Semana del 12 al 19 de septiembre de 2021.

Estos progres siguen obsesionados con lo nuclear

24 de septiembre de 2021

Parar las centrales nucleares en España pondría en riesgo el 23% de la producción eléctrica. El Foro de la Industria Nuclear ha advertido de que si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante se verán obligados a cesar la actividad del parque nuclear. Pero esto no saldrá gratis y podría encarecer aún mucho más el recibo de la luz. 

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En la Unión Europea, 14 de los 27 Estados miembros tienen centrales nucleares. Hay un total de 110 reactores en operación, que producen anualmente cerca del 26% del total de la electricidad consumida en el conjunto de la UE. Francia, con 58 reactores operativos, es el país de con más unidades nucleares, que generan hasta el 70% de su electricidad, el porcentaje más alto del mundo. Por detrás le sigue Eslovaquia, donde el 55% de su electricidad es de origen nuclear; Hungría, con el 50%, y Bélgica y Suecia, ambas con el 40%.
Coste de las clausuras
Las centrales nucleares españolas han sido unas de las grandes garantes del suministro de electricidad durante este año, pero tienen los días contados. A nivel nacional operan siete plantas (Almaraz I y II, Trillo, Cofrentes, Vandellós II y Ascó I y II), cuya propiedad se reparten entre Endesa e Iberdrola, principalmente, y en menor medida Naturgy y EDP. El parque nuclear español está formado por siete reactores en operación en cinco emplazamientos, con una potencia bruta instalada conjunta de 7.398 MWe, cerca del 6,5% del total de la potencia eléctrica instalada en el país. Genera cada año entre 55.000 y 60.000 GWh -más del 20% de la electricidad consumida- convirtiéndose desde hace más de una década en la primera fuente de producción en nuestro sistema eléctrico. Según la hoja de ruta acordada por las eléctricas y Enresa, el reactor Almaraz I se parará no antes de 2027, mientras que el segundo lo haría un año después. De esta manera, entre 2025 y 2030 se producirán los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo entre 2030 y 2035 tan solo abiertas las centrales de Ascó II, Vandellós y Trillo.
Según las últimas estimaciones, referidas a julio del año 2015, el coste de desmantelar las centrales y gestionar los residuos radiactivos en España, atendiendo a la planificación que está en vigor en la actualidad, el 6º Plan General de Residuos Radiactivos, ascenderá a un total de 20.200 millones de euros. Esta estimación tiene en cuenta una vida útil de las centrales de 40 años y contempla todas las actuaciones relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos a realizar hasta el año 2085. El resto de principales potencias europeas también se encuentran de camino a lograr la neutralidad climática.
En Alemania, la canciller Angela Merkel mantiene que el cierre de las centrales, programado para terminar el año 2036, dará a este país una ventaja competitiva en el área de la energía renovable. "Como la primera gran nación industrializada, podemos alcanzar tal transformación hacia las energías eficientes y renovables, con todas las oportunidades que eso trae para las exportaciones, el desarrollo de nuevas tecnologías y de trabajos", aseguró recientemente.
Incluso en Francia comienzan a hablar sobre el envejecimiento de sus 56 reactores nucleares, esperándose que a partir de 2040 se dará inicio a una cascada de cierres y desmantelamientos, que parece no tener freno. 
El Economista.S Acosta.
- El final del verano y el comienzo del otoño se presentan calientes en el campo ya que se multiplican las convocatorias de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias. De momento, la Unión de Uniones llevará a cabo este miércoles una concentración en Madrid frente a la sede del Ministerio de Agricultura, para reclamar una PAC que apoye a los agricultores y ganaderos profesionales; desde este sindicato insisten en que la propuesta de Luis Planas que está encima de la mesa es perjudicial para los intereses de este colectivo, entendido como aquellos que viven exclusivamente de la actividad agraria. Hace pocos días esta organización convocó otra protesta en Valladolid por esa misma razón. APAG de Badajoz, integrada en ASAJA, pretende comenzar el día 21 de este mes una acampada también ante la sede del Ministerio de Agricultura, que se prologará, en principio, durante cinco días. Su objetivo es protestar porque la nueva reforma de la PAC perjudica al agricultor profesional; consideran que se le maltrata y castiga; además, reivindican lo que denominan precios justos.
Por otro lado, ASAJA celebrará esta semana una reunión de su órgano directivo, de la que va a salir una convocatoria de manifestación justo el día en el que se encuentren nuevamente el ministro y los consejeros en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, para cerrar el acuerdo sobre el Plan Estratégico nacional, que debe remitirse a Bruselas antes de que acabe el año. A finales de julio mantuvieron reuniones con representantes de COAG y UPA con el fin de realizar protestas de manera conjunta. ASAJA pretende conseguir con estos actos un mejor trato para lo que denominan el agricultor y el ganadero profesional en la PAC que se está negociando ahora mismo entre el Ministerio y las regiones.
Estas convocatorias pueden ser solo el comienzo de una oleada de movilizaciones contra la política que está llevando a cabo Planas y que ha generado un gran malestar en amplios sectores del campo español. Uno de los últimos ejemplos se conoció días atrás, cuando todo el sector agrario andaluz de forma conjunta ha alertado de “la ruina en la que quedarán sumidos los agricultores y ganaderos de la región si se ratifican los ecoesquemas planteados por el Ministerio de Agricultura”; en caso de aplicarse se registraría una pérdida de renta significativa para el campo de esta comunidad porque las prácticas medioambientales no quedan vinculadas a las regiones productivas, según la nota que han hecho pública.
