Semana del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2021

Seguimos con la PAC y lo haremos hasta febrero

08 de diciembre de 2021

-España tiene en información pública desde este martes y hasta el 4 de febrero su plan estratégico para la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027; una guía aún pendiente de posibles modificaciones pero que ya perfila cómo será la hoja de ruta para conseguir la agricultura y la PAC más verde de la historia.

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En la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se puede consultar el dossier con la versión inicial del plan estratégico (219 páginas) y las 1.300 páginas de su Estudio Ambiental Estratégico, lo cual da una idea de la importancia concedida a las prácticas de sostenibilidad medioambiental.
Esta mayor ambición ambiental y climática tienen su respaldo presupuestario, ya que España estima que el 43 % del total del presupuesto contribuirá a dichos objetivos.
Estas son algunas de las claves contenidas en los documentos:
España contará con 47.724 millones de euros para el periodo 2023/2027.
Destaca el montante destinado a los pagos acoplados (24.290 millones de euros); ayudas básicas a la renta (12.080 millones); eco-regímenes (5.552 millones); ayudas complementarias a la renta (2.414 millones) y el pago a jóvenes agricultores (482 millones).
HERRAMIENTAS BÁSICAS
En el nuevo periodo de la PAC se contará con herramientas similares a las actuales: habrá ayudas desacopladas (ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y que no requieren un tipo concreto de producción para percibirlas; son las herederas del actual pago básico); podrán incrementarse con pagos complementarios en el caso de explotaciones pequeñas y medianas, los jóvenes y las mujeres.
Además, hay ayudas asociadas, que están ligadas a cultivos o especies ganaderas concretas.
Las ayudas estarán sujetas, además, a la condicionalidad reforzada, que es el cumplimiento de una serie de buenas prácticas agrarias y medioambientales, así como requisitos legales de gestión en materia de clima y medio ambiente, salud pública, sanidad animal y vegetal, y bienestar animal.
Es decir, en la futura PAC la condicionalidad reforzada es más exigente que la actual condicionalidad como respuesta al reto ambiental y climático.
Una de las grandes novedades son los eco esquemas, que son pagos anuales a los agricultores que acepten compromisos en materia medioambiental que vayan más allá de la condicionalidad reforzada.
Asimismo, habrá programas sectoriales, ayudas asociadas a la producción y todas las intervenciones de desarrollo rural.
En el caso de los programas sectoriales, en España ya existen los de frutas y hortalizas, vino y apicultura, pero se abre la opción de extenderlos a otros sectores, como el olivar tradicional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El plan se articula en torno a nueve objetivos específicos integrados en cuatro bloques (económico, ambiental, rural y del consumidor), más un objetivo transversal sobre modernización del sector, a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales para lograr la PAC más verde de la historia.
El bloque ambiental es el que más objetivos recoge, un total de 30: de ellos, 10 de alta prioridad, 10 de media y 10 de baja; entre los de alta prioridad esta minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la captura de carbono o reducir el impacto del cambio climático.
En el bloque económico se establecen 21 necesidades u objetivos (7 de alta; 8 de media y 6 de baja prioridad); entre las de alta se han incluido el apoyo a la renta, la productividad y sostenibilidad o el fomento de la I+D+i, digitalización y asesoramiento.
El bloque rural, por su parte, se sintetiza en 17 necesidades (4 de alta, 9 de media y 4 de baja prioridad); entre las prioritarias están promover el relevo generacional; bioeconomía; permanencia y asentamiento de nueva población, jóvenes y mujeres, y emprendimiento y talento innovador.
En el del consumidor, figuran 9 objetivos (4 de alta, 3 de media y 2 de baja prioridad), relativos al bienestar y seguridad animal; recortar el consumo de antimicrobianos en la producción animal o de fitosanitarios y fomentar las prácticas sostenibles.
La Comisión Europea hizo a España 17 recomendaciones y todas coincidían con la propuesta española, salvo una referente a la necesidad de llevar banda ancha al 100 % en 2025 en las zonas rurales y remotas, pero que el Gobierno asegura que se cubrirá con la estrategia España Digital 2025.
ECOESQUEMAS
Los eco-esquemas son una de las grandes novedades y la que más debate han generado en el sector y en la concepto de crear la PAC más verde de la historia.
Hay dos grupos eco-esquemas para una agricultura baja en carbono y los de agroecología-, con siete prácticas en total.
En las relacionadas con el carbono se incluyen cuatro acciones posibles: el aumento de la capacidad de sumidero de carbono de los pastos con el impulso del pastoreo extensivo; la agricultura de conservación: la siembra directa (con gestión sostenible de insumos en regadío); la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos; y dichas cubiertas inertes en leñosos.
En los de índole agroecológica se enmarcan las prácticas de mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y los espacios de biodiversidad en las superficies de pastos y en tierras de cultivo y cultivos permanentes; y las rotaciones en tierras de cultivo (con gestión sostenible de insumos en regadíos).
DEFINICIONES Y REQUISITOS MÍNIMOS
Cada plan estratégico nacional, incluso este de la PAC más verde de la historia, recoge definiciones como qué es «actividad agraria», «agricultor activo» o «joven agricultor».
De todos ellos, ha sido la de «agricultor activo» la que más debate ha suscitado en España porque de ello depende la recepción del pago básico.
Finalmente, se considerará activo cuando esté afiliado a la Seguridad Social agraria por cuenta propia, o bien cuando un mínimo de 25% de sus ingresos proceda de la actividad agraria.
El requisito de agricultor activo no se aplica a los agricultores que habiendo sido beneficiarios de ayudas directas el año anterior hayan percibido menos de 5.000 euros, antes de la aplicación de las penalizaciones o exclusiones derivadas de los controles de subvencionalidad o de condicionalidad.
Por otro lado, se establece en 40 años la edad límite para poder ser joven agricultor.
En cuanto a los requisitos mínimos, no se concederán pagos directos a los agricultores cuyo importe total antes de aplicar las penalizaciones administrativas por incumplimiento de los criterios de subvencionalidad o de condicionalidad sea inferior a 300 euros, aunque las autonomías podrán elevar este umbral.
Además, a todo agricultor al que se le deba conceder un montante en virtud de la ayuda básica a la renta cuyo importe sea superior a los 60.000 euros, se le aplicará una reducción a la renta que sobrepase dicha cantidad.
Se recortará un 25 % para el tramo comprendido entre 60.000 y 75.000 euros; el 50 %, entre 75.000 y 90.000 euros; del 85 % para 90.000-100.000 euros y del 100 % para los importes que superen los 100.000 euros.
Agroinformación.


-PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PARA 2022.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del año 2022, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes de subvención establecidos para cada una de ellas.
El presupuesto destinado por el ministerio para subvencionar las primas de seguros asciende a 256,73 millones de euros, con lo que se consolida el incremento aprobado en el plan del año anterior (20 %) y supone un incremento de tres millones de euros para 2022, lo que permite incorporar nuevas medidas de apoyo al asegurado, algunas de ellas dirigidas a colectivos muy concretos y otras de carácter general.
Entre las nuevas medidas destaca la creación de una subvención adicional para las pólizas de explotaciones de titularidad compartida. De este modo, la política de seguros agrarios se alinea con otras políticas del departamento, cuyo objetivo es favorecer la igualdad y visibilidad del trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario.
También se incorpora una subvención adicional por nueva contratación, dirigida a asegurados que contraten pólizas de líneas de seguro que no hayan contratado en el plan del año anterior, cuyo objetivo es incentivar la suscripción del seguro entre aquellos titulares de explotaciones que no han venido asegurando, o que, habiendo suscrito seguros en años anteriores, hubieran dejado de hacerlo en el último año.
Otra de las medidas específicas, destinada a los sectores ovino y caprino, supone un significativo aumento en la subvención base para la línea de seguro que pueden contratar estas explotaciones, debido a su importancia estratégica y a los daños que sufre de manera especial por los ataques de animales salvajes. Por otro lado, el 43º Plan incorpora un moderado incremento de la subvención base para todas las líneas de seguro.
El Plan también incluye actuaciones para la revisión y el perfeccionamiento de las líneas de seguros, así como la realización de diversos estudios con vistas a la incorporación de nuevas coberturas en futuros planes de seguros. Destaca la creación de un módulo específico de aseguramiento para organizaciones de productores y sus asociaciones para el aguacate de Canarias.
MAPA. 30 de noviembre.

-La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha afirmado que la Política Agrícola Común (PAC) debe ser complementada con la imposición de un arancel verde a las importaciones como el que Bruselas proyecta para gravar el CO2 de los envíos de acero o aluminio.
Aguilera ha defendido, en una entrevista concedida a Efeagro en Estrasburgo (Francia) tras la aprobación de la nueva PAC, esta semana, que suba el “peso” agrícola dentro de la política comercial de la Unión Europea (UE) y de las medidas de “ajuste en frontera” para combatir el cambio climático.
Para la europarlamentaria, el acuerdo final de la PAC, ratificado por la Eurocámara después de tres años y medio de negociaciones, es “razonablemente bueno”, aunque ha admitido que la asignatura pendiente es fomentar que las importaciones agrícolas cumplan los mismos requisitos que los productos de la UE.
La PAC “reúne las condiciones adecuadas para apoyar a los agricultores de 2023 a 2027”, según Aguilera, en referencia a la reglamentación que, entre otros cambios, eleva las primas a las prácticas medioambientales y da más margen a los Gobiernos para el reparto en las ayudas.
Sin embargo, esta política “no basta” para garantizar la rentabilidad de los productores y reconoce que queda trabajo por hacer en el ámbito comercial y en el de reequilibrar la posición del agricultor respecto a otros eslabones de la cadena alimentaria (industria o supermercados).
Aguilera forma parte de las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo (PE) y antes de eurodiputada fue consejera del ramo en Andalucía.
PROTECCIÓN DE LOS ESTÁNDARES SOCIALES Y AMBIENTALES EUROPEOS
Aguilera ha explicado que los socialistas han presentado una enmienda para que la agricultura figure dentro del ajuste en frontera o pago aduanero que la Comisión Europea (CE) ha anunciado para compensar el CO2 e los envíos de acero, aluminio, hierro o electricidad y que estaría en marcha en 2026.
Ha aclarado que su propuesta de un arancel verde no implica barreras arancelarias o fitosanitarias, sino que se trataría de un mecanismo para preservar la producción propia y exigir a quienes vendan en la UE los mismos requisitos laborales y sociales que deben cumplir los agricultores comunitarios.
“Si se está planteando un mecanismo de ajuste para determinados sectores, ¿por qué no se puede estudiar un arancel verde para los productos agrícolas?», ha subrayado.
«Sería decir a Marruecos, Sudáfrica o a todos los que quieren vender en la UE ‘si usted no usa mis estándares sociales o ambientales tendrá que pagar en frontera’”, según Aguilera, quien ha mencionado como exigencias la reducción de pesticidas o la agricultura ecológica.
Ha opinado que ahora que se debate esa medida de protección para importaciones de metal es el momento de pensar «¿por qué en unos sectores sí y en otros no?».
«En la UE se les llena la boca al hablar de circuitos cortos (de producción y venta) , pero luego “da igual que venga el espárrago de Perú, el aguacate de México o la naranja de Sudáfrica a competir con nuestros productos”, según la europarlamentaria ante su propuesta de un arancel verde..
No obstante, insiste en que en paralelo a la reforma la CE se ha comprometido a presentar el año que viene informes sobre política comercial agrícola y medidas “factibles” en favor del sector comunitario.
Más allá de las grandes líneas sobre las subvenciones de la PAC, Aguilera destaca que en la normativa sobre regulación de mercados ha habido sectores beneficiados como el vino -por la prórroga de las autorizaciones de viñedos o el etiquetado- y la apicultura.
La PAC, añade, incluye mejoras para las organizaciones y las interprofesionales y amplía la posibilidad de autorregulación que hasta ahora estaba permitida en el sector lácteo: “En el aceite de oliva ya se adelantó al período transitorio actual (2021-2022)”.
BATALLAS EN EL CAMPO ESPAÑOL
En reacción a las movilizaciones que proyecta el sector agrario español, la eurodiputada ha mostrado solidaridad con los productores por el problema del alza del coste de insumos, como el gasóleo o la electricidad.
No obstante, ha señalado que no todos los subsectores tienen la misma situación, ya que, por ejemplo, en el del aceite de oliva los precios están mejor frente a las dos campañas anteriores
Por el contrario, ha dicho que la ganadería de vacuno de leche está en situación muy “crítica”, con gastos de producción de 40 céntimos/litro mientras que en algún supermercado español ha visto vender la leche a 35 céntimos/I, lo que ve «inadmisible».
Agroinformación.


