Semana del 12 al 19 de diciembre de 2021.

22 de diciembre de 2021

Se cumplen seis años del Acuerdo de París sobre cambio climático y, a pesar de contar con un plan progresivo que, apuesta por energías renovables y limpias, los esfuerzos aún parecen insuficientes. Mientras, la ciencia avanza en el descubrimiento de técnicas y procesos químicos no solo encaminados a que la actividad humana emita menos CO2 sino a eliminarlo de la atmósfera.

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-Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el reto al que nos enfrentamos para no sobrepasar en 1,5 ºC el aumento de la temperatura global que sufre nuestro planeta. La línea roja para intentar evitar una catástrofe ambiental que podría ser irreversible. Sequías, inundaciones, fuegos o fenómenos meteorológicos extremos son las consecuencias directas que ya se aprecian en muchos lugares y que conllevan la pérdida de vidas y cuantiosos daños materiales.
Se cumplen seis años del Acuerdo de París sobre cambio climático y, a pesar de contar con un plan progresivo que, apuesta por energías renovables y limpias, los esfuerzos aún parecen insuficientes. Mientras, la ciencia avanza en el descubrimiento de técnicas y procesos químicos no solo encaminados a que la actividad humana emita menos CO2 sino a eliminarlo de la atmósfera. Es lo que se conoce como descarbonización de la economía y abarca varios rangos, según los objetivos a alcanzar.
En ello trabaja el científico del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Castelldefels (Barcelona), Pelayo García de Arquer, que este martes recogerá el Premio de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA en la categoría de investigador joven en física experimental. Experto en nanomateriales y en sus propiedades ópticas, su trabajo consiste en la transformación de emisiones contaminantes de CO2 en combustibles, en productos industriales o en objetos cotidianos.
MATERIALES HECHOS DE CARBONO
García de Arquer, que se formó como ingeniero de telecomunicaciones, matemáticas y fotónica, fue miembro del grupo CERT de la Universidad de Toronto (Canadá), equipo finalista de los premios Carbon Xprize, una iniciativa liderada por el ingeniero Peter Diamandis y que ahora patrocina Elon Musk.
"Publicamos un artículo en la revista Science, una de las primeras demostraciones de cómo convertir CO2 en etileno", un producto empleado en la fabricación de plásticos, explica. "El reto era convertir una tonelada al día de CO2 en algo que tuviera un valor. Por aquel entonces, podíamos transformar en etileno unos pocos cientos de miligramos de CO2 al día. Fuimos pasando por diferentes fases, escalando la producción a niveles mayores y aplicamos esta tecnología en una planta piloto junto a una central térmica de Alberta (Canadá)".
La investigación de García de Arquer se centra en generar productos basados en carbono.
"La mayoría de los materiales que utilizamos están hechos de carbono (ropa, plásticos, electrónica, materiales de construcción). La idea es utilizar la contaminación (el CO2), el agua y energía renovable para generar combustibles (metanol o etanol) u otros materiales. Producirlos a partir de la contaminación, no de combustibles fósiles, y hacerlo de un modo sostenible".
Renovable y sostenible son términos que hay que tratar con cuidado si de lo que se trata es de reducir gases de efecto invernadero y no provocar daños mayores. "Tienes que tener en cuenta las emisiones que conlleva fabricar esos materiales. Al final de la vida útil de una tecnología, tienes que haber contribuido de una manera neta negativa a las emisiones, porque si no, estarías contaminando más".
El punto fuerte de la tecnología que recicla el CO2 de la atmósfera para producir materiales de nuestro día a día es que "si realmente se pudieran generar a eficiencias suficientemente altas como para que fueran viables, se podrían desplazar los mecanismos de producción actuales con un impacto muy rápido en la transformación de los modelos productivos. Esta tecnología puede suponer una transición hacia un desarrollo sostenible sin tener que reinventar absolutamente la manera que tenemos de hacer cosas". ¿Y el punto débil? "Que aún no estamos ahí".
MATERIALES MEJORADOS
Otra parte del trabajo de García de Arquer está relacionada con materiales mejorados con propiedades nuevas, como es el caso de los nanomateriales. Su diseño lo enfoca a la optoelectrónica, "para hacer leds o pantallas más eficientes, con colores más nítidos, más brillantes". Se trata de pantallas de teléfonos, televisiones y otros dispositivos, como láseres con sensores de luz y cámaras. "Tienen aplicaciones en el campo de la vigilancia, la medicina, la industria alimenticia, las comunicaciones y la realidad aumentada". Además, es habitual el uso de estos materiales en celdas solares, "para que sean ligeras, que se puedan doblar, que sean baratas, eficientes y se fabriquen a gran escala".
Ya asentado en España, García de Arquer está formando su propio grupo de investigación en el ICFO. El científico, que señala la necesidad de "aumentar la inversión en ciencia en nuestro país", agradece y entiende este galardón como un reconocimiento "a un trabajo colaborativo" al que han contribuido los distintos compañeros con los que ha investigado a lo largo de su carrera.
Sus próximos pasos se centrarán en "nuevas maneras para capturar CO2" y ensayará otras tecnologías para la formación de amonio a partir de energías renovables, por tratarse de "un producto que genera grandes emisiones de gases de efecto invernadero".
M. de Miguel. El MUNDO.