También denuncian que, aunque los productores andaluces quieran aplicar voluntariamente más de un ecoesquema, el sistema propuesto no se lo permitirá, porque solo contempla un único ecoesquema por explotación. Conviene recordar que este instrumento es una de las principales novedades de la nueva PAC y a través del mismo se repartirán más de 1.100 millones cada año.
La Razón. C.Lumbreras.
- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este lunes la elaboración de la Política Agraria Común (PAC) en diálogo con las comunidades autónomas (CCAA), pero respetando siempre las reglas europeas, pero ha dejado una advertencia a todas las CCAA y al propio sector al asegurar que “si la Comisión Europea no lo aprueba, aquí no cobra nadie”.
Así lo ha expresado en su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar del estado del plan estratégico nacional de aplicación de la próxima PAC para el periodo 2023-2027.
Con las comunidades autónomas, “hemos tenido un dialogo profundo y extenso, y la cooperación ha sido muy buena”, ha destacado el ministro, a pesar de que algunos grupos parlamentarios de la oposición le han reprochado que no haya alcanzado aún el consenso con los distintos territorios.
Sobre las ayudas al desarrollo rural, ha apuntado que ha luchado por “preservar la autonomía y las competencias de las comunidades en el diseño de ejecución de sus planes concretos, pero Bruselas no quiere 27 planes de desarrollo rural, sino que se incluyan como intervenciones locales”, que deberán estar integradas en el plan estratégico en las próximas semanas.
Uno de los aspectos más novedosos de la nueva PAC son los eco-esquemas, ayudas asociadas a prácticas ambientales sostenibles, que tendrán un presupuesto anual de 1.107 millones de euros, según ha avanzado Planas.
La adopción de esas prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental “es una necesidad colectiva de nuestra sociedad en esa transición hacia una economía libre de carbono”, ha justificado.
PRESIÓN PARA ALCANZAR UN ACUERDO ANTES DE FINAL DE AÑO: “SI LA COMISIÓN EUROPEA NO LO APRUEBA, AQUÍ NO COBRA NADIE”
El ministro también ha planteado que la futura PAC sea “más justa” y “más social”, y que esta se dirija a la “inmensa clase media de agricultores y ganaderos”, teniendo en cuenta el marco normativo comunitario.
Planas ha insistido en que, en la conferencia sectorial del pasado 14 de julio, las autonomías expresaron sus posiciones y acordaron seguir trabajando en la redacción del plan, que deberá ser entregado a Bruselas antes de fin de año.
“Si la Comisión Europea no lo aprueba, aquí no cobra nadie”, ha afirmado Planas para llamar la atención sobre la necesidad de alcanzar un pacto.
Además, ha abordado aspectos de su propuesta como la definición del agricultor profesional, el pago redistributivo, el incremento de los fondos para favorecer el relevo generacional (hasta 145 millones de euros anuales) o el aumento en un 15 % del presupuesto en ayudas asociadas, destinadas a sectores vulnerables como la ganadería extensiva.
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Manuel González Ramos, ha resaltado, en el turno de preguntas, que se debe cumplir con los acuerdos y reglamentos de la Unión Europea, así como con la “diversidad de España”.
Por parte del grupo popular, la portavoz Milagros Marcos ha puesto en duda que las comunidades pudieran apoyar al Gobierno en julio pasado si les faltaba por conocer las propuestas en asuntos como los eco-esquemas o las regiones de pago, y ha aludido a las nuevas movilizaciones convocadas por los agricultores porque pueden perder ayudas mientras aumentan las exigencias ambientales y los costes de producción.
El representante de Vox Ricardo Chamorro ha acusado al Ejecutivo de practicar “demagogia ecologista” cuando persisten los precios bajos en el campo y se imponen a los productores “más obligaciones con menos dinero”, haciéndoles perder competitividad exterior.
Desde Podemos, la diputada Isabel Franco ha pedido que se incorpore la condicionalidad social (ayudas a cambio de cumplimiento de normas laborales) de forma voluntaria a partir de 2022, en lugar de 2024, y que se garanticen las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones.
Por el grupo Plural, Xavier Eritja (ERC) ha echado en falta “por ahora el consenso con los territorios”; Concep Cañadell (PDeCAT) ha reclamado que Cataluña pueda definir sus propias políticas agrarias; y Joan Baldoví (Compromís) ha exigido el tratamiento en frío para las importaciones de cítricos de países terceros ante el aumento de plagas.
La diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez ha lamentado que no se acepten enmiendas del resto de grupos en el proyecto de ley de la cadena alimentaria, mientras que el del PNV Joseba Agirretxea ha instado al Gobierno a ser “más flexible” y hacer caso a lo que le reclaman las comunidades respecto al reparto de fondos europeos, a la vez que criticaba su amenza de que «aquí no cobra nadie».
