Semana del 26 de diciembre de 2021 al 2 de enero del año 2022.

El Plan estratégico de la PAC al Consejo de Ministros

05 de enero de 2022

-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado hoy al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir del año 2023 que el Gobierno va a remitir mañana, día 29, a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos.

Compartir en:

Planas ha destacado que el plan está “suficientemente dotado para afrontar los grandes retos del sector”, con 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000 si se suman las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural.
El Consejo de Ministros ha aprobado además un anteproyecto de ley con el objetivo de diseñar un sistema eficaz de gestión de esta política.
Una PAC más justa, más social y más sostenible.
El ministro ha destacado que España contará con política agraria más justa, más social y más sostenible para potenciar un sector agroalimentario que es estratégico en la economía nacional y que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia también con las nuevas demandas de los consumidores.
Así ha resaltado que habrá una mejor distribución de los fondos entre los agricultores y ganaderos, “más equilibrada y más justa”, porque al haber realizado un análisis desde cero para el diagnóstico previo a la elaboración del plan se han podido identificar mejor las necesidades reales de cada sector. Esta es, ha destacado el ministro, una importante diferencia con respecto a otras reformas, en las que simplemente se aplicaban los reglamentos europeos.
El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad al tiempo que se impulsan cambios, profundos, pero graduales, que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, al tiempo que permitan aumentar su eficacia y garanticen unos pagos más justos y eficientes.
El pasado día 6, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el texto definitivo de los tres reglamentos que regirán la PAC en el periodo 2023-2027. Estos nuevos reglamentos permitirán la aplicación del presupuesto de la PAC acordado por el Consejo Europeo en julio de 2020 y que en el caso de España suponen 47.724 millones de euros para todo el periodo 2021-2027.
La entrega a la Comisión Europea del Plan Estratégico, que debe realizarse antes del 1 de enero de 2022, supone la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas para definir el contenido de la propuesta, y ha mantenido contacto y diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, y las organizaciones civiles de carácter ambiental, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con los servicios de la Comisión Europea.
El ministro ha destacado que se ha conseguido articular “un plan estratégico nacional del conjunto de España”, que es fruto del consenso entre las comunidades autónomas y que refleja la diversidad agronómica de un país que ofrece una variedad de modelos desde los cultivos continentales del norte hasta las producciones subtropicales del sur.
Todos los documentos de trabajo han sido públicos, abiertos a la participación de cualquier interesado a través de la página web habilitada al afecto. En total, en la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones y se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas.
Una versión inicial del Plan Estratégico está disponible desde el día 30 de noviembre en la web del ministerio desde el día 30 de noviembre en la web del ministerio para consulta de todos los interesados, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico. Se prevé que la Comisión lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
El nuevo reglamento europeo supone un cambio sustancial en la PAC, que pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a una política basada en la planificación estratégica. Ahora se orienta a la consecución de resultados concretos vinculados a unos objetivos comunes para toda la Unión Europea pero traducidos en las necesidades específicas de cada estado identificadas en la fase de diagnóstico.
Estos objetivos son el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE, y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. En este aspecto, se incluye por primera vez en la PAC, a propuesta de España, el objetivo específico de “promover la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura”.

Plan Estratégico de la PAC, clave para garantizar la viabilidad del sector agrario.

