Semana del 10 al 17 de octubre de 2021

Las falsedades en la comunicación terminan por conocerse

21 de octubre de 2021

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado hoy, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, que el próximo jueves, 21 de octubre, se reunirá en Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para informarles del estado de los trabajos de redacción del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y presentarles el resultado de los grupos de trabajo sobre los eco-esquemas. Planas ha remarcado que “necesitamos un acuerdo nacional para lograr una buena PAC para España y una buena PAC para agricultores y ganaderos”.

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En este sentido, ha apelado al espíritu de compromiso y al enfoque constructivo de todos para ser capaces de presentar el plan antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea -confiando en que la Comisión lo apruebe en el primer trimestre- para que los agricultores y ganaderos puedan cobrar la nueva PAC el 1 de enero de 2023.
En su comparecencia ha explicado que, tras establecer el pasado mes de julio un documento de compromiso con las líneas a seguir, el ministerio ha hecho un gran esfuerzo de interlocución para acercar posiciones y dar cabida a las principales propuestas de las comunidades, con un enfoque constructivo e integrador, para terminar de redactar un único plan.
Ha hecho un repaso a los grandes aspectos de la PAC, incidiendo en las novedades y sus principales ejes: la ayuda básica a la renta, los eco-esquemas, las ayudas asociadas y sectoriales, el relevo generacional, la perspectiva de género, el pago redistributivo, la definición de agricultor profesional, así como la nueva dimensión social de esta política común, entre otros.
ECO-ESQUEMAS
Respecto a los eco-esquemas, Planas ha señalado que constituyen una de las novedades más importantes de la nueva PAC, dotados con 1.107 millones de euros al año, para que los agricultores y ganaderos puedan aplicar prácticas en beneficio del medio ambiente.
Ha señalado que “daremos un impulso a las actuaciones de formación y divulgación” para que todos los agricultores y ganaderos tengan información y formación para que puedan acceder a estas ayudas. Todos los agricultores y ganaderos tendrán, al menos, una práctica a su disposición. Además, en este proceso de elaboración se han integrado muchas propuestas de las comunidades autónomas y del sector, con el objetivo de diseñar unos eco-esquemas cuya aplicación sea lo más sencilla posible, logrando al mismo tiempo un beneficio ambiental.
El ministro ha destacado que habrá dos grandes grupos de medidas de eco-esquemas que se engloban para mejorar el balance de carbono (pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y siembra directa o las cubiertas vegetales en cultivos permanentes y para fomentar la agroecología (el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o espacios de biodiversidad (como islas o márgenes para superficies no productivas).
En lo que se refiere al relevo generacional, ha apuntado que habrá 145 millones de euros anuales para la incorporación de jóvenes y que las mujeres –la perspectiva de género se encuentra dentro de los objetivos de la PAC, a petición de España- contarán con un pago superior a la media en esta medida, así como en el caso de las ayudas redistributivas.
El ministro ha asegurado que “la mujer es futuro” y ha destacado que mañana el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con motivo del día internacional de las mujeres rurales que se celebra el 15 de octubre, entrega sus premios anuales de excelencia a la innovación, para poner en valor su trabajo e incentivar el desarrollo de iniciativas lideradas por féminas en el medio rural.
PAGO REDSITRIBUTIVO, DISTRIBUCIÓN MÁS JUSTA DE LA PAC
El pago redistributivo, que se aplicará por primera vez en España, tal y como establece el Reglamento de planes estratégicos, favorecerá a las pequeñas y medianas explotaciones. Supondrá una distribución más justa de las ayudas, ha destacado el ministro, ya que se trata de un pago adicional a las primeras hectáreas de cada explotación en función de la región de pago en la que se encuentren. En estos momentos, ha señalado Planas, el ministerio está analizando con las comunidades autónomas las modalidades de aplicación de este pago.
Respecto al debate suscitado en torno a la definición de agricultor activo y al “agricultor profesional”, ha señalado que esta es “una PAC para todos los que tengan una actividad agraria” y que no se llevará a cabo la exclusión de aquellos que realizan una actividad significativa y con la que ayudan a mantener el tejido social de amplias zonas del medio rural.
En cuanto a la dimensión social (contrato escrito, trabajadores de alta en la seguridad social, etc.) forma parte del “abc de la legislación social”, según Planas, si bien ha precisado que “mi línea roja ha sido que no supusiera mayor carga administrativa” para los perceptores, por lo que la verificación será por parte de la administración general del Estado y las comunidades autónomas.
Planas ha recordado que, en la elaboración de este plan, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mantenido más de 200 reuniones con las comunidades autónomas, representantes del sector, organizaciones y cooperativas agrarias, organizaciones ecologistas y entidades de la sociedad civil, además de con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tras “analizar los más de 600 documentos que nos han llegado”, el ministro ha afirmado que se trata del trabajo de diagnóstico más completo realizado en una reforma de la PAC y con más transparencia en la información publicada, que se encuentra disponible en la página web del ministerio.
Con más de 53.000 millones de euros hasta 2027, agricultores y ganaderos contarán con el presupuesto suficiente para hacer frente a los retos de los próximos años y dispondrán de las herramientas necesarias porque la nueva PAC será más social, más redistributiva y más medioambiental, ha concluido.
MAPAMA.


