Semana del 3 al 10 de octubre de 2021.

Todo sigue igual

14 de octubre de 2021

Las noticias de la semana mantiene el ritmo y la problemática de la que no llevamos ocupando durante los últimos meses

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-Unión de Uniones, tras un primer análisis sobre el informe publicado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que trata el impacto de la agricultura en el estado cuantitativo de las masas de agua y en qué medida influye la PAC en su uso sostenible, considera que tiene una visión muy reducida y sesgada.
Unión de Uniones cree que el contexto de partida de este informe está incompleto, sin tener en cuenta que la agricultura no usa el agua, sino que la gestiona para la producción de alimentos que consume toda la sociedad y la política agraria no se puede ajustar a la política de aguas de la misma forma que pueden hacerlo otros sectores.
El informe señala que la PAC no asocia las ayudas a requisitos estrictos en cuanto al uso sostenible del agua, cosa que no es cierta porque la condicionalidad de las ayudas agrarias obliga a una gestión respetuosa de los recursos en el regadío.
Además, el propio informe reconoce que la PAC financia proyectos y prácticas concebidos para mejorar el uso sostenible del agua, como equipos de depuración de aguas residuales o proyectos que mejoran la eficiencia de los sistemas de riego.
El Tribunal hace una serie de recomendaciones para que la Comisión pida a los Estado miembros el respeto en el sector agrario a la Directiva Marco del Agua (DMA) con el horizonte del 2025 o que vincule los pagos de la PAC a normas medioambientales sobre el uso sostenible del agua con un escenario de aplicación del 2023.
Pero “esas cuestiones han venido implementadas en la PAC vigente y están ya previstas en la Reforma”, aclaran desde la organización.
Más del 53 % de la superficie de regadío a nivel estatal se hace por riego localizado
Unión de Uniones quiere destacar el esfuerzo que ya está haciendo el sector para gestionar el agua a través de sistemas siempre más eficientes.
De hecho, el regadío representa a nivel estatal sólo un 14% de la superficie agraria útil y su impacto en la producción y el PIB es muy alto, contribuyendo en algo más de 50% a la Producción Final Vegetal, y un 2,4 % al PIB, empleando a un 4 % de su población ocupada.
La organización destaca, además, que en los últimos años, según revelan fuentes del INE, el uso del agua en agricultura se habría reducido sensiblemente. En concreto casi un 22% entre 2000 y 2018 (últimos datos) al pasar de los 22,2 millones de hectómetros cúbicos a los menos de 17,5 millones. Ello ha sido posible, a pesar del aumento de la superficie de regadío, gracias a las inversiones realizadas por el sector en favor de regadíos localizado, que ocupan ya un 53% del regadío. Ello ha permitido pasar de una media de 6.630 m3/Ha., a 4.680 m3/Ha., con una reducción de cerca del 30%, ese período.
Unión de Uniones resalta que, con estos datos y unos requisitos medioambientales cada vez más fuertes por parte de la PAC, la agricultura está gestionando el uso del agua de manera eficiente. Sin embargo, las propias políticas comerciales europeas estarían favoreciendo la intensificación productiva, orientándose a una intensa competitividad con mercados terceros que no tienen las mismas exigencias ambientales
En este sentido, la organización vuelve a insistir en la necesidad de aplicar los principios de reciprocidad con productos que vienen de países terceros y que no cumplen con los mismos estándares medioambientales y sociales que se exige a los europeos.
Unión de Uniones.
-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este martes 5, durante la inauguración de la feria Fruit Attraction 2021, que «la subida de los costes de algunos insumos es evidente que se va a reflejar en el seno de la cadena de valor del sector agroalimentario».
«La subida coyuntural de los precios de la energía, la logística, el empaquetado y de otros insumos ya afecta al sector hortofrutícola y, en general, al alimentario en España, pero también es un fenómeno que está sucediendo en Europa», ha comentado.
Y es que, para Planas, «es evidente que nuestros productores y la industria agroalimentaria han de estar justamente retribuidos por su trabajo», y cobrar unos «precios por encima de los costes de producción», como postula la modificación de Ley de la Cadena Alimentaria que ahora se discute en las Cortes Generales, por lo que esta subida se reflejará en la cadena de valor alimentaria.
Ha ensalzado la feria madrileña al afirmar en el Pabellón de Alimentos de España que, junto a la de Fruit Logistica de Berlín, constituyen los dos principales eventos mundiales del sector hortofrutícola.
Ha tenido unas palabras de apoyo para el sector agroalimentario canario y, en particular, para el de La Palma que, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja ha visto cómo desaparecían o estaban en peligro producciones de plátano, aguacate y vitivinícolas.
Sobre él ha indicado que el Consejo de Ministros ha acordado un paquete de ayudas este martes de las que parte procederán de su departamento para promocionar sus productos agroalimentarios.
«Todos los españoles estamos acongojados con los efectos del volcán de La Palma y sus ciudadanos saben que estamos cerca de ellos y que es importante apoyarles», ha resaltado antes de visitar el stand del Gobierno de Canarias y de la patronal platanera de las islas, Asprocán.
Ha aplaudido la vuelta de la celebración presencial de Fruit Attraction aunque también el acierto de hacerla virtual en 2020 por la pandemia, a la vez que ha comentado que este evento es evidentemente un negocio y también una buena muestra de innovación, diversidad y conocimiento.
MIRANDA INSISTE EN QUE HABRÁ AYUDAS DE LA PAC PARA FRUTAS Y HORTALIZAS, PERO SIN ACLARAR QUE SOLO SI HAY DISPONIBILIDAD FINANCIERA
El ministro ha resaltado el peso de la producción de frutas y hortalizas en España dentro del sector agrario al apuntar que el país, el segundo a nivel mundial con mayor exportación de estos productos tras Estados Unidos, pone en el mercado cada año 28 millones de toneladas por un valor de más de 15.200 millones de euros.
«Es un sector con una ventaja competitiva que es fruto de su buen trabajo», ha asegurado antes de reiterar que, tal y como ha defendido recientemente ante la Comisión Europea, es necesario que los productores comunitarios de frutas y hortalizas tengan «las mismas reglas de juego» que los que exportan desde países terceros.
Agroinformación.

