción de los productos que adquieren.
Fuentes del MAPA han resaltado a Efeagro que la entrada en vigor del nuevo reglamento y de este nuevo marco legal, además de armonizar el modelo de producción en toda la Unión Europea, mejorará la competencia entre los productos europeos y los de terceros países, y ayudará a prevenir la posibilidad de fraude.
Han subrayado que, con su aplicación, se incorporan en su ámbito nuevos productos -sal, algodón, aceites esenciales y corcho, entre otros-, además de nuevos materiales de reproducción.
Según han remarcado, pese a no haber un mandato legal para tener que hacer la «hoja de ruta nacional» tras la publicación del Plan de Acción Europeo, el ministerio junto con el sector ya está trabajando en ella y prevé que «esté en marcha a lo largo de 2022».
Desde Ecovalia, una de las principales organizaciones del sector ecológico español, su presidente, Álvaro Barrera, ha expresado sus reservas sobre el nuevo reglamento, «que el sector ni lo ha pedido ni está preparado para este nuevo cambio», porque considera puede ser «un gran peligro» para la actividad.
«Hay el riesgo de la banalización, que va a venir, precisamente, por la falta de criterio, unidad y coordinación por parte del MAPA con las comunidades autónomas», ha afirmado, tras plantear que «existen grandes agravios comparativos según la región».
Agroinformación.


-José María Fresneda / Secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha.
Se acaba un mal año para todos los sectores económicos, pero, sobre todo, para la agricultura y la ganadería. El incremento desmesurado de los costes de producción, motivado por la inflación y la especulación de los precios durante la pandemia, ha sido el denominador común en todas las explotaciones agropecuarias.
A los inasumibles costes, hay que sumar las consecuencias de las políticas aplicadas en el campo. Arrastramos para este año cuatro amenazas: reforma de la PAC, políticas conservacionistas, agua y cadena alimentaria. Amenazas que dependen de la voluntad política y que son cuatro grandes retos del sector para el 2022.
Por eso, todos los que defendemos intereses de agricultores y ganaderos, tengamos cargo público o no, debemos asumir una responsabilidad. El campo necesita más allá de un compromiso. Necesita responsabilidad.
Dicho de otro modo, tenemos un gran objetivo: trabajar para que el sector productor sea rentable en una región pobre como la nuestra.
Para ello hay que tomar decisiones y poner en marcha medidas que solucionen problemas. Sin más dilaciones. Lo que no es de recibo es que, por miedo a una crítica, por perder una alcaldía o un puñado de votos, o simplemente por intereses propios, no se dé respuesta a los agricultores y ganaderos. Sus problemas se convierten en protagonistas de noticias y de programas electorales, pero, a la hora de la verdad, no se cumple. Algo que, por supuesto, decepciona a la sociedad.
Para dar respuesta a los problemas no se puede tener la piel tan fina. No hay que ponerse de perfil ni rendirse en una negociación por miedo a un calificativo o una amenaza.
Hay que tomar decisiones, pero no en clave electoral. No hay que tener la piel tan fina cuando se trate de proyectos de agricultores y ganaderos. O en cualquier faceta de la vida. No hay que controlar bajo la amenaza de la agresión.
Las personas públicas deben asumir su responsabilidad, la que mostraran en campaña electoral, por encima de otros principios y compromisos. Con transparencia y sin manipular a la sociedad, que bastante desencantada está ya ante la falta de respuestas adecuadas.
Así pues, dicho todo esto, 2021 acaba con un perfil muy fino y, de cara al 2022, el reto está en incrementar el nivel de responsabilidad, sea la que sea, porque nos jugamos el futuro.
Un ataque demoledor
-Desde WWF pedimos a Moreno Bonilla que no amnistíe a los agricultores ilegales que están destruyendo Doñana.
Según el texto al que desde WWF hemos tenido acceso, el Grupo Popular del Parlamento andaluz ha preparado una Proposición de Ley que pretende amnistiar una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos ilegales bajo plástico en el entorno de Doñana (más del 85% de la actual superficie ilegal), lo que supondría no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, sino uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido.