-Una infraestructura pionera en Europa para capturar, transportar y almacenar CO2 en un espacio submarino en el Mar del Norte. Así es cómo Noruega ha logrado convertirse en el país que, con más ambición, apuesta por nuevas fórmulas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El proyecto Longship (denominado así en alusión a los barcos vikingos) avanza hacia su inminente implementación y se plantea como una solución no solo para la industria del país, sino como motor de cambio para la actividad productiva de todo el continente.
La planificación que contempla el proyecto, el primero de estas características que se diseña en Europa, dibuja un protocolo por el que el dióxido de carbono generado en una planta cementera ubicada en las afueras de Oslo será capturado, enviado en estado líquido a una terminal de la costa oeste de Noruega y transportado después, ya licuado, por una tubería hasta su depósito definitivo: un espacio de almacenamiento situado a 2.600 metros de profundidad en el Mar del Norte, donde permanecerá de forma permanente.
Más allá, la intención es aplicar este mismo modelo a los gases de efecto invernadero generados por otras plantas y, con el tiempo convertirse en una alternativa para almacenar el CO2 derivado de la actividad industrial en el resto de Europa, ya que se prevé que las instalaciones tengan una vida útil de 25 años.
Para llevar a cabo este ambicioso plan, el Gobierno de Erna Solberg se ha aliado con Northern Lights, una sociedad compuesta por la petrolera noruega Equinor (antigua Statoil), la angloholandesa Shell y la francesa Total. Las tres compañías tienen experiencia probada en el desarrollo de esta tecnología, ya que el proceso de captura, transporte y almacenamiento es similar al de producción y transporte de hidrocarburos, y también cuentan con el conocimiento geológico necesario para realizar las labores de almacenamiento. El consorcio ya ha comenzado a preparar las instalaciones que permitirán dar comienzo a la primera fase.
A principios de 2021 comenzó a construirse la planta en tierra que almacenará el CO2 hasta su traslado definitivo al yacimiento marino, y las previsiones apuntan a que estará terminada en la primavera de 2022, si bien la el proyecto no se iniciará hasta mediados de 2024. Para esa fecha también estarán listos dos barcos transportadores que dispondrán de un volumen de carga de 7.500 metros cúbicos y una longitud de 130 metros. El coste estimado del proyecto asciendo a 2.400 millones de euros aproximadamente, y el 80% del total será asumido por el Gobierno noruego.
Equinor, Shell y Total, por su parte, han comprometido una inversión cercana a los 662 millones de euros. Durante la primera fase, Longship pretende capturar y almacenar 1,5 millones de toneladas de CO2 anuales, hasta alcanzar un total de 40 millones, si bien la capacidad de almacenamiento de las instalaciones podría ampliarse hasta cinco millones de toneladas en una segunda etapa.