… La Fundación Savia y Fedehesa ha elaborado un nforme de la situación actual de la ganadería extensiva en España donde se refleja «la injusta discriminación y escaso reconocimiento en la distribución de la PAC, siendo, la ganadería extensiva, los pastos, la dehesa… los grandes perjudicados en la misma». por eso, lamentan la mala gestión que España está haciendo con los pastos en la aplicación de la PAC, los ha llevado a la marginalidad, al abandono y ha contribuido a que muchos de ellos terminen ardiendo, degradando el suelo y contaminando el medio ambiente.
En el informe se resalta que resulta difícilmente explicable que España siendo un país con más hectáreas de pastos (19 millones de hectáreas) que de tierras dedicadas al cultivo (17,5 millones de hectáreas) esté aplicando una Pac que deja fuera del Pago Básico (Ayuda a la Renta de los productores) al 70% de los pastos españoles marginando de forma incompresible al trípode medioambiental Pasos– Dehesa– Ganadería Extensiva que es un ejemplo paradigmático de sostenibilidad agraria y economía circular (primigenia) que cumple mucho mejor que muchos de los cultivos (que SI reciben esta ayuda) con los objetivos medioambientales del Pacto Verde Europeo (Green Deal) y las estrategias que lo sustentan “ De la Granja a la Mesa “ y “Biodiversidad 2030”.
El daño causado al sector de la Ganadería Extensiva con la errónea aplicación de la PAC y otras decisiones administrativas ha provocado la desaparición del 65% de las explotaciones ganaderas familiares, la despoblación en el 80% de las zonas rurales, el poner en peligro de extinción al 84% de las razas autóctonas españolas y la contribución a la aparición del fuego en cerca de tres millones de hectáreas en los últimos 35 años, señala el estudio… …
Agroinformación.
- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado hoy el formidable esfuerzo de diálogo y negociación realizado desde hace más de dos años por este ministerio con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias para dar cabida a todos los intereses en el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.
Este Gobierno plantea para España, ha destacado el ministro, una PAC con cuatro características básicas: más justa, más sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización. Planas ha añadido que desde un espíritu constructivo y de constante trabajo, el ministerio ha hecho un gran trabajo de análisis de todas las necesidades sectoriales y un ingente ejercicio por acercar todas las posiciones.
Planas ha comparecido hoy a petición propia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar sobre el estado actual de elaboración del Plan Estratégico que debe remitirse para su aprobación a la Comisión Europea antes de que finalice el año. Ha explicado que en la Conferencia Sectorial del pasado 14 de julio las comunidades autónomas expresaron sus diferentes posiciones y, ha asegurado, se impuso el sentido de la responsabilidad, al terminar con un acuerdo por consenso de seguir trabajando en la redacción del Plan Estratégico sobre la base del documento presentado por el ministerio.
Se trata de un documento de compromiso para avanzar sobre los ecoesquemas -prácticas voluntarias que contribuyen a preservar el medio ambiente, la biodiversidad y a luchar contra el cambio climático-, y ha mostrado su confianza en que hay voluntad de trabajo en común, porque “estamos en tiempo y forma para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos”.
Ha remarcado que se logrará una PAC para todos, dirigida a la inmensa clase media de agricultores y ganaderos, a quien más lo necesita, teniendo muy presente el marco normativo en el que nos tenemos que desenvolver, que no es otro que el de la legislación comunitaria.
Conferencia sectorial sobre la PAC, en octubre
Ya en la recta final, con un intenso calendario de reuniones en septiembre y sobre el acuerdo en torno al documento consensuado en la Conferencia Sectorial, el ministerio trabaja con las comunidades autónomas y el sector en la concreción de detalles técnicos para ultimar la redacción del Plan Estratégico, que aúna la rica diversidad agronómica de todo el país.
Ha asegurado que el Plan Estratégico que presente España será fruto del trabajo de diagnóstico más completo que se ha realizado en una reforma de la PAC, ya que “es la primera vez que se parte de las necesidades” de cada sector para establecer los esquemas de intervención y en el que la innovación y la digitalización jugarán un papel clave “si queremos un sector agrario y agroalimentario con futuro”.
El ministro ha considerado que esta PAC es una “magnífica oportunidad” para el sector agrario español y ha recalcado la confluencia del nuevo paquete de ayudas hasta el año 2027 con los fondos europeos del marco de recuperación, que permitirá afrontar una importante transformación del sector hacia un modelo más sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente.
 
Así, a los 47.724 millones de euros de presupuesto de la PAC para España, incrementado en 3.874 euros con la parte de cofinanciación que corresponde al Estado y comunidades autónomas en desarrollo rural, hay que sumar los 1.051 millones de euros de presupuesto del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el MAPA y otros aproximadamente 1.000 millones del futuro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario.
Una PAC más justa, más sostenible y más social
El ministro ha destacado que en la nueva PAC que se aplicará en España se establecerá un pago a las primeras hectáreas, para tener en cuenta las pequeñas y medianas explotaciones que no se pueden beneficiar de las economías de escala. Asimismo, en la ayuda básica a la renta, se establecerá una reducción progresiva de las ayudas a partir de 60.000 euros, estableciéndose un límite de 200.000 euros, una vez realizados todos los descuentos admisibles.