- NET ZERO. Noticias climáticas.
. La crisis energética de Europa está a punto de empeorar con la llegada del invierno. Bloomberg.
. La escasez de gas en Europa aumentará los costos de los fertilizantes y los precios de los alimentos. Financial Times.
. El 25% de los escoceses viven en la pobreza energética, mientras que los pobres se desconectan del suministro de energía porque ya no pueden pagar sus facturas. The Scotsman.
. El sistema energético del Reino Unido está "roto", advierte un grupo industrial. Financial Times.
. Tropezando ciegamente en una emergencia energética. The Conservative Woman.
. Cómo Europa desencadenó una crisis energética y ahora la está pagando caro. Forbes.
. Después de la COP26, con una crisis energética que se avecina, ¿existe una alternativa realista a Net Zero?
. Alemania insta al Congreso de los Estados Unidos a no sancionar el oleoducto de Putin. Axios.
. Diane Francis: las regulaciones de la UE aún pueden desarmar el arma del oleoducto de Vladimir Putin. Atlantic Council.
. Douglas Murray: los extremistas climáticos han aterrorizado a una generación para que no quiera tener hijos. The Daily Telegraph
. 'Las luces podrían apagarse' mientras la UE recibe una advertencia aterradora sobre la crisis del gas en Rusia. Daily Express.
. Estados Unidos advierte que Rusia tiene planes para un ataque a "gran escala" contra Ucrania. The Guardian.
. El problema de seguridad energética de Europa la deja en el frío. War on the Rock.
. La Comisión de la UE considera clasificar el gas y la energía nuclear como 'energía verde'. Bloomberg.
. Benny Peiser: Después de la COP26, entramos en una nueva fase del debate climático. The Irish Climate Science Forum.
. El 'liberal' Boris está cometiendo un gran error con la energía eólica, dice Trump. Daily Express.
. El aumento de los precios del litio corre el riesgo de sacar de la carretera los sueños de los coches eléctricos. The Daily Telegraph.
. Manchin impulsa a los demócratas a diluir las disposiciones sobre cambio climático en el proyecto de ley de bienestar social de Biden. The Washington Times.
. Tilak Doshi: Compromiso Net Zero de India: ¿Qué significa realmente? Real Clear Energy.