 -La vicepresidenta Teresa Ribera ha defendido la necesidad de que la COP26 dé una respuesta política tanto a los objetivos de mitigación como de adaptación e impulse una financiación a favor de la adaptación
Ribera, que ha actuado como co-facilitadora de las discusiones en torno al Mecanismo de Pérdidas y Daños y la adaptación, ha encontrado consenso entre los delegados para integrar en la respuesta a los desastres climáticos instrumentos que ahora están dispersos, como aquellos dedicados a la ayuda humanitaria o crisis migratorias
Al margen de los compromisos nacionales, España ha defendido otras acciones concretas, como el calendario para el abandono del carbón y compromisos sectoriales que nos sirvan para avanzar en el objetivo de descarbonización
La vicepresidenta Ribera ha mantenido diferentes encuentros bilaterales, entre otros, con el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y el presidente de la COP26, Alok Sharma
A un mes de que comience la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26) en Glasgow (Reino Unido), la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto a la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha participado en la cumbre preparatoria que hasta mañana se celebra en Milán (Italia) con la presencia de representantes de más de 40 países.
La PreCOP26 reúne a ministros de medio ambiente, así como representantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y agentes de la sociedad civil, para discutir aspectos políticos clave de las negociaciones y profundizar en algunos de los temas que se tratarán en la COP26 en Glasgow.
La vicepresidenta Ribera, que ha actuado como co-facilitadora de las discusiones en torno al Mecanismo de Pérdidas y Daños y la adaptación, defendió la necesidad de que la COP26 dé una respuesta política tanto a los objetivos de mitigación como de adaptación e impulse una financiación a favor de la adaptación: “Es fundamental incrementar la financiación destinada a necesidades de adaptación e igualarla a la que se destina a mitigación”, ha señalado Ribera.
REFORZAR LOS MECANISMOS PARA RESPONDER A LOS DESASTRES
En un contexto de aumento de desastres naturales, la vicepresidenta ha explicado que es necesario “reforzar los mecanismos que permitan a los países responder a los desastres provocados por el cambio climático, al tiempo que se genera una respuesta para lograr sociedades mejor preparadas, fomentar la adaptación y construir resiliencia”, para lo que dijo ha encontrado el consenso de los delegados para integrar en la respuesta instrumentos que ahora están dispersos, como aquellos dedicados a la ayuda humanitaria o crisis migratorias.
“Para responder a las pérdidas irreparables de los impactos climáticos que ya estamos sufriendo, es necesario una respuesta rápida tras la catástrofe que ahora no somos capaces de dar, al tiempo que es necesario un mecanismo que permita conectar otras áreas de conocimiento fuera del Acuerdo de París relacionadas con la gestión de riesgos ante desastres y capacidad de generar respuesta rápida”, ha destacado Ribera.
Asimismo, durante las reuniones se ha mostrado el respaldo a mantener y hacer viable el objetivo de París de procurar que el incremento de temperatura se mantenga dentro de los 1,5ºC y a reforzar los compromisos de París con otras acciones concretas, como explicitar el calendario para el abandono del carbón, y la participación de otros sectores como el transporte o el papel de los bosques como sumideros de carbono, que nos sirvan para avanzar en el objetivo. “Se trata de buscar otros enfoques, como las soluciones basadas en la naturaleza, y otras maneras de comprometernos sectorialmente a nivel global para alcanzar los objetivos”, ha destacado.
En este sentido, Ribera ha insistido en que “el objetivo de neutralidad climática a 2050 debe ser compatible con acciones concretas y ambiciosas a corto plazo, esto es, a 2030”. Ha recordado que el último informe del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado agosto, ha confirmado la aceleración del cambio climático y la urgencia de actuar para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC, apuntando en uno de sus escenarios la posibilidad de superar el 1,5ºC en la próxima década si no se ponen en marcha políticas ambiciosas de aquí a 2030.
MITECO.

