Semana del 30 de enero al 6 de febrero de 2022.

La tension generadda por el ministro Garzon, no baja

09 de febrero de 2022

La tensión que vive el sector ganadero desde hace tiempo ha estallado este lunes 31 en Lorca (Murcia), cuando un grupo de ganaderos han provocado la suspensión del pleno municipal al invadir la sala. Se trata de un problema local, relacionado con una modificación del plan general que regula la distancia entre las granjas y los núcleos de población, pero es un reflejo de cómo está viviendo el campo la crisis no solo de rentabilidad, sino de acusaciones y campañas de desprestigio de todo tipo contra él.

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Policía Local de Lorca tuvo que desalojar este lunes a una treintena de ganaderos exaltados que se manifestaban junto a otras 500 personas en la puerta del Centro de Desarrollo Local, en cuyo interior se iba a celebrar el pleno del ayuntamiento, tras haber saltado el cordón policial que protegía el edificio.
El grupo de manifestantes ha burlado la seguridad policial y ha subido por las escaleras hasta la cuarta planta, profiriendo gritos y amenazas contra el equipo de gobierno y advirtiendo de que iban a quemar el edificio, en una protesta que ha llevado a suspender finalmente la sesión plenaria.
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha condenado los hechos y los ha calificado de «atentado a la democracia, que recuerda al asalto al Capitolio» de enero de 2021.
CONDENA DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO MURCIANO MIENTRAS QUE VOX Y EL PP LOCAL RESPALDABAN A LOS ASALTANTES
En declaraciones a los periodistas, el regidor ha expresado su repulsa por el comportamiento de un grupo de personas que «ha invadido una propiedad municipal» para «intentar agredir y coaccionar la libre deliberación y el libre voto del máximo órgano de representación municipal», y ha confiado en que todos los grupos «condenen» lo ocurrido esta mañana «por respeto a los 25 concejales que forman parte de la corporación».
Ha expresado también su «desconcierto» por los motivos que han llevado a los ganaderos a protagonizar estos hechos, una modificación del plan general que regula la distancia entre las granjas y los núcleos de población y que afecta a las instalaciones nuevas o ampliaciones de existentes, pero no a las cerca de 700 que operan en el término municipal.
Los manifestantes han llegado a la puerta del despacho en el que el alcalde, Diego José Mateos, el concejal de Urbanismo y representantes del sector ganadero se reunían para tratar de desbloquear la crisis generada a costa de una modificación del plan urbano que limita la construcción de granjas de porcino.
Por su parte, el Gobierno de la Región de Murcia ha lamentado y condenado este lunes los actos sucedidos en el Ayuntamiento de Lorca, al tiempo que hace un llamamiento «al diálogo y el entendimiento» porque «la actitud de unos pocos no define ni puede representar a la de todo un sector que se manifestaba pacíficamente».
«Este tipo de actitudes no tienen cabida en la sociedad actual por lo que reprobamos lo ocurrido en el día de hoy», agrega el Ejecutivo autonómico en un comunicado oficial.
Por su parte, el Partido Popular y Vox han apoyado en las últimas horas la protesta de los ganaderos, que han colapsado el tráfico por el centro de la ciudad a primera hora de la mañana
En la manifestación han estado, entre otros, las alcaldesas «populares» de Puerto Lumbreras y Fuente Álamo, María Ángeles Túnez y Juana María Martínez, respectivamente, que respaldaban la tensión que vive el sector ganadero.