- El Pacto Verde Europeo, un plan de acción para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, y para restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación; así como las estrategias europeas en materia medioambiental y alimentaria, y la nueva Política Agrícola Común (PAC), han establecido objetivos muy ambiciosos. Para alcanzarlos, el papel del sector agrícola y de prácticas sostenibles como la Agricultura de Conservación (AC), que aporta múltiples beneficios medioambientales, económicos y sociales, será fundamental.
Con el objetivo de analizar y cuantificar el impacto de la AC como práctica útil para contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales, así como el papel de las herramientas que son esenciales para su impulso y desarrollo, PwC ha elaborado el informe técnico-científico La Agricultura de Conservación y las herramientas para su puesta en práctica en el contexto del Pacto Verde Europeo, que cuenta con el impulso de AEPLA (Asociación Empresarial de Protección de las Plantas) y ANSEMAT (Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes), el asesoramiento técnico-científico de AEAC.SV (Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos) y el patrocinio de Bayer. El informe completo está disponible en www.agriculturaypactoverde.com
«La AC es un sistema agrícola que tiene como objetivo fundamental conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. Esto se ve reflejado en España a través de las más de 2 millones de hectáreas cultivadas con AC, que secuestran 9,9 millones de toneladas anuales de CO2; comprendiendo el 12% de la producción agrícola, valorizada en 3.668 M€» destaca Óscar Veroz, director ejecutivo de la AEAC.SV.
Actualmente en España las áreas cultivadas de AC están creciendo a un ritmo medio anual del 4,3%. Asumiendo que las instituciones nacionales y europeas aumenten sus esfuerzos en apoyar la adopción de esta práctica, como, por ejemplo, incluyendo la AC en los ecoesquemas de la PAC, para el 2030 se podrían superar los 3 millones de hectáreas cultivadas bajo AC, y en un escenario potencial de adopción máximo, podría alcanzar hasta 13 millones de hectáreas.
Las técnicas de la AC llevan asociados una serie de beneficios que permiten cumplir una doble función: proteger el medioambiente (el aire, el suelo y la biodiversidad), así como garantizar la viabilidad económica de las explotaciones en beneficio de los agricultores. Entre los hallazgos derivados del estudio se encuentra por ejemplo que, frente a la erosión, la AC evita la pérdida de casi 13 toneladas de suelo por hectárea al año respecto a la agricultura basada en el laboreo, lo que supone un ahorro económico en términos de depreciación evitada de 157 M€ anuales (76 euros por hectárea), que podrían alcanzar los 811 M€ en un escenario de adopción potencial máximo.
LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN, FOMENTA EL AUMENTO DEL NÚMERO DE ESPECIES ENTRE 2 Y 7,5 VECES MÁS QUE LA AGRICULTURA CONVENCIONAL
Veroz añade que «la AC también contribuye a la calidad del aire al evitar la emisión de 9,9 millones de toneladas de CO2 cada año, y que podría alcanzar los 55 millones de toneladas en un escenario de adopción potencial máximo, con un valor económico de 242 millones de euros y 1.360 millones de euros, respectivamente.»
A esto se suma la contribución a la Biodiversidad. La AC fomenta el aumento del número de especies entre 2 y 7,5 veces más que la agricultura convencional. La cobertura vegetal del suelo y el no laboreo que caracterizan a esta práctica, favorecen el desarrollo de una estructura viva de microorganismos, lombrices, insectos, entre otras especies, que a su vez favorecen su formación y fertilidad. Por otro lado, en lo que respecta al negocio del agricultor, esta práctica tiene asociados menos costes y menores tiempos de trabajo, lo que incrementa la renta agraria de los agricultores en 135 millones de euros de forma anual, pudiendo llegar hasta 932 millones de euros en el escenario potencial de adopción máximo.
El informe también profundiza sobre las herramientas esenciales para poner en práctica la AC, y dentro de ellas, las que destacan son las sembradoras de siembra directa y los herbicidas, siendo el glifosato el herbicida más empleado a la hora de controlar las malas hierbas y proteger los nutrientes del suelo. «Con la agricultura de conservación se mejora física y químicamente el suelo gracias, en parte, al uso de productos fitosanitarios como los herbicidas», añade Carlos Palomar, director de AEPLA. «La eliminación de las malezas con herbicidas durante el barbecho y en presiembra es básica para que el cultivo tenga la mayor eficiencia posible de uso del agua y nutrientes», añade.
El glifosato, un fitosanitario esencial para la práctica de la AC, contribuye al control de las malas hierbas de forma más efectiva y eficiente que métodos alternativos y su uso está asociado a mayores productividades y menores costes. En conjunto, el 25% de la producción agrícola en España utiliza glifosato como medio de producción para el control de las malas hierbas en algún momento del cultivo. Al preguntar a los agricultores sobre cuáles serían las alternativas al uso del glifosato, eficientes en costes, el 43% indica no tener alternativas, mientras que el 32% indica que tendría que volver a labrar y abandonar la AC.
«El coste de las alternativas al glifosato es 4,3 mayor en cultivos herbáceos y 1,9 mayor en cultivos permanentes. Si los agricultores se vieran obligados a prescindir de este fitosanitario sus costes variables aumentarían, en promedio, un 9%; mientras que su producción se vería afectada en un promedio de -10%», indicó Jordi Esteve, socio de PwC y director del informe.
El glifosato tiene una relevante contribución macroeconómica por su relevancia para el sector agrícola y por el efecto que genera en los sectores vinculados, que asciende a más de 2.431 millones de euros en términos de producción, 1.087 millones de euros en PIB y a más de 23.000 empleos (0,12% del empleo nacional). El aumento de producción y la reducción de los costes por tipo de cultivo provocarían un impacto de 893 millones en producción, 485 millones de euros en términos de PIB y casi 11.600 empleos. Por otro lado, «la maquinaria de siembra directa ha experimentado un crecimiento medio del 13% en los últimos años, por lo que supone igualmente una generación de riqueza en el sector», señala Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMAT.
El informe concluye que, en conjunto, el uso de las técnicas de la AC ahorra actualmente casi 10 millones de toneladas de CO2 al año, que podrían alcanzar los 55 millones de toneladas en el escenario de adopción potencial máximo, lo que contribuiría en gran medida a cumplir con los compromisos adquiridos por España para los próximos años, entre ellos, grandes proyectos en el ámbito de la agricultura y la sostenibilidad, como la estrategia «De la Granja a la Mesa», que permite hacer evolucionar el actual sistema alimentario de la Unión Europea hacia uno más saludable y sostenible; o la estrategia sobre «Biodiversidad para 2030», un plan completo, sistémico, ambicioso y de largo plazo para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas.
Este informe ha sido preparado por PwC, con el impulso de AEPLA (Asociación Empresarial de Protección de las Plantas) y ANSEMAT (Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes), el asesoramiento técnico-científico de AEAC.SV (Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos) y el patrocinio de Bayer. Tiene el objetivo de analizar y cuantificar el impacto de la Agricultura de Conservación como práctica útil para contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales, así como el papel de herramientas esenciales como la maquinaria de siembra directa y los herbicidas para su impulso y desarrollo.
Para más información: https://www.agriculturaypactoverde.com/info@agriculturaypactoverde.com

 
-La Unión Europea (UE) adoptó este jueves la nueva Política Agrícola Común (PAC) que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027, con más acciones en favor del Medio Ambiente, ayudas repartidas de forma más equitativa y un papel más activo de los países en el diseño de las acciones.
La PAC contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros, de los que 47.724 millones serán para España.
Entre las novedades, incluirá un apoyo más específico para las pequeñas explotaciones y permitirá más flexibilidad a los países a la hora de adaptar las medidas a las condiciones locales.
Jozé Podgorsek, ministro de Agricultura de Eslovenia, cuyo país preside el Consejo de la UE, dijo en un comunicado que la nueva PAC, cuya negociación se prolongó durante tres años, marca "un hito en la política agrícola europea y sienta las bases para un futuro más justo y sostenible para los agricultores europeos".
Una de las grandes novedades serán los planes estratégicos nacionales, que permitirán a los países adaptar las disposiciones de la PAC a las necesidades de sus comunidades agrícolas y diseñar el reparto de las ayudas.
Otra serán los llamados "eco-esquemas" o pagos que supondrán un 25 % de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Esta PAC será la más ambiciosa desde el punto de vista medioambiental hasta la fecha, con una cuarta parte de los pagos directos reservados para prácticas agrícolas ecológicas.
También incluirá una dimensión social, destinada a garantizar condiciones de empleo adecuadas para los trabajadores agrícolas.
Los tres reglamentos que componen el paquete de reformas de la PAC (el de los Planes Estratégicos nacionales, el de la organización común de mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas) serán firmados tanto por el Consejo como por el Parlamento y se publicarán en el Diario Oficial.
Los Estados miembros tienen hasta el 1 de enero de 2022 para presentar sus proyectos de planes estratégicos, después de lo cual la Comisión comenzará el proceso de evaluación de los mismos.
Infobae.