-No ha sido en la frente, sino en la boca dónde le han dado a Jordi Evole.
Son los riesgos que acarrea ir de listo, cuando no se tiene ni pajolera idea y con el agravante de intentar aparecer moderno y ecologista.
La millonaria estrella de LaSexta anunció en su cuenta de Twitter la dieta vegana que iba a comenzar a seguir gracias a Clara Lago, exnovia de Dani Rovira que había mandado un menú sin contenido animal al catalán.
En un alarde, Evoler decidió compartir con sus seguidores el menú vegano que había recibido ya preparado y cuyo primer plato eran unos macarrones de remolacha.
«Mi amiga @ClaraLago1 está haciendo campaña para que me haga vegano. Hoy me ha enviado este pack de ‘Be clever be vegan’. Y lo estoy flipando bastante. Macarrones de remolacha para empezar».
Eso tuiteaba el presentador acompañando el texto de una foto.
Y empezó la tunda. Primero con comentarios como que que no todas las pastas que se comercializan contienen huevo, por tanto, no es muy novedoso está clase de preparados.
La web de la empresa se promociona bajo el mensaje:
«Estás contribuyendo a la mejora del medioambiente y la reducción del sufrimiento animal, ya que una semana comiendo 100% vegetal equivale a un ahorro de 7.000 litros de agua».
Y es en este momento irrumpió en escena @Tomy_Rohde, un tipo de Córdoba, que se presenta en su perfil de Twitter como «andaluz, agricultor y con bastante mala leche».
De una sola leche, dejó noqueados a Évole y a la empresa de comida vegana:
“Por si no lo sabíais, los macarrones vienen de una cosa que se llama trigo.
Esa cosa llamada trigo, normalmente es de secano.
La otra cosa llamada remolacha, es de regadío.
Entonces los macarrones de remolacha, son menos sostenibles a la par que peores para el medioambiente”
Una respuesta muy aplaudida en las redes, donde el despiporre ante la pifia del progre profesional es de los que hacen época.
H.P.Chamorro. Periodista Digital.

-Londres, 4 de octubre.
El Global Warming Policy Forum (GWPF) advirtió a Boris Johnson que los planes del gobierno para permitir que las empresas de energía retrasen la entrega de los impuestos ecológicos que cobran a los consumidores serían un error desastroso si el gobierno no actúa también para aliviar a los consumidores de electricidad. de la carga de los subsidios verdes de miles de millones de libras a largo plazo.
Según informes del Sunday Telegraph, el gobierno está a punto de permitir que las empresas de energía dejen de pagar los pagos que tienen que hacer a los generadores de electricidad renovable en virtud de la Obligación de Renovables. La medida se considera una medida desesperada para detener la ola de quiebras de proveedores.
Pero no son solo los proveedores los que encuentran imposible de gestionar el coste de los impuestos ecológicos. El consumidor británico, que en última instancia paga todos estos costos, se ve gravemente agobiado, y el costo total de los impuestos ecológicos ahora supera los 10.000 millones de libras esterlinas al año y sigue aumentando.
Además de los subsidios directos, la creciente falta de confiabilidad de las energías renovables aumenta el costo de estabilizar la red nacional, que los consumidores deben pagar en cargos por servicios de equilibrio (BSUoS), que ahora ascienden a casi £ 2 mil millones al año y muestran una alarmante tendencia al alza.
John Constable, editor de energía de GWPF, dijo:
“Es hora de que el gobierno reconozca que la política de energía renovable ha sido un desastre absoluto para el pueblo británico, con ahorros de emisiones sobrevalorados, mercados desestabilizados y una red eléctrica frágil. Es hora de darles un descanso a todos.
Kwarteng está preocupado por los proveedores porque las bancarrotas de alto perfil son profundamente vergonzosas para el gobierno, pero un poco de compasión por los millones de consumidores domésticos que luchan en silencio le haría más crédito ".
John Constable, john.constable@thegwpf.com.

-El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trabaja junto con la consejería de Transición Ecológica, del Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de La Palma en un plan para garantizar el riego de mantenimiento en las plantaciones de plátano afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma.
Para ello, se instalarán dos plantas desaladoras portátiles en el área de Puerto Naos que garantizarán un caudal aproximado de 6.000m3 diarios. Además, el MITECO ha ordenado el traslado de un buque cisterna desde la península que permitirá aumentar de forma sustancial el caudal de agua para riego.
La puesta en funcionamiento de estas plantas tendrá en cuenta los diferentes factores que condicionan este tipo de operativas, como son, en este caso, el traslado hasta Puerto Naos, la calidad de agua en el punto de toma, y el posterior traslado a la red de riego.
Según las previsiones, esta operativa podrá estar en funcionamiento en un plazo de entre diez y quince días, una vez las plantas desaladoras portátiles lleguen a Puerto Naos. Se espera que las instalaciones lleguen a la isla de La Palma este mismo martes
Estas actuaciones son dos de las primeras medidas de urgencia que se implementarán y que se verán complementadas con nuevas acciones que se concretarán en los próximos días. Entre ellas, se prevé el traslado de agua de riego y abastecimiento desde otras zonas de la isla hasta las áreas afectadas, así como el cierre del anillo insular.
Estas medidas se ven complementadas con las actuaciones que el MITECO ha realizado en las últimas semanas para apoyar a los vecinos de La Palma.
El Ministerio ha puesto a disposición del gobierno canario un Avión de Coordinación y Observación para el seguimiento de la actividad volcánica a través de sus cámaras infrarrojas y desplegó una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales para ayudar a los vecinos de la isla en tareas de mantenimiento y limpieza de ceniza. Además, los técnicos de AEMET han instalado instrumental de emergencia para vigilar las emisiones del volcán.
Agroinformación.