 -El Gobierno quiere aprobar el Perte del agua antes de abril.
El proyecto pretende impulsar la digitalización del sector y prevé movilizar 3.000 millones de euros hasta 2026 a través de los fondos Next Generation. La ministra para la Transición Ecológica confirma que los primeros 400 millones ya están contemplados en los Presupuestos Generales de 2022.
Un plan transversal para digitalizar el sector del agua en España con el objetivo de optimizar el uso de este cada vez más escaso recurso capital para la sociedad, ahorrar en su consumo y evitar su desperdicio. Se trata de una herramienta largamente demandada y, finalmente, proyectada por el Gobierno, que tiene previsto comenzar a implementarla durante el segundo trimestre de 2022 a través de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) anunciado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El Gobierno ultima estas semanas los detalles de este proyecto que contempla, hasta 2026, inversiones públicas de hasta 3.000 millones de euros, de los que los primeros 400 ya están contemplados en los Presupuestos Generales de 2022. Los recursos, procedentes todos de los fondos Next Generation, servirán también para adecuar el sector del agua en España a las exigencias de la Comisión Europea.
“Debemos invertir para digitalizar toda la gestión de los recursos hídricos y de los usos del agua que se hacen en la industria”, sostiene la vicepresidenta Ribera, que añade que “un conocimiento exhaustivo e inmediato permitirá detectar una falta de eficiencia, una fuga o un problema de contaminación, y es algo absolutamente clave”.
No obstante, el Perte del agua no sólo contempla herramientas para la digitalización de los usos del recurso en la actividad industrial.
Más allá, el fin último es digitalizar completamente la gestión del agua en nuestro país, modernizando también los ciclos urbanos, los sistemas de riego y reforzando la seguridad de las presas y embalses.
Para procurar esta digitalización, el Perte contempla el desarrollo de un plan integral de formación en TIC, la creación de un banco de datos compartido, la incorporación de técnicas de big-data para la gestión de datos hídricos y sistemas de análisis avanzados para planificar y tomar decisiones de gestión.
Asimismo, se establece como prioritaria la apuesta por el uso de recursos como imágenes captadas desde drones o satélites, los planes de cirberseguridad y el desarrollo de trabajos ya proyectados anteriormente, como la promoción de contadores inteligentes. En este último caso, ya hay redactado un plan que aspira a instalar hasta 13,5 millones de contadores digitales; una propuesta coordinada por 12 empresas del sector del agua urbana, del gas y compañías tecnológicas con el que España se convertiría en el país líder en el parque de contadores digitales para monitorizar el uso del agua en el ciclo urbano.
Colaboración público-privada.
Más allá de los 3.000 euros de financiación pública previstos en el Perte del agua, el Gobierno prevé también la movilización de los fondos de la Unión Europea de los que el país podrá servirse en concepto de préstamos retornables para procurar, de esta forma, la implicación de entidades privadas.
El mecanismo de crédito asociado a los fondos Next Generation prevé, para España, una partida de más de 70.000 millones de euros, si bien todavía no están definidos los procesos para acceder a ellos.
Aún así, ya están contemplados en la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia redactado por el Gobierno, que prevé el comienzo de su ejecución a partir de 2023.
La Comisión Europea apunta al 31 de agosto de 2023 como fecha límite para que los Estados miembros soliciten, presentando proyectos concretos, los primeros préstamos, aunque el Ministerio de Asuntos Económicos ha avanzado ya que pretende adelantarse a esa fecha y el Ejecutivo trabaja en el estudio de inversiones que puedan implementarse con estos créditos. Por ello, se estima que el Perte del agua, coordinado por el Miteco, multiplicará su previsión económica a partir del año que viene.
Un Perte necesario.
Los recursos hídricos se revelan como claves para el desarrollo socioeconómico de docenas de sectores y de todo el territorio. Teresa Ribera alude al Plan Nacional de Energía y Clima para fundamentar la urgencia del Perte del agua, recordando que “las previsiones realizadas para España alertan de la disminución de los recursos hídricos y de la calidad del agua”, y anuncia además eventos extremos como prologadas sequías y el aumento de la temperatura. El proyecto para digitalizar el sector del agua queda así elevado a la categoría de prioritario, siendo el tercero sólo por detrás del previsto para el vehículo eléctrico y conectado y el de energías renovables, y habiéndose adelantando al de economía circular.


-El vino español se enfrenta a la tarea pendiente de revalorizar sus ventas al exterior: Menos granel y más calidad
España se ha consolidado como el principal exportador mundial de vino en volumen, pero tiene en su debe, la tarea de revalorizar sus ventas al exterior para acercarse a la mayor facturación que obtienen los otros dos grandes proveedores, Francia e Italia, líderes en las ventas internacionales en valor.
Es la gran «asignatura pendiente» del sector vitivinícola español, señala el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, un problema histórico que responde a una diversidad de causas, de imagen, experiencia y bajos precios de venta.