 

-La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos califica de hito histórico y de punto de inflexión la nueva normativa que el Congreso ha aprobado hoy. “Esta Ley marca el fin de los abusos a los agricultores y ganaderos”.

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Una norma que deberá servir para cambiar la forma de operar en la cadena alimentaria, restableciendo el equilibrio perdido por unas relaciones de fuerza y capacidades de negociación “totalmente asimétricas” durante décadas.
UPA ha aplaudido la aprobación de la Ley: “Es un logro histórico de los agricultores y ganaderos de toda España que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección legislativa sin precedentes y que sitúa a España a la vanguardia de la protección del sector productor en Europa”.
La nueva Ley marca las siguientes obligaciones y exigencias:
. Prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena
. Prohibición expresa de vender por debajo los costes de producción de los agricultores y ganaderos. Se incluye una referencia expresa a que en todo caso el precio que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior al total de costes asumidos por el productor.
. En los contratos de compraventa se podrán referenciar los precios a determinados índices que incluyan los costes de producción.
. Se endurecen las sanciones y se permite que se hagan públicas.
. Se reconoce a las asociaciones y organizaciones representativas de operadores de la cadena alimentaria como titulares de intereses legítimos colectivos, por lo que estarán legitimadas para denunciar e intervenir en los procedimientos sancionadores.
. Se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan a productores primarios.
. Se amplía el ámbito de la Ley al canal HORECA.
. Se amplían las funciones del Observatorio de la Cadena, que tendrá ahora un papel fundamental en la información sobre formación de precios. Este órgano publicará periódicamente índices de precios y de costes de producción.
. Las prohibiciones y sanciones resultan aplicables a las relaciones comerciales de operadores españoles con los de otros países (UE y no UE).
Una Ley para acabar con los abusos
La nueva Ley llega en un momento crítico para el sector productor, con los costes de producción disparados y amplios sectores en una situación “límite” y movilizándose. “Es en momentos como éste en los que esta Ley se pondrá a prueba. Debemos lograr que los costes se repartan a lo largo de los diferentes eslabones y que no los asuma siempre el primer eslabón”, aseguran desde UPA.
Para UPA la clave ahora estará ahora en la labor de vigilancia, control y aplicación de la Ley. Y señalan al sector lácteo como uno de los más críticos en este momento: “Con la nueva Ley los comportamientos de determinados operadores están radicalmente prohibidos. “Se debe iniciar de inmediato una campaña de control en las industrias lácteas para comprobar que cumplan con el pago de los costes de producción de los ganaderos y verificar que el incremento de precios al consumidor se ha trasladado a los productores”.
UPA ha pedido poner en marcha una campaña de explicación de la nueva Ley, con una campaña de concienciación de todos los agentes de la cadena alimentaria. “Debe explicarse el alcance de las reformas y activar un plan de inspección y control que asegure su cumplimiento inmediato”. También exigen que el Observatorio de la Cadena realice los informes y estudios a los que la nueva Ley le obliga y que identifique los costes medios de producción y su evolución de los principales sectores productivos.
UPA también ha apuntado a la AICA y a las Comunidades Autónomas: “son ellas las que deben vigilar y hacer cumplir la Ley. Ahora tenemos los mecanismos, es el momento de ponerlos a prueba y proteger de una vez por todas a los pequeños y medianos agricultores en España”.
La organización ha agradecido a los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado su apoyo y colaboración. “Hemos trabajado intensamente con ellas y ellos, con especial mención a los grupos Socialista y de Unidas Podemos, que han mostrado un espíritu colaborativo digno de reconocimiento”.
UPA.


-La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) valora de manera positiva la aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria. En concreto, se considera que se han dado pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as al conseguirse avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitivamente en el día de hoy a la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como para transponer la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agroalimentario.
Con este paso final, se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón en la Ley de cadena lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal. También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción. También se han introducido algunas otras mejoras como, por ejemplo, una definición concreta del concepto “coste efectivo de producción” en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.
Ahora bien, todos estos avances y mejoras no han de quedarse en el papel o en un cajón bajo llave. “La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más. Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial. Las personas del sector primario debemos percibir un precio por encima de nuestro coste de producción, como marca la ley y de manera necesaria para poder seguir adelante con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG. “Por ello, además del refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que es crucial y debe seguir produciéndose, así como de los órganos de control de las comunidades autónomas, se deben articular medidas rápidas y urgentes para salvar al sector”.
COAG sostiene que se deben potenciar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas no permitidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones, en su caso. También se deben llevar a cabo campañas de información y explicación del alcance de las reformas introducidas, así como acelerar al máximo la puesta en marcha del registro digital de los contratos alimentarios. El Observatorio de la Cadena estatal y las comunidades autónomas deben implicarse en la realización de estudios de cadena en los distintos sectores y realizar los informes y estudios de cadena recogidos en la ley, así como identificar los índices de precios y costes medios de producción y su evolución.
COAG considera que la ley no va a solucionar todos los problemas del campo, pero ha de servir para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal y para repartir la carga ante situaciones como las actuales de tensión en los precios. “No puede ser que, como siempre, sea el sector primario el único que se eche a la espalda los incrementos de los costes de producción que estamos sufriendo”, ha añadido Padilla. “La ley de la Cadena es y debe seguir siendo un instrumento clave para asegurar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena”.
Esta nueva ley debe servir para continuar progresando en los cambios culturales en el sector. La pionera ley de 2013 estableció las bases para cambiar hacia una nueva cultura de contratación con transparencia y seguridad y ahora es el momento de cambiar hacia un nuevo paradigma en el que los precios cubran nuestros costes de producción, en beneficio y sostenibilidad de toda la cadena y también del consumidor. En cualquier caso, se debe seguir avanzando en la regulación de los mercados y, con carácter de urgencia, en la puesta en marcha de medidas de choque frente a la situación de falta de rentabilidad de las explotaciones sociales y profesionales del campo español. En este sentido, desde COAG, entre otras cuestiones se reclama la puesta en marcha de un Observatorio de Insumos que permita arrojar luz, transparencia y facilitar la toma de decisiones en mercados oligopolísiticos como el de fertilizantes o energía, así como un Observatorio de Importaciones, para facilitar el control efectivo de las entradas masivas de producto de terceros países, que inundan y revientan nuestros mercados con movimientos desleales que sólo benefician a especuladores e intermediarios.
Finalmente, es necesario destacar el importante trabajo en unidad de acción de las 3 organizaciones agrarias durante todo este proceso, que ha permitido la inclusión de mejoras importantes en el texto final en atención a nuestras reivindicaciones.
COAG.