-Ricard Ramon i Sumoy. Jefe de unidad adjunto, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea
La Agricultura Europea en transformación.
El sector agrícola europeo está inmerso en un profundo proceso de cambio: la sostenibilidad, la globalización y el cambio tecnológico definirán en la nueva década un nuevo modelo agrícola europeo muy distinto al que hemos conocido. La pandemia del Covid-19 no ha hecho sino acelerar esta transición.

El Pacto Verde Europeo, formulado a finales de 2019, ha sentado las bases del modelo de crecimiento europeo para la próxima década, un crecimiento que será verde o no será. Europa aspira a reducir las emisiones de gases a efecto invernadero en un 55% para 2030 (en relación a los niveles de 1990), y a la neutralidad climática el año 2050. Esta ambición sólo será posible con una contribución del sector agrícola europeo, el cual, además, jugará un papel creciente en tanto que sumidero de carbono.

Europa se plantea, para el año 2030, un modelo agrícola capaz de reducir de un modo sustancial la huella ambiental y climática: en 2030 se aspira a disponer de un 25% de la superficie agraria útil europea bajo el sistema de producción ecológica (hoy tenemos sólo el 8%); también aspiramos a reducir en un 50% el uso y riesgo de los plaguicidas, y reducir en un 50% las ventas de antibióticos para ganadería. Al mismo tiempo, los esfuerzos para mejorar la calidad de las aguas van a continuar, y se reducirá las pérdidas de nutrientes en al menos un 50%, garantizando que no se deteriore la fertilidad del suelo. Finalmente, se ha establecido una meta que prevé incorporar un 10% de la superficie agrícola con elementos de paisaje de alta densidad.

Estas metas son objetivos complejos, con costes en el corto plazo que la Política Agrícola Común va a compensar. Esta transición implicará una aceleración del cambio tecnológico: la extensión de la agricultura de precisión y de la digitalización nos permitirán avanzar hacia un modelo de agricultura basado en el conocimiento, capaz de producir más contaminando menos.

El consumidor, guiado por los poderes públicos hacia dietas más saludables y sostenibles, adquiere un nuevo rol frente al sector productivo y forzará cambios estructurales importantes: cadenas de valor más integradas y, gracias a la digitalización, más transparentes y próximas al consumidor. La próxima década será la década de empoderamiento de un consumidor que, cada vez más exigente y concienciado, revalorizará determinadas producciones. Un sistema alimentario europeo sostenible implica cambios importantes en los valores que se acabarán traduciendo en el propio valor de los productos.

En un contexto globalizado, Europa continuará luchando para extender nuestros estándares al resto del mundo. Pero la dinámica globalizadora (de la que la agricultura europea depende) va acompañada del crecimiento de los mercados locales de proximidad.
Este proceso de cambio va a tener como protagonistas a los agricultores. Es importante reconocer que los productores europeos ya han hecho grandes esfuerzos en los últimos años. La futura PAC 2023-2027, aprobada el pasado junio, va a ser la principal herramienta de apoyo financiero para apoyar a los agricultores en esta transición. Una transición que implicará nuevos modelos de negocio e incluso cambios en el propio concepto de agricultor y en la relación entre éste y el resto de la sociedad.