Según los últimos datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), con el resultado interanual a septiembre de 2021, España lidera el crecimiento global de las exportaciones en volumen con 2.342,7 millones de litros, por delante de Italia y Francia, con 2.188 y 1.466 millones de litros, respectivamente.
Sin embargo, el valor de los envíos españoles en el periodo (2.891 millones de euros) está muy por detrás del de estos dos países europeos, con Francia exportando por valor de 10.819 millones de euros e Italia por 7.001 millones de euros.
Los diferentes actores implicados trabajan para revertir esta situación y conseguir más dinero por cada litro que se vende, algo que generaría «muchísimo mayor bienestar y riqueza» para el conjunto de sector», comenta el director general del OEMV, Rafael del Rey.
EL VINO A GRANEL, DEMASIADO BARATO
El tipo de vino que mejor ilustra esta situación es el granel (recipientes de más de 10 litros): las ventas de España suponen el 36% de todo el granel exportado en el mundo, pero lo hacen a un precio medio de apenas 37 céntimos por litro, muy inferior al resto de los proveedores.
En comparación, países como Australia venden a 89 céntimos y otros como Italia lo hacen a 71 céntimos.
«Tenemos un porcentaje de ventas a granel muy grande a muy bajo precio. El nuestro es un granel en el segmento más económico del mercado», indica Del Rey.
Esta gran venta a granel de poco valor «influye en la imagen del vino español», apunta Benítez, y hace que «la mentalidad de algunos importadores sea la de que el vino español es barato».
El destino de este vino también es un motivo de preocupación, ya que está muy concentrado en Francia, Alemania, Italia y Portugal, países que son a su vez productores y exportadores de vino.
«Cerca del 80 % de las ventas a granel españolas están concentradas en esos cuatro mercados. La preocupación es que nuestras ventas a esos mercados van a depender mucho de cuánto vino tengan ellos cada año y de cómo les vayan sus ventas», comenta Del Rey.
MEJORA EL VALOR DE LOS ENVASADOS
La exportación a granel se incrementó un 25% entre enero y noviembre del año pasado, según datos del OEMV, y con 1.210,73 millones de litros representa el 56,40% del volumen total de ventas en el periodo, pero debido a su bajo precio su peso en la facturación es de sólo el 16,40%.
El 43,6% del volumen restante se corresponde a exportaciones de vinos envasados (recipientes de menos de 2 litros), producto que experimentó un alza en número de ventas del 6,1% en los 11 primeros meses de 2021 hasta los 936,40 millones de litros y que supone el 83,6 % de la facturación que logró el sector español en el periodo.
Esta facturación creció en un 11,6 % hasta noviembre del año pasado, totalizando 2,227,68 millones de euros, gracias al aumento en un 5 % de sus precios, hasta los 2,38 euros por litro.
El rendimiento de estos caldos es cada vez mejor y «se vende a precios muy razonables», como comenta Benítez, pero aún están muy lejos de los 6,56 euros por litro a los que vendió Francia en el interanual a septiembre de 2021 o los 3,82 euros por litros a los que despachó Italia.
El destino de las ventas en valor de los vinos españoles en general está más diversificado, aunque destacan Alemania, desde donde se facturaron 354,1 millones de euros entre enero y noviembre de 2021, y Reino Unido, con 344 millones de euros.
Este último es a su vez el principal destino de los envasados españoles, con una facturación de 272 millones de euros.
Destaca también el crecimiento en la venta de envasados en valor a China, con un alza del 32,8 % en el periodo hasta los 92,9 millones de euros.
DIVERSOS FACTORES LASTRAN EL VALOR DEL VINO ESPAÑOL
España es un «grandísimo exportador» de vino y se ha convertido en líder en volumen de ventas, pero por una serie de factores el valor que extrae de esa cantidad de litros es menor que la de otros proveedores, lamenta Del Rey, que reconoce que hay que revalorizar sus ventas al exterior.
Entre estos motivos enumera «la relativa menor experiencia en los mercados internacionales que tiene España en comparación con Francia e Italia».
«La salida masiva de vinos españoles a los mercados mundiales es algo relativamente reciente, de los últimos 15 o 20 años, lo que quiere decir que todavía están por asentarse muchas redes de distribución», señala Del Rey, idea en la que también coincide Benítez.
Del Rey apunta igualmente a la «autoestima», a creer en los vinos propios y defender su calidad y su precio.
«Tenemos que trabajar mucho la imagen de nuestros vinos para que se puedan vender más caros», señala Benítez, que valora toda la labor que hacen asociaciones y agentes estatales para la promoción del vino español.
De conseguir esa mejor presentación y revalorizar sus ventas al exterior, se entraría en un círculo virtuoso por el cual el mayor valor del vino repercutiría a su vez en una mejor imagen, concluye Del Rey.
Agroinformación.


 -Editorial del número 287 de la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería de la UPA.

Las y los ganaderos, con el apoyo y solidaridad de todo el sector agrario, hemos asistido perplejos, atónitos e indignados, a principios de 2022, a un debate que nunca debería haberse producido, a partir de unas declaraciones inoportunas de un ministro del Gobierno de España, cuya dimensión no descansa tanto en el contenido de lo declarado como en la trascendencia institucional del declarante, en tanto que ministro de Consumo.
En apenas unos días, tras el paréntesis navideño, se desató una tormenta con tintes de tragedia nacional, en la que por momentos iba a saltar por los aires la coalición de Gobierno, mientras los partidos de la oposición pedían las cabezas de todos sus miembros, especialmente la de su presidente, por consentir el dislate.
Y todo ello por una entrevista con el ministro de Consumo en un periódico británico, en la que cuestionaba el buen trato de los ganaderos españoles a sus animales, las buenas prácticas de las supuestas macrogranjas españolas y la calidad de la carne que se exporta a todo el mundo, incluido el mercado de Gran Bretaña.
Pasado el efecto gaseoso de una crisis más artificiosa que real, que tan rápido como se infló se desinfló, nos toca ahora a nosotros gestionar los rescoldos de ese incendio y el poso que inevitablemente queda en la sociedad, una vez sembrada la duda sobre la profesionalidad y el buen hacer de un sector de sectores que, en torno a lo que se conoce como complejo ganadero-cárnico, se extiende desde la producción a la industria y el comercio especializado, hasta llegar al consumo, dentro y fuera de España.
El interés político-mediático a corto plazo se agota cuando la polémica pierde el prime time y se sustituye por otra nueva y radicalmente diferente. Pero siempre quedan restos, en este caso posicionando a unos y otros sectores de la sociedad en torno a la mayor o menor parte de razón que cada cual concede, en función de afinidad o aficiones propias, a lo dicho por el ministro.
Lo triste, en este caso, es que todo el jaleo no se ha producido por una acción política, por una gestión con sus efectos prácticos, más o menos acertada según quien la valore. Tan solo se trataba de una opinión lanzada en una entrevista, sin mayor justificación concreta. Estamos muy preocupados, no puede ser de otra forma. Porque a pesar de nuestro esfuerzo por la denuncia rápida, la comunicación y la búsqueda de puentes para evitar desbordamientos incontrolables, somos conscientes de que esta no será la última vez que suceda algo así.
Y, sobre todo, nos preocupa por la influencia que inevitablemente tienen estas algarabías de opinión sobre la juventud urbana, en la edad en que se forma criterio y opinión sobre casi todas las cosas; en este caso sobre una realidad que a los jóvenes de las ciudades les resulta más lejana en el carácter real de la producción ganadera, pero con la que conviven inevitablemente en la última fase de la cadena, ya sea cuando se ponen a comer, de acuerdo con el patrón mayoritario de una dieta variada y saludable, como cuando optan por otros modelos excluyentes de algunos productos.
Se justifica así que pidamos a todos los ámbitos de responsabilidad pública que, cuando lanzan sus mensajes a la sociedad, muestren al menos el mismo sentido y sensibilidad que nosotras y nosotros ponemos en nuestro trabajo diario en las granjas de todos los sectores ganaderos y territorios de España.