-La situación energética en Europa está generando grandes necesidades, y también paradojas. Y es que, mientras se han disparado los derechos de emisión de CO2 –una tasa impuesta desde Bruselas para las empresas "contaminantes"– España se tiene que encomendar a una central térmica para poder afrontar el aumento de la demanda de energía con la llegada del invierno. El carbón es uno de los más perjudicados por esos derechos de emisión de CO2.
Se trata de la mayor planta de carbón de nuestro país, situada en As Pontes de García Rodríguez (Coruña), y cuya vida útil terminó el pasado 30 de junio. Sin embargo, la jubilación de la central ha durado bien poco.
Según informan fuentes de la planta a Libre Mercado, As Pontes todavía tiene plena capacidad operativa, ya que su cierre definitivo todavía no se ha llevado a cabo, aunque está previsto para final de año.
"La central tiene capacidad de funcionamiento, pero está parada cuando no es rentable" debido a los precios del mercado y a los altos costes de los derechos de emisión de CO2. Es decir, "no se ha reabierto nada", cuando el carbón puede entrar en la subasta o cuando hay riesgo de falta de suministro, el carbón entra en escena. Por ejemplo, la última vez que se activó fue el pasado mes de julio y también en enero, en pleno temporal de Filomena.
Endesa ya está preparando la central para en las próximas semanas, lo que servirá para evitar problemas de suministro en España. Así, la compañía eléctrica ya ha hecho un pedido de 85.000 toneladas de carbón extranjero, debido a que las minas españolas se han ido cerrando en los últimos años para cumplir con los objetivos marcados desde Bruselas, que no son otros que llegar a las 0 emisiones en el año 2050.
Ahora, la necesidad apremia y el medioambiente parece haber quedado en un segundo plano o, quizás se ha evidenciado la necesidad de apostar por otras fuentes de energía menos contaminantes, como la nuclear, ya que las renovables no son capaces todavía de abastecer al mercado.
Pero la central de As Pontes podría no ser la única que servirá para poder afrontar la actual situación energética que atraviesa España.
A principios de año, Endesa también reabrió la planta de Carboneras en Almería para cubrir la demanda por Filomena. De esta manera, se seguiría el mismo modus operandi que se está llevando a cabo tanto en China como en Alemania –otro país contrario a las nucleares–, que se han visto obligados a abrir de urgencia las plantas de carbón para afrontar la llegada del invierno.


Macron se desmarca de España y anuncia 1.000 millones para construir reactores nucleares.
El Gobierno de Sánchez ha llevado a cabo toda una campaña de demonización contra la energía nuclear.
El presidente de Francia Emmanuel Macron anunció ayer, martes 12 de octubre, una inversión de 30.000 millones de euros, dentro de su plan France 2030, para reindustrializar el país a través de la transición ecológica y digital.
Entre las medidas presentadas por Macron durante la presentación que ha tenido lugar en el Palacio del Elíseo, figura una inversión de 1.000 millones de euros para la construcción de pequeños reactores nucleares. Al contrario que el Gobierno de Sánchez, que ha llevado a cabo toda una campaña de demonización contra la energía nuclear, que se ha saldado con nuestro país teniendo que recurrir antes a plantas de carbón ya inutilizadas, el presidente de Francia sigue apostando por esta fuente de energía menos contaminante hasta que las renovables sean capaces de abastecer al continente.
"Debemos librar la batalla de la innovación y la industrialización al mismo tiempo para financiar nuestro modelo social. Necesitamos un país que produzca más", ha subrayado el presidente francés.
Otro de los objetivos de este plan es producir para 2030 casi dos millones de vehículos eléctricos e híbridos, así como la construcción del primer avión con bajas emisiones de carbono durante este periodo, mientras que otro sector que se verá beneficiado por este programa será la agricultura.
Libre Mercado.