Entramos en una nueva era en la que la agricultura y los agricultores requerirán un mayor reconocimiento social en tanto que proveedores de alimentos saludables y sostenibles, gestores de unos ecosistemas y vertebradores de un territorio rural. Este cambio socioeconómico implica diálogo entre visiones distintas, enfoques holísticos y construcción de consensos.
Interempresas.
-El Congreso aprueba prohibir la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria y podrán volverse a modificar algunos aspectos.
Los miembros de esta Comisión dieron luz verde al dictamen por 19 votos favorables, 1 en contra y 14 abstenciones, al texto, que incluye el Informe de la Ponencia, modificado con las enmiendas y las correcciones técnicas y de estilo, que fueron aprobadas en dicha sesión del 29 de septiembre.
En concreto, las modificaciones incluyen la prohibición de la venta a pérdidas, la que se realiza por debajo de los costes efectivos de producción en todos los eslabones de la cadena alimentaria, hasta llegar al consumidor final, obligando a incluir en los contratos la indicación de que el precio pactado cubra dichos costes, como se incluyó en la revisión de la Ley en febrero de 2020.
El texto aprobado va más allá y detalla también aspectos para todos los eslabones de la cadena como, por ejemplo, que la distribución no podrá aplicar, ni ofertar un precio de venta al público (PVP) inferior al precio real de adquisición del mismo. Su incumplimiento tendrá la consideración de “venta desleal”, sin perjuicio de lo que establece al respecto en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
No obstante, no se reputarán como desleales las ventas con pérdidas al público de los alimentos o productos alimenticios perecederos que se encuentren en una fecha próxima a su inutilización, siempre que se proporcione información clara de esta circunstancia a los consumidores.
Además, en ningún caso las ofertas conjuntas de los obsequios a los compradores podrán utilizarse para evitar la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
Por otro lado, el operador que realice la venta final del producto al consumidor no podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial, derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.
También se presentó una enmienda transaccional por la que los factores a emplear para determinar el precio del contrato alimentario podrán ser, entre otros, la evolución de la situación del mercado, el volumen entregado y la calidad o composición del producto.
En todo caso, uno de los factores deberá ser el coste efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo en cuenta los costes de producción del operador efectivamente incurridos.
Al respecto, la determinación del coste efectivo habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del ciclo económico o productivo, que se imputará en la forma en que el proveedor considere que mejor se ajusta a la calidad y características de los productos objeto de cada contrato.
El resto de transaccionales abordan asuntos relativos a los registros de los contratos o secretos empresariales.
El proyecto contiene un nuevo artículo que establece detalles de prácticas comerciales desleales así como algunos cambios en las infracciones leves y graves y en las sanciones establecidas.
Al proyecto de Ley se habían presentado más de 300 enmiendas parciales, pero finalmente sólo fueron aprobadas cerca de 40, entre ellas, una para que los agricultores no tengan que firmar y declarar públicamente sus costes de producción, aunque se los tengan que pagar.
Se ha conseguido introducir también otra enmienda para que los contratos detallen, en su caso, las categorías y referencias contratadas y podrán prever la posibilidad de que las categorías o referencias objeto de adquisición se concreten con la orden de pedido.
Por otro lado, el canal Horeca se añadirá en determinadas circunstancias al ámbito de aplicación de la Ley para hacerla más efectiva, y por otra, se señala que el Observatorio de la Cadena Alimentaria tendrá que elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen.
Los parlamentarios acordaron también por mayoría en una disposición transaccional sacar al plátano de Canarias del sistema sancionador al que le exponía la ley, aprobando una serie de excepciones.
Durante el trámite en Ponencia el informe mostró su conformidad con el texto propuesto por el Gobierno y, por lo tanto, no se introdujeron modificaciones.
Trasposición de la Directiva
Este proyecto de ley transpone la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la amplía de acuerdo con su artículo 9, que permite a los Estados miembros «mantener o introducir normas más estrictas». Por esta razón, en lugar de aprobar una nueva norma, se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, del año 2013.
En suma, las modificaciones introducidas, que pretenden «luchar contra la pérdida de valor en la cadena», afectan a su ámbito de aplicación, que se amplía a las Pymes; a las relaciones entre mayoristas; y a las relaciones entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o cuando uno se encuentre en España y otro en un Estado miembro, cuando no resulte de aplicación la legislación del otro Estado miembro.
De igual forma, se amplían las prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos; la modificación unilateral de los términos de un contrato; la divulgación de secretos empresariales o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado, entre otras.
También se regulan los contratos alimentarios, que deberán figurar firmados por ambas partes y formalizarse antes del inicio de las prestaciones.
Asimismo, se modifica la definición de «cadena alimentaria», para incluir los productos agrícolas, que se suman a los alimentarios. También se añaden las definiciones de proveedor, productos agrícolas y alimentarios perecederos, comprador, autoridad pública, secretos empresariales, y entidades asociativas.
El texto también reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como interlocutor con las instituciones europeas y transfronterizas y encargada de establecer el régimen de control necesario para el cumplimiento de esta ley.
Por su parte, las CC.AA. designarán sus propias autoridades en el ámbito de sus competencias.
Tras esta Comisión, que tramitó este proyecto de ley con competencia legislativa plena, el dictamen aprobado, incluyendo el Informe de la Ponencia modificado con las enmiendas y las correcciones técnicas y de estilo que fueron adoptadas, será remitido al Senado, sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso.
Enmiendas e índice de enmiendas al articulado
Valoración positiva de Asprocán
Por su parte, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), que representa a todas las Organizaciones de Productores (OPs), que aglutinan al 100% de la producción de este sector frutícola, ha valorado muy positivamente la aceptación por la mayoría del Congreso de los Diputados de una enmienda transaccional, equivalente a la excepcionalidad de una serie de preceptos de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Asprocan considera que “la mayoría de los grupos parlamentarios ha salvado hoy al plátano de Canarias en el Congreso de los Diputados, al aceptar la enmienda transaccional, presentada por Nueva Canarias y defendida por Pedro Quevedo, que fue consensuada con el sector productor y comercializador.”
Esta enmienda recibió el apoyo de una mayoría suficiente en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, con el voto a favor de los grupos Mixto, PP, Ciudadanos, PNV, VOX, Bildu, Plural y Republicano.
Fue presentada a raíz de dos enmiendas previas de Coalición Canaria y Nueva Canarias y defendidas en esta misma Comisión por los diputados Ana Oramas y Pedro Quevedo y contempla las condiciones equivalentes a la excepción de la norma que, desde el sector y el Parlamento de Canarias, se requería para el plátano de Canarias (se adjunta la enmienda).
En concreto, la misma solicitaba la inclusión de las ayudas en el cálculo efectivo del coste de producción de plátano de Canarias; la consideración del precio medio de todas las ventas a todos sus clientes cada año, y la posibilidad de concretar el precio de venta, después del proceso de maduración de la fruta.
Con esta enmienda, según Asprocan, el sector consigue evitar la pérdida irreparable de hasta el 90% de su producción total, a la que le obliga la actual Ley de la Cadena Alimentaria.
A partir de ahora, añade, el sector platanero de las Islas seguirá trabajando con todos los grupos parlamentarios de cara a la ratificación en el Senado, para asegurarse que esta aprobación se mantiene hasta el final del proceso legislativo de reforma de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria.
Agronegocios.