-La fresa blanca o «Piniberry» (fusión de piña y baya), cuyo cultivo se está poniendo de moda en los campos de Huelva, concretamente en Lepe, se ha convertido en una fruta muy demandada en países como Japón, donde es conocida como «shiroi houseki» (joya blanca), por su curioso sabor a piña y su elevado precio.
Esta fresa nace de la hibridación natural mediante la fusión de otras dos variedades que son Fragaria chiloensis y Fragaria virginiana.
Pero esta exótica baya no es nueva. Se trata de una fruta ancestral en los bosques sudamericanos, y que llegó a Francia desde Chile en el año 1700.
Además, agricultores de los Países Bajos evitaron su extinción en 2003. Su color blanco es consecuencia de una deficiencia de una proteína que hace que al madurar la fruta no adquiera el color rojo intenso al que estamos acostumbrados.
Pioneros en Huelva
Ahora, la empresa Masiá Ciscar, vinculada al sector hortofrutícola de Huelva desde hace 45 años y con sede en Lepe, ha decidido apostar por la producción y comercialización de fresas blancas durante la actual campaña de frutos rojos 2021/2022, cultivando en media hectárea de terreno y a modo de prueba, la variedad “Florida Peard Brand FL”, para que esté disponible a la mayor brevedad posible para su distribución y posterior comercialización en el país.
Según ha explicado el director de marketing de la hortofrutícola, Carlos Masiá, una vez concluya la campaña se analizará la aceptación de esta fresa en el mercado nacional. «Por ahora se trata de una novedad dentro del sector que está teniendo un cierto boom, pero aún desconocemos su alcance y su aceptación real» ha señalado, además de añadir que, si los resultados son positivos, están preparados para dar una respuesta en las próximas campañas.
Un precio más elevado
Uno de los aspectos más destacados de esta fruta es su elevado precio. Los japoneses son los consumidores que más demandan esta fruta. Por una docena de este codiciado manjar, el precio que se puede llegar a pagar es de unos 60 euros. Mientras, en China cultivan su propia variedad de fresas con sabor a piña, con un precio que oscila entre los 28 y 42 euros por kilo.
Sobre si la fruta albina de Masiá Ciscar que se cultiva en Lepe y que solo se está comercializando, por ahora, en los mercados nacionales, tendrá la misma valoración y cotización que las fresas blancas japonesas, el responsable de la empresa onubense ha manifestado que «no creo que lleguemos a esos valores, pero habrá que estar preparados».
Beneficios similares a los de la fresa tradicional
En cuanto a las propiedades nutricionales de la fresa albina, cabe destacar que son prácticamente las mismas que sus parientes más populares. Así pues, la fresa blanca es rica en vitamina C y por ser una buena fuente de fibra; contiene vitamina A (buena para la piel, los huesos, el pelo y la vista) y favorece el sistema inmunológico. Además, su consumo es favorable debido a su aporte de minerales como el magnesio, el potasio, y el fósforo, entre otros.
J.M.Brazo. Agrónoma.