Como desde WWF hemos denunciado en innumerables ocasiones, Doñana se ha visto sometida desde hace décadas al asedio de la agricultura intensiva y de los invernaderos para la producción de fresas y otros frutos rojos que han ocupado sin control miles de hectáreas, aislando su biodiversidad, secado sus arroyos y contaminado y sobreexplotado sus acuíferos ante la pasividad y connivencia de las administraciones responsables.
No sólo hemos denunciado esta situación, sino que hemos trabajado para encontrar soluciones que permitieran avanzar hacia la sostenibilidad del sector agrícola en Doñana.
Tras años de trabajo de todas las administraciones y actores en la zona, por fin en 2014 el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana o “Plan de la Fresa”, con el objetivo de reordenar el territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable (las que estaban en riego con anterioridad a 2004 y no hayan transformado zonas forestales a agrícolas sin permisos) y la obligación de eliminar la superficie regada sin permiso que no cumplieran los dos aspectos anteriormente mencionados.
En todo este tiempo la Junta de Andalucía no sólo no ha puesto en marcha ni ejecutado la mayor parte de las medidas contempladas en el Plan y no ha eliminado ni una sola hectárea de invernaderos ilegales, sino que ahora pretende unilateralmente revocar el Plan de la Corona Forestal, con la modificación de dos aspectos claves: por un lado, propone cambiar la fecha de regularización de regadíos de fincas que estuvieran en riego en 2004 a 2014, lo que ampliaría sustancialmente la franja de fincas a amnistiar, y por otro incluye aspectos para no cumplir la Ley Forestal Andaluza permitiendo legalizar a fincas que hayan cambiado de cultivo forestal a agrícola sin permiso.
Con esos dos importantes cambios, se amnistiaría más del 85% de la superficie de regadío manifiestamente ilegal que amenaza Doñana.
En concreto, se amnistiarían unas 1.460 hectáreas mediante la aprobación de una Proposición de Ley, bajo el engañoso nombre de “mejora de la ordenación de las zonas de regadío del condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)” que pretende cambiar las reglas del juego.
Descrédito internacional:
La situación de Doñana es tan crítica que el acuífero ha sido declarado oficialmente sobreexplotado por el Ministerio de Transición Ecológica, organismos internacionales como UNESCO, UICN y Ramsar mantienen Doñana bajo una estricta vigilancia por su riesgo a entrar en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro y el Tribunal Europeo de Justicia de la UE (TJUE) ha condenado en 2021 al Estado español por las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana que incumplen el derecho comunitario destruyendo su biodiversidad y que tienen su origen en las miles de hectáreas de fresas y cultivos de frutos rojos que saquean su acuífero.
Ante esta situación tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central están obligados a tomar medidas reales y urgentes bajo riesgo de importantes sanciones para nuestro país y se comprometieron ante organismos internacionales como UNESCO a que no habría amnistías a los agricultores ilegales y al cumplimiento íntegro del “Plan de la Fresa”, por lo que la aprobación de la Proposición de Ley del Partido Popular Andaluz supondría un descrédito internacional incalculable para nuestro país y especialmente para la Junta de Andalucía y sus supuestos esfuerzos para salvar Doñana de la desecación. Lejos de hacer un plan para salvar Doñana con esta Proposición de Ley se iría en la dirección contraria, aboliendo las principales medidas recogidas en el Plan.
Ruptura unilateral del consenso en Doñana:
La aprobación del “Plan de la Fresa” fue el resultado de años de trabajo entre todos los sectores y administraciones afectadas y logró el consenso y la aprobación del Consejo de Participación de Doñana, que se encarga de la vigilancia del cumplimiento de dicho Plan en 2014.