El Plan Estratégico es un instrumento determinante para garantizar la viabilidad de nuestros sectores agrícolas y ganaderos, que son la base del sistema agroalimentario y el principal motor económico de la España rural. Para ello contempla apoyos enfocados a la mejora de la competitividad de sus explotaciones mediante las ayudas a rentas, el servicio de asesoramiento y las medidas de desarrollo rural en favor de la innovación, la mejora del conocimiento, las inversiones, el uso de tecnología y la digitalización, entre otros aspectos.
La PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance. Entre ellas, la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.
Además, el plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional, ya que como ha señalado el ministro está previsto que en la próxima década se jubilen las dos terceras partes de los agricultores en activo. Por ello ha destacado que habrá primas de hasta un 15% de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas. El ministro ha enfatizado que España ha sido pionera en proponer que la igualdad de género se recogiera como uno de los objetivos de la PAC.
Además, por primera vez se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en nuestro sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.
El ministro ha resaltado también que la nueva PAC fomenta la innovación y la digitalización del sector agrario, lo que redundará en una mejora de la rentabilidad de las explotaciones. El ministro ha recordado que, aunque España es uno de los principales perceptores de ayudas de la PAC, el apoyo representa el 20% de la renta de los agricultores y ganaderos, cuando en otros países llega al 30%.
Se trata de la PAC más ambiciosa en materia climática y ambiental de la historia de la UE, acorde con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios de Naciones Unidas (Biodiversidad y Cambio Climático) y de la propia hoja de ruta establecida en el “Pacto Verde Europeo”. De esta manera, el Plan Estratégico de España dará respuesta a las necesidades ambientales identificadas para nuestro país, contribuyendo a la consecución de los objetivos de las estrategias de la “Granja a la Mesa” y de “Biodiversidad para el horizonte 2030”.
Algunos de estos objetivos son la reducción de emisiones, el incremento del papel de sumidero de carbono, el incremento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y las reducciones del empleo de productos fitosanitarios, de la pérdida de nutrientes del suelo y del uso de fertilizantes y de antimicrobianos en la cría del ganado. En el caso concreto de España, la lucha contra la desertificación y la erosión, la mejora de la estructura de los suelos y su contenido en materia orgánica o el mantenimiento de la elevada biodiversidad ligada a hábitats agrarios, son necesidades que cobran una importancia relevante. La propuesta que se va a presentar a la Comisión Europea destina cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.

Ley de gestión de la PAC.

El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy un anteproyecto de ley que establece las normas para la aplicación y gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.
La nueva orientación de la PAC con el diseño de los planes estratégicos nacionales hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas incluidas en el mismo. Este anteproyecto de ley tiene como objetivo poner en marcha un sistema eficaz de gestión y control y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, garantizando el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.
La ley incluye además algunos aspectos que hasta ahora estaban recogidos en la reglamentación comunitaria y que, por la mayor subsidiariedad otorgada a los estados miembros en este periodo, deben desarrollarse en normas nacionales, como la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a las ayudas.
Otro punto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que se establece un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse algún pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar una aplicación homogénea en el territorio nacional, facilitándose a la vez la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.
En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos en la Estrategia Europea “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.
En particular, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones de productores y asociaciones organizaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos, y en el ámbito de la conservación de recursos genéticos, la legislación en materia de bienestar animal, sanidad animal y vegetal o la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.
MAPA.


-Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remitido a Bruselas su propuesta de Plan Estratégico de la PAC. Un proyecto que, según él mismo señala, se basa en el consenso y el diálogo, pero que cada día auna más voces en contra desde la mayoría de las CCAA.
Así, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado este lunes un informe al Ministerio que sintetiza las principales mejoras que se deberían incluir en la versión inicial del Plan Estratégico de la PAC «si su intención real para el sector agrario es el de mejorar la situación de las granjas y explotaciones con mayor necesidad de apoyos».
Desde la organización consideran imprescindible que, para lograr una PAC equilibrada, se debe tener en cuenta que según datos del propio Ministerio la renta media de trabajo del agricultor es del 71,4% del salario medio de sectores económicos en España, por lo que sigue siendo vital el apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos. Además, insisten en que este apoyo debe ser más intenso cuanta mayor proporción de los ingresos totales del agricultor o ganadero provengan de la actividad agraria, ya que en estos casos su renta va a estar mucho más por debajo del resto de sector que aquellos beneficiarios que no se dedican prioritariamente a la agricultura.
Siguiendo este diagnóstico, Unión de Uniones considera que, si en la próxima PAC se desea realmente una mayor protección de la viabilidad de la agricultura y la ganadería como medio de vida y motor económico en el medio rural, desde el Ministerio se debe apostar por una definición de agricultor activo enfocada prioritariamente en la figura del agricultor y ganadero profesional.
ASAJA CYL CONSIDERA QUE ES LESIVO PARA LOS INTERESES DE LA REGIÓN
La organización Asaja Castilla y León ha advertido de que el plan es «lesivo» para la agricultura de Castilla y León porque «choca frontalmente» con el modelo profesional que hay en esta Comunidad.
En un comunicado, critican que el ministro Luis Planas «haya ignorado por completo» propuestas esenciales como la defensa de los agricultores y ganaderos profesionales.
La organización agraria afirma que el documento elaborado por el ministro y su equipo «choca frontalmente» con el modelo de agricultura y ganadería profesional de Castilla y León, ya que las medidas que propone sitúan a los profesionales en desventaja respecto a quienes tienen el campo como actividad complementaria.
Señalan que difiere totalmente del que existe en Castilla y León y se aleja totalmente del que se defiende en otros países como Francia, que estos días confirmaba que la percepción de ayudas debía supeditarse a la cotización a la Seguridad Social y cuestiona medidas como el pago redistributivo o la degresividad en determinadas ayudas.
ANDALUCÍA SE REBELA CONTRA EL PLAN Y RECUERDA QUE SI ES MALO PARA LA REGIÓN LO ES PARA ESPAÑA
Por su parte, Asaja Andalucía asegura que «penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027».
Asimismo, creen que no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. «Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España».
De igual forma, critican que el Plan ignora las demandas del sector agrario andaluz en lo que respecta al modelo regional de la ayuda básica a la renta, que reduce el número actual de regiones agronómicas (estratos productivos por los que se fijan las ayudas) en un 60%, lo que penaliza la diversidad productiva de España y supone un claro agravio para Andalucía, la comunidad autónoma con la agricultura más diversa de España.
En la misma línea, COAG Andalucía ha dejado claro que “no vamos a aceptar nunca esta reforma mortal para Andalucía y estamos dispuestos a luchar”.
Asimismo, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, asegura que el Plan Estratégico ataca al modelo profesional de agricultura y abre las puertas de las ayudas a los mercados financieros.
Desde la organización recuerdan que Andalucía es la única región española que pierde con la propuesta del Ministerio de Agricultura: 700 millones de euros en el periodo 2023-2027, un recorte que van a sufrir 125.000 explotaciones profesionales, las más productivas y las que generan más empleo y valor añadido en las zonas rurales.
MONAGO LAMENTA LA FALTA DE CONSENSO
Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha calificado de «grave error» que el Gobierno de Pedro Sánchez haya enviado a Bruselas «sin ningún consenso con las comunidades autónomas» el plan estratégico y ha recordado que, hasta el momento, todas las reformas en materia de PAC que salieron del Ministerio cuando gobernaba el Partido Popular «lo hicieron con un acuerdo de consenso con las regiones».
Monago cree que es «verdaderamente histórico» que se envíe «por las bravas» un plan tan importante para el campo extremeño, donde se recoge un modelo de la PAC «con menos dinero», pero que «exige más requisitos medioambientales a los agricultores y ganaderos».
Para el líder del PP, esto pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias y lo hace justo en momentos en los que se sufre «una crisis de bajos precios, agravada por la subida exponencial de los costes de producción».
POR OTRA PAC Y CIEN ORGANIZACIONES TAMBIÉN LA RECHAZAN Y PIDEN MEDIDAS MÁS AMBICIOSAS
Asimismo, la Coalición por Otra PAC sigue sumando adhesiones en su carta, que pide a los dirigentes una Política Agraria Común (PAC) que esté a la altura de los grandes desafíos a los que se enfrenta. En total, 100 organizaciones reclaman medidas ambiciosas capaces de luchar contra el despoblamiento rural, la crisis climática y de biodiversidad, o la pandemia y el riesgo creciente de nuevas zoonosis.
La misiva fue enviada en julio de este año a cinco ministerios -los de Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Agenda 2030- y a las consejerías de agricultura. Ha sido coordinada por la Coalición Por Otra PAC, conformada por organizaciones provenientes de diversos ámbitos como la ganadería extensiva, el consumo, el medio ambiente, la justicia social, la producción ecológica, la nutrición, el bienestar animal y el desarrollo rural. A esta acción se han sumado muchas más entidades, en un proceso que todavía está abierto (nuevas adhesiones, aquí).
La carta contiene un conjunto de propuestas técnicas que deben ser consideradas para que la PAC retome la senda de la transición agroecológica y social. También, denuncia la falta de transparencia deliberada en el actual proceso de elaboración del PEPAC. Es necesario recordar que se trata de la Política a la que se destina la mayor cuantía de dinero público europeo, el 31% del presupuesto total de la Unión. Solo España recibirá más de 47.000 millones de euros, hasta 2027. Es decir, su impacto sobre el territorio, el consumo y las personas que viven y trabajan en el campo es enorme. Y su potencial transformador, también.
Agroinformación.