-Sin Estudios de impacto.
Los eurodiputados miembros de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Parlamento Europeo debatieron la semana pasada de forma conjunta sobre la estrategia de la granja a la mesa, que presentó en su día la Comisión Europea, y solo estuvieron de acuerdo en un punto: en pedir a Bruselas un estudio de impacto sobre las consecuencias que tendría la aplicación de las medidas incluidas en esa propuesta, porque ni las presentó en su día, ni las ha redactado hasta el momento. Bueno, matizo, porque estuvieron de acuerdo en otro punto: que, estando de acuerdo en el punto primero, se hallaban en desacuerdo en todo lo demás, porque la verdad es que unos y otros se tiraron los trastos a la cabeza, por utilizar una expresión coloquial.
Así, los eurodiputados agrícolas manifestaron su preocupación por el impacto que tendrán sobre la producción agraria de la UE las medidas de reducción del uso de fitosanitarios, abonos químicos y antibióticos que ha propuesto la Comisión Europea, así como el aumento de la superficie ecológica. Los eurodiputados medioambientales consideran, por el contrario, que los efectos a largo plazo serán beneficiosos y que no se puede seguir con la situación actual.
Y, en España, Planas tampoco es muy dado a presentar estudios de impacto de algunas de las propuestas que elabora. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no ha publicado hasta el momento ni un solo informe con las repercusiones de la aplicación en las diferentes Comunidades Autónoma del Plan Estratégico de Planas (PEPLA), que ha remitido a la Comisión Europea para su aprobación. Algunos consejeros de Agricultura han pedido esos estudios, pero Planas y su equipo han hecho oídos sordos.
Por cierto, que el Gobierno ha perpetrado otro ataque a una parte del sector agrario, según ha denunciado ASAJA, que rechaza la última propuesta para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De acuerdo con sus cálculos, supondría para los autónomos agrarios un incremento de los costes sociales de cerca del 40 por ciento. Dicen además que el régimen planteado no tiene en cuenta las características específicas del sector agrario. Que se sepa el Gobierno tampoco ha presentado un estudio de impacto sobre esta medida.
La Razón. C. Lumbreras.


-Cuando se tienen que renovar los contratos, los productores aseguran que los operadores pretenden comprar la leche de vaca por debajo de los costes de producción. La organización agraria advierte que el siguiente paso será convocar actos de protesta para dar a conocer la situación real.
ASAJA Castilla-La Mancha ha denunciado que las industrias lácteas y la distribución están presionando a los ganaderos para que vendan su leche por debajo de los costes de producción. Después de diez días de diálogo y negociaciones, los productores aseguran que los operadores comunican unos precios, pero a ellos les ofrecen otros irrisorios.
Por eso, la organización agraria ha asegurado que no se mantendrá pasiva ante el abuso hacia el eslabón más débil de la cadena alimentaria, y ha advertido que saldrá a la calle para que la sociedad conozca la verdad de la situación y recordar que hay una ley que prohíbe estas conductas.
Así, ha especificado que son algunos de los grandes operadores del mercado nacional los que pretenden comprar leche de vaca por debajo de costes. Durante las movilizaciones del pasado año, los ganaderos establecían los 0,40-0,41 euros el litro como precio mínimo para poder producir. Y, a pesar del desmesurado incremento de las materias primas durante el último año, los productores han asegurado que la industria y la distribución láctea les quieren pagar por debajo de ese umbral.
Por ejemplo, la oferta a cooperativas y ganaderos de Shriber es de 0,3760 euros por cada litro leche, más una prima de calidad por componentes como las proteínas o las grasas y otros requisitos. García Vaquero les ofrece 0,3850 euros litro, más la prima de calidad. En cuanto a Danone, entre 0,365 y 0,370 euros litro más el pago adicional por calidades.
Además de la presión de los precios y la de los plazos para renovar los contratos, ASAJA CLM ha señalado el incremento de los costes de producción como otro de los factores que están asfixiando al sector. Si el pasado año los ganaderos de la región ya perdían por debajo de los 0,41 euros litro, este año con la desorbitada subida de las materias primas, las pérdidas se hacen inasumibles para el mantenimiento de las explotaciones.
En este sentido, ha recordado que el precio en cooperativa y en entidades autorizadas del gasóleo B ha subido de octubre del 2020 a enero de este año, un 78%. En cuanto a la electricidad, de febrero de 2021 a enero de 2022 la luz ha subido más de un 200%, y la misma tendencia creciente han registrado los piensos para el ganado, cuya subida interanual ha sido de un 27%.
Por todo ello, ASAJA CLM no descarta convocar movilizaciones y otras actuaciones cada vez más contundentes de manera inmediata, y ha advertido que no pararán hasta que se revierta la situación de crisis de precios en origen que está llevando al límite a los ganaderos.
Finalmente, ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ponga las medidas necesarias para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, de manera que se impida el abuso y las prácticas irregulares de la industria y la distribución, como presionar a nuestros ganaderos para que firmen contratos por debajo de los costes de producción o utilizar la leche como producto reclamo.
ASAJA Castilla-La Mancha.