Sin embargo, ni el Partido Popular ni la Junta de Andalucía han informado al Consejo de Participación de Doñana de esta Proposición de Ley que pretende evitar cualquier tipo de participación pública y dinamitar los acuerdos alcanzados por la vía de los hechos consumados.
Desprestigio internacional para las fresas de Doñana y competencia desleal:
Las fresas de Doñana y de Huelva se enfrentan a una competencia cada vez mayor en Europa, con mayor oferta, la influencia de nuevos países productores y la exigencia creciente por parte de los consumidores europeos de garantías de sostenibilidad y de legalidad en el uso del suelo y del agua y de no afección a la biodiversidad de Doñana.
Llevamos años colaborando con todos los grandes supermercados europeos compradores de fresas de la comarca de Doñana y siempre ha defendido ante ellos la validez del Plan de la Corona Forestal como marco para la compra de fresas y frutos rojos de la zona. Los mismos supermercados manifestaron públicamente su apoyo al Plan de la Corona Forestal con cartas enviadas tanto al Gobierno Central como al Andaluz.
En caso de seguir adelante la propuesta del PP, WWF se desvinculará de su compromiso con dicho Plan y su zonificación e informará inmediatamente a los mercados y consumidores europeos de la tramitación de este Proyecto de Ley y de la ruptura del consenso y por primera vez les reclamará públicamente que tomen estrictas medidas de control para garantizar que las frutas procedentes de Huelva no contienen fresas o frutos rojos ilegales procedentes de esta amnistía.
Además, WWF denunciará esta grave amenaza ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del estado de conservación de Doñana.
Esta amnistía unilateral a una minoría de ilegales, motivada únicamente por razones electorales y por la presión cada vez mayor de la fiscalía, supone un duro golpe y una competencia desleal para aquellos productores en Doñana que se esfuerzan por cumplir la ley y diferenciarse en un mercado europeo cada vez más saturado y más exigente, siendo un aspecto totalmente inédito.
Agricultores legales, que hacen su trabajo correctamente y han comprado fincas legales de riego a un precio alto, competirán en el mercado con ilegales que tienen fincas de secano o incluso forestales que con esta Proposición de Ley del PP los igualaría en el mercado, pero con una diferencia de costes de producción desproporcionada.
Competencia por el agua:
Por último, WWF recuerda que esta Proposición de Ley se produce en pleno proceso de planificación del tercer ciclo del Plan Hidrológico (2021-2027) justo cuando ha finalizado el periodo de consulta pública y que la modificación unilateral del Plan de la Corona Forestal de Doñana, un instrumento básico de planificación para las administraciones responsables del agua, tendrá un impacto imprevisible en esta planificación y en los planes de aportar aguas superficiales a la comarca de Doñana.
WWF.


-Las ciudades producen alrededor del 70% de las emisiones globales de carbono -un 30% en el caso de España-, son responsables de más del 60% del uso de los recursos, generan el 50% de los residuos globales y suponen hasta el 80% del consumo energético mundial. Además, desempeñan un papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático porque, a medida que crecen, aumenta su exposición al clima y al riesgo de desastres.
Todos estos factores hacen más necesario que nunca reducir las emisiones derivadas de la actividad humana para hacer frente a la emergencia climática. Naciones Unidas considera necesario recortar un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes de 2030 hasta eliminarlas por completo en 2050 con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5ºC a finales de siglo, lo que implicaría reducir la huella de carbono en 1500 millones de toneladas de CO2 equivalente al año.
Y este ambicioso objetivo pasa por diseñar una estrategia de urbanización adecuada que contribuya al crecimiento sostenible, la eficiencia energética y el incremento de la productividad en los grandes núcleos urbanos impulsando cambios en el actual modelo ambiental y energético que contribuyan a recortar principalmente las emisiones del transporte y también las generadas por el consumo energético en los edificios, los dos sectores que más influyen en la contaminación atmosférica.