 

-Marruecos en "Fruit Attraction", un problema Real.
Andrés Góngora, responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG
Estamos a pocas fechas de la celebración de una de las ferias más importantes de nuestro país, Fruit Attraction, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas. Es una feria que ha alcanzado una enorme relevancia en estos 13 años y así lo hemos reconocido desde COAG por su papel en la promoción del sector y por colaborar en la salida de las producciones que cultivamos. Un estupendo escaparate para nuestro sector y para las empresas que forman parte de él. Pero cada vez más, un estupendo y cada vez más amplio escaparate para nuestros competidores directos: naranjas de Egipto, bananas de ultramar, uvas de Brasil, tomates de Marruecos…
¿Ganamos los agricultores y agricultoras españoles de frutas y hortalizas compartiendo este espacio con nuestros competidores? ¿No resultarán más favorecidos que nosotros estas empresas foráneas al colocarse a nuestro lado y beneficiarse de nuestra buena imagen, nuestra calidad y nuestro estricto modelo productivo? ¿Se le hace un favor a empresas importadoras que no miran por nuestro futuro sino sólo por sus bolsillos? ¿Podemos exigirle a la distribución comercial española y europea que priorice nuestras producciones cuando nuestras empresas comercializadoras y exportadoras facilitan este fantástico escaparate a importadores y productores de terceros países?
Especialmente llamativo resulta el caso de Marruecos, uno de los principales competidores de las producciones hortofrutícolas españolas en los mercados de la Unión Europea. Nuestra agricultura y agricultores han sido y son moneda de cambio en los acuerdos comerciales entre la UE y el país alauita. Tras estar ausente en las primeras ediciones de la feria, los organizadores se coronaron facilitando su entrada y el posterior crecimiento en metros cuadrados de stand de grandes empresarios marroquíes.
En la edición 2021 choca aún más su presencia. Hemos visto hace pocos meses cómo las presiones políticas y de todo tipo procedentes de los dirigentes marroquíes se han convertido en insostenibles e irresponsables con la utilización de personas emigrantes para obtener réditos económicos, políticos y estratégicos. La propia asociación de comercialización y exportación de Almería, COEXPHAL, señaló en una carta abierta a los supermercados que “el sistema de gobierno del país magrebí tiene poco que ver con una democracia del siglo XXI sino más bien con un sistema feudal del siglo XIII. Las condiciones laborales de los trabajadores que cosechan o elaboran las exportaciones hortofrutícolas son mejorables y sus salarios son ocho veces menores a los que se pagan en España. Los controles sanitarios y de calidad a los que son sometidos no tienen punto de comparación a los que son realizados a los producidos, elaborados o manufacturados en España o en cualquier país de la Unión Europea”. Además, Marruecos incumple reiteradamente el acuerdo comercial con la UE, tanto en contingentes, pago de tasas arancelarias o respeto a la estabilidad de los mercados.
Sin embargo, y contra toda coherencia, se prevé la participación de empresas con producción en Marruecos en la feria Fruit Attraction. Empresas que abrazan ese modelo productivo, duramente descrito en el párrafo anterior y que atacan nuestra rentabilidad y futuro.
Está claro que Fruit Attraction es una iniciativa privada, pero recibe reconocimientos y apoyos públicos. Es evidente que los organizadores de Fruit Attraction tienen libertad para acoger a los participantes que estimen oportuno, pero hay decisiones que no benefician a las agricultoras y agricultores españoles. Quizá es hora de plantearse algunas cuestiones y tomar algunas decisiones. En COAG tenemos claro dónde situarnos.


