Semana del 19 al 26 de diciembre del año 2021

Seguimos con una perfectamente prescindible PAC

29 de diciembre de 2021

-El Ministerio ha sacado a exposición pública el plan estratégico nacional de la nueva PAC a partir de 2023, de acuerdo con la Ley de Evaluación Ambiental, para que todo aquel que esté interesado en realizar alegaciones pueda hacerlas durante 45 días, plazo que acaba el día 4 de febrero.

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Noticias bio-climáticas

- El aumento global del carbón desafía el impulso de Net Zero. El uso del carbón permite comprobar la realidad de las campañas climáticas. Editorial, The Australian.
- Los líderes de la UE luchan por el precio del carbono a medida que aumentan los costos de la energía. Financial Times.
- El gobernador de Florida DeSantis propone un plan para luchar contra el aumento del nivel del mar sin "cosas de izquierda". South Florida Sun Sentinel.
- Poner fin al "escándalo" de la quema de madera para obtener energía, exigen los parlamentarios después de la investigación de Telegraph. The Daily Telegraph.
- Un "análisis impactante" encuentra que medio millón de escoceses han recortado sus alimentos para pagar las facturas de energía. The Scotsman.
- La falta de viento genera nuevos temores sobre la revolución de la energía verde. The Sunday Telegraph.
- Janet Daley: Sin un enemigo con quien luchar, el Occidente que se odia a sí mismo, se ha vuelto contra sí mismo. The Sunday Telegraph.
- Net Zero Europe se prepara para la escasez de energía a medida que se acerca el clima helado. Bloomberg.
- El costo de la prohibición del fracking de Boris Johnson: “los precios del gas en el Reino Unido alcanzan máximos históricos a medida que aumentan las tensiones invernales en Europa”.Ciudad A.M.
- Los costosos cargadores eléctricos agotan las billeteras de los conductores. The Times.
- Es probable que la UE clasifique el gas natural y la energía nuclear como energía verde, dice el Comisario europeo. Bloomberg.
- William Nattrass: Europa del Este está pagando la revolución climática de la UE. The Spectator.
- Los objetivos climáticos y de China de Biden chocan por los paneles solares. The Wall Street Journal.
- La crisis energética de la UE "tormenta perfecta" a medida que los precios se disparan. Daily Express.
- Ben Marlow: Las reglas despiadadas sobre el petróleo del Mar del Norte destruirán la independencia energética de Gran Bretaña. The Daily Telegraph.
- Europa golpea a la industria eólica de China con aranceles antidumping. Bloomberg.
- Necesitamos un Ministerio de la Verdad global ...'The Time.
- La crisis energética amenaza con cerrar industrias en toda Europa. Bloomberg.
- Alemania está cerrando la mitad de sus centrales nucleares en medio de la crisis energética. Bloomberg.
- La crisis energética de la UE se agrava cuando Francia y Alemania "se burlan" del plan de transición a la energía verde. Daily Express.
- Ambrose Evans-Pritchard: la crisis energética de Europa se está convirtiendo rápidamente en un desastre político y estratégico. The Daily Telegraph.
- ¿Carbón en lugar de gas? Cómo la UE está frustrando la transición energética de Alemania. Die Wel.
- Enfrentando el aumento de la inflación, la Administración de Biden recurre a la industria petrolera en busca de ayuda. The Wall Street Journal.

 


-El Ministerio ha sacado a exposición pública el plan estratégico nacional de la nueva PAC a partir de 2023, de acuerdo con la Ley de Evaluación Ambiental, para que todo aquel que esté interesado en realizar alegaciones pueda hacerlas durante 45 días, plazo que acaba el día 4 de febrero. Finalizado este periodo de tiempo, el Ministerio tendrá que enviarlo, acompañado de documentación, a la ministra Teresa Ribera, que lo estudiará y formulará lo que se llama «Declaración Ambiental Estratégica», que no es otra cosa que un informe con el visto bueno final. Es decir, la vicepresidenta Ribera tendrá la última palabra sobre el «Plan Estratégico Nacional» de la nueva PAC.
Si Planas hubiera tenido mayor celeridad en los trabajos de este nuevo modelo de la PAC, a estas alturas no estaríamos todavía pendientes de este visto bueno. Pero no ha sido así y la pregunta que surge es ¿qué ocurrirá con las alegaciones que se hagan a este nuevo modelo de la PAC? Si se presenta una alegación, por ejemplo, el 15 de enero cuando el Plan ya esté en Bruselas, ¿qué pasa con ella?, ¿se quedará en el limbo, se rechazará directamente, o se aceptará y se cambiará el plan?
¿Y los cambios que quiera introducir Teresa Ribera? Estos también podrán modificar el modelo de la PAC, aunque el Plan ya esté analizándose en Bruselas. En estas condiciones, el lío está servido.
En la lectura de este plan comprobamos que lo que venimos llamando eco-esquemas se denominarán a partir de ahora eco-regímenes y que se proponen 7 prácticas, entre las que tendrán que elegir los productores según sea su cultivo o aprovechamiento.
Como primer resumen de lo ahora prescrito Mercedes Morán ex directora general de Política Agraria de la Junta extremeña nos dice que:
“Como se puede apreciar, existe mucha diferencia entre este componente verde de la nueva PAC, los eco-regímenes, y el actual pago verde, especialmente en dos aspectos: el nivel de obligaciones es mayor ahora, en los eco-regímenes, y los importes de la ayuda disminuyen a partir de una determinada superficie, cosa que no ocurre en el pago verde”.
Mercedes Morán en Agropopular.