La Comisión Europea acaba de aprobar la segunda parte del paquete Fit for 55 que pone un importante énfasis en este asunto, pero al mismo tiempo acaba de nadar y guardar la ropa al considerar que la nuclear y el gas natural podrán ser consideradas inversiones sostenibles durante un cierto número de años.
La actual situación de precios ha comenzado a generar dudas en el seno del Ejecutivo comunitario sobre si el ritmo de transición es el adecuado o no. España, por su parte, reclama una mayor velocidad.
El Economista.


 -La reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales introduce cambios a la contratación y la negociación colectiva en el sector primario, lo que ha generado inquietud entre los empresarios y esperanza en los sindicatos.
A la espera de su tramitación parlamentaria y de posibles cambios, destaca la reducción de los tipos de contratos, ya que el indefinido pasa a ser el ordinario y los temporales se limitan a circunstancias de la producción (hasta seis meses, ampliables por otros seis) o para cubrir una excedencia.
Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podrá utilizarse durante un total de 90 días, nunca de manera continuada.
En cuanto a la negociación colectiva, los convenios que hayan caducado seguirán aplicándose sin límite de un año hasta que sean renegociados, entre otras novedades.
En declaraciones a Efeagro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, califica de «buena noticia» que el diálogo social haya concluido con un pacto entre empresarios y sindicatos.
«Habrá que aplicar lo pactado en la reforma laboral y ver de qué modo se ajusta a lo que supone el ciclo productivo en el conjunto de los sectores. Si se ha acordado así, debería ser aplicable también en el sector agrario», apunta Planas.
OBJECIONES DE ORGANIZACIONES AGRARIAS
Más crítica se muestra la organización agraria Asaja, que se abstuvo en la reunión de la patronal CEOE que avaló el texto negociado porque, en su opinión, la reforma no responde a las necesidades y peticiones del sector agrario formuladas a la Administración.
Su director general, Juan José Álvarez, expresa preocupación porque, al reducirse las posibilidades de contratación temporal, «se complica mucho la gestión de las campañas agrícolas» y «las empresas del sector no están en situación de hacer fijos discontinuos a todos los trabajadores que necesitan» para esos momentos.
El único contrato que les puede servir es el de un máximo de 90 días al año en «campañas muy cortas y programadas», según Álvarez, quien descarta que se puedan aplicar a las campañas de tres meses (que deberían cubrirse con la figura del fijo discontinuo), lo que supone un «encarecimiento de la contratación laboral».
El responsable de Frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, considera que esas limitaciones «pueden ser un problema» y espera que la reforma tenga en cuenta las particularidades del sector primario, como sus campañas y otras situaciones que «solo se pueden cubrir con contratos temporales».
Asegura que el contrato fijo discontinuo se está desarrollando progresivamente, en campañas muy largas como las hortofrutícolas o en la ganadería, pero matiza que, si no se utiliza más, es porque en el campo se renueva mucho la plantilla y «muchos trabajadores ven ahí una oportunidad pero, a poco que pueden, buscan estabilidad en otros sectores».
Góngora advierte de que la limitación de los contratos temporales puede beneficiar la subcontratación a través de las empresas de trabajo temporal, que están implantándose con mucha fuerza en el mundo rural, a pesar de que «no deben predominar en las relaciones laborales porque rompen la vinculación directa con el agricultor».
Fuentes de UPA niegan que vaya a haber problemas con el trabajo de campaña agrario, que quedará principalmente enmarcado en los contratos de temporada, y destacan que en muchas zonas lo que falta es mano de obra y «las explotaciones que pueden fidelizarla ya lo están haciendo».
La organización defiende que, si la ley de la cadena alimentaria se cumple, se podrá repercutir la subida de costes laborales.
«Costará al principio adaptarse a los cambios, pero no tendrán efectos negativos en la contratación para las explotaciones familiares», sostiene UPA, que expresa su deseo de que la reforma laboral «inicie una nueva etapa de entendimiento laboral y una mayor interlocución» con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
SINDICATOS CONTRA LA TEMPORALIDAD
Por parte de los sindicatos, el responsable estatal del campo de CCOO de Industria, Vicente Jiménez, muestra su interés en que la reforma laboral «elimine la precariedad y la temporalidad en la actividad agraria».