-La propuesta de Plan Estratégico de la PAC que el Gobierno de España ha enviado a la Comisión Europea esta semana tampoco gusta a las OPAS (Organizaciones Profesionales Agrarias) ni Cooperativas Agro-alimentarias andaluzas.
Por un lado, ASAJA Sevilla asegura que penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos de la región. Sus cálculos indican que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027.
A su juicio, el Plan «asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales» a los productores de esta comunidad. De modo que, «una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España».
Asimismo, el PEPAC ignora las demandas del sector agrario andaluz en lo que respecta al modelo regional de la ayuda básica a la renta, que reduce el número actual de regiones agronómicas en un 60%, lo que penaliza la diversidad productiva de España y supone un claro agravio para Andalucía.
Además, la configuración de las nuevas 20 regiones o estratos productivos provoca una alteración del equilibrio actual entre comarcas agrarias y territorios, de la que resulta muy especialmente perjudicada Andalucía.
En lo que se refiere al “agricultor activo”, la definición que se da desde el Ministerio deja fuera de la actividad agraria a los autónomos que más empleo generan, según la organización.
El análisis de la Consejería de Agricultura de Andalucía y de las propias organizaciones agrarias estima que con esta reforma pierden todos los sectores: 750.000 hectáreas de secano perderán entre el 30 y el 45% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar pierden más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz perderá entre un 25 y un 50% de sus ayudas.
Dado que aún hay tiempo de reacción y mucho margen de mejora, ASAJA-Sevilla insta al Ministerio de Agricultura a reconsiderar las propuestas del sector agrario andaluz.
COAG Andalucía: una «reforma mortal» para esta comunidad
Por su parte, COAG Andalucía ha asegurado que no van a aceptar nunca esta reforma «mortal» para Andalucía.
El secretario general de la organización, Miguel López, ha asegurado que el PEPAC ataca el modelo profesional de agricultura y abre las puertas de las ayudas a los mercados financieros.
Finalmente, ha insistido en que Andalucía es la única región española que pierde con la propuesta de Planas.
Cooperativas Agro-alimentarias: «política de hechos consumados»
Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, ha lamentado «la política de hechos consumados llevada a cabo por el Ministerio» con el Plan Estratégico. A su juicio, es fruto de un imperativo ministerial, que está lejos del consenso entre comunidades y agentes implicados del que presume Planas.
Finalmente, la Federación señala que el ministro ha hecho caso omiso a las reivindicaciones y peticiones de Andalucía, como quedó patente con la aprobación del decreto de convergencia para las campañas 2021-2022, que anunciaba una tasa plana para el campo español, y que se logró frenar para el segundo ejercicio.
Agropopular.


-ASAJA considera lesivo para la agricultura de Castilla y León el plan estratégico de la PAC diseñado por el ministerio.
La OPA critica que Planas presuma de que es fruto del consenso, cuando ha ignorado por completo propuestas esenciales como la defensa de los agricultores y ganaderos profesionales.
ASAJA de Castilla y León califica de “lesivo para la agricultura de Castilla y León” el Plan Estratégico de la PAC que hoy enviará nuestro país a Bruselas.
Lesivo ya desde su base, porque el documento elaborado por el ministro Luis Planas y su equipo choca frontalmente con el modelo de agricultura y ganadería profesional de Castilla y León, ya que las medidas que propone sitúan a los profesionales en desventaja respecto a quienes tienen el campo como actividad complementaria.
Así, desde la propia definición del “agricultor activo”, el plan estratégico defendido por el Gobierno nacional difiere totalmente del que existe en Castilla y León, y se aleja totalmente del que se defiende, por ejemplo, en Francia, que estos días confirmaba que la percepción de ayudas debía supeditarse a la cotización a la Seguridad Social.
Lesivo también en su financiación, puesto que la nueva PAC partirá de un recorte presupuestario del 2 por ciento, al que hay que sumar la pérdida que año a año se sumará en términos constantes, más en este periodo inflacionista en el que estamos inmersos. “Menos dinero no puede traducirse en más ayudas, por mucho que presuma de ello el ministerio, las cuentas no salen”, subraya Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León.
También cuestiona la OPA medidas como el pago redistributivo o la degresividad en determinadas ayudas, sustentadas más en la ideología que en la realidad y necesidades de nuestras explotaciones, así como la supeditación de su percepción al cumplimiento de una “condicionalidad reforzada” con normas hasta ahora voluntarias. “El ministerio se maneja solo en la teoría, pero no tiene en cuenta la realidad. Por ejemplo, que la explotación de agricultura extensiva que ellos consideran grande es solo del tamaño que puede garantizar una mínima viabilidad económica”, indica Dujo.
Igualmente expresa ASAJA su preocupación por la multiplicación de requisitos medioambientales, incluidos los nuevos eco-esquemas que, aunque voluntarios, suponen el 25% del presupuesto, “porque limitan la capacidad productiva, lo que supondrá producir menos y a costes más elevados e implicará una caída de la rentabilidad en unas explotaciones que ya van muy justas” apunta el presidente de la OPA.
Tampoco ha rectificado el ministerio el impacto negativo en la agricultura intensiva de regadío, particularmente en algunas zonas donde la mejor apuesta agronómica es el maíz en monocultivo, y deja sin respuesta las reivindicaciones de ASAJA en este sentido.
Hay que destacar asimismo la discriminación en el plan estratégico de modelos de agricultura y ganadería asociativa muy arraigados en nuestra comunidad autónoma, como son las sociedades limitadas y sobre todo las sociedades civiles, cuya especificidad ha sido ignorada por el ministerio.
Además, ASAJA lamenta que en este documento que sustentará la PAC 2023-2027 no se hayan introducido medidas que permitan garantizar precios justos que cubran los costes de producción y aseguren el futuro de los productores.
Por último, Donaciano Dujo critica que Luis Planas quiera vender como fruto del consenso este plan estratégico. “si bien es cierto que a lo largo de estos tres años nos ha convocado en varias ocasiones, y desde ASAJA hemos elaborado innumerables propuestas en defensa del sector, el equipo del ministerio se ha limitado a informarnos, no a negociar. Prueba de ello es que no nos ha consultado ni obviamente necesitado para enviar el documento a Bruselas de un día para otro”.
ASAJA CyL.