-La “chifla” o trompetilla de pregonero se ha convertido con el paso del tiempo en el símbolo o emblema de este programa. Desde hace ya muchos años, mediados de la década de los ochenta, AGROPOPULAR comienza con el sonido de este instrumento, que era fundamental en nuestros pueblos y en el mundo rural. Servía, entre otras cosas, para avisar a los vecinos de que llegaba el pregonero a cantar el bando del alcalde, el pregón alertando al pueblo de las mercancías de un vendedor ambulante o cualquier otra noticia de su interés. Bien se puede decir, por lo tanto, que la “chifla” o trompetilla a la que hoy queremos rendir tributo aquí es un símbolo de nuestro mundo rural, cuyos usos y costumbres soportan, un día sí, y otro también, ataques por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, con el silencio cómplice de quien debería defender sus intereses, el ministro de Agricultura, Luis Planas. Como dicen los más jóvenes y modernos “les falta calle” y andan alejados de la realidad.
Ahí van algunos ejemplos de esos ataques. La orden ministerial sobre el lobo, que se sacó de la manga Teresa Ribera, que perjudica a la ganadería extensiva. El cheque cultural para los jóvenes que cumplan dieciocho años en 2022 anunciado por Sánchez y que deja fuera a los toros; se podrá estar a favor o en contra de las corridas de toros, pero lo que no se puede negar es que, hasta ahora, la tauromaquia entendida en sentido amplio forma parte del acervo cultural español, guste o no guste. El anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales conocido esta semana, que está elaborado de espaldas al campo y el mundo rural, y que también tiene su importancia en el medio urbano, dada la gran cantidad de mascotas que pueblan nuestras ciudades. Estos ejemplos son los últimos, pero tampoco hay que olvidar las declaraciones del ministro Alberto Garzón a principios del verano sobre el consumo de carne.
En nuestros pueblos, entre la gente del campo y, en definitiva, entre los amantes de nuestro mundo rural y de sus tradiciones, usos y costumbres, aunque vivan en las ciudades, está calando la idea de que este Gobierno actúa en contra de sus intereses y de que no hay miembros del mismo que los defiendan. Ni Teresa Ribera, por mucho que tenga entre sus competencias eso tan pomposo del reto demográfico, ni, por supuesto, Luis Planas, encargado de la agricultura, la pesca y la alimentación. El malestar va a más cada día (las manifestaciones de los agricultores y ganaderos son solo la punta del iceberg) y en los próximos meses puede saltar la sorpresa. Esos continuos ataques al mundo rural no van a salir gratis. Y, hoy, desde aquí, quiero rendir homenaje a ese mundo rural, que está más vivo de lo que parece, con uno de sus símbolos, la “chifla” o trompetilla del pregonero, que va a sonar excepcionalmente al final de este pregón. Como también dirían los que presumen de estar a la última “ni tan mal”.
El Pregón. C.Lumbreras.


-Se aproxima el momento de la verdad y Luis Planas deberá tomar una decisión. Salvo sorpresa muy grande, el Plan Estratégico Nacional que debe remitirse a Bruselas no va a salir adelante por consenso. Por ejemplo, a fecha de hoy, no veo al consejero de Aragón dando el visto bueno al texto final, porque no se atiende prácticamente ninguna de sus reivindicaciones. Otro tanto sucede, en el momento actual, con las comunidades de la Cornisa Cantábrica y Galicia.
Mucho tendrían que cambiar las cosas en los próximos días para que estas apoyasen las posiciones defendidas desde el Ministerio de Agricultura.
Llegados a ese punto, Planas se enfrentará a un dilema: someter a votación su propuesta final para que cada consejero tenga que retratarse y decir sí o no, asumiendo las consecuencias de su posición, o tirar por la calle de en medio y no someter el papel a votación y asumir él mismo el coste político de las medidas que se incluyan en el Plan Estratégico que se enviará a Bruselas. Eso sí, después de pactar con su colega Teresa Ribera toda la parte medioambiental, que es mucha.
Mientras tanto, el ambiente en el campo se va caldeando. La semana pasada hubo protestas por la política agraria de Planas en Almería y en Zaragoza (de todo Aragón). En esta última, el malestar contra el equipo del Ministerio es más que evidente, tanto entre los responsables de la Consejería como de las organizaciones agrarias.
Esta semana toman el relevo los cultivadores de maíz, que se concentrarán en Madrid, y el sector agrario andaluz, que protagonizara una marcha de coches por las calles de Sevilla. El motivo es el mismo: el desacuerdo con la propuesta sobre el Plan de Planas.
Por otro lado, esta semana se reunirán los altos cargos de las consejerías de Agricultura y del Ministerio para hacer balance de las últimas negociaciones y preparar la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se debería cerrarse ese plan, la figura clave de la futura PAC. Todo lo relativo a los eco-esquemas sigue muy «verde».
La Razón.