Reconoce que las campañas se han vuelto cada vez más cortas por la digitalización y mecanización, y son más complejas porque no todos los temporeros van al mismo lugar durante varios años seguidos, pero, si sus campañas se repiten, «su figura ya no es eventual y debería contemplarse la del fijo discontinuo».
Pide que a esos trabajadores se les ofrezca cobertura y compatibilidad con subsidios y prestaciones como la de desempleo.
El secretario del sector agroalimentario de UGT, Sebastián Serena, considera que la reforma laboral no tendrá «grandes cambios» para el sector agropecuario, que -a su juicio- requiere una legislación diferente que dé garantías a la mano de obra.
«Hablamos de un sector especial que emplea a más de un millón de personas al año que son esenciales para nuestra alimentación. Se deben garantizar sus derechos para que los días que no trabajen tengan una cobertura social y puedan vivir y mantener a sus familias», remarca.
También insta a cumplir la ley y defiende que la reforma repercutirá en la negociación colectiva n la contratación, que en el sector viene funcionando en los últimos años sobre todo con convenios provinciales, a falta de uno estatal.
B.Delgado.


-Estabilidad.
Es la eterna reivindicación del sector agrícola almeriense y una pretensión difícil de conjugar en las últimas décadas, en las que los bajos precios y el aumento de los insumos han sido la nota predominante. Con el inicio de año y en plena sexta ola de la pandemia, la denominada «huerta de Europa» sigue sacando la calculadora y buscando recursos para consolidar la resistencia de un modelo hostigado por los desafíos. «Lo que el sector necesita es una reestructuración y medidas para poder paliar todo lo que se avecina». Desde la patronal agraria ASAJA, su secretaria general en Almería, Adoración Blanque, refiere cambios drásticos, nuevas dificultades que se añaden a las ya endémicas y para las que el sector pide medidas estructurales. Las mismas que han demostrado no ser tan rápidas como debieran: «medidas legislativas, fiscales y laborales que demuestren que es un sector estratégico y que tanto las administraciones como los productores y comercializadores no estamos dispuestos a dejar caer».
Entre esos cambios está la reforma laboral, que eliminará los contratos temporales, predominantes en el sector primario por su discontinuidad. Preocupa que el Gobierno central finalmente no tenga en cuenta las particularidades del sector. «Nos provocará un encarecimiento, un coste agregado más, al no estimar la duración de las campañas y haciendo más caro el despido al empresario por no tener la figura de empleado temporal», explica Blanque. Pero no sólo la patronal del campo hace esta consideración, también sindicatos agrarios como UPA y COAG entienden que no se ha particularizado en la realidad del sector primario. Además, porque no se ha negociado con ellos en absoluto: «El contrato por obra y servicio debe tener cabida. Pedimos una aplicación específica, una excepcionalidad que respete el actual modelo de contrato por jornadas reales. Independientemente que sean contratos fijos discontinuos o contratos temporales», señala el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, quien remarca que el de la agricultura intensiva «es el modelo laboral más social que existe».
Y es que nuevos costes pueden ser la puntilla para un sector que lucha por la supervivencia. Pese a los nuevos récords de exportación que, según palabras de Aránzazu Martín, delegada de la Consejería de Agricultura en Almería, ya suponen «más de un 26% del total exportador agroalimentario, con un 4% de aumento respecto al año anterior», la hucha de los agricultores está cada vez más vacía.