 

-El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha lamentado que el ministro Planas “impone una muy lesiva PAC para Córdoba y Andalucía sin ningún tipo de dialogo con el sector, ni antes ni ahora”. Recuerda que, hasta la fecha, nunca se ha reunido en Córdoba, a pesar de ser cordobés de adopción, con las organizaciones agrarias y cooperativas y que, ahora, ha enviado a la Comisión Europea su propuesta del Plan Estratégico para la PAC (PEPAC) cuando tiene abierto el mismo a exposición pública hasta el 4 de febrero de 2022.
Asaja Córdoba lo considera “una deslealtad y una falta de respeto a todos los agricultores y ganaderos cordobeses, andaluces y españoles”.
El presidente de Asaja Córdoba demanda, al igual que lo hizo en la caravana de protesta del pasado 21 de diciembre en Córdoba, "que el Ministerio de Agricultura cambie sustancialmente sus propuestas y que la Junta de Andalucía mantenga firmeza en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces", para lograr "una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía", y que "se reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo andaluz". Destaca Fernández de Mesa que el ministro aún está a tiempo de rectificar y enmendar “esta nefasta reforma ideológica que es un atentado sin precedentes contra el campo cordobés y su capacidad productiva”.
Y es que, sólo con la aplicación de los eco-esquemas, todos los agricultores y ganaderos tienen en el aire en torno a un 30% de las ayudas que perciben actualmente. Si a esto añadimos que el presupuesto de la PAC para España es un 10% menos que en el periodo anterior, que reducen las regiones de la PAC para las ayudas que perjudica notablemente a la agricultura más productiva como es la cordobesa, y que los costes se incrementan por la mayor burocracia y las mayores obligaciones, “es indudable que habrá una importante pérdida de fondos de la PAC para todos los agricultores y ganaderos cordobeses y para la inmensa mayoría de los andaluces y españoles”.
Así lo reconocen los propios informes de la Comisión Europea y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que indican que la nueva PAC van a dar lugar, en España y en la Unión Europea, a descensos considerables de la producción, al aumento de costes, a la pérdida de competitividad y en definitiva al empobrecimiento del sector productivo. Sin embargo, el ministro Planas, consciente y cómplice de todo ello, mantiene sus propuestas contra el sector sin haber explicado aún por qué lo hace, y a qué oscuros intereses defiende.
Desde Asaja Córdoba se solicita:
. Una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Córdoba y Andalucía. Una PAC que no es buena para Andalucía, como de forma unánime el sector denuncia y que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España.
. Que se reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo andaluz.
. Que se reconozca que una parte muy importante del presupuesto para la PAC en España es fruto del trabajo de los agricultores y los ganaderos andaluces.
. Nuevas regiones productivas PAC: Es inaceptable la reducción a 20 regiones desde las 50 actuales, cuando Bruselas no obliga a ello, lo cual perjudica especialmente a Córdoba y Andalucía. Deben incrementarse las regiones y deben realizarse y consensuarse cambios sustanciales en la propuesta del ministerio para conseguir el necesario equilibrio territorial y productivo en todas las provincias y cultivos, minimizando el impacto real y las pérdidas que de estas nuevas regiones se derivarían para miles de agricultores y ganaderos andaluces.
. Eco-esquemas: La propuesta de eco-esquemas recogida en el Plan Estratégico Nacional supone una clara pérdida de renta para el campo andaluz, que puede llegar a pérdidas individuales sólo por este concepto de hasta el 30% de las ayudas actuales. Las regiones para los eco-esquemas deben ser las mismas regiones productivas PAC. Debe permitirse cobrar más de un eco-esquema por hectárea. Y los eco-esquemas deben ser viables y realistas. Sólo deben acogerse a los mismos quienes tengan derechos de la PAC.
. Agricultura activa: Las ayudas directas deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria real y efectiva. Deben eliminarse criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades económicas, pero para los que la actividad agraria supone un complemento de renta. La definición que se da desde el Ministerio de Agricultura a esta nueva figura deja fuera de la actividad agraria a los autónomos que más empleo generan.