-Bruselas mantiene que el gas y la nuclear son energías "verdes" pese al rechazo de España.
Mientras Francia y Alemania respaldan el proyecto, España, Austria o Dinamarca se posicionan en contra.
Golpe de la Comisión Europea al Gobierno.
Bruselas ha confirmado este miércoles que mantendrá la energía nuclear y gas dentro de la categoría de inversiones "verdes" porque las ve necesarias para la transición a energías limpias, una clasificación que mantiene a pesar del rechazo de países como España.
En una rueda de prensa en Bruselas para dar cuenta de la decisión, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, ha admitido que el Ejecutivo comunitario es consciente de la "gran división" que genera esta reforma, pero ha defendido que el documento final refleja un "equilibrio" entre las opiniones fundamentales de cada parte.
Bruselas asume que ni el gas ni la energía nuclear son energías neutras a nivel climático, ni tampoco renovables, pero defiende su papel como "actividades de transición" para alcanzar el obsesivo objetivo de una economía descarbonizada en 2050.
La medida, presentada como una "decisión colegiada", ha salido adelante por mayoría simple, con los votos en contra del vicepresidente y Alto Representante de la UE, Josep Borrell; la comisaria de Cohesión, la socialista portuguesa Elisa Ferreira; y el comisario de Presupuestos, el conservador austríaco Johannes Hahn, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias.
A partir de ahora se abre un periodo de cuatro meses, prorrogable dos más, tras el cual entrará en vigor salvo que lo tumbe una mayoría simple del Parlamento Europeo o una mayoría inversa de 20 países que sumen al menos el 65% de la población de la UE.
Si bien Francia y Alemania respaldan el proyecto, España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionan en contra.
En su comparecencia, McGuiness ha insistido en que se trata de un instrumento financiero que ofrece un sistema "voluntario" por los inversores serán "libres de elegir si invierten o no" en proyectos con energía nuclear o gas y los países, libres de escoger su propio 'mix energético'.
El proyecto final adoptado por la Comisión Europea amplía la posibilidad de seguir construyendo centrales de ciclo combinado de gas hasta 2035, frente los límites fijados en el borrador en dos etapas: 2026 y 2030. Con todo, se condiciona este nuevo horizonte al cambio del combustible de estas plantas de energía de gas a gas de bajas emisiones de carbono o hidrógeno.
"Es un límite estricto el de 2035, pero no es tanto tiempo para que las instalaciones empiecen a operar con fuentes de energía bajas en carbono", ha subrayado McGuiness.
Además, estas instalaciones sólo podrán ser construidas en países donde sustituyan a centrales de carbón o que utilicen combustibles fósiles altamente contaminantes, pero no sería una opción para los nueve Estados miembro que ya han dejado atrás el carbón, han apuntado fuentes del Ejecutivo comunitario.
La revisión de la norma, además, permitirá seguir invirtiendo en la construcción de centrales nucleares hasta 2045 si bien establece una cláusula de revisión para la industria nuclear que prevé realizar un seguimiento del tratamiento de los residuos más peligrosos.
"La nuclear será parte de nuestro 'mix energético' pero nos centraremos en las renovables", ha subrayado McGuiness, quien ha señalado el rol de refuerzo de esta fuente de energía cuando las renovables no estén disponibles.
Ribera: "No envía las señales adecuadas"
Tras la decisión, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha afirmado que dar el mismo tratamiento al gas y a la nuclear que a las energías "indiscutiblemente limpias" como la eólica o la solar "no envía las señales adecuadas a la inversión limpia".
Desde el departamento de Teresa Ribera indican a Europa Press que el Gobierno aboga por una clasificación basada en la ciencia y la evidencia, útil y creíble. Incluir en la taxonomía verde energías más costosas y contaminantes, con largos plazos de amortización, avisan, puede distraer fondos e inversiones que podrían destinarse en la dirección correcta: las tecnologías renovables.
Libre Mercado.