-Unión de Uniones ha interpuesto hoy un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por su inactividad al no haber desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, tal y como disponía la Ley General de Presupuestos para 2021.
La organización lo considera fundamental en el presente escenario de encarecimiento de la energía eléctrica.
La propuesta de enmienda presentada a los Grupos por parte de Unión de Uniones en el debate parlamentario de la Ley de Presupuestos Generales para 2021 fue asumida de forma textual por varios de ellos y finalmente aprobada como Disposición Final cuadragésima quinta. En la misma se decía que el Gobierno, en el plazo de 6 meses, establecería reglamentariamente una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplase la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses.
Finalizado el plazo de previsto, el pasado 30 de junio, Unión de Uniones requirió mediante escrito dirigido al Ministerio competente, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que diera cumplimiento a dicha disposición, sin haber obtenido respuesta ni haber trascendido ningún trabajo por parte del Gobierno para avanzar en el desarrollo de un contrato eléctrico que permita a los agricultores no pagar por una potencia que no necesitan durante las épocas en las que no se riega.
“Cuando las tarifas eléctricas se han multiplicado por 5 en el último año” manifiestan desde la organización “no podemos resignarnos a que el Gobierno haga caso omiso a lo que dice la Ley y por eso hemos llevado el tema a los tribunales”.
Unión de Uniones ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal supremo un recurso contra el Gobierno basándose en que la inactividad al no dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final cuadragésimo quinta de la Ley está ocasionando un perjuicio a los agricultores que pueden acogerse a un contrato de acceso eléctrico que les resultaría más económico al reducir el coste durante la época en la que no se riega.
La organización ha planteado también al Ministerio de Agricultura otras medidas de carácter fiscal, técnico y financiero para apoyar a agricultores y ganaderos en la actual situación, con una subida acelerada de los costes productivos que las explotaciones no tienen capacidad para repercutir en los precios a los que venden.


LA UNIÓ de Llauradors informa que el sistema de alertas europeo del RASFF (autoridad de la Comisión Europea para la seguridad en alimentos) ha notificado desde septiembre hasta noviembre un total de 104 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado de la Unión Europea procedentes de Turquía, Egipto y Sudáfrica, por tener presencia de residuos de plaguicidas, entre ellos el Metil-clorpirifos y Clorpirifos prohibidos aquí, o por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos en el mercado comunitario.
De ese total de alertas, 92 corresponden a Turquía, 9 a Egipto y 3 a Sudáfrica. Casi la mitad del total de alertas de la RAFF, en concreto 51, se producen en los cítricos (14 en limones, 25 en mandarinas y 12 en naranjas). Y en cítricos, Turquía acapara 39 alertas, por 9 de Egipto y 3 de Sudáfrica.
Cabe señalar que el reglamento de ejecución 2021/1900 de la Comisión Europea, por el cual se incrementó la presión inspectora a determinadas frutas y hortalizas turcas (cítricos, pimientos, granadas, avellanas o harina) se publicó el pasado 3 de noviembre. No hace ni un mes y las detecciones en ese país han pasado de ser 28 en octubre a 51 en noviembre, quizás debido a ese aumento de los controles que se antoja por tanto aún insuficiente.
Ante esta situación de aumento de las detecciones, LA UNIÓ de Llauradors solicita al Gobierno español y a la Comisión Europea que se planteen suspender las importaciones de frutas y hortalizas de Turquía a los mercados comunitarios hasta que no pueda garantizar la seguridad alimentaria. Para el caso de Egipto debería pasarse de las inspecciones aleatorias de la actualidad a imponer el 20% como ocurre con Turquía ahora.
LA UNIÓ considera que el incremento del nivel de control a las producciones turcas no le ha disuadido en el uso de determinados plaguicidas que pueden poner en riesgo la salud humana, como bien ha enumerado a lo largo de varios Considerandos ya la Comisión Europea, debido a una posible contaminación por residuos de plaguicidas.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ de Llauradors, señala que “debemos exigir la reciprocidad fitosanitaria, no puede ser que a los productores europeos se les desincentive en el uso de plaguicidas para evitar riesgos a la salud humana y, sin embargo, luego las producciones de terceros países lleguen repletas de esos mismos productos fitosanitarios que nos prohíben emplear a nosotros. El riesgo para la salud de los consumidores europeos es el mismo y hay que actuar de la misma manera”.
A la vista de las pocas inspecciones y muchos rechazos cabe sospechar que entra mucha fruta a los mercados europeos con LMR altos o sustancias prohibidas, lo que supone un grave problema para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores europeos. Peris indica que “no entendemos como los productos agrícolas producidos en la Unión Europea deban cumplir con unos estándares muy exigentes e ir adaptándose a las exigencias de la nueva política de la granja a la mesa y, mientras tanto, se observan cada vez más alertas sanitarias desde la propia UE en las producciones procedentes de países terceros, a los que habría que cerrar su entrada sin las garantías suficientes de cumplir con los estándares europeos”.
En este sentido, la organización reitera que debe haber una homogeneización de los estándares de producción europeos con los procedentes de países terceros, desde los aspectos fitosanitarios hasta los sociales o democráticos. Hasta que esto no se cumpla, LA UNIÓ señala que se deberían suspender las importaciones de producciones procedentes de países terceros que no cumplan las normativas comunitarias.