Descarbonización de la economía europea

La captura y almacenamiento de carbono (CAC) se ha convertido en una técnica indispensable para reducir los niveles de CO2, impulsar la descarbonización de la economía europea y cumplir con el objetivo climático establecido en el Acuerdo de París, aunque muy pocos países han decidido utilizarla en sus fábricas debido a su elevado coste.
Sin embargo, cada vez aparecen tecnologías más innovadoras para dar solución a este problema y, además, hacer negocio. Y es que Europa se posiciona como el tercer gran emisor de gases de efecto invernadero a escala global aportando un 8% del total, tras las otras dos grandes potencias mundiales: China y Estados Unidos.
Al igual que el resto de estados adheridos al Acuerdo de París, la Unión Europea asumió en su momento el objetivo de recortar las emisiones un 40% de cara a 2030, aunque la llegada de Ursula Von der Leyen a la presidencia de la Comisión implicó la firma de un compromiso aún mayor, elevando este porcentaje hasta un 55%.
Las emisiones responsables del calentamiento global han ido disminuyendo paulatinamente en la UE registrando una rebaja del 24% respecto a los niveles de 1990, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.
En 2019 los gases de efecto invernadero se vieron recortados un 3,7% en 2019 y un 10% en 2020, aunque ese retroceso está ligado al confinamiento y a la paralización de la actividad. Una vez capturado, el CO2 será transportado en barco hasta la terminal terrestre para su almacenamiento intermedio. Se pretenden capturar y almacenar 1,5 millones de toneladas anuales de CO2.
Agua y Medio Ambiente. El Economista.

 

-UPA impulsa un documento informativo en el CESE europeo que describe los enormes beneficios de la ganadería extensiva y la fertilización orgánica para la sociedad y el medio ambiente.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó ayer por 164 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el informe Beneficios de la ganadería extensiva y de los fertilizantes orgánicos en el contexto del Pacto Verde Europeo, impulsado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que forma parte de este órgano europeo.
El informe aprobado ayer reconoce a la ganadería extensiva por su papel clave en el suministro de alimentos “sostenibles, sanos, seguros y de excelente calidad”. Una ganadería capaz de producir alimentos a partir de la utilización de los recursos naturales locales como zonas de montañas, pastos, terrenos marginales o zonas difícilmente cultivables.
El secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha sido el ponente de este documento que también apunta al papel fundamental de los fertilizantes en el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, así como en su capacidad de retención de agua y en la lucha contra la erosión.

Salvaguardar la ganadería extensiva

El informe califica de “imprescindible” salvaguardar y proteger la ganadería extensiva, asegurando precios justos para los productores y una ayuda adecuada y suficiente en la PAC, reconociendo la importancia del pastoreo y todo el patrimonio cultural inmaterial que lleva consigo, y dando un trato diferenciado y favorable en las políticas públicas a esto modelo, en especial en la PAC, dando una mayor flexibilidad a la hora de definir las superficies de pastos admisibles.
Las estrategias “De la Granja a la Mesa” y de Biodiversidad, así como el conjunto del Pacto Verde Europeo marcan un camino a seguir en el que la ganadería extensiva constituye para el CESE un modelo ejemplar de producción sostenible en términos medioambientales, sociales y económico, que contribuye al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, el desarrollo socioeconómico del medio rural, la protección del patrimonio cultural y etnográfico europeo, así como en la prevención de incendios y en la captación de CO2 de la atmósfera.
El responsable internacional de UPA, José Manuel Roche, ha señalado la importancia de que un organismo como el CESE otorgue por unanimidad un apoyo tan firme a la ganadería extensiva, “de la que España es ejemplo en calidad y variedad, pero que se encuentra en una encrucijada, por la falta de precios justos y la aprobación de determinadas medidas y políticas que suponen un grave riesgo para su futuro”.
UPA.

-El próximo lunes 13 de diciembre el Director General del Agua acudirá a la sede de la CHD a una reunión con representantes de los usuarios regantes de la Cuenca.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), como Organización Profesional Agraria, legítima representante de los intereses de los regantes, ha solicitado expresamente la participación en la sesión informativa sobre el Proyecto de Plan Hidrológico que tendrá lugar el lunes 13 de diciembre y a la que asistirá el Director General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Según hemos conocido, la reunión tiene como objetivo explicar la propuesta de la Confederación del nuevo Plan Hidrológico que, de aprobarse regirá los años 2022-2027, en cuestiones tan importantes para los usuarios regantes como son los caudales ecológicos, dotaciones, aguas subterráneas, contaminación difusa, infraestructuras……
Para UCCL, la negativa de la Confederación Hidrográfica del Duero a que puedan asistir las OPAs a esta reunión, sólo puede explicarse si es que tienen pensado celebrar otra reunión en breve para transmitir toda la información.
En caso contrario, entendemos que esta administración, arcaica en sus formas de gestión, no conoce lo que es una Organización Profesional Agraria y a quién representa, o bien no quiere que el Director General del Agua, oiga de primera mano todos los reparos y observaciones que los representantes de los regantes tenemos que transmitirle sobre su propuesta de Plan Hidrológico.
UCCL.