-Asaja Córdoba ha calificado como insólito que Agroseguro diga que no hay sequía indemnizable en octubre en los pastos, a pesar de que una resolución de la Junta andaluza lo espefica con claridad. Por eso, reclaman a Enesa que actúe, mientras critican la postura de la empresa aseguradora de seguir introduciendo modificaciones «que no se adaptan a la realidad del campo».
Asaja recuerda que, en una resolución de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, de 10 de noviembre, publicada en el BOJA de 19 de noviembre, se indica literalmente “…….. En lo referente a las producciones agrarias, el déficit de precipitaciones ha afectado a la bajada de los rendimientos de los cultivos y de forma especial y muy acusada a la de los pastos. Esta situación repercute de manera especial en el sector de la ganadería ecológica con ganado que se cría de manera extensiva, alimentándose de los pastos y de los productos y subproductos de cultivos de secano, todos ellos dependientes de la lluvia. La situación se está agravando con un inicio seco del ciclo hidrológico 2021-2022 que está haciendo que el crecimiento de los pastos de otoño sea escaso. De acuerdo con la información de los sistemas de teledetección de la REDIAM (basados en al análisis conjunto del Índice de Sequía Pluviométrica y del Índice de Vegetación Normalizado), de las 57 comarcas agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía la totalidad se ha visto afectada, sean las ganaderas por los pastos, sean las de cultivos herbáceos de secano. Con estas perspectivas, las necesidades alimenticias de la ganadería extensiva ecológica están siendo acuciantes y en las comarcas más afectadas apenas se llega a cubrir las necesidades fisiológicas de los animales con los recursos producidos en la propia explotación”.
Ante esta situación, la organización agraria lleva tiempo denunciando que las modificaciones que ha ido introduciendo Agroseguro, sin la conformidad de Asaja en este seguro de pastos, “no se adaptan a la realidad del campo”.
Añade que si en un año como este, donde los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura definen con claridad que no hay pastos, y por tanto hay falta de alimentación para el ganado, y el seguro no cubre esta sequía indemnizable, “queda claro que los límites establecidos por Agroseguro están mal establecidos, bien por error o bien para no tener que pagar indemnizaciones, lo cual es inadmisible en ambos casos”.
Desde Asaja, se insta a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y cuya obligación es que los seguros agrarios funcionen para cubrir sequías como esta, a que actue para subsanar la actual situación.
En caso contrario, la organización agraria solicita al Ministerio de Agricultura indemnizaciones y ayudas directas a los ganaderos que, “habiendo contratado sus pólizas, no se les da cobertura a través del seguro”.
Agroinformación.

-Entre el palo y la zanahoria, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha hecho una velado chantaje a todo el sector ganadero y en especial a las Comunidades Autónomas al apremiar a «aprobar cuanto antes» la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, ya que esta es la que habilita que el Gobierno pueda destinar 20 millones de euros en acciones preventivas y pago de daños por ataques.
La ministra ha recordado, en una rueda de prensa con motivo de la adhesión de cuatro ciudades españolas a la iniciativa ‘CitiES 2030’, que el lobo ibérico ya está protegido en España tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), por lo que su caza ya está prohibida en toda España.
Sin embargo, aún queda por aprobar la Estrategia para la Conservación y Gestión del cánido, ya que las Comunidades Autónomas ‘loberas’ han pedido un «tiempo extra», como ha asegurado Ribera, para hacer otras aportaciones a este documento.
No obstante, la ministra ha pedido que este texto se apruebe cuanto antes, ya que desbloquearía la inversión de 20 millones de euros para dar una «respuesta rápida» a los ganaderos y que estos puedan a su vez invertir en sistemas de alerta para la detección de lobos y para el pago de daños por ataques… …
Por todo ello, Ribera ha confiado en que estos días se produzcan «mejoras» en la estrategia encaminadas a facilitar la «convivencia» entre el lobo y los ganaderos y se les dé así una respuesta, ha concluido.
Pese a este velado chantaje, cabe recordar no solo la oposición de todas las organizaciones agrarias a sus planes, con recursos administrativos incluidos, sino que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha rechazado el borrador de Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación, por lo que no podrá elevar el documento para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