-El plan estratégico diseñado por España para desarrollar la programación 2023-2027 de la Política Agrícola Común (PAC) incluye el requisito novedoso de desarrollar los ecoesquemas, acciones voluntarias de los agricultores para la defensa del medio ambiente por el que obtendrán pagos.
El dossier expuesto a información pública desde esta semana detalla todos los aspectos de una de las grandes innovaciones del nuevo marco y que más debate ha generado a nivel interno.
Estos son los detalles de las siete prácticas por las que pueden optar los productores:
Práctica 1
Aumento de capacidad de sumidero de carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo.
Esta práctica consiste en el pastoreo extensivo de manera efectiva, con animales propios, durante un período mínimo de entre 90 y 120 días al año, de forma continua o discontinua, respetando criterios de cargas ganaderas mínimas y máximas.
Práctica 2
Mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y el establecimiento de espacios de biodiversidad en las superficies de pastos.
Consiste en una siega sostenible, con un número menor de cortes al año o, alternativamente, en el mantenimiento de islas o espacios de biodiversidad y de elementos del paisaje o elementos estructurales como muros o setos, en un porcentaje mínimo del 7 % de la superficie de pastos de siega de la explotación.
Práctica 3
Rotaciones en tierras de cultivo (con gestión sostenible de insumos en regadíos).
Se atenderá a una rotación de cultivos que comprenda, como regla general, el cambio de cultivo cada año de, al menos, el 40 % de la superficie de tierras de cultivos herbáceos acogidas a esta práctica.
Se podrá reducir ese porcentaje hasta el 25 %, por causas justificadas determinadas por la autoridad competente, en particular, cuando las especies plurianuales representen más del 25 % de la superficie o en caso de condiciones agroclimáticas adversas.
En el caso de explotaciones con menos de 10 hectáreas de superficie de cultivo, la práctica consistirá en una diversificación de, al menos, dos cultivos.
Práctica 4
Agricultura de conservación: siembra directa (con gestión sostenible de insumos en regadío).
Consiste en el mantenimiento de la cubierta vegetal del suelo durante todo el año mediante la supresión del laboreo, realizando la siembra sin alteración mecánica del suelo en al menos un 40 % de las tierras de cultivo de la explotación.
Práctica 5
Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes (con gestión sostenible de insumos en regadío).
En tierras de cultivo consiste en dejar un porcentaje de tierra sin cultivar adicional al 3 % de elementos no productivos exigido por aplicación de la condicionalidad.
En el caso de superficies de secano, el porcentaje adicional será del 7 % y, en el caso de superficies de regadío, el 4 %.
Además, en superficies de cultivos permanentes, en las que no se aplica el 3 % de superficies no productivas de la condicionalidad, el porcentaje de superficie para cumplir esta práctica será del 4 %.
Se establece una práctica específica adaptada a las características especiales del cultivo del arroz.
Práctica 6
Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos (con gestión sostenible de insumos en regadío).
Destinada a aquéllos que quieran mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada en las calles del cultivo, como alternativa al manejo convencional del suelo.
Práctica 7
Práctica de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos (con gestión sostenible de insumos en regadío).
Esta práctica consiste en el depósito en el suelo del volumen de los restos de poda suficiente, una vez triturados.
El informe detalla que, en el caso de las prácticas que se realicen sobre superficies de regadío se introduce como requisito general llevar una gestión sostenible de insumos con el objetivo de promover la reducción del consumo y el uso más eficiente de agua, fertilizantes y fitosanitarios.
AgroCLM.


-Olimerca.
La Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos.
Con arreglo a la Directiva sobre nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo), los Estados miembros deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. También están obligados a calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa.
La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en noviembre de 2018 y un dictamen motivado en junio de 2020 en los que señalaba el incumplimiento por parte de España de las disposiciones de la Directiva sobre nitratos.
El objetivo del Pacto Verde Europeo es que la UE alcance una contaminación cero, lo que beneficiará a la salud pública, al medio ambiente y a la neutralidad climática.
A pesar de algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva. Además, debería revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana), incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de cinco regiones (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid) y adoptar medidas adicionales en las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre nitratos (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia).
La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes, por lo que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Contexto
La Directiva sobre nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo) tiene por objeto proteger la calidad del agua en toda Europa mediante la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales procedentes de fuentes agrarias y el fomento del uso de buenas prácticas agrícolas. Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino mediante un proceso conocido como «eutrofización», al estimular el crecimiento excesivo de algas que asfixian otras formas de vidas y matan peces en lagos y ríos.
La depuración del exceso de nitratos del agua potable es también un proceso muy costoso. La Directiva sobre nitratos contribuye a que se alcancen los objetivos de la Directiva marco del agua (Directiva 2000/60/CE) y es uno de los instrumentos clave en la protección de las aguas frente a las presiones agrícolas.