En su balance anual, la organización agraria COAG ponía el énfasis en la subida de los costes de producción y en el descenso de la renta agraria. Al aumento de los derivados del petróleo se añade el encarecimiento de los de los suministros y, ahora, los relacionados con el coste energético. Esta subida interanual de un 30% en los costes eleva ya el gasto en consumos al 13% y se traduce en un descenso de hasta el 6% de la rentabilidad del agricultor. Datos que recuerdan por qué el sector mantiene un calendario de movilizaciones y lanzando un SOS rural: «Tenemos incertidumbres claras respecto a la fijación del precio», dice al respecto Andrés Góngora. «La Ley de la Cadena Alimentaria debe aplicarse en Almería y ver cómo se hacen esos contratos para estabilizar los precios. Que se trabaje de forma más cierta y sin derrumbes en el precio».
Sin duda, entre las esperanzas del modelo Almería está ahondar en la aplicación de esa Ley que contempla el valor de los costes para que no se pueda vender por debajo de ellos. También unificar criterios para otro hito reciente: la aprobación en el Parlamento andaluz del decreto de simplificación administrativa. Se espera que la medida pueda suponer, una vez que se implemente por completo, «la retirada de las segundas categorías en frutas y hortalizas y la posibilidad de controlar esa retirada», como explicó Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
Pero si un anhelo es la estabilidad de los precios, la comercialización hortofrutícola señala otro reto que se relaciona con la imagen, con la marca. Se quieren comunicar las bonanzas del consumo de frutas y hortalizas de Almería y hacerlo también desde el marketing internacional. No han sido pocos los ataques exteriores al modelo de la agricultura intensiva, auspiciado por competidores terceros que, paradójicamente, encuentran ahora en Marruecos un nuevo lugar donde comprar a buen precio. Luis Miguel Fernández, presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias (Coexphal) explicó en «Más de Uno Agricultura» de Onda Cero que «el agricultor lleva décadas haciendo los deberes, ha innovado y ha mejorado la seguridad alimentaria».
Pero el futuro del campo almeriense no pasa únicamente por sumar atributos a la marca de su horticultura entre la ciudadanía europea, sino también a que su producción sea considerada como la de un miembro comunitario. Los recortes de la PAC y la constante vulneración de los cupos de importaciones de países terceros hacen difícil que el sector se sienta defendido o valorado por Bruselas. «Que esa sentencia del Tribunal Superior Justicia de la Unión Europea que declara que los acuerdos de asociación con Marruecos son ilegales se pueda cumplir», refiere Francisca Iglesias, responsable provincial de la Unión de Pequeños agricultores. Más de 500.000 toneladas de verduras marroquíes han llegado a nuestro continente este año, a pesar de los cupos y las sentencias por el conflicto del Sáhara. Y, además, la UE ya ha recurrido la sentencia.
Fran Fernández. La Razón.


-Recomendaciones para proteger a las aves esteparias en medios agrarios.
La diversificación de cultivos, la concesión de primas por sobre siembra o la prohibición de la quema y el labrado estival de los rastrojos, así como de la recolección nocturna son algunas de las medidas de contribuirían a la conservación y protección de las aves esteparias, según un proyecto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que lleva por título “Estrategia de Conservación de Aves Amenazadas Ligadas a Medios Agro-esteparios en España”.
Su objetivo es la recuperación de estas especies, que se encuentran, según el documento, en un estado desfavorable de conservación en nuestro país. El proyecto hace un diagnóstico de ese estado de conservación, identifica las principales amenazas y enumera las acciones recomendadas para afrontarlas.
La Estrategia se centra en siete especies -aguilucho cenizo, sisón común, ganga ibérica, ganga ortega, alondra ricotí, avutarda común y cernícalo primilla- y se aplicará en los territorios con presencia de las mismas, así como a las áreas potencialmente colonizables. Castilla y León cuenta con poblaciones de todas ellas, aunque las más abundantes son las de avutarda común, cernícalo primilla, sisón común y aguilucho cenizo.
El proyecto recuerda que estas especies gozan ya de un régimen de protección especial tanto por la normativa básica estatal (Ley 42/2007, de 13 de diciembre) como por la comunitaria (Directiva 2009/147/CE) y que, a lo largo del tiempo, se han llevado a cabo numerosas actuaciones para su conservación; sin embargo, constata, o no han sido suficientes o no han resultado eficaces.