-El regadío ilegal sigue sin coto pese a la tragedia del Mar Menor.
Las explotaciones y desaladoras que operan sin autorización en el Campo de Cartagena, principales responsables de los vertidos que contaminan la laguna, continúan abiertas y con suministro de agua dos meses después del último desastre ecológico
Murcia es una potencia mundial en industria agroalimentaria. Produce anualmente 3,6 millones de toneladas de frutas y hortalizas y aglutina un 15% de las exportaciones hortofrutícolas a nivel nacional, revelándose así, como la Huerta de Europa.
La agricultura, principalmente de regadío, es uno de los pilares que sustenta la economía regional, pero junto a la ganadería intensiva y el desarrollo urbanístico del Campo de Cartagena, se ha convertido en la causa más importante del colapso medioambiental que desde hace ya varias décadas asola al Mar Menor. Así lo refleja un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica a raíz del episodio de mortandad masiva que el pasado mes de agosto tuvo lugar en la laguna. El documento señala que “la incesante entrada de fertilizantes” que reciben las aguas “procedentes de la agricultura intensiva y otras actividades humanas en el entorno ribereño” han sido los principales desencadenantes del suceso.
El estudio asegura que el exceso de nutrientes y materia orgánica de origen agrícola han desempeñado un papel determinante en el proceso de eutrofización que experimenta la albufera desde hace décadas y que amenaza la supervivencia del ecosistema marino.
Los expertos señalan que el evento extremo de este verano, que provocó la muerte de cinco toneladas de peces, es una muestra más de que el ecosistema lagunar “ha perdido su capacidad de autorregulación” debido a la crisis eutrófica, que limita la entrada de luz hacia el fondo afectado tanto a la fotosíntesis como a la disponibilidad de oxígeno disuelto hasta niveles próximos a la hipoxia.
El informe del IEO confirma una realidad que ha sido ignorada durante mucho tiempo: el acuífero del Campo de Cartagena lleva décadas descargando al Mar Menor volúmenes de agua contaminada por nitratos muy superiores a las cifras oficiales, un hecho por el que la Unión Europea ha reprendido a España en numerosas ocasiones, y que las organizaciones ecologistas llevan tiempo denunciando.
Según cálculos realizados por el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia, las 40.000 hectáreas de regadío que se extienden a lo largo y ancho de la comarca generan 1.575 toneladas de nitratos diluidos en el agua de riego e infiltrada en los acuíferos, lo que supone un promedio de 411 kilogramos diarios. Las cifras oficiales señalan que, en total, el acuífero almacena 300.000 toneladas de nitratos que durante décadas han llegado a sus aguas.
Un modelo basado en el regadío
Gran parte de los cultivos de regadío se ubican en el Campo de Cartagena, una zona de unas 60.000 hectáreas que hace unas décadas era de secano, pero que con la llegada del agua procedente del Trasvase Tajo-Segura comenzó a convertirse en regadío para dar cobertura a un incipiente modelo intensivo de agricultura hortofrutícola, que demandaba grandes cantidades de agua, fertilizantes artificiales y pesticidas. A partir de entonces, el suelo dedicado a este tipo de cultivo no ha parado de crecer.
Según el informe Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena publicado por el Ministerio de Transición Ecológica en 2019, entre 1988 y 2009, el regadío de la cuenca pasó de unas 25.150 hectáreas a unas 60.700 y se estima que hasta la actualidad esta cifra se ha incrementado “entre 15.000 y 20.000 hectáreas adicionales, al margen de las cifras oficiales”. Este importante desarrollo se ha visto impulsado por la aportación de caudales adicionales a los del trasvase mediante depuradoras, pozos y desaladoras, que han favorecido la creación de explotaciones ilegales y las autorizaciones en precario.
La Confederación Hidrográfica de Segura reconoce que existen cerca de 8.500 hectáreas de regadío ilegal en la comarca que están siendo investigadas, y el Miteco señala que se ha abierto expediente sancionador a más de 7.800 hectáreas y que ha incoado casi medio millar de expedientes hasta el momento -207 han sido enviados a la Fiscalía Superior de Murcia y más de un centenar al Gobierno regional. Sin embargo, lo cierto es que todavía no ha comenzado a desmantelarse ninguna explotación ni tampoco se les ha cortado el suministro de agua.
Las consecuencias de la contaminación por la actividad agrícola en el Mar Menor comenzaron a hacerse visibles a partir de 2016 con la aparición de la famosa ‘sopa verde’ pero su origen se remonta a 1994, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura autorizó el uso de acuíferos salubres para paliar el peor episodio de sequía que se había registrado en el siglo XX. El uso de desaladoras privadas creció como la espuma y, una vez superada la crisis, estas instalaciones siguieron funcionando y derivando sus vertidos al Mar Menor.