-La PAC más verde limitará en sus logros ambientales a las fincas medianas y grandes.
El Plan Estratégico expuesto en consulta pública dispara contra las explotaciones andaluzas que más riqueza y empleo generan, según Asaja.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que la propuesta de España para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), recogida en el Plan Estratégico Nacional, está ya «casi finalizada», por lo que ha informado a las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial telemática celebrada el pasado jueves, la última prevista, de que el documento se presentará a Bruselas para su revisión en la última semana de diciembre.
No obstante, la versión inicial de la propuesta se encuentra actualmente en el procedimiento de información pública, en el marco de la evaluación ambiental estratégica, y estará abierta a acoger alegaciones hasta el 4 de febrero de 2022.
Una versión que, como ya anunció Agrónoma, introduce algunas novedades respecto al documento que días previos estaba colgado en la web del Ministerio, sobre todo en lo que concierne a la realización de prácticas en favor del medio ambiente, perjudicando a cultivos con mucho peso en Andalucía y en la provincia de Sevilla.
Es el caso del arroz ya que, si no se corrige, pasará a cobrar tres veces menos que el resto de los cultivos de riego. Pero no es el único que va a perder ayudas, según un análisis más profundo de Asaja. De hecho, los frutos secos también resultarán perjudicados por cambios, en este caso, en los pagos acoplados.
Así, la propuesta del Plan Estratégico recoge que esta ayuda se dará sólo a las superficies con pendiente mayor del 10% y/o secanos con pluviometría anual media a 10 años inferior a 300 milímetros, lo que supone «reducir a la mitad la superficie que hasta ahora estaba recibiendo esta ayuda», critica la organización agraria Asaja, que reclama al Ministerio que «el pago acoplado sea extensible a todas las superficies en secano productoras de frutos secos».

Exigencias ambientales.