-Corren malos tiempos para todo aquel que sienta atracción, interés o afecto por el mundo de los animales: la tormenta del animalismo enarbolada por el sector podemita del Gobierno nos amenaza a todos y, particularmente, a los animales que pretende defender.
Cariño mal entendido
El supuesto cariño de los nuevos y radicales "amigos" que le han salido al mundo animal amenaza con extinguir aficiones tan nobles como la cría de pájaros domésticos o la mejora de las razas caninas, y actividades legales cuya supresión amenazaría la propia existencia del mundo rural como la caza bien ordenada; qué decir de la tauromaquia, todo ello con las catastróficas consecuencias que tendría el triunfo del radicalismo animalista.
Que nadie se engañe: tras las propuestas de mejorar el bienestar del mundo animal igualando sus supuestos derechos con los humanos no se esconde un mundo de sensibilidades, sino otro de devaluación de nuestra propia humanidad. Tenga claro que por mucho que le digan que comparte un gran porcentaje del genoma con ella, usted no es la mosca del vinagre.
Y por tanto usted no debería ser eutanasiado, así como así, ni abortado a la ligera, ni apaleado por defender la Ley ni discriminado por sus ideas, aunque estas no coincidan con las "verdades oficiales". Somos nada menos que seres humanos. ¡Casi nada!
Y como seres humanos respetamos a los animales y nos oponemos a que sean objeto de tratos inhumanos, pero de aquí a tratar de suprimir la mayor parte de las actividades, incluidas las recreativas, en que intervenimos hombres y animales hay un verdadero abismo.
Los mascoteros, sean amantes de perros, gatos, pájaros o cualquier otro animal de compañía cuya posesión sea actualmente legal, están horrorizados ante la inminente posibilidad de que sus aficiones estén a punto de desaparecer aplastadas por el proyecto de Ley de Bienestar Animal que deroga de facto la cría de mascotas por parte de quienes no sean considerados profesionales. Aquellos criadores de perros que mantienen con mimo un pequeño grupo reproductor para la selección y mejora de una raza, deberán esterilizar de manera obligatoria a sus cachorros para poder cederlos a otros propietarios.
Los criadores de canarios y otros pájaros domésticos deberán inscribirse en registros propios de verdaderos industriales cuyos protocolos les resultan imposibles de cumplir. Será el fin del mantenimiento de un enorme acervo de conocimientos empíricos dentro de los campos veterinario, genético y etnológico; también de un inofensivo campo recreativo en el que muchos verdaderos amantes de los animales empeñan grandes dosis de cariño.
Las voces contra el descabellado proyecto, a punto de entrar en el Parlamento, proceden de los más diversos frentes. Los cazadores anuncian manifestaciones que podrían ser gigantescas, no solo en defensa de su afición sino también de la supervivencia económica del mundo rural, los mascoteros se van organizando poco a poco, desarrollando delegaciones y comisiones para protestar contra la extinción de sus actividades.
También voces científicas, incluso de catedráticos de Universidad se están alzando en contra de la elevación al rango de Ley de las opiniones fundamentalistas de unos fanáticos ignorantes que pueden hacer mucho daño.
Vayamos todos a una
Las actuaciones de los animalistas radicales han llegado en ocasiones a traspasar las fronteras no solo de la razón, sino de la legalidad, como ha sucedido en varias ocasiones con liberación de visones de granjas peleteras causando un verdadero desastre ecológico. En casos como este se ha llegado a hablar de "ecoterrorismo".
Queda muy poco tiempo para tratar de detener horrores como la esterilización obligatoria de mascotas reproductoras, o de que pueda entrar en tu casa sin orden un supuesto proteccionista para comprobar como cuidas a tu perro, o de que tengas que sufrir toda una serie de pruebas para comprobar si eres capaz de tener una mascota tras clases impartidas por legos en las materias científicas comprendidas en las necesidades propias de su manejo.
Los veterinarios implicados en tales injerencias, los criadores organizados en asociaciones tan prestigiosas que alguna de ellas, como la canina, ostenta con todo derecho el título de Real, los amantes de los animales en general tienen que organizarse, salir a la calle y declarar su intención de excluir de sus intenciones de voto a quienes muestran su desprecio al hombre por medio de supuestos amores a los animales que se constituyen en verdaderos "cariños que matan".
M.del Pino. Libertad Digital.


-La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores ASAJA de Ciudad Real aplaude que para 2022 no vaya a haber modificaciones en el Régimen de Módulos del sector agrario. Se mantienen para el próximo año los límites de permanencia del Régimen de Estimación Objetiva del IRPF, según publicó el jueves 2 el Boletín Oficial del Estado.
De esta manera, la Dirección General de Tributos determina prorrogar los 250.000 euros anuales de volumen de ingresos, atribuibles al Régimen de Módulos; un compromiso que ASAJA consiguió hace seis años y que ahora se mantiene para uno más. Algo de lo que se podrán beneficiar los agricultores y ganaderos de toda España.
En este límite de 250.000 euros deberán computarse todos los ingresos agrícolas del titular de la explotación, del cónyuge, de los descendientes y de los ascendientes. Cabe destacar que no se incluyen los ingresos obtenidos por las subvenciones corrientes o de capital, ni por las indemnizaciones.
Además, aquellos que en el año 2021 facturen más de 250.000 euros por ingresos procedentes de la agricultura, deberán renunciar durante el mes de diciembre al Régimen de Módulos y darse de alta, de forma obligatoria, para los próximos tres ejercicios (2022, 2023 y 2024), en el Régimen de Estimación Directa Simplificada. Este régimen supone la obligatoriedad de llevar libros registro de ventas e ingresos y de compras, gastos y bienes de inversión. Asimismo, ASAJA Ciudad Real recuerda que los agricultores que realicen trabajos a terceros tienen la obligación de expedir la correspondiente factura por los servicios prestados, la cual deberá computarse como un ingreso en su declaración de la renta.
Tal y como ha ocurrido con el impuesto de IRPF para el sector agrario en el Régimen de Módulos para el año 2022, desde ASAJA Ciudad Real se ha dejado claro que se seguirá trabajando para conseguir mejoras en materia fiscal de las que se pueda beneficiar el sector.

 

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