-El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, han participado este lunes 11 en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en el que han fijado la posición española en cuestiones como la PAC, en la que España ha pedido que la Comisión Europea tenga un papel más relevante en la redacción final de los Planes Estratégicos. Algo que, a priori, podría beneficiar al Ministerio, que se encuentra encallado en su redacción ante las posturas enfrentadas de todas las CCAA y que podría dejar alguna solución y justificar otras en manos de la CE.
El consejo ha abordado ha abordado un intercambio de puntos de vista sobre el estado de elaboración de los planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC) por parte de los estados miembros. En este debate, el secretario general de Agricultura y Alimentación ha puesto de manifiesto la conveniencia de reforzar la colaboración con la Comisión Europea en esta última fase de elaboración y redacción final de los planes y ha señalado la necesidad dar transparencia al proceso de aprobación de los mismos una vez que sean presentados por los estados. Igualmente, ha apuntado la importancia de simplificar el contenido de los planes estratégicos para adaptarlo a la realidad de los estados miembros que, como el caso de España, tienen una estructura competencial descentralizada, en la que las autoridades de las comunidades autónomas juegan un papel muy importante en el diseño y la programación de las intervenciones.
Agroinformación.

 

-El Gobierno está preocupado por los desperdicios alimentarios, considera que en 3 de cada 4 hogares se desperdician 31 kg por persona al año y esto es intolerable. En especial, le preocupa lo que sucede en los hogares, donde se pierden el 40%, y en los restaurantes, donde se tiran a la basura el 15% de los alimentos.
El Ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, ha presentado un anteproyecto de ley que obligará a los restaurantes a ofrecer bolsas "sin coste añadido" para que los restos que están en el plato no acaben en la basura. También les obligará a tener convenios con bancos de alimentos y otras ONGs. Algo que también se extenderá al comercio. La idea del Gobierno es incidir y favorecer la fecha de consumo preferente en vez de la de caducidad. Así, las tiendas y supermercados tendrán que ofrecer ofertas con los productos que hayan sobrepasado la fecha preferente.
Obligados a vender fruta fea
También las tiendas de más de 400 metros cuadrados ofrecerán una estantería donde venderán, a precio más económico, productos, en especial frutas y verduras, cuyo aspecto poco estético, feo o imperfecto sean menos atractivos pero estén "sanos y en perfectas condiciones". Otra opción que les da el Ejecutivo es transformarlos en "zumos y mermeladas".
El Gobierno también quiere obligar a las empresas de catering, colegios o residencias a tener un plan contra los desperdicios. A las empresas de distribución les da la opción de transformar los alimentos en energía, mediante plantas de compostaje o "biogas". Todas las empresas de la "cadena alimentaria" deberán informar anualmente de las pérdidas que generan. Aquellos que inclumplan las medidas se enfrentarán a multas que irán desde los 6.001 euros a los 150.000.
Luis Planas asegura que es un deber "desde el punto de vista ético y moral" acabar con los desperdicios y asegura que la ley es parte de su compromiso con la Agenda 2030.
Libertad Digital.


-Recientemente, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la estrategia de la Comisión sobre el metano.
Si bien desde el Copa y la Cogeca apoyan muchas de las enmiendas aprobadas, lamentan que una vez más el debate se haya centrado en «objetivos y medidas vinculantes» como única solución.
Los últimos estudios sobre la estrategia «De la granja a la mesa» demuestran claramente que los objetivos no contemplan ni los medios ni las herramientas necesarios, ni la complejidad de las concesiones.
Para las organizaciones europeas, si se suma la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente a los objetivos existentes, «esto podría perjudicar aún más a la ganadería comunitaria y suponer una amenaza a la seguridad alimentaria, al tiempo que crearía inevitablemente una fuga de carbono hacia terceros países».
En el Copa y la Cogeca reconocen que el papel del sector agrario en la reducción de las emisiones biogénicas de metano reviste una importancia capital. Y reconocen que el sector agrícola debe perseverar en sus esfuerzos, siguiendo un planteamiento equitativo e intersectorial, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo y los compromisos de Europa en el marco del Acuerdo de París.
Acogemos con satisfacción que el informe de la Comisión de Medio Ambiente reconozca los esfuerzos de los agricultores europeos, como lo demuestra la disminución del 22% de las emisiones de metano en la UE de los 28 entre 1990 y 2018. También apoyamos el llamamiento de/hacia los eurodiputados para aumentar la adopción de prácticas de gestión del estiércol, así como el desarrollo del biogás para valorizar los desechos y los residuos.
Lamentamos que el debate en torno a un objetivo vinculante haya eludido tantas cuestiones clave, en concreto cómo han de medirse las emisiones de metano en el sector agrícola. Desde el Copa y la Cogeca no podemos apoyar la petición de un seguimiento obligatorio, la presentación de informes públicos y la verificación para todos los sectores emisores de metano, debido a la enorme complejidad y al riesgo de imparcialidad en la recogida de los datos a nivel de las explotaciones agrícolas o de las pymes y a la hora de garantizar su exactitud.
Los miembros del Copa y de la Cogeca instan a las instituciones europeas a profundizar en sus debates y reflexiones sobre el potencial del sector agrícola para reducir sus emisiones de metano, centrándose claramente en soluciones, herramientas y políticas de apoyo que sean, todas ellas, más concretas.
Agroinformación.