La reforma de la PAC 2023-2027 es la «más verde de la historia». La importancia concedida a las prácticas de sostenibilidad medioambiental tiene en el Plan Estratégico su respaldo presupuestario, ya que España destina el 43% del total de los 47.724 millones de euros del presupuesto a dichos objetivos medioambientales y climáticos.
Así, las ayudas están sujetas al cumplimiento de una condicionalidad que llega reforzada, es decir, mucho más exigente que la actual.
Los ecoesquemas son la gran novedad de esta reforma y uno de los puntos que más ha calentado el debate. Se trata de instrumentos por los que los agricultores y ganaderos pueden recibir ayudas si realizan actuaciones que vayan en favor del clima y el medio ambiente.
Se trata de prácticas que son voluntarias pero que se incluyen dentro del primer pilar de la PAC. Es decir, que tienen un peso muy importante en la asignación de las ayudas directas que llegan al bolsillo de los productores. En concreto, el 23% de la dotación total de la PAC 2023-2027 depende de la aplicación de estos instrumentos en favor del medio ambiente, por lo que, si los agricultores no quieren renunciar a ese 23%, están obligados a realizarlas.
Pero el diseño de los mismos, así como el cobro de estas ayudas, está generando cierto malestar, ya que la propuesta de España incluye una degresividad para el cobro. Esto significa que las explotaciones agrarias que hagan estas prácticas irán perdiendo ayudas a partir de un número de hectáreas.
El secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, califica esta degresividad de «ilógica», pues se pregunta: «¿Cómo se puede explicar a un agricultor que en una explotación a partir de la hectárea X se contribuya al cambio climático y a partir de la hectárea X+1 ya no se beneficie al medio ambiente?».
Por ello, Martín critica que recortando el pago medioambiental a partir de una cierta superficie «se está desincentivando a las explotaciones de tamaño mediano y grande, que podrían contribuir muy positivamente a los objetivos verdes buscados con una compensación íntegra». Además, al contrario que en otros países, España limita el pago a un solo ecoesquema por hectárea «cuando perfectamente se podrían hacer más de una acción, con el correspondiente beneficio ambiental y económico».
Asaja rechaza cualquier degresividad «que pueda poner en tela de juicio la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones» y se muestra muy crítica con la propuesta de Planas, ya que «va mucho más allá de lo que exige Bruselas». Y es que «no sólo aplica la degresividad a partir de los 60.000 euros y establece un techo de ayudas a partir de los 100.000 euros (capping), sino que además se inventa un super-capping por el que, independientemente de los costes laborales que se pueda descontar, no habrá ayuda base a la renta más allá de los 200.000 euros».
Pago redistributivo
A esto se suma que se aplicará por primera vez en España el pago redistributivo, retirando un sexto del valor de los importes individuales a todos los beneficiarios de la ayuda básica a la renta, y que servirá para hacer un pago complementario a las primeras hectáreas de las explotaciones, con un enfoque de doble umbral para cada una de las 20 regiones.
Se trata de «un ‘sudoku’ por el que al final no se incrementa significativamente la renta de ningún agricultor, pero sí se empobrece más a muchas explotaciones viables», destaca Eduardo Martín. El directivo de la patronal agraria entiende este pago redistributivo como «imposición de Bruselas», pero no justifica «la ambición de Planas al aplicar también el capping y la degresividad, que no está en lo acordado por el Consejo y el Parlamento Europeo en junio de 2021, cuando se aprobó la reforma de la PAC». En este sentido, añade que «ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni tampoco Eslovaquia o Chequia, además de otros muchos países, van a aplicar esta limitación de pagos ni la degresividad».
Eduardo Martín insiste en que «no tiene lógica penalizar a los agricultores profesionales y a las explotaciones viables con limitaciones, recortes y degresividades en los pagos directos», y critica que el Plan Estratégico «imponga criterios supuestamente ecologistas que, en la práctica, son limitaciones productivas sin justificación agronómica».
«No tiene lógica pretender una sostenibilidad a base de dejar de producir, sino produciendo mejor, con la digitalización, la tecnología y la innovación puestos al servicio de este fin, como están proponiendo otras potencias agrícolas mundiales», concluye en su análisis Asaja.
Inma Lopera.

-Renta Agraria 2021.
. La producción de la rama agraria registra su valor récord, con 55.843 millones de euros, un 6,7% más que en 2020.
. Las producciones vegetales y animales alcanzan sus máximos históricos, con 33.153 y 20.901 millones de euros respectivamente.
. Los consumos intermedios sufren una notable subida del 13%, hasta los 26.875 millones de euros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario, según la cual la renta agraria alcanzará este año los 28.361 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,1% con respecto a 2020.
El aumento de los costes de producción del sector en su conjunto queda compensado por la elevada producción de la rama agraria, lo que conduce finalmente a una renta agraria prácticamente constante respecto a 2020.
La renta agraria en términos corrientes por Unidad de Trabajo Anual (UTA) ha disminuido un 4,6%, hasta alcanzar los 34.437 euros, al incrementarse en un 5% el volumen de trabajo en la agricultura expresado en UTA´s.
PRODUCCION VEGETAL
La producción vegetal ha aumentado un 9,1% en valor, y alcanza la cifra máxima de toda la serie histórica con 33.153 millones de euros, debido al buen comportamiento de los precios percibidos por los agricultores (un incremento del 10,6%), que compensan el descenso de las cantidades producidas (-1,4%).
Los cereales han tenido un notable efecto positivo, con un incremento en su valor del 29,1%, debido a la coyuntura de precios internacionales.
Cabe resaltar el extraordinario el comportamiento del aceite de oliva con un incremento en su valor del 78,9 % (campaña 2020/2021), con crecimientos tanto en cantidad producida como en precio, tras una campaña anterior bastante problemática.
Destaca también la aportación positiva en su valor del grupo de las hortalizas (+4,4%), que supone casi la quinta parte de la producción vegetal. Por el contrario, otro agregado importante, el de las frutas, se reduce en su valor (-3,4%) debido a la menor cantidad recolectada.
PRODUCCION ANIMAL
La producción animal alcanza su valor record, 20.901 millones de euros, debido al incremento tanto de las cantidades producidas como de los precios. Destacan las aportaciones en valor de los ganados bovino (+10,2%) y ovino y caprino (+15,5%), con aumentos en ambas producciones tanto de cantidad como de precio.
La producción de porcino, que es el sector ganadero más importante, incrementa ligeramente su valor (+0,9%), puesto que el aumento de cantidades se ve contrarrestado parcialmente por el descenso de precios, marcado en último término por la recuperación de la cabaña porcina en China y el consiguiente freno en las exportaciones a ese país.
INSUMOS
Los consumos intermedios registran una notable subida (+13%), y alcanzan, también, una cifra record de 26.875 millones de euros, subida motivada fundamentalmente por el aumento de los precios. Este aumento viene determinado fundamentalmente por los piensos (+16,1%), que suponen más de la mitad del valor de los consumos intermedios y están inmersos en una coyuntura elevada de precios. A ello se unen los incrementos de valor de la energía y los lubricantes (+34,6%) y de los fertilizantes (+11,9%).
MAPA.