 
-El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha augurado que habrá "novedades importantísimas" de cara al trasvase en el año 2022 y que se trasvasará menos agua desde los pantanos de cabecera.
"Si apostamos por mantener los caudales ecológicos, tal y como se tienen que aplicar, y trabajamos para que cada cuenca sea autosuficiente, la respuesta ha de ser necesariamente que se trasvasará menos agua", ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press.
Respecto a las novedades, ha señalado que pasan por el hecho de que el próximo año culmina la revisión de los planes hidrológicos de las distintas cuencas, que se van a ajustar a la realidad de las mismas para apostar por la eficiencia en los regadíos.
"Tendremos que tomar nota en las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE para poder adaptar sistemas de regadío a una mayor eficiencia y nos adaptaremos a los cambios climáticos", ha agregado.
Por tanto, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha reiterado que sí habrá novedades en cuanto al trasvase para saber "entre todos" con qué recursos se cuenta y de qué forma se utilizan.
CAUDAL MÍNIMO EN EL TAJO MEDIO
A ello ha unido que sí que se tendrá que cumplir el caudal ecológico en el Tajo medio el próximo año. "Como Delegación del Gobierno, nuestra obligación es que se cumpla la ley, se cumplan las sentencias y se ejecute lo que dictan los tribunales, como el manteamiento de un caudal mínimo en el Tajo medio", ha apostillado
Con todo, el delegado del Gobierno ha defendido que se ha producido "un cambio de paradigma" por parte del Ejecutivo central en cuanto a los recursos hídricos. "En primer lugar, porque hay una apuesta decidida por la autosuficiencia de las cuencas", ha manifestado.
A ello ha agregado que hace ya años, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, se potenciaron las desaladoras en el Mediterráneo para ir reduciendo los recursos trasvasables de agua y, al mismo tiempo, de respeto y aplicación de las sentencias que establecían un mínimo de caudal ecológico, sobre todo en la cuenca del Tajo.
PAC
De otro lado, Tierraseca se ha manifestado sobre la Política Agraria Común (PAC) para considerar "un logro" que se haya conseguido que los recursos que se van a trasladar a la región sean los mismos que tenía hasta ahora, en una época de debate abierto a las modificaciones.
"Hablamos de una región agrícola y ganadera, por lo que consideramos que es importante y positivo que los recursos se mantengan en una época que estaba en revisión la cantidad de dinero que se iba a destinar", ha manifestado.
Lo que sí que ha pedido, en el desarrollo de ese acuerdo, es trabajar conjuntamente, por lo que ha hecho un llamamiento a las organizaciones agrarias para que se incorporen a la defensa de los recursos de la PAC para Castilla-La Mancha y lograr eliminar "aquellos recelos" sobre la introducción de aspectos medioambientales en la industria agroalimentaria, en la agricultura y la ganadería de la región.
"Creo que el objetivo claro es incorporar las medidas de transición ecológica a todos los aspectos de la economía productiva del país y, en este caso, los aspectos medioambientales tienen que incorporarse a las prácticas agrícolas y ganaderas de la región y ahí tenemos que ir todos a una", ha concluido.
PARQUES NACIONALES
Respecto a las transferencias al Gobierno de Castilla-La Mancha de los parques nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel, Tierraseca ha afirmado que ha habido "avances importantes", pero que no se ha llegado a un acuerdo para poder hacer realidad la transferencia. "Esperemos que se haga lo antes posible, es voluntad".
En este sentido, ha explicado que faltan por "afinar" algunos aspectos para que la transferencia sea satisfactoria y lo antes posible, para agregar que "el mayor problema" está con las condiciones del personal una vez transferidos. "Las dos partes tienen que hacerlo de la mejor forma posible, no queremos que nadie salga perjudicado", ha zanjando.
COPE.

 
-UPA advierte de la entrada de miles de corderos extranjeros en Castilla y León.
Como viene siendo habitual en estas fechas prenavideñas, un año más nos vemos obligados desde UPA a informar a los consumidores que en Castilla y León a diario están entrando masivamente corderos de otros países a los mataderos de nuestra región. Siendo legal esta práctica, reclamamos a la Administración regional el cumplimiento de todas las normas relacionadas con la trazabilidad del producto y la información al consumidor.
UPA reclama a las administraciones competentes, en este caso a la Junta de Castilla y León, que vigile esa entrada de corderos de origen foráneo, que se sacrifican en los mataderos de Castilla y León, y que este hecho quede suficientemente claro en el etiquetado porque nada tienen que ver esos animales con los lechazos de calidad de nuestra comunidad autónoma.
En este sentido, UPA hace un llamamiento más como es solicitar a las grandes superficies comerciales que etiqueten toda la información sobre el origen de este producto estrella de las navidades con suficiente visibilidad, para que a simple vista los consumidores conozcan dónde se ha producido y por lo tanto sepan lo que están comprando.
Nos encontramos un año más con importaciones masivas de corderos de fuera sacrificándose en los mataderos de la región.
La realidad, es que nos encontramos un año más con importaciones masivas de corderos de fuera sacrificándose en los mataderos de la región. Sin ser una práctica ilegal, el hecho de colocar en algunos casos a las piezas el sello de Castilla y León por haberse sacrificado en nuestra región delata la verdadera intención que tienen algunos en engañar al consumidor, y de perjudicar de esta manera al ganadero de Castilla y León.
Tal y como recoge la normativa, UPA reclama máxima diligencia a las autoridades competentes en materia de cumplimiento de los requisitos establecidos con carácter obligatorio para la comercialización de los productos alimenticios y la persecución del fraude.
Por eso, en estas fechas debe ponerse especial hincapié en los controles oficiales para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de garantía y normativa específica sobre qué es lo que se compra en los lineales, con el fin de no defraudar las expectativas de los consumidores y por lo tanto responder al derecho que tenemos todos a conocer la trazabilidad de cualquier producto alimenticio.
Agropopular

 