 
-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ante el estudio del Banco de España “El acceso a los servicios en la España Rural”, ha calificado de “vergonzosa” la situación que ocupa España en cuanto a la diferencia de bienestar de las zonas urbanas y rurales en cuanto al acceso a los servicios.
Así lo indica el estudio, en el que se indica textualmente: “Los resultados indican que, en España, las áreas rurales presentan una peor accesibilidad a servicios que sus homólogas europeas, mientras que las diferencias no son significativas en el caso de las áreas urbanas.”
Es decir, mientras que, en España, las zonas urbanas han evolucionado a la par que el resto de la UE, la provisión de servicios locales en las zonas rurales de España se encuentra en una peor situación que las zonas rurales de la UE.
Así, el ciudadano medio de las provincias rurales españolas ha de recorrer 12,4 km hasta el servicio local (escuelas, centros de atención primaria, pequeñas tiendas, polideportivos, etc.) más cercano, frente a los 4,8 km, 7,6 km o 4,7 km que recorrería el ciudadano medio en las regiones rurales de Alemania, Francia o Italia.
Respecto a la brecha entre la distancia de acceso a los servicios en zonas rurales y urbanas, España se sitúa entre los primeros países con peores datos, de forma que, de media “los ciudadanos de municipios rurales en España han de recorrer unos 20 km más que los ciudadanos de municipios urbanos para acceder al servicio local más cercano” según se refleja en el estudio.
Para la organización profesional agraria, esto no es “sino el resultado del desprecio y despreocupación de la administración, y se confirma que, para ellos, ser pocos sí resta derechos” critican desde Unión de Uniones.
Según el estudio, parte de esta diferencia en la brecha de acceso de servicios se explicaría debido a los factores geográficos, los efectos fijos de cada comunidad autónoma y factores relacionados con la fiscalidad de los pequeños municipios.
Para la organización el factor geográfico no debería impedir el acceso a servicios locales de calidad y suficientemente accesibles a todos los municipios del territorio nacional, “si lo que se quiere es alcanzar un modelo de vertebración del territorio equilibrado y que permita mantener a la población en el medio rural”.
Además, la organización critica la inacción política cuando se trata del medio rural “estamos cansados de discursos diciendo lo importante y lo mucho que van a hacer por la España Vaciada, cuando después estos discursos van seguidos de inacción política y en el mejor de los casos, falta de presupuestos, planificación y visión de futuro”.
De esta forma, critica que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico únicamente se haya planteado el Plan de Recuperación, con una duración hasta el 2023, como único elemento para mejorar la situación de la España Vaciada, lo que demuestra sus intenciones sean cortoplacistas y que son insuficientes para paliar los problemas crónicos que han provocado que el medio rural se encuentre al filo de su desaparición.