-(Bruselas)
La Unión Europea propuso el miércoles impulsar el uso de hidrógeno mediante la creación de un nuevo mercado europeo específico, al mismo tiempo que endurece los controles y restricciones sobre las emisiones de metano y fomenta el almacenamiento de CO2 en suelos agrícolas.
Dado que la UE tiene como objetivo capacidades de electrólisis de 40 gigavatios para 2040 para producir hidrógeno, «necesitamos mercados e infraestructura competitivos para entregar estos volúmenes a los consumidores de manera eficiente, de la manera más barata», dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
En sus propuestas, que deberán ser aprobadas por los Estados miembros y eurodiputados, el ejecutivo europeo prevé establecer un mercado dedicado al hidrógeno, con un sistema de certificación, estándares técnicos y regulatorios comunes para facilitar los intercambios entre los Veintisiete y con terceros países.
La producción, la transmisión y los precios se regirían por estas normas europeas, mientras que se instituiría una nueva estructura de gobernanza para promover la infraestructura, construir redes y coordinar las políticas nacionales. Algunas estructuras de gas podrían reasignarse y el costo de las interconexiones transfronterizas podría cancelarse.
Al mismo tiempo, Bruselas propone que los contratos europeos a largo plazo para la compra de gas natural fósil “no se extiendan más allá de 2049”, pero, ante las recientes tensiones por el suministro energético, el texto también autoriza a los estados a realizar compras colectivas voluntarias. de gas para tener stocks estratégicos.
Para popularizar el uso del hidrógeno, la Comisión quiere permitir que los consumidores «cambien de proveedor de energía más fácilmente», al mismo tiempo que tengan acceso a información más precisa y transparente sobre su factura y su huella de carbono.
En una propuesta separada, el ejecutivo de la UE quiere endurecer las restricciones sobre el metano. La UE se compromete a reducir sus emisiones de este potente gas de efecto invernadero en un 30% para 2030, en comparación con 2020.
Bruselas quiere obligar a las empresas de petróleo y gas a inspeccionar con frecuencia sus equipos para detectar fugas para repararlas de inmediato y, sobre todo, prohibir la descarga al aire libre y la quema rutinaria (quema de descargas de gas) de pozos de hidrocarburos o minas de carbón, excepto en circunstancias excepcionales o inevitables por razones de seguridad.
Por último, la Comisión quiere impulsar las iniciativas de almacenamiento de carbono en suelos agrícolas, que cree que podrían ayudar a atrapar unos 42 millones de toneladas de CO bajo tierra.2 para 2030.
Bruselas tiene la intención de promover la práctica en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), fortalecer la financiación pública, pero también proponer para fines de 2022 un modo riguroso y detallado de certificación de absorción de carbono.
Edelira.