Uno de los aspectos especialmente resaltados por Planas ha sido el incremento de los fondos para favorecer el relevo generacional, el mayor presupuesto que haya dedicado la PAC a esta finalidad, el equivalente al 3 % de las ayudas directas (145 millones de euros anuales). Junto a ello ha incidido también en la introducción por primera vez de ayudas adicionales para las mujeres que sean titulares de explotaciones, medida para fomentar el protagonismo de éstas en las actividades vinculadas a la producción agrícola y ganadera.
La arquitectura medioambiental de la PAC, alineada en su nuevo diseño con las estrategias del Pacto Verde de la Unión Europea va permitir el necesario salto en la sostenibilidad de la actividad agraria. El ministro ha añadido que la apuesta medioambiental “no es una opción, sino una obligación, pero que no debemos ver como una imposición, sino como una gran oportunidad”.
Sobre la figura más novedosa de la reforma de la PAC, los eco-esquemas, Planas ha explicado que su diseño permitirá que todos los agricultores y ganaderos que lo deseen, puedan acceder a algunas de las prácticas puestas a su disposición. Los eco-esquemas tendrán un presupuesto anual de 1.107 millones de euros y su propósito es fomentar una agricultura y ganadería rentable y sostenible, que proporcione beneficios medioambientales tangibles.
Planas ha insistido en que el diseño de eco-esquemas en el que han trabajado el ministerio y las comunidades autónomas durante los meses de julio y septiembre contemplan prácticas sencillas de aplicar, pero con una aportación medioambiental clara, y que no será necesario acumularlos en una misma superficie, con lo que se evita que unos agricultores tengan ventajas sobre otros en función de las características de sus explotaciones.
Otro aspecto destacado por el ministro es el incremento en un 15 % del presupuesto para las ayudas asociadas, que benefician a sectores más vulnerables con más dificultades para su rentabilidad, particularmente la ganadería extensiva y los cultivos proteicos.
Medidas que son una oportunidad para el conjunto del sector agroalimentario. España tiene la obligación de presentar a finales de año un plan coherente para que la Comisión Europea lo apruebe en el primer trimestre de 2022, año en el que habrá que aprobar un amplio paquete legislativo para poner en marcha el Plan Estratégico de la PAC, además de realizar un gran ejercicio de divulgación sobre su aplicación en España.
El ministro ha apelado a un gran “consenso nacional sobre la PAC, con un modelo que refleje el mejor apoyo para los agricultores y ganaderos”, porque España cuenta con la financiación y las medidas necesarias para potenciar la competitividad del sector agroalimentario español en el próximo decenio.
MAPA.
- Lorenzo Rivera Prieto / Coordinador de COAG Castilla y León
Desde nuestra organización agraria, COAG, siempre hemos defendido una Europa fuerte, unida y cohesionada, capaz de sintonizar con las distintas realidades de los veintisiete estados miembros. Pero si echamos la vista atrás, en lo que se refiere a la agricultura, las cinco grandes reformas que ha experimentado la Política Agraria Común (PAC) no han mejorado, en términos generales, la situación de las explotaciones agrarias en nuestro país. Y no solo no la han mejorado en lo económico, sino que tampoco lo han hecho en lo social. Los daños que estas reformas han generado en el sector, han sido dramáticos en el aspecto humano: pérdida de agricultores y ganaderos por falta de viabilidad económica y, lo peor, envejecimiento del sector por falta de relevo generacional.
En todas las reformas anteriores, los profesionales a título principal (ATP) siempre han resultado los más perjudicados. Y esto es así desde que se dejó de compensar a los agricultores con un sistema de protección a través de los precios de los productos y se apostó por un sistema de ayudas compensatorias a la renta, comenzando así un sistema perverso de ayudas por hectárea, tan desigual como injusto. Este sistema ha provocado diferencias enormes entre países y entre agricultores, que aún arrastramos, y que ahora se intenta corregir a través de lo que han dado en llamar “convergencia de derechos”. Pero como se suele decir, agua pasada no mueve molinos.
La desaparición de las cuotas de producción y de los sistemas de regulación de los mercados nos han traído, además de muchos disgustos con los precios, también un gran debate sobre lo más importante para todos, consumidores y agricultores, con relación a la soberanía alimentaria y los mercados de proximidad, que tanto se piden ahora, y que nuestra organización lleva décadas planteando.
Ahora, tras más de tres años de debates, se aprueba la última reforma, que debería haber corregido todos los problemas generados por las anteriores, pero que no solo no lo hace, sino que va teledirigida en perjuicio de los profesionales ATP, colectivo al que desde que me afilié, allá por 1983, la organización COAG ha defendido y defiende.
En esta nueva PAC sólo importa el Pacto Verde, la arquitectura verde o la Estrategia de la granja a la mesa, todas palabras biensonantes y grandilocuentes para luchar contra el cambio climático y la mejora del medio ambiente… ¿a ver quién se niega a todo esto? En esta lucha, en COAG somos los primeros; pero eso sí, siempre que haya un equilibrio social y económico por delante. De lo contrario, esta reforma última será un nuevo fracaso y otra vuelta de tuerca contra los profesionales, una vez más los grandes perdedores, ahora con la convergencia de los derechos, como en eco-esquemas, pagos redistributivos, degresividad y en ayudas asociadas también, donde no se tiene en cuenta la realidad de nuestras explotaciones.
Y lo peor de todo, en la conferencia sectorial, de diecisiete comunidades autónomas sólo una, Castilla y León, defendiendo a los profesionales ATP.