La carga de nutrientes y fertilizantes que soportaba la laguna comenzaba a rozar los límites del desastre y en 2019 la llegada de una DANA que afectó al sureste de España puso de manifiesto la intensa vulnerabilidad del acuífero. Las fuertes lluvias provocaron una importante avenida de agua contaminada que llevó hasta el Mar Menor entre 500 y 1000 toneladas de nitratos y 35 toneladas de amonio. El fenómeno dio lugar a un episodio de anoxia que, poco después, acabo generando una nueva catástrofe ambiental, esta vez provocando la muerte de todo tipo de especies.
Las autoridades decidieron entonces tomar medidas y pusieron en marcha una operación por la que se llegaron a clausurar 31 pozos y desaladoras ilegales en fincas agrícolas. También ampliaron el listado de sospechosos del Caso Topillo, un proceso judicial que desde 2017 investiga el presunto uso ilegal de desalobradoras y el vertido de nitratos.
A día de hoy, las desaladoras ilegales siguen constituyendo un grave problema. WWF y Anse denuncian que hay el funcionamiento “más de 1.000 desaladoras ilegales que arrojan sus vertidos contaminantes a través de salmueroductos y drenajes al Mar Menor”. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hay más de 660 expedientes abiertos contra este tipo de instalaciones, 211 han sido precintadas y otras 55 se han desmontado.
Un histórico desencuentro
La contaminación es la causa tangible de la agónica situación que atraviesa la laguna, pero lo cierto es que la inacción política y los deficientes procedimientos llevados a cabo por las autoridades competentes han facilitado el proceso. En vez de tomar medidas capaces de resolver el problema, el Gobierno regional y el central (a través de la Confederación Hidrográfica del Segura) llevan años responsabilizándose mutuamente de la situación.
Aunque el último episodio de catástrofe medioambiental sirvió para acercar posturas, la ministra Teresa Ribera y el presidente regional, Fernando López Miras, no acaban de ponerse de acuerdo en el tipo de medidas que se deberían implementar. Ni en quien debe asumir la responsabilidad de desmantelar los regadíos ilegales. Así, mientras Ribera apuesta por iniciativas que atajen el problema en origen, López Miras se inclina por aplicar actuaciones urgentes como construir una planta desnitrificadora o, incluso, vaciar el acuífero. También ha exigido abrir la gola de Marchamalo -un canal que conecta el Mar Menor con el Mediterráneo- para permitir que se oxigenara la albufera, pero esta petición no cuenta con el respaldo científico. El Colegio de Biólogos de Murcia ha tildado la propuesta de “temeridad y actuación contraria a toda evidencia científica”.
Asimismo, el presidente murciano también ha pedido la transferencia de las competencias de costa y cuencas concernientes al Mar Menor para aplicar políticas en favor de la albufera. Unos días después anunció que prohibía el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la denominada ‘zona 1’ del Mar Menor, que afecta a terrenos de los municipios ubicados en San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La Unión. También se comprometió a reducir a la mitad los plazos administrativos para tramitar expedientes sancionadores, necesarios para restituir los terrenos de regadío ilegales.
La ministra Ribera, por su parte, ha presentado recientemente la Estrategia Integral de Recuperación del Mar Menor, un plan que contempla una inversión inicial de 317 millones de euros e incluye medidas para la protección del dominio público hidráulico derivadas de la declaración del acuífero en riesgo químico. Entre otras, vetar el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 1.500 metros de la orilla lagunar, limitar el número de cosechas, implantar un registro de explotación agraria, colocar sistemas para monitorizar el uso de agua de riego y para el control y seguimiento de la fertilización mineral en los regadíos, o la creación de entidades colaboradoras para la inspección, control y vigilancia.
La estrategia también incorpora proyectos de control de escorrentías y de defensa frente a inundaciones, la creación de áreas de laminación que sirvan de colchón y medidas para renaturalizar el entorno.
I.Oria.El Economista.
-La actual subida de los precios de la energía amenaza con eclipsar la cumbre climática COP26 de noviembre, mientras los países luchan por hacer frente a los crecientes costes de la electricidad, el petróleo y el gas, advirtió un alto ejecutivo de la eléctrica española Iberdrola.
A medida que el mundo se reabre después de la pandemia de COVID-19, la repentina alta demanda de gas, combinada con otros factores, ha provocado un aumento en los precios de la energía.
Pero las políticas implementadas por los gobiernos europeos para tratar de abordar el aumento de los precios corren el riesgo de parecer hipócritas a la luz de la ambición climática que están exigiendo al resto del mundo en la cumbre COP26.
España, por ejemplo, ha limitado los precios de la gasolina y ha reducido los impuestos para ayudar a aliviar parte de la tensión.