Entre las amenazas que ponen en peligro la conservación de estas aves figuran las que afectan a su hábitat y a su alimentación, como la intensificación de la agricultura y la ganadería (tendencia al monocultivo, labrado recurrente, tratamientos con herbicidas, etc., que conllevan la pérdida de enclaves de vegetación natural y la homogeneización del paisaje agrícola y evitan que existan zonas en las que alimentarse, reproducirse o buscar refugio).
Otras amenazas afectan a las especies en sí. Por ejemplo, la cosecha o siega en fechas coincidentes con los períodos de reproducción de las especies, la roturación excesiva en parcelas en barbecho y la aplicación de herbicidas (que causan la pérdida de puestas y la muerte de pollos sin capacidad de vuelo), la aplicación de biocidas (que provocan la disminución de herbáceas, insectos y micro mamíferos, fuente principal de alimento para las aves), la recolección nocturna (que aumenta la mortalidad de la avifauna).
El texto identifica también como amenazas el conflicto entre la legislación sobre conservación de la biodiversidad y la PAC y el bajo nivel de acogimiento por parte de los agricultores a las medidas ambientales de la PAC.
Acciones recomendadas
Para afrontar esas amenazas la Estrategia incluye una larga lista de recomendaciones. Por ejemplo, para revertir la pérdida de calidad del hábitat se recomienda crear o mantener linderos de vegetación natural; diversificar los cultivos en terrenos agrícolas, fomentando las rotaciones de cereal y leguminosas; fomentar y establecer primas por sobre-siembra; evitar el uso de herbicidas y otros agroquímicos para el manejo del barbecho; prohibir la quema y el labrado estival de los rastrojos; establecer convenios para la compra de cosechas sin recolección; adecuar el calendario de laboreo y cosecha a la fenología de las especies que nidifican en el suelo. Asimismo, con el fin de controlar la pérdida de la estructura óptima de la vegetación por sobrecarga ganadera se recomienda fomentar pastos con una carga ganadera equilibrada y para abordar la disminución de alimento se plantea fomentar el control biológico mediante depredadores naturales (en lugar de usar fitosanitarios) y reducir la carga de fertilizantes orgánicos (especialmente purines líquidos).
La Gaceta de Salamanca.


 -Almacenamiento subterráneo de CO₂, biocombustibles o fabricación de cemento. Estas son algunas de las decenas de actividades aprobadas ya por la Unión Europea como sostenibles cuando cumplen una serie de requisitos, junto a otras como la energía eólica, la fotovoltaica o la gestión forestal. Sin embargo, ninguna ha generado tanto debate como la reciente propuesta de la Comisión Europea para añadir a esta lista de inversiones verdes, bajo determinadas condiciones, la energía nuclear o el gas.
La tormenta desatada deja claro que ahora mismo no hay consenso en Europa sobre el impacto de estas dos fuentes de energía, pero también pone a prueba la credibilidad de este nuevo sistema europeo para impulsar las inversiones sostenibles.
El propio responsable de la Plataforma de Finanzas Sostenibles —el grupo de expertos creado para asesorar sobre la taxonomía a la Comisión—, Nathan Fabian, que debe pronunciarse el 12 de enero sobre la inclusión de la nuclear y el gas, ha afirmado al diario Financial Times que ve riesgos en la propuesta.
La llamada taxonomía verde o clasificación de las actividades consideradas sostenibles es una herramienta de la UE para orientar las inversiones del sector privado hacia una economía acorde con los objetivos de lucha contra el cambio climático y otros cuatro retos ambientales (agua, economía circular, prevención de la contaminación y biodiversidad). Como asegura Garbiñe Manterola, experta también de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, en representación del consorcio tecnológico vasco BRTA (Basque Research and Technology Alliance), “si se utiliza bien, este es un sistema muy potente para conseguir una Europa más sostenible”.
EL País.


 

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