Una vez más impera la necesidad de que lleguen los fondos europeos por encima de a quién se reparten. Entre tanto, en los próximos años veremos un sector más envejecido y con menos profesionales. Por mal camino vamos.
- Habrá cambios en la convergencia de las ayudas de cara a 2022.
… … Hay que recordar que la disposición vigente actualmente (el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero) establece que en 2022 los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional de ese año se incrementarían “en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional”. Ese incremento se financiaría con las reducciones aplicadas a los derechos que estuvieran por encima del valor medio regional, “de manera lineal y sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan”. “Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 80% del valor medio regional en 2022”.
Esta convergencia acelerada provocó una oleada de protestas en las Comunidades Autónomas más perjudicadas por el proceso que llevó al ministro de Agricultura, Luis Planas, a rectificar. En marzo, tras un encuentro con los responsables de las organizaciones agrarias, se mostró abierto a negociar la convergencia aplicable el próximo año.
C.Lumbreras.
-La UE responde a Ribera: el problema del precio de la la luz no son los derechos de CO2.
Según el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, no es el momento de reformar el mercado marginalista de la electricidad.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, discrepa con el Gobierno español en que el problema de la subida del precio de la luz sean los derechos de CO2. Según ha explicado el neerlandés, impulsor del Green New Deal, la escalada de la factura eléctrica se debe a los precios de los mercados del gas y no a estos derechos de emisión que se idearon para penalizar a las energías contaminantes y acelerar la descarbonización.
"Lo que está pasando es por el precio del gas. Muchos hablan del CO2, pero los precios del mercado mayorista tienen cinco veces más impacto en los consumidores que el CO2", ha explicado Timmermans a un grupo de periodistas españoles con los que se ha reunido en el Parlamento Europeo de Estrasburgo.
El comisario se ha referido al problema de España y ha mostrado su apoyo al Gobierno en la búsqueda de soluciones para abaratar el recibo de los consumidores. Pero no va a atender a la petición de reformular los derechos de CO2 en este momento para dar respuesta a un problema que considera coyuntural, como es la subida del gas.
Según ha explicado, la Comisión Europea ya respondió a una misiva que envió la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para fijar su posición en este asunto y él mismo se reunió con ella hace unos días para estudiar la situación… …
Invertia.






- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el marco de la concentración que ha tenido lugar esta mañana a las puertas del Ministerio de Agricultura, ha afirmado que desde el propio Ministerio y las CC.AA e está definiendo un plan estratégico de la PAC que se aleja de la figura del agricultor profesional y que lo perjudicaría.
Unión de Uniones ha salido a la calle para defender una PAC para los profesionales ahora que se está elaborando el plan estratégico y que se tiene la oportunidad de hacer las cosas bien.
La organización ha lamentado que Planas no se quiera bajar de la burra e insiste en que no se puede diseñar una PAC que dé la espalda a quienes deberían estar al centro de toda la política.
Así, insiste en que se debe definir la figura de agricultor activo beneficiario de ayudas directas como aquel cuyas rentas agrarias representaran más del 25% del total de sus rentas, estableciendo una salvedad para los perceptores de menos de 1.250 euros, que son numerosos, pero tienen una mínima repercusión sobre la distribución de ayudas.
La propuesta que actualmente está en debate y que establecería la posibilidad de percibir ayudas por debajo de un umbral de 5.000 euros sin más condiciones, supone, a juicio de la organización, alejar la PAC de quienes tiene una vinculación profesional real del sector y recortar significativamente el margen financiero del que se disponga para compensarles de los recortes que van a sufrir en la ayuda básica a la renta y del aumento de las exigencias ambientales y de otro tipo.
“Algunos gobiernos regionales lo hacen para proteger el cheque que llega a su región sin importar en qué manos cae. El Ministerio lo hace, para no tener líos y pasar este trance con el menor coste político”, comenta Jose Manuel de las Heras, coordinador estatal, durante su intervención “Pero nos estamos jugando en esto mucho más de lo que vale la foto y el apretón de manos que busca el ministro y que es lo único que le interesa”, añaden.
Una ley de cadena alimentaria que acabe con los abusos y elecciones en el campo, también entre las reivindicaciones
Igualmente, Unión de Uniones, durante su concentración, ha expuesto algunos de los alimentos más castigados por la ley de la cadena alimentaria y ha insistido en que, ahora que la semana que viene se debate en el Congreso, se tiene la oportunidad de incorporar en la ley aspectos tan importantes como la definición de la posición de dominio y la prohibición de reventa a pérdidas.
La organización insiste en que en un negocio como es alimentario, donde cada año se generan cerca de 160.000 o 170.000 millones de euros, debería haber margen para todos.
“Tenemos en el BOE una ley fallida que ahora, con el incremento bestial que estamos viviendo de la electricidad o de los piensos, se ha convertido en una broma insufrible”, afirma de las Heras, “Falta apenas una semana para que intenten cerrar los cambios en una ley, que es vital para el sector. Le pedimos a los diputados que sean valientes y pongan medida al tremendo poder que usan la industria y la distribución para manejar la cadena a su antojo y en su beneficio”.
En la misma línea, Unión de Uniones reitera su posición como la segunda organización agraria más fuerte a nivel estatal y reclama que se convoquen elecciones para que los agricultores y ganaderos puedan acudir de una vez a las urnas a decidir quién les representa.