-Los cazadores están llamados a movilizarse. Distintas organizaciones del sector, encabezadas por la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Oficina Nacional de la Caza (ONC), han convocado una gran protesta que tendrá lugar el próximo 20 de marzo en Madrid, para exigir que cesen los ataques del Gobierno contra esta actividad, que -aseguran- genera más de 6.475 millones de euros al año y crea más de 187.000 puestos de trabajo.
El sector cinegético se enfrenta a una situación "compleja" y "muy difícil", ha reconocido el presidente de RFEC Manuel Gallardo, en declaraciones a Libre Mercado. "El lobby animalista ha llegado a la esfera del poder. Ha llegado al Gobierno y ha llegado al Parlamento", insiste.
En su opinión, está ganando posiciones y cada vez tiene más apoyos dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según argumenta, hay una "asociación parlamentaria de defensa de los animales que canaliza todas sus peticiones". Para contrarrestar la "ofensiva", la RFEC ha propuesto en el Congreso la creación de otra que preserve "los usos y costumbres tradicionales", así como "la caza, la pesca y el mundo rural". "Estamos en una desigualdad de condiciones importante", exclama.
Ellos consideran que este Gobierno les ha declarado la guerra. Hasta cinco ministerios han emprendido distintas acciones que tendrían como finalidad debilitar el sector de la caza, de forma directa o indirecta. No tienen dudas, el objetivo final es "acabar definitivamente con la actividad cinegética".
Ministerios en contra
No es ningún secreto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está abiertamente en contra de la actividad cinegética. De hecho, su máxima responsable -recuerda Gallardo- "se declaró abiertamente anti caza". La posición de Teresa Ribera indigna al presidente de la RFEC. "Cuando un ministro se declara abiertamente contra un colectivo de ciudadanos a los que tiene que defender, ya empieza a asustarse", afirma. "Imagina que se hubiera declarado anti católicos... Un escándalo", exclama.
Por su parte, el Ministerio de Cultura "dice a los niños de este país que tienen qué empatizar, sentirse como los animales, ponerse en su lugar". Gallardo se atreve a vaticinar que "en dos generaciones va a dar al traste con la caza y con la ganadería, con todo lo que tenga que ver con animales, porque trabajamos con ellos, los utilizamos e incluso nos los comemos". "Esa es la realidad", asevera.
También es público y notorio que el Ministerio de Consumo ha emprendido una cruzada contra el consumo de carne. Su titular, Alberto Garzón, incluso "hace un alarde" de ello. A lo que el presidente de RFEC replica: "Si hace un llamamiento a mi madre para que deje de comer carne de ternera... Comer carne de ciervo debe ser ya pecado mortal". "Estamos en un escenario francamente complejo", advierte.
"El culmen del éxito es con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que crea una Dirección General de Derechos de los animales", explica Gallardo. "En puridad, los animales no son sujeto del derecho. Lo que sí tenemos son obligaciones para con ellos". En su opinión, todo esto es un gran absurdo. "Tampoco existe el derecho del bosque y, sin embargo, no podemos ir a quemarlo o cortarlo".
"La Ley de Protección y Derechos de los Animales consiste en humanizar a los animales. Y una sociedad que ama a los animales más que a las personas es una sociedad enferma", argumenta. La nueva norma "es una agresión". "Habla de jubilación de los animales, de jornadas laborales, de edades mínimas para empezar a trabajar... Dice que no se consideran animales de producción porque no pueden sindicarse, que hay que castrar a todos los animales de este país, para que se nos impida criar con nuestros perros, que no podemos regalar un cachorro o hacer una reposición de tus efectivos (en lo que se refiere a la caza) o tener otros animales auxiliares".
Esta ley, añade, "se carga de un plumazo la caza de la perdiz con reclamo. Pero vamos a intentar declararla Bien de Interés Cultural Inmaterial, porque es algo ancestral". Es un despropósito, también ha puesto fin "al silvestrismo, o el tiro al vuelo". Y de ahí el problema con el Ministerio con Deportes, porque ha acabado con varias federaciones deportivas. Por ese motivo, han creado "una plataforma de federaciones que cuentan con animales" en su actividad. Un total de 878 organizaciones nacionales de caza, hípica, ovicultura, etc.
Niega su contribución
"Todo lo que viene de Europa, el Gobierno lo acoge a pies juntillas", asegura Gallardo. Ejemplo de ello es el problema que tienen con la caza de la tórtola, que este año no se ha podido realizar. Algo incomprensible para el sector cinegético. "Venimos haciendo una caza sostenible y, además, si la tórtola sigue viniendo a este país es porque los cazadores invierten en conservación".
Práctica de la caza de la tórtola, en Galicia.
Según explica, "el problema de la mayor parte de las aves ligadas a los sistemas agrícolas es que los usos en el campo han cambiado, la agricultura intensiva ha aumentado, los cultivos tradicionales prácticamente han desaparecido...Y la mayor parte de aves que están vinculadas a estos sistemas, lo están sufriendo. No solo aves cinegéticas, hablamos de aves esteparias... Sisones, gangas, ortegas, o avutardas".
El Gobierno niega la contribución del sector cinegético para paliar este problema, mientras -denuncian los cazadores- da ayudas a los ecologistas sin ton ni son. "Hace unos pocos días, el Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de un millón de euros para cuatro asociaciones ecologistas sin ningún tipo de concurso", asevera.
Un nuevo modelo social
Manuel Gallardo considera que "estamos asistiendo a un cambio de modelo social que pretende igualar los animales a los humanos" al tiempo que establece para las personas "una serie de obligaciones para que atentan contra su propia libertad".
"Hay un clamor desde el mundo científico, el mundo rural, los sectores de caza y pesca y otros como el circo o las tiendas de animales..." en contra de la "mal llamada" Ley de Protección y Derechos de los Animales, asegura. "Esta Dirección General ha tenido la virtud de unir a todos los que tenemos que ver con animales en contra de una norma. Yo creo que eso tendría que hacérselo mirar", exclama.
Multitudinaria manifestación de cazadores del 26 de mayo de 2018, en Valencia.
Todo esto les lleva a pensar que "hay una estrategia clara de una parte de este Gobierno para acabar definitivamente con la actividad cinegética". Eso sí -advierte- "los animales se seguirán matando, porque hay sobrepoblación". Una hipocresía. "No se puede cazar a los parques nacionales. Sin embargo, los agentes del medio natural, van y los matan a discreción, sin ninguna rentabilidad".
Lo que se demoniza es la actividad, no la muerte del animal. "La caza es una herramienta económica eficaz, muy eficiente, que además deja rendimientos económicos en la zona" pero el Ejecutivo formado por socialistas y comunistas prefiere optar por otros métodos. "Si hay que matar 1000 ciervos", por ejemplo, "los meten en unos cercones, les dan de comer y cuando están allí, se les cierra la puerta y los matan a tiros". "Es lo que se está haciendo", asevera.
"Se trata de que no cacemos, de que la actividad cinegética como tal desaparezca" porque "la muerte es una herramienta clave para la sostenibilidad". "Imagínese usted si no nos morimos nosotros, si fuésemos eternos", exclama. Y la caza es fundamental "para el equilibrio de los ecosistemas en los que nos movemos". Como explica Gallardo, "están intervenidos por el ser humano desde hace 3 o 4 millones de años, no viene de hace cuatro días".
Nadie duda de que "los animales se benefician de los comederos y de los bebederos" que se han instalado o de que "el monte se beneficia de la limpieza de la maleza para la prevención de incendios", añade el presidente de la RFEC. "De ahí viene la importancia y la necesidad de seguir cazando, la actividad cinegética tiene un obvio contenido económico, social y -por supuesto- ecológico". Pero "la ideología totalitaria animalista ha logrado que prevalezca el buenismo". "Ahora, si le preguntas a un político, preguntas, dice que ama a los animales más que a nadie" porque "cree que eso le da votos". Otros "ocultan su condición de cazador o pescador, no vaya a ser que digan...".
Demandas del sector
El sector cinegético reclama que el Gobierno reconozca la actividad "por su importancia económica, social y ecológica", que se les tenga en cuenta "a la hora de tomar decisiones" que les puedan afectar, y que se les dé "participación en los órganos de consulta" en los que "no está el sector cinegético, pero sí está el sector conservacionista".
Además, creen que es necesaria una "revisión de la legislación", en particular de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales. Piden que los controles poblaciones se realicen a través de acciones cinegéticas y que se recupere la caza de la tórtola y otras aves migratorias "con un plan de gestión".
Por otra parte, Manuel Gallardo destaca la necesidad de que "el Gobierno actúe con datos propios, no con datos de parte, que en muchas ocasiones son sesgados, erróneos o ficticios que dan asociaciones ecologistas. El presidente de la RFEC pone como ejemplo la población de codorniz, que ellos cifran en 200.000 unidades, mientras que la federación maneja cifras que rindan los 3 millones.
El representante de la actividad cinegética es consciente de que "la Comisión Europea ha elegido una deriva conservacionista absolutamente irracional". Por eso, insiste en la importancia de que el Gobierno de España defienda los intereses del sector. "La caza en España no es igual que en Finlandia y no se puede legislar a miles de kilómetros", asevera.
"Creemos que no son cosas de difícil consecución, pero hay una cerrazón importante en una parte del Gobierno", señala. "Son demandas fácilmente asumibles por cualquiera" y recuerda que afectan a "unos 2.000.000 millones de votantes", porque "la caza está muy vinculada al mundo rural". De hecho, la gran movilización del 20 de marzo reunirá a todos los sectores del mundo rural. "La caza participará como un sector más".
Y.Sánchez. Libre Mercado.