Conclusiones del Banco de España

La facilidad en el acceso a servicios por parte de los ciudadanos de un país o de una región puede considerarse un indicador de su grado de desarrollo económico y social.
En ese sentido, existen desigualdades importantes en la accesibilidad a determinados servicios, no solo entre países con un grado de desarrollo muy dispar, sino también dentro de áreas económicas relativamente homogéneas, como sucede entre los ciudadanos de los países de la UE o entre los residentes en distintos municipios de un mismo país.
En este documento se utiliza un indicador de accesibilidad a servicios elaborado por Kompil et al. (2019) para los países de la UE. Este indicador aproxima la accesibilidad como la distancia mínima al servicio más cercano a dos tipos de servicios: locales (que suelen proveerse a nivel municipal) y regionales (que se proveen en las principales ciudades de la región).
Según este indicador, existe una elevada heterogeneidad en la accesibilidad a servicios entre los ciudadanos residentes en diferentes países y regiones de la UE.
En particular, el acceso a servicios es más difícil para los residentes en áreas rurales que para los que residen en áreas urbanas. Esta peor accesibilidad de las regiones rurales es especialmente elevada en el caso de España, en particular en lo que se refiere al acceso a servicios locales.
Ante esta singularidad, se analizan los factores que podrían explicar las diferencias en la accesibilidad a servicios locales entre los municipios rurales y los urbanos españoles.
De acuerdo con la evidencia disponible, las mayores dificultades de acceso a los servicios locales que tienen que afrontar los residentes en los municipios rurales en España se explican, al menos en parte, por factores orográficos y fiscales. En particular, el diferencial rural-urbano en accesibilidad a servicios se ve aminorado cuando se tienen en cuenta estas características de los municipios, que son claves en la determinación del coste de la prestación de los servicios locales y en su financiación.
No obstante, la importancia relativa de estos factores difiere según el tipo de servicio.
En concreto, la brecha rural-urbana en el acceso a servicios digitales es muy significativa incluso al tener en cuenta las diferencias en factores como la geografía y la fiscalidad municipal.

 
-El Congreso de los Diputados debate, desde primera hora de esta mañana, el decreto que implica un recorte a los beneficios extraordinarios a las eléctricas con el fin de destinarlo a la rebaja del recibo de la electricidad. Sin embargo, las dudas jurídicas y el enfado de las compañías energéticas han hecho que el Gobierno se replantee la medida. Un fallo de precipitación del Ejecutivo, que ahora tendrá que dar marcha atrás pese al enfado de Unidas Podemos, que no ha disimulado su malestar ante un posible paso atrás.
«El Gobierno se equivocó en el planteamiento inicial», aseguraba Jorge Sanz, director asociado de Nera Economic Consulting, hace unos días en declaraciones a El Debate.
La «improvisación» ha empujado al Ejecutivo a un complejo lío parlamentario, donde deshacer posiciones supone un problema político. Lo único cierto es que, a 14 de octubre, Moncloa no ha puesto un paquete de medidas realistas sobre la mesa.
En Italia, el Gobierno lleva meses tomando decisiones y aplicando medidas.
Los problemas en la factura italiana son muy similares a los que sufrimos aquí. Junto con Portugal, hemos alcanzado los precios de la electricidad más abultados de la Unión Europea.
4.200 millones desde junio.
El líder del Ejecutivo transalpino, Mario Draghi, reaccionó en verano. El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) aprobó en junio una inyección de fondos públicos de 1.200 millones de euros para reducir los costes del sistema entre julio y septiembre. Los resultados fueron positivos. El recibo minoró sus subidas en un 9%, antes de la medida la factura crecía al 20%.
En septiembre, Draghi volvió a actuar. Inyectó otros 3.000 millones de euro con el mismo propósito. Roma ya intuía que octubre iba a ser un mes especialmente duro en el mercado eléctrico.
En concreto, el Gobierno del país borró los cargos fijos de las facturas de los ciudadanos y pequeñas empresas. Es decir, el recibo ha dejado de trasladar a estos usuarios los gastos destinados a financiar las renovables, a investigación o el cierre de nucleares. Este cargo fijo supone una quinta parte del importe final a pagar. A partir de ahora, es el Estado quién se hace cargo.
Lo mismo ocurre con la parte regulada de la factura del gas, que Draghi amplió a las grandes empresas.
Con estas medidas a corto, que estarán vigentes hasta diciembre, Italia pretende contener un 40 % la subida de la luz, y un 30 % la del gas.
Una reforma coherente.
En paralelo, Draghi trabaja en una solución más asentada que llegue para quedarse.
Su Gabinete estaría elaborando una reforma con la que se pretende extraer los costes fijos del recibo y trasladarlo a la fiscalidad.
De esta manera, ese coste dejaría de ser discriminatorio, para empezar a ser pagado en función de los ingresos o la renta. El objetivo, es proteger a los consumidores vulnerables.
C.Reus. El Debate.

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