Unión de Uniones pide al ministro que se impulse desde el Gobierno una reforma inmediata de la ley para acomodar el censo a los agricultores y ganaderos profesionales, que se derogue la posición transitoria única de la Ley 12/2014 y hasta las elecciones se tenga por más representativas a las organizaciones que hubieran obtenido resultados apreciables en las elecciones autonómicas celebradas mientras se desarrolla cuanto antes el reglamento de la ley para celebrar elecciones en el campo.
Éxito de la convocatoria
La organización ha calificado de éxito la convocatoria que ha conseguido reunir a cerca de 800 agricultores de distintas CC.AA como Castilla y León, Castilla – La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria o La Rioja.
La concentración comenzaba a las 10.30h de la mañana con la llegada de la góndola con dos tractores procedentes de Castilla – La Mancha y la exposición de posters con los motivos de la reivindicación, así como algunos alimentos que acusan los desequilibrios de la cadena alimentaria (patatas, zanahorias, leche, vino, cava…) y el registro en el Ministerio de las principales reivindicaciones de la organización.
Durante su intervención, Jose Manuel de las Heras, ha animado también a los allí presentes a no desfallecer en la defensa del campo, ha insistido en que Unión de Uniones no se vende por un plato de lentejas (ni por nada) y que seguirá trabajando para defender a los agricultores y ganaderos que velan por alimentar el país y dinamizan el medio rural.
Asimismo, han intervenido también los responsables de las distintas organizaciones territoriales de Unión de Uniones quienes han resaltado la realidad del campo de cada comunidad.
Al final del acto, los alimentos han sido donados al Comedor Social María Inmaculada, uno de los más antiguos de Madrid, y a Cáritas.
UNIÓN de UNIONES.





- Indignación entre los productores agrarios por el acuerdo unilateral entre el Gobierno y los sindicatos. Pedro Barato: “Esta subida, sumada a las anteriores, supondrá un incremento de cerca del 40% del coste salarial mínimo legal, algo que resulta de todo punto inasumible para el empleo agrario”.
ASAJA califica de inadmisible el acuerdo al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sanchez con los sindicatos para subir 15 euros, a partir del 1 de septiembre, el SMI que queda fijado en 965 euros. Esta es la gota que colma el vaso en este año con fuertes incrementos de costes de luz, carburantes, fertilizantes, abonos y piensos, máxime si tenemos en cuenta que la aplicación de la nueva reforma de la PAC traerá aparejados importantes recortes en las ayudas que reciben los profesionales de la agricultura.
Para buena parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas ésta subida del SMI, que lleva aparejada un crecimiento encadenado de los costes de cotización a la Seguridad Social, así como de los costes indemnizatorios, es absolutamente inasumible, ya que llega en un momento de grave crisis de rentabilidad debida fundamentalmente a los bajos precios en origen y a los altos y crecientes costes de producción.
Desgraciadamente, los efectos que dejará en el campo no van a ser superfluos. Con unos costes de producción disparados se va a hacer peligrar la viabilidad de muchas explotaciones; se destruirá empleo en el sector; se reducirán las oportunidades para nuevos empleos y se corre el riesgo de generar empleo sumergido. De igual modo aumentará el riesgo de abandono de aquellos cultivos con mayor necesidad de mano de obra (viña, olivar, hortícolas, frutales… …). Todo esto supondrá destrucción del tejido productivo, de la actividad económica y mayores dificultades laborales para los núcleos rurales, aquejados ya seriamente por el despoblamiento y el abandono.
Resulta paradójico que es subida del SMI se realice de forma unilateral por parte del Gobierno, eso sí con la connivencia de los sindicatos, sin contar con el consenso necesario de los que realmente proporcionan el empleo en nuestro país, los empresarios. Un gobierno que alardea de propugnar el dialogo social y el consenso no debería tomar decisiones tan trascendentales como esta sin tener en cuenta a los verdaderos artífices de la marcha de la economía y el empleo.     



La decisión ha sido adoptada hoy por el Comité Ejecutivo nacional de la Organización.
El modelo diseñado por el ministerio de Agricultura penaliza de forma grave la actividad agraria, productiva y profesional. Rechazo unánime a la definición de agricultor activo; al pago redistributivo; a los topes de las ayudas acopladas; a la degresividad en el resto de pagos; a los ecoesquemas y a la condicionalidad social que supondrán un menoscabo en la renta de los productores
El Comité Ejecutivo nacional de ASAJA, reunido hoy en Madrid, ha aprobado la convocatoria de movilizaciones con carácter nacional en protesta por el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 que prepara el ministerio de Agricultura y que el propio ministro Planas ha anunciado su intención de tener cerrado antes de que finalice el año. Un plan al que, como ya ocurriera con el Acuerdo sobre la PAC alcanzado en Bruselas a finales del mes de junio, le sobra ideología y le falta agronomía.
El modelo productivo agrario diseñado en el Plan Estratégico del ministerio, y que cuenta ya con el visto bueno de algunas Comunidades Autónomas, (no así con el de las organizaciones agrarias que en estos momentos hemos quedado relegadas de la negociación)  tiene -según la dirección de ASAJA- graves errores de planteamiento ya que no se puede exigir a los agricultores y ganaderos que con los mismos, o incluso menos fondos, afronten exigencias mucho mayores a la hora de producir.