 -El Foro de Davos se reunirá presencialmente en Mayo, para continuar con el “Gran Reseteo”.
El Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, se reunirá este próximo mes de mayo en Ginebra para celebrar su encuentro anual 2022. De esta forma, tras dos años en los que el coronavirus ha imposibilitado la convocatoria, el evento volverá a celebrarse de manera presencial.
Así se ha anunciado tras la Davos Agenda, unas conferencias online organizadas por el Foro entre el 17 y el 21 de enero. En estas jornadas inicialmente estaba prevista la celebración del gran encuentro anual, pero finalmente tendrá lugar en mayo.
Durante estas conferencias se ha abordado la consecución del modelo de economía planificada promovido por la institución bajo el nombre de Gran Reseteo y enfocado en refundar el capitalismo tras el impacto de la pandemia.
El primer ministro japonés, Kishida Fumio, se ha referido explícitamente a este cambio, pidiendo en su intervención virtual una "nueva forma de capitalismo" para reactivar la economía del país nipón, que cuenta con el nivel de deuda pública sobre PIB más elevado de todo el mundo.
Otro de los pilares de la narrativa del Foro de Davos desde la crisis del coronavirus consiste en la creación de lo que se ha hecho llamar como "un nuevo contrato social", a cuyo respecto se ha dedicado una mesa redonda en la que participó la ministra Nadia Calviño. El problema de esta idea no es solo su ambigüedad, sino el peligro que supone el hecho de que una élite política y empresarial determine el rumbo del planeta a través de este supuesto "contrato". ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Quién lo firma? ¿Con qué permiso? ¿Bajo qué criterios?
Alabanzas al modelo chino y oda al gasto público.
Uno de los asuntos sobre los que más se hablado durante las jornadas virtuales es la recuperación económica tras el coronavirus. A este respecto, en una mesa redonda mantenida con autoridades económicas y monetarias de todo el mundo, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha hecho un llamamiento para no dar por terminada la guerra contra la covid-19 de forma prematura y ha instado a los países a gastar lo que haga falta para no perjudicar la recuperación económica: "El mundo debe gastar los miles de millones que sean necesarios para contener la covid con el objetivo de obtener billones como resultado" a través del crecimiento económico, ha defendido.
Asimismo, la directora del FMI ha reconocido a China como modelo de lucha contra la pandemia, destacando su estrategia de tolerancia cero contra el virus, las severas restricciones a la movilidad y los duros confinamientos para ataja rebrotes.
Por su parte, el presidente de China y Secretario General del Partido Comunista, Xi Jinping, participó en una de las sesiones virtuales abogando por una coordinación de las políticas económicas a nivel internacional: "Las principales economías deberían ver el mundo como una sola comunidad", dijo el mandatario. El líder asiático aseguró que "la prosperidad común consiste en hacer la tarta más grande y repartir los trozos de forma apropiada mediante arreglos institucionales", mientras que aprovechó para defender los esfuerzos de su régimen por "prevenir la expansión irracional de capitales", "abordar el crecimiento salvaje" y que las empresas logren un desarrollo "que sirva a los intereses generales".
Por último, el mandatario sostuvo que la economía china "no debe crecer a costa del medio ambiente", pero al mismo tiempo, y de manera contradictoria, indicó que "tampoco debe sacrificar su crecimiento para proteger el medio ambiente" y animó a que las economías desarrolladas "tomen la delantera" para reducir las emisiones de carbono. Este mensaje contrasta con el hecho de que la potencia asiática emite ya más gases de efecto invernadero que todos los países desarrollados juntos.
Otras de las ponencias más destacadas han sido la de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, quien abogó por que la recuperación económica sea "inclusiva y ecológica"; y la del secretario general de la ONU, António Guterres, que instó a "reformar el sistema financiero global de manera que pueda funcionar para todos los países sin ser sesgado". El portugués, además, apoyó una reestructuración "urgente" de la deuda, pidió a los gobiernos y las instituciones que vayan más allá del Producto Interno Bruto en sus mediciones y que los sistemas tributarios sean "justos y diseñados de manera que realmente reduzcan las desigualdades".
Multimillonarios piden pagar más impuestos
Con la excusa de la celebración de la cita virtual del Foro de Davos, distintas entidades han tratado de influir en el debate. Entre ellas, destaca el grupo "Millonarios Patrióticos", un conjunto de grandes fortunas que ha pedido en una carta a los gobiernos de todo el mundo que se les suban más los impuestos: "Como millonarios, sabemos que el sistema fiscal actual no es justo. La mayoría de nosotros podemos decir que, si bien el mundo ha pasado por una inmensa cantidad de sufrimiento en los últimos dos años, en realidad hemos visto aumentar nuestra riqueza durante la pandemia". Resulta curioso que estos millonarios, tan preocupados por pagar tan pocos impuestos, no aporten voluntariamente su dinero en forma de donación al Estado, pero, en su lugar, pretendan imponer al resto de grandes patrimonios la expropiación de una mayor cuota de riqueza.
Por otro lado, la ONG Intermón Oxfam publicó, coincidiendo con la Agenda de Davos, el informe "Las desigualdades matan", mediante el cual denuncia que la riqueza de los diez hombres más ricos del planeta se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad se han deteriorado a causa de la covid.
Sin embargo, el estudio se vale de una metodología tramposa, ya que solo emplea datos a partir de marzo de 2020, curiosamente, el mes en que la riqueza de los más ricos se vio fuertemente resentida por el crash bursátil. Por lo tanto, a partir de ese punto anormalmente bajo, y tras la recuperación de las bolsas, su patrimonio se ha visto incrementado por el ‘efecto base’, un fenómeno estadístico del que Oxfam se aprovecha torticeramente.
Por otro lado, el informe confunde intencionadamente el concepto de desigualdad con el de pobreza, llegando al punto de asegurar que la desigualdad provoca la muerte "de una persona cada cuatro segundos" y sigue adoleciendo de los múltiples errores metodológicos y de análisis que suelen caracterizar los informes de esta organización de tendencia izquierdista (analizados por Libre Mercado aquí, aquí o aquí).