 


-Libre Mercado sigue evaluando a fondo la manera en que el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando los fondos del "rescate" europeo. En un contexto como el actual, con la deuda pública por encima del 120% del PIB y una economía que sigue sin dar signos de recuperación, el análisis de dicho programa de gasto se antoja prioritario, puesto que los recursos comprometidos por la UE deberían servir, al menos a priori, para relanzar el crecimiento.
Sin embargo, un análisis del contenido real de los proyectos revela que, en muchos casos, los desembolsos realizados tendrán un impacto escaso o nulo en la capacidad productiva de nuestro país, puesto que más bien se trata de iniciativas ideológicas que pretenden regar de dinero público a colectivos afines al gobierno, dejando a un lado los problemas reales de la economía española.
Así, este diario ya ha sacado a la luz la campaña de autobombo que ha planteado el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (valorada en 4 millones de euros), así como el programa con el que el ministerio de Cultura financiará las estancias en el extranjero de escritores españoles (por un monto de 1 millón de euros) o la iniciativa del ministerio de Trabajo que ligará el trabajo de los Servicios de Empleo a la "transversalidad de género" (con un coste de 3 millones de euros).
En la misma línea, cobra especial interés un Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente por el cual se ha aprobado un proyecto de inversión que también correrá a cargo del dinero solicitado a Bruselas y que tiene como objeto proceder a la "corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna". La idea es emplear estos recursos para proteger a los pájaros "contra la colusión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión".
En total, el acuerdo que habilita este programa de gasto financiado por los fondos europeos contempla que las Administraciones desembolsen un total de 60 millones de euros para esta iniciativa, que pretende garantizar "la conservación de la biodiversidad", así como la "restauración de los ecosistemas", en el marco del "Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
Los criterios empleados por el gobierno para desembolsar los 60 millones son tres: el "valor ambiental relativo a la riqueza de las especies amenazadas por la electrocución y la colisión con tendidos eléctricos", la "mortalidad asociada a estas infraestructuras eléctricas entre 2015 y 2019" y el "número de apoyos notificados por las comunidades autónomas".
D.Sánchez de la Cruz.