Es prioritario, por tanto, afrontar los retos que se avecinan con medidas que acompañen a los agricultores y ganaderos profesionales  para que puedan responder a estas nuevas exigencias con garantías de éxito, viabilidad y rentabilidad. Deben arbitrarse medidas de apoyo al relevo generacional, estructuras e infraestructuras en el medio rural, reducción generalizada de los costes de producción, equilibrio de la cadena agroalimentaria y refuerzo del eslabón del productor en la formación de valor, reciprocidad en las relaciones comerciales, acceso a la innovación y tecnología agraria y reconocimiento de la actividad agraria ante el consumidor y la opinión pública.
Pero volviendo al Plan Estratégico,  el Comité Ejecutivo de ASAJA sostiene que éste debe jugar un papel fundamental a la hora de definir el modelo de agricultura y de agricultores que queremos para España en los próximos años y no solo en el periodo que abarca al reforma porque el acuerdo alcanzado en Bruselas el pasado junio  lanza una serie de líneas de actuación, algunas obligatorias, pero otras muchas abiertas a la aplicación nacional y en las que se deja plena autonomía.
Un ejemplo de estas últimas es la definición de agricultor activo que nuestro país pretende delimitar. En opinión de ASAJA esta definición debe venir marcada por la actividad agraria productiva y el ejercicio profesional de dicha actividad y debe favorecer a los agricultores profesionales que asumen riesgos empresariales, cotizan a la Seguridad Social en la rama agraria y cumplen con todas las obligaciones fiscales y laborales. Desgraciadamente, la propuesta del ministerio parece ir en sentido contrario.
Esta definición de agricultor activo resulta esencial porque marca el destino de algunos pagos ya conocidos como es la ayuda base, pero también de otros nuevos como el Pago Redistributivo. ASAJA rechaza el tratamiento que el ministerio da a este pago, incluyendo en el a beneficiarios que no realizan actividad productiva alguna o solo con carácter marginal, en igualdad de derechos que los profesionales del sector porque esto penaliza a estos últimos y puede tener el efecto contrario al buscado.
En cuanto a la determinación del número de regiones a efectos de Pago de la PAC, debe buscarse de forma urgente el necesario equilibrio territorial y productivo y saber combinarlo con otras herramientas como el calendario de convergencia, los pagos asociados para sectores afectados (especialmente los ganaderos, pero también algunos agrícolas) e incluso en intervenciones del segundo Pilar.
Las ayudas y pagos acoplados son herramientas absolutamente necesarias en este nuevo proceso, por lo que rechazamos cualquier tipo de degresividad aplicada a las mismas. Son necesarias todas y cada una de las hectáreas y cabezas de ganado que se encuentran en dificultades en estos momentos.
En opinión de ASAJA, la condicionalidad social esconde una injustificada “criminalización” del agricultor que emplea mano de obra fija o temporera, lo que podría plasmarse en más controles y sanciones. El ministerio ha decidido adelantarse al plazo establecido por la UE y empezar en 2024. Confiemos en que esto no suponga mayor carga burocrática y complejidad de la PAC.
El reto medioambiental que plantea la PAC a nivel europeo es más que importante, con mayores restricciones y nuevas imposiciones (Estrategias del Pacto Verde), ignorando los importantes esfuerzos realizados hasta el momento por el sector agrario europeo en materia de respeto medioambiental y lucha contra el cambio climático. Esta mayor ambición se manifiesta imponiendo condiciones aún más rigurosas, como la rotación de cultivos, y en el refuerzo de la condicionalidad, que integra prácticas de producción ya existentes, pero retirándolas el apoyo financiero específico para el “greening”.
Los denominados eco-esquemas son la línea básica del nuevo mecanismo voluntario para avanzar en las prácticas respetuosas con el medio ambiente, pero parten de unos niveles de exigencia muy superiores a la condicionalidad. Su importancia es básica en la nueva PAC ya que suponen el 25% del total de los pagos directos, por lo que ASAJA reclama que su diseño sea sencillo, accesible y sobre todo universal para evitar que se pierdan fondos o haya agricultores que no se vean incluidos en ninguno de estos eco-esquemas. Además, todas las hectáreas acogidas contribuirán de la misma manera al compromiso climático y medioambiental, por lo que rechazamos la degresividad por superficie planteada por el ministerio.
En este sentido, es fundamental hacer valer las tesis agronómicas sobre las puramente ecológicas con el fin de diseñar un Plan Estratégico que sea asumible, realizable y atractivo para los profesionales agrarios que desarrollan su actividad de una manera profesional.
ASAJA no puede comprender, dada la tremenda importancia de lo que el sector agrario se juega con el diseño de este Plan, cómo la interlocución y coordinación del ministerio no es máxima tanto con Comunidades Autónomas como con Organizaciones Profesionales Agrarias. Reclamamos que en esta fase final del diseño del Plan la voz de ASAJA sea escuchada para poder hacer valer la opinión de los profesionales agrarios ante este importante reto de la PAC.
ASAJA.