“A pesar de la perspectiva positiva para la transición energética a nivel de la UE, la subida de los precios de la energía podría poner en peligro la acción climática de la UE”, dijo Gonzalo Sáenz de Miera, director de cambio climático y alianzas de Iberdrola, la multinacional eléctrica española.
“Esta situación amenaza el caso de un rápido cambio a fuentes de energía limpia por algunas medidas aprobadas recientemente por algunos estados miembros de la UE”, dijo en un evento de EURACTIV el jueves (30 de septiembre), apoyado por Iberdrola.
Líderes de la UE debatirán sobre el alza de los precios de la energía.
Los líderes de los países de la Unión Europea discutirán el aumento de los precios de la energía cuando se reúnan el próximo mes, mientras los gobiernos luchan por proteger a los hogares del creciente costo del gas y la energía.
Mensajes contradictorios.
La crisis de los precios de la energía se produce en medio de los llamamientos del líder del Reino Unido en la COP26 para un acuerdo global para poner fin al uso de la energía del carbón y cambiar a las energías renovables.
Sin embargo, existe el peligro de que la contracción de los precios de la energía esté teniendo el efecto contrario, socavando el incentivo para descarbonizar creado por el mercado de carbono de Europa, el ETS (Emissions Trading Scheme), donde los precios alcanzaron un máximo histórico de 65 € por tonelada la semana pasada.
Para tratar de mitigar los impactos de la crisis de precios, se han reabierto las centrales eléctricas de carbón y los gobiernos han reducido los impuestos a las empresas de energía, esencialmente proporcionando subsidios para los combustibles fósiles.
“Lo que está pasando ahora por ejemplo en España, es que se cobra a las plantas no emisoras para extraer los ingresos de los altos precios del gas y de los altos precios del CO2. Este es un mensaje muy malo en Europa”, advirtió de Miera.
“No cumple con el mercado único europeo. Puede quebrar el ETS si algunos gobiernos populistas de países de la UE dicen que los usuarios españoles no están pagando por el CO2, ¿por qué tengo que pagar por él? Así que este es un movimiento muy peligroso” dijo De Miera.
De Miera advirtió que esto también crea confusión en el mercado energético y provocará una caída en las inversiones en renovables.
Esto es exactamente lo contrario de lo que se necesita. El jefe de clima de la UE, Frans Timmermans, instó a Europa a duplicar las energías renovables, cuyos precios se han mantenido bajos durante la crisis.
“En lugar de estar paralizados o ralentizar las cosas debido al aumento de precios ahora en el sector energético, deberíamos acelerar las cosas en la transición a la energía renovable para que la energía renovable asequible esté disponible para todos”, dijo Timmermans.
"Esa es, creo, la lección que deberíamos extraer de la situación actual", dijo al Parlamento Europeo el 14 de septiembre.
Más energías renovables es la mejor respuesta al aumento del precio de la energía, insiste Bruselas.
Un despliegue más rápido de energías renovables como la eólica y la solar es la mejor respuesta a los recientes picos en los precios del gas y la energía, dijo un funcionario de la UE el miércoles (29 de septiembre), repitiendo declaraciones anteriores de la Comisión Europea.
La UE necesita más ambición para la COP.
La crisis de los precios de la energía es solo la última preocupación en el período previo a la cumbre climática de la ONU de noviembre, con otros problemas que incluyen la falta de vacunas para el Sur Global y los países desarrollados que constantemente no cumplen con los niveles prometidos de financiamiento climático para las naciones en desarrollo.
Además de todo esto, la UE todavía no está en camino de alcanzar el límite de calentamiento global previsto en el Acuerdo de París, advirtió el eurodiputado verde alemán, Michael Bloss, quien citó una investigación independiente realizada por el Climate Action Tracker que muestra que la UE todavía no lo está haciendo. su parte justa para hacer frente a la crisis climática.
“Realmente ayudaría a nuestra credibilidad a nivel internacional si tuviéramos un objetivo climático que esté en línea con el límite de temperatura de 2 ° C o 1,5 ° C, porque de lo contrario es realmente difícil para Europa decirle, a otros, que deben hacerlo más iniciativa para cumplir con el Acuerdo de París”, dijo Bloss en el evento EURACTIV.
Más que promesas, son las políticas reales las que ahora se necesitan con urgencia, añadió Simone Tagliapietra, investigadora principal de Bruegel. “Es de suma importancia pasar de los objetivos a los caminos en este punto de la crisis climática. Es muy importante tener planes de implementación claros”, dijo, señalando a China y Estados Unidos, que aún no han adoptado las leyes y regulaciones necesarias para cumplir con sus objetivos climáticos.
Se necesitan políticas claras para proporcionar un sentido de dirección e impulsar las inversiones en tecnologías limpias, enfatizó Tagliapietra. Y las intervenciones actuales contra el aumento global de los precios de la energía no son la respuesta correcta, advirtió.
Euractiv.

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