 
-La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se suma a su organización nacional ASAJA a la hora de valorar de manera positiva la inclusión, en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, de la posibilidad de que los agricultores “puedan contratar dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente”. AVA-ASAJA recuerda que ambas medidas son reivindicaciones de esta organización agraria a nivel autonómico y estatal y reclama su puesta en marcha de forma inmediata.
AVA-ASAJA, al margen de esa posibilidad de poder contratar dos potencias eléctricas, también solicita al Gobierno que vele por el cumplimiento estricto y riguroso de la citada reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, publicada en el BOE, a fin de lograr unos precios más justos para los productores y reequilibrar las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena. Debe ser el Gobierno el encargado de garantizar que las relaciones comerciales del sector agroalimentario sean más justas, equilibradas y transparentes. Ello contribuiría a mejorar la crítica situación por la que atraviesan miles de productores, inmersos en una dura crisis de rentabilidad, al no poder repercutir sus costes en el precio de venta de sus productos.
Entre los aspectos más relevantes contenidos en esta reforma está la prohibición de destrucción del valor de los productos agroalimentarios. Es decir, cada operador interviniente debe pagar al operador anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Queda prohibida la venta a pérdidas y los costes de producción son la base de la negociación de los contratos escritos, que serán obligatorios en todas las operaciones comerciales, salvo contadas excepciones.
En relación a los costes de producción, AVA-ASAJA defiende que resulta imprescindible que haya una referencia de costes de producción oficiales, que todos los contratos se recojan en el registro digital oficial y que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que ve fortalecido su papel, vele por el cumplimiento continuado de la Ley.

 

La reforma de la Ley de la Cadena se hace ya oficial tras su publicación en el BOE
La reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria constituye un elemento clave para lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. Con esta modificación normativa, que este miércoles 15 publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), los productores van a ver reforzada su posición negociadora y poder lograr de esta manera una remuneración digna por su trabajo.
España, que ya era pionera en regulación de las prácticas comerciales en el ámbito de la Unión Europea (UE), mejora con esta iniciativa su legislación en materia de contratación alimentaria. Además de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la directiva comunitaria 633/2019 relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, la nueva norma recoge una reforma ambiciosa que se traduce en importantes mejoras para el funcionamiento de las relaciones comerciales en la cadena.
Con el objetivo de lograr unos precios más justos para todos los operadores, en particular los más débiles, los productores, la norma prohíbe la destrucción de valor. De esta forma, cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Por lo tanto, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos.
La Ley de la Cadena establece la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior al indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1.000 euros en la actualidad) y las operaciones con pago al contado. En la primera venta de productos del sector pesquero y acuícola, realizadas en lonjas o mediante subasta a la baja, se dará por válida la sustitución del contrato por la factura y la documentación prevista en la normativa pesquera.
SIN VENTA A PÉRDIDAS, MÁS CONTROL DE LA AICA Y CON MÁS PRODUCTOS AGRARIOS NO ALIMENTARIOS INCLUIDOS EN ELLA
Como nuevos elementos del contrato se incorpora la indicación de las categorías y referencias contratadas, la referente a la determinación del precio del contrato o a la indicación del mecanismo de resolución de conflictos. Además, serán nulas las cláusulas de los contratos que incumplan lo dispuesto por la ley respecto a la determinación del precio.
La norma señala que no se pactarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, ni perjudiquen la percepción de la calidad o valor de los productos agrarios o alimentarios.
De igual forma, la nueva ley incrementa el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones. En particular, se prohíbe la venta desleal a los consumidores, que se considerará como “venta a pérdidas”, de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición.
Para llevar a cabo las tareas de control, la ley refuerza el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la que reconoce como autoridad de ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, designarán las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la Comisión Europea.
La Ley de la Cadena se aplicará al conjunto de actividades que lleven a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de los productos agrarios. Como novedad, señalar que se incluye en el ámbito de aplicación de la ley a las empresas de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a diez millones de euros y las empresas en actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50 millones.
Asimismo, con la reforma se incluye un mayor número de productos agrarios no alimentarios, como los productos de lino en bruto, corcho natural, cáñamo, tabaco en rama plantas vivas y productos de floricultura.
Para dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales y más seguridad a los productores, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación creará un registro digital de contratos alimentarios.
Por su parte, el Observatorio de la Cadena Alimentaria ampliará sus funciones en su tarea de mejorar la transparencia y eficacia de la cadena, mediante la elaboración de informes sobre formación de precios, la actualización de índices de éstos y costes de producción de alimentos, y el impulso de estudios sobre innovación en el sector agroalimentario.

Agroinformación.

 

 

 

 

 

 

 

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