 -La RFEC rechaza la reforma del Código Penal que pretende acabar con la caza
La Federación ha presentado las alegaciones a una normativa que pretende considerar a la caza como maltrato animal aumentando las penas hasta los dos años y medio de prisión.
Este ataque sin precedentes a la actividad pretende dar respuesta a los intereses del lobby animalista para acabar con la caza, generando una crispación social innecesaria
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado alegaciones al proyecto de reforma del Código Penal planteado por el Gobierno, que podría acabar con la actividad cinegética si se extiende la tipificación de maltrato animal a todas las especies silvestres. Esta modificación, cuya consulta pública previa se desarrolló durante la pasada Navidad, pretende aumentar las penas por cualquier tipo de maltrato animal hasta los dos años y medio de prisión y, como ya se intentó, imponer como agravante el uso de armas, otros animales (perros, hurones, halcones…), o la presencia y participación de los menores en la caza.
Entre las alegaciones, la RFEC ha recordado al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como a su Dirección General de Derechos de los Animales, impulsores de la citada reforma, que la regulación objeto de modificación afecta a la protección penal de los animales domésticos y de compañía, ya regulados en los artículos 337 y 337 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Por ello, la entidad federativa entiende que todos los animales silvestres o salvajes vertebrados deben quedar fuera de esta reforma, así como todas las especies que son objeto de la caza y de la pesca, al igual que deberían excluirse de esta tipificación la difusión y filmación de dichas actividades. Esto no quiere decir que queden desprotegidos, sino que tienen su propio régimen de protección, tanto penal como administrativa, y que nada tiene que ver con la reforma que se plantea, ya que el delito de maltrato se encamina a proteger a los animales domésticos y de compañía que viven bajo el control humano, y dicha protección no afecta a las especies silvestres.
INTERESES DEL LOBBY ANIMALISTA
Esta reforma del Código Penal continúa dando respuesta a la hoja de ruta anticaza del Gobierno de España liderada por los Ministerios de Podemos, en la que se está atacando a la actividad cinegética a través de iniciativas legislativas como la Ley de Protección y Derechos de los Animales o la Reforma del Real Decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía. Por ello, esta reforma solo atiende a dar respuesta a los intereses ideológicos del lobby animalista, generando un ataque sin precedentes al sector cinegético y una crispación social innecesaria en favor de una minoría radical que no representa a las verdaderas inquietudes


La RFEC presenta alegaciones a la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética planteada por el Gobierno.
La federación echa en falta una legislación específica para los perros de caza o la asignación presupuestaria necesaria.
Manuel Gallardo denuncia los intentos de boicot a la Estrategia por parte de algunos miembros del propio Gobierno.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado alegaciones a la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética planteada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), un documento que pretende armonizar las distintas normativas autonómicas que afectan a la actividad.
La federación ha planteado al Ministerio la concreción de acciones específicas y presupuestarias para que la estrategia ponga en valor el papel ecológico, social, cultural y económico de la caza, lo que sin duda podrá ser una herramienta útil como marco de referencia nacional en el ámbito cinegético.
El presidente federativo, Manuel Gallardo, demanda que el documento «sirva como referencia en todo el territorio nacional, ya que serán las comunidades autónomas las que voluntariamente deben acogerse a lo que se establezca en esta Estrategia”. Por ello, espera que las alegaciones planteadas por esta entidad se tengan en cuenta y se aprueben “a pesar de los intentos de boicot por parte de miembros del propio Gobierno”.
Según denuncia Gallardo, “observamos con estupor el cuestionamiento que se está haciendo de este trabajo del MAPA por parte de diputados de Podemos, que incluso están registrando distintas iniciativas parlamentarias para tumbar la propuesta y seguir debilitando al ministerio. ¿Responde esta ofensiva a un intento de acabar con el MAPA?”, se cuestiona.
MEDIDAS PLANTEADAS
Entre las alegaciones planteadas la RFEC entiende que los animales que se utilizan como auxiliares en la actividad cinegética (perros, hurones, aves de cetrería, etc.) deben quedar fuera de toda legislación sobre animales domésticos o de compañía, para los que debe establecerse una legislación específica que respete sus particularidades siendo competencia de Agricultura.
En cuanto a dotación presupuestaria de la estrategia, la federación lamenta que no se haya asignado un presupuesto específico para esta herramienta, ya que muchas de las acciones propuestas no podrán llevarse a cabo. En este sentido, se plantea concretar el responsable de cada acción para una correcta implementación del documento.
Sobre la obligatoriedad de acción a los cazadores sobre determinadas especies, la entidad federativa recuerda que la caza es una afición que se practica de forma altruista, por lo que no se puede exigir unos resultados ni unas obligaciones como si fuera un trabajo remunerado.
Otra de las propuestas planteadas destaca la importancia de los ecoesquemas dentro de la nueva PAC y las acciones propuestas por el sector, para los que se plantea una alternativa de ayudas específicas de cara a las acciones que se demandan.
RFEC.


-Estados Unidos no compensará a los productores españoles por los aranceles. Así lo ha confirmado la CE
Los productores españoles de aceituna negra no van a recibir compensaciones por los aranceles que Estados Unidos aplica desde 2018 a las importaciones procedentes de España a pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminara el pasado noviembre que son ilegales.
Así lo han señalado desde la Comisión Europea, "desgraciadamente las normas de la OMC no se aplican retroactivamente, por lo que no hay una compensación para cubrir las pérdidas de los últimos tres años. Es una realidad triste, pero es así como funciona la OMC y no podemos hacer nada al respecto", señala Europa Press, que indica que lo ha explicado un representante del Ejecutivo comunitario en un debate con eurodiputados de la comisión de agricultura del Parlamento Europeo.
La sentencia de la OMC de noviembre dio la razón a los productores españoles y dictaminó que los aranceles que la Administración de Donald Trump impuso a partir de 2018 a las importaciones de aceitunas negras de mesa incumplen las normas de la institución multilateral.
Olimerca.


 

 

 

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