--Los agricultores andaluces contra los eco-esquemas que les llevarán a la ruina. Así lo denuncian ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
Los agricultores y ganaderos andaluces quedarán sumidos en la ruina si se ratifican los eco-esquemas planteados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC). Así lo han denunciado las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. 
Los eco-esquemas son ayudas directas que se contemplan por primera vez en el marco normativo de la PAC –en sustitución a actual pago verde, también conocido como greening- y copan hasta el 25% del presupuesto nacional (1.107 millones de euros). En concreto, dichos importes compensarán a aquellos productores que incorporen prácticas favorables a la conservación del medio ambiente, que previamente quedarán estipuladas en el Plan Estratégico de la PAC.
Tras conocer la propuesta del departamento de Luis Planas, organizaciones agrarias y cooperativas aseguran que el modelo planteado se va a traducir con toda seguridad en una pérdida de renta para el campo andaluz porque las prácticas medioambientales no quedan vinculadas a las regiones productivas y, en cambio, se proponen mayores importes para zonas menos productivas. 
Las organizaciones firmantes insisten en que si es necesario volverán a sacar los tractores a la calle
De igual forma, aunque los productores andaluces quieran aplicar voluntariamente más de un eco-esquema, el sistema propuesto no se lo permitirá porque solo contempla la aplicación de un único eco-esquema por explotación.
Unidad de acción.
Por todo ello, el sector agrario andaluz vuelve a mostrarse alarmado e insiste en que mantendrá la unidad de acción frente a cualquier propuesta que merme la rentabilidad del campo andaluz. Las organizaciones firmantes insisten en que si es necesario volverán a sacar los tractores a la calle para que la hoja de ruta de Luis Planas, que deberá quedar definida técnicamente a finales de septiembre, sea un documento trabajado bajo el consenso, la colaboración y el reconocimiento del peso estratégico que tiene Andalucía en el conjunto de la agricultura y la ganadería de España.
Como recuerdan las organizaciones agrarias y las cooperativas, una PAC favorable a los agricultores y los ganaderos andaluces se traducirá en crecimiento para toda la comunidad autónoma. En este sentido, recuerdan que el complejo agroalimentario es un motor socioeconómico fundamental para la región, que dinamiza el medio rural, genera más del 10% del empleo de la región y supera los 18.000 millones de euros de negocio. Asimismo, equilibra la balanza comercial (con un saldo positivo cercano a los 6.500 millones de euros), contribuye a la conservación del medio ambiente y fija población al territorio.
Olimerca.





- Si el brutal incremento de la luz hace tambalear la economía de cualquier hogar, para los agricultores y ganaderos andaluces esta espiral de subidas de la tarifa eléctrica está suponiendo un auténtico mazazo, ya que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones que están luchando por sobrevivir en un contexto de crisis de precios y falta de rentabilidad.
Y es que llueve sobre mojado para el sector agrario. Un sector que es estratégico, que es imprescindible para la sociedad, pero que incomprensiblemente se encuentra totalmente desprotegido. Éste es el panorama desolador al que se enfrentan cada día agricultores y ganaderos: precios de ruina por debajo de costes, competencia desleal de terceros países con importaciones sin control, la entrada de los fondos de inversión, el aumento del coste de las materias primas y, ahora, para colmo, la inasumible subida de los costes energéticos.
Según los datos que maneja COAG Andalucía, la factura de la luz es un 300% más cara para el sector agrario en los dos últimos meses. Concretamente, el precio del Mw/h registrado en agosto de 2021 ha sido casi tres veces superior a la del año pasado. En agosto de 2020 el precio medio del Mw/h fue de 36,21€/Mwh., mientras que en el pasado mes ha sido de 105,99€/Mwh.
Hay que tener en cuenta igualmente que el sector agrario tiene, por lo general, contratos con precios de electricidad cerrados que se mantiene durante todo el año. Así, de cara al próximo año 2022, se estima que el precio de cierre de contratos por esta fecha estará en torno a 99,35€/Mwh. A día de hoy en el mercado diario el precio alcanza los 153,43€/Mwh, mientras que el año pasado se cerraron a 30 -40€/Mwh.
Teniendo en cuenta que la subida de la luz no puede repercutir en el precio de venta del producto agrícola o ganadero, desde COAG Andalucía se aportan dos casos tipo de cómo se disparan los costes que generan más ruina se cabe a los productores.
Así, por ejemplo, en una comunidad de regantes de olivar que sufre las variaciones del mercado eléctrico, la factura de la luz ha subido un 150% desde el pasado mes de abril hasta agosto, de 0,08 a 0,12€/Kwh. Una situación que se verá empeorada ahora porque el gasto importante de la campaña se centra en el periodo agosto-septiembre, cuando justamente los precios de la electricidad están disparados. De momento, los regantes han visto su factura multiplicada por seis desde abril.
En el caso de la ganadería de leche, por ejemplo, se estima que la factura de la luz se ha incrementado en un 60% de media. Una explotación familiar con 80 vacas ha pasado de pagar 480 euros de luz a 600 € en cuestión de un mes. Y es que una explotación ganadera hoy en día cuenta con tecnología que supone un alto coste energético. En este sentido, lo que más gasta son los motores de las ordeñadoras, los ventiladores y el tanque de refrigeración de la leche, que no entiende de ahorro ni de elegir los horarios más económicos.  
COAG-Andalucía.

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