 

-Balance 2021: El año que el campo saltó a la carretera, por los costes, la PAC y la ley de la cadena.
Los agricultores volvieron a instalarse en el descontento en un año marcado por la subida de los costes de producción en el contexto de la crisis del coronavirus, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la modificación de la ley de la cadena alimentaria, como ejes del balance 2021.
Los problemas de rentabilidad llevaron a las principales organizaciones agrarias a acabar 2021 retomando las movilizaciones que comenzaron a principios de 2020 por unos precios dignos en el campo y que tuvieron que ser interrumpidas durante la pandemia.
Con la reactivación de la demanda se han encarecido los suministros a nivel mundial y España no ha sido una excepción, con un incremento del 13 % anual de los costes de los insumos agrarios en 2021, hasta un nivel récord de 26.875 millones de euros, sobre todo por las subidas en piensos, energía y fertilizantes.
Entre enero y noviembre, además, los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron el 3,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.
En este balance 2021, según las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la renta agraria a precios corrientes se mantendrá estable este año en 28.360,7 millones de euros (+0,1 % anual), resistiendo por el buen comportamiento de sectores como los cereales o el aceite de oliva.
Tanto la producción vegetal como la producción animal alcanzarán sus máximos valores históricos, la primera con 33.153 millones de euros (el 9,1 % más que en 2020); y la segunda, con 20.901 millones (+3,6 %).
RENTABILIDAD EN JUEGO
En la práctica, el presidente de la organización ASAJA, Pedro Barato, lamenta, en declaraciones a Efeagro, que los productores sigan «sin poder repercutir» en los precios los costes «desorbitados» de los insumos y pide que se desarrolle finalmente la normativa que permita al regadío ahorrar energía con la doble tarifa eléctrica, más fondos de recuperación y más ayudas en maquinaria agrícola.
En su repaso de 2021, Barato se muestra a favor de que se haya consolidado el régimen de módulos del sector agrario, pero critica la subida del salario mínimo, la prohibición de la caza del lobo, el etiquetado Nutriscore y el alza de impuestos a las bebidas azucaradas.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, cree que ha sido un año «muy difícil, malo e injusto» para los agricultores porque, si en un principio se valoró su esfuerzo por proveer alimentos durante la pandemia, después «no se ha compensado» y han acabado «con cierto agobio» por los mayores costes.
El sector pone sus esperanzas en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, que en 2020 se modificó para responder a las reivindicaciones de los productores y en 2021 fue otra vez reformada para adaptarla a la directiva contra prácticas comerciales desleales.
La venta a pérdidas quedó así prohibida en toda la cadena y los contratos, entre otras medidas que la mayoría de los grupos parlamentarios ve insuficientes.
«No es la solución definitiva, pero sí un avance muy importante», apunta Padilla, que reclama un control más activo por parte de las comunidades autónomas.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en su balance 2021, califica de «hito histórico» la ley de la cadena en un 2021 que «podía haber sido muy positivo para los agricultores después de muchos años malos y que al final se ha perdido por el aumento tremendo de los costes de producción en los últimos seis meses».
En sectores como el vino, la fruta o el aceite de oliva, la producción ha sido menor y, en el resto, las cosechas han sido por lo general «buenas o normales», sin precios «excesivamente bajos», según Ramos.
El coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, recuerda los daños en agricultura causados por la erupción volcánica en La Palma y por la tormenta Filomena en la península, con «pocos apoyos» de las administraciones y un seguro agrario que «no ha respondido como debiera».
MIRADA HACIA AFUERA
Entre tantos obstáculos, el sector agroalimentario ha seguido mostrando su músculo exportador, con un aumento de las ventas del 10 % anual en los diez primeros meses, hasta 46.406,8 millones de euros.
Su contribución positiva a la balanza comercial del país está fuera de duda, con más del 50% de su producción comercializada en el exterior, principalmente en otros países europeos, incluido el Reino Unido en su primer año fuera de la Unión Europea (UE).
Las cooperativas, muchas de ellas exportadoras, se han topado con la dificultad de encontrar fletes y con más costes logísticos, aparte del de las materias primas, explica el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca.
Asegura que en el primer semestre sufrieron con las restricciones a la hostelería y esta luego funcionó bien, sobre todo para quesos, carnes, vino y otros productos «gourmet».
En el balance 2021 hay que destacar que también fue el año de la aprobación final de la reforma PAC, que entrará en vigor en 2023 e introduce mayores requisitos ambientales.
Como en el resto de la UE, España, que recibirá 47.724 millones de euros hasta 2027, ha elaborado un plan nacional de aplicación de las nuevas normas, tras meses de negociaciones entre el Gobierno, las comunidades y el sector.
Los agricultores no se cansan de exigir las mismas condiciones de trato para las importaciones de terceros países, incluidos aquellos con los que la UE tiene firmados acuerdos de libre comercio (el de Mercosur sigue pendiente de ratificación).
El sector ha podido respirar, eso sí, con la suspensión por cinco años de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos agroalimentarios europeos, gracias al acuerdo que pone fin al conflicto por los subsidios a Boeing y Airbus.
Además, Washington ha aceptado un dictamen de la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles estadounidenses a la aceituna negra española, en otro litigio que España aspira a cerrar lo antes posible mientras retoma la promoción exterior de sus alimentos y bebidas en busca de la ansiada recuperación.
Agroinformación.

 
-Los agricultores volvieron a instalarse en el descontento en un año marcado por la subida de los costes de producción en el contexto de la crisis del coronavirus, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Los problemas de rentabilidad llevaron a las principales organizaciones agrarias a acabar 2021 retomando las movilizaciones que comenzaron a principios de 2020 por unos precios dignos en el campo y que tuvieron que ser interrumpidas durante la pandemia.
Con la reactivación de la demanda se han encarecido los suministros a nivel mundial y España no ha sido una excepción, con un incremento del 13 % anual de los costes de los insumos agrarios en 2021, hasta un nivel récord de 26.875 millones de euros, sobre todo por las subidas en piensos, energía y fertilizantes.
Entre enero y noviembre, además, los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron el 3,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Según las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la renta agraria a precios corrientes se mantendrá estable este año en 28.360,7 millones de euros (+0,1 % anual), resistiendo por el buen comportamiento de sectores como los cereales o el aceite de oliva.
Tanto la producción vegetal, como la producción animal, alcanzarán sus máximos valores históricos, la primera con 33.153 millones de euros (el 9,1 % más que en 2020); y la segunda, con 20.901 millones (+3,6 %).
Rentabilidad en juego
En la práctica, el presidente de la organización Asaja, Pedro Barato, lamenta, en declaraciones a Efeagro, que los productores sigan “sin poder repercutir” en los precios los costes “desorbitados” de los insumos y pide que se desarrolle finalmente la normativa que permita al regadío ahorrar energía con la doble tarifa eléctrica, más fondos de recuperación y más ayudas en maquinaria agrícola.
En su repaso de 2021, Barato se muestra a favor de que se haya consolidado el régimen de módulos del sector agrario, pero critica la subida del salario mínimo, la prohibición de la caza del lobo, el etiquetado Nutriscore y el alza de impuestos a las bebidas azucaradas.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, cree que ha sido un año “muy difícil, malo e injusto” para los agricultores porque, si en un principio se valoró su esfuerzo por proveer alimentos durante la pandemia, después “no se ha compensado” y han acabado “con cierto agobio” por los mayores costes.
El sector pone sus esperanzas en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, que en 2020 se modificó para responder a las reivindicaciones de los productores y en 2021 fue otra vez reformada para adaptarla a la directiva contra prácticas comerciales desleales.
La venta a pérdidas quedó así prohibida en toda la cadena y los contratos, entre otras medidas que la mayoría de los grupos parlamentarios ve insuficientes.
“No es la solución definitiva, pero sí un avance muy importante”, apunta Padilla, que reclama un control más activo por parte de las comunidades autónomas.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, califica de “hito histórico” la ley de la cadena en un 2021 que “podía haber sido muy positivo para los agricultores después de muchos años malos y que al final se ha perdido por el aumento tremendo de los costes de producción en los últimos seis meses”.
En sectores como el vino, la fruta o el aceite de oliva, la producción ha sido menor y, en el resto, las cosechas han sido por lo general “buenas o normales”, sin precios “excesivamente bajos”, según Ramos.
El coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, recuerda los daños en agricultura causados por la erupción volcánica en La Palma y por la tormenta Filomena en la península, con “pocos apoyos” de las administraciones y un seguro agrario que “no ha respondido como debiera”.
Mirada hacia afuera
Entre tantos obstáculos, el sector agroalimentario ha seguido mostrando su músculo exportador, con un aumento de las ventas del 10 % anual en los diez primeros meses, hasta 46.406,8 millones de euros.
Su contribución positiva a la balanza comercial del país está fuera de duda, con más del 50 % de su producción comercializada en el exterior, principalmente en otros países europeos, incluido el Reino Unido en su primer año fuera de la Unión Europea (UE).
Las cooperativas, muchas de ellas exportadoras, se han topado con la dificultad de encontrar fletes y con más costes logísticos, aparte del de las materias primas, explica el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca.
Asegura que en el primer semestre sufrieron con las restricciones a la hostelería y esta luego funcionó bien, sobre todo para quesos, carnes, vino y otros productos “gourmet”.
El 2021 también fue el año de la aprobación final de la reforma PAC, que entrará en vigor en 2023 e introduce mayores requisitos ambientales.
Como en el resto de la UE, España, que recibirá 47.724 millones de euros hasta 2027, ha elaborado un plan nacional de aplicación de las nuevas normas, tras meses de negociaciones entre el Gobierno, las comunidades y el sector.
Los agricultores no se cansan de exigir las mismas condiciones de trato para las importaciones de terceros países, incluidos aquellos con los que la UE tiene firmados acuerdos de libre comercio (el de Mercosur sigue pendiente de ratificación).
El sector ha podido respirar, eso sí, con la suspensión por cinco años de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos agroalimentarios europeos, gracias al acuerdo que pone fin al conflicto por los subsidios a Boeing y Airbus.
Además, Washington ha aceptado un dictamen de la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles estadounidenses a la aceituna negra española, en otro litigio que España aspira a cerrar lo antes posible mientras retoma la promoción exterior de sus alimentos y bebidas en busca de la ansiada recuperación.
Belén Delgado. Agroclm

 

 

-Analizando la primera estimación hecha pública por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de la rama agraria a nivel nacional en 2021 crecería un 6,7% alcanzando un valor aproximado de 55.800 millones de euros. Cifras récord tanto en producción vegetal, con un aumento del 9,1%, como en producción animal con un repunte del 3,6%. Sin embargo, el elevado incremento de los costes de producción, por encima del 13% se ha comido este margen y ha hecho que la renta agraria real descienda un 6%.
Dos cuestiones muy singulares han marcado también este año 2021. Una de ellas la estrategia de recuperación del lobo, anacrónica y desproporcionada, y que ha entrado en conflicto directo con el sector ganadero en extensivo. Veremos en años venideros su impacto real tanto en la ganadería y en la sociedad rural, pero también en la urbana que gusta disfrutar de espacios naturales seguros, que ahora lo serán menos.
Otros hitos del año
La segunda cuestión es la reforma de la Ley de la Cadena, cuyo objetivo es mejorar las limitaciones de la anterior norma estableciendo un marco adecuado que facilite el equilibrio entre todos los eslabones, de tal manera que el sector primario no cargue de forma excesiva con la presión del comercio alimentario. Una herramienta que requiere de mucha voluntad y que por sí sola no va a solucionar el problema de la venta por debajo de costes.
Y de salida una nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 que avanza en una línea más descentralizada y adaptable a las realidades locales. Es difícil valorarla todavía, pero una vez se aplique la Estrategia del Campo a la Mesa, la Estrategia de Biodiversidad y el gran Pacto Verde, el sector agrario tendrá cada vez menos que ver con el que conocemos en la actualidad. Para unos será bueno y para otros no, pero se pondrá en riesgo la estabilidad y la suficiencia alimentaria que hasta ahora ha garantizado la PAC, lo que abriría otra brecha en una cada vez más debilitada Unión Europea.

 

EEUU aceptará el dictamen de la OMC: el fin de los aranceles a la aceituna negra, más cerca que nunca.
Asemesa celebra la decisión, pero pide «máxima celeridad» para lograr la supresión definitiva de los gravámenes
El Gobierno ha valorado la decisión de la administración estadounidense de aplicar el informe final de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que concluye que los aranceles aplicados por Estados Unidos a las importaciones de aceitunas negras de España son contrarios a las normas de este organismo.
Por ello, el Ejecutivo han expresado su confianza en una «rápida» solución del conflicto y una vuelta a la situación comercial anterior a la aplicación de los aranceles.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido los representantes de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) para informar al sector sobre los últimos avances en la resolución del conflicto.
En el encuentro han informado de la reunión del Órgano Solucionador de Diferencias (OSD) de la OMC, celebrado hace pocos días, y en el que se abordaron los derechos ‘antidumping’ y compensatorios sobre las aceitunas negras procedentes de España y en el que Estados Unidos ha aceptado el informe.
¿Qué decía el informe de la OMC?
El informe final de la OMC concluía que los aranceles aplicados por Estados Unidos a las importaciones de aceitunas negras de España son contrarios a las normas del propio organismo. En particular, el Gobierno destaca que es muy relevante que el informe determine que las ayudas de la Política Agraria Común no pueden ponerse en cuestión, ya que están desvinculadas de la producción.
Ambos ministros han valorado la postura de Estados Unidos, si bien han realizado un llamamiento a la «prudencia», porque ahora se abre un periodo de varias semanas para que la administración estadounidense declare cómo aplicar el informe, así como el plazo en el que prevé hacerlo, que podría extenderse durante meses.
Maroto ha afirmado que la aceptación del panel por parte de EE.UU. es una «buena noticia y un paso fundamental» para alcanzar una solución definitiva que permita que las empresas españolas puedan recuperar el mercado norteamericano, en el cual, el sector agroalimentario español se ha posicionado como «altamente competitivo» en los últimos años. Planas ha destacado, por su parte, que el dictamen para la aceituna negra española es «muy positivo» y que se está «cada día más cerca de la finalización de un conflicto que ha sido demasiado largo».
Un paso muy importante
Por su parte, desde Asemesa consideran una «excelente noticia» que EEUU acepte la resolución de la OMC sobre los aranceles a la aceituna negra española y haya decidido no recurrirla, hecho «que constituye un paso muy importante para la resolución final de un conflicto que se extiende ya por espacio de más de tres años y que está causando pérdidas millonarias a la industria de la aceituna de mesa de nuestro país».
De esta forma, tras la reunión mantenida con los ministros de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el secretario general y portavoz de Asemesa, Antonio de Mora, ha valorado de forma muy positiva que EEUU admita el pronunciamiento de la OMC, ya que «ello significa que la administración norteamericana asume las conclusiones del informe de este organismo internacional». Unas conclusiones que, a juicio de Asemesa, deben materializarse ahora en la adopción inmediata de las medidas internas necesarias para cumplir con esta resolución.
Posibilidades de una solución definitiva
«Sin duda, esta decisión aumenta mucho las posibilidades de encontrar una solución negociada entre EEUU y la UE», asegura De Mora. En este sentido, Asemesa insta a la UE a desplegar las gestiones políticas y diplomáticas necesarias ante EEUU «para que esta decisión se plasme a la mayor brevedad en unas medidas concretas, de las que la principal de todas debe ser la erradicación definitiva de los aranceles que pesan sobre la aceituna negra española».
Además, Asemesa ha expresado su agradecimiento a los dos Ministerios por la reunión de hoy y la celeridad en la convocatoria, así como el apoyo que, desde ambas carteras del Gobierno español, junto con la Junta de Andalucía, se viene prestando al sector desde el inicio de esta disputa comercial.
Cabe recordar que Estados Unidos decidió imponer aranceles del 35% a las aceitunas negras procedentes de España desde el 1 de agosto de 2018 tras considerar que las ayudas que recibía el sector de la PAC eran ilegales y que la importación procedente de España causaba un daño importante al sector californiano de la aceituna de mesa.
Agronoma.

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