Asaja afirma que se trata de una reforma que ataca las explotaciones más viables, con agravantes como el techo de las ayudas y la degresividad que discrimina a aquellos que han hecho mayores inversiones y han aumentado o mantenido el tamaño de sus explotaciones para ser más competitivas. Asimismo, está redactada con un sesgo claramente “ideológico” -no responde a criterios agronómicos, económicos o técnicos- con el fin de contentar a los lobbies que van contra el mundo rural, la agricultura y la ganadería y a otras comunidades autónomas a costa de los agricultores y ganaderos andaluces.
Por ello, desde Asaja Córdoba se pide al ministro Planas que cambie sus propuestas y escuche al sector cordobés y andaluz, que de manera unánime le está diciendo que se está equivocando y atacando a Córdoba y Andalucía sin razones justificadas y sin que Bruselas le obligue a ello. Sería una forma de reconocer la labor solidaria y esencial que siempre han desarrollado los agricultores y ganaderos y que ahora están pasando por “una situación difícil y ruinosa debido a los altos costes de los 'inputs' necesarios para producir, unido a la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales, y una reforma de la PAC que nos exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva".
ASAJA-Córdoba.


-La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) tacha la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria de “nacer lisiada porque consiente contratos de compraventa de naranjas a unos precios ruinosos que solo cubren la tercera parte de los costes de cultivo, lo que quebranta el objetivo prioritario de esta legislación que radica en garantizar precios por encima de los costes de producción”.
Tanto es así que las cotizaciones a pie de campo de las naranjas de la variedad Navelina se han hundido hasta los 0,09 €/kg, una cantidad muy por debajo de los costes establecidos en 0,23 €/kg durante la última campaña por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y de los cerca de 0,30 €/kg que AVA-ASAJA prevé que han alcanzado en la presente temporada debido a la escalada histórica de los insumos, como la energía eléctrica, el gasóleo, los abonos o los fitosanitarios.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, exige al Gobierno que “sea valiente para demostrar que su nueva Ley de la Cadena sirve para algo y puede dar solución a los abusos comerciales perpetrados en esta campaña citrícola. Es evidente que el agricultor se ve obligado a claudicar ante el operador comercial, pues ante la posibilidad de perderlo todo, no tiene otra alternativa que aceptar una limosna, aunque esté muy lejos de cubrir sus gastos reales. El Gobierno no puede seguir de brazos cruzados y debe hacer cumplir su legislación de manera contundente”.
En ese sentido, AVA-ASAJA urge al Gobierno a que abra una comisión de investigación para analizar la situación del mercado citrícola y, en caso de no hacerlo, pide el amparo de los partidos políticos para solicitar su puesta en marcha de modo inmediato.
Aguado también acusa al Gobierno de “ceder e incluso fomentar en el seno de la Unión Europea la firma sistemática de acuerdos comerciales con países terceros que están multiplicando las importaciones de cítricos y otros productos vegetales, hasta el extremo de expulsar a la producción comunitaria de su propio mercado”. El presidente de AVA-ASAJA reclama a Madrid y Bruselas “una drástica corrección de las concesiones incluidas en estos tratados, empezando por el acuerdo con Sudáfrica que está ahora mismo bajo revisión”.
Según datos del Ministerio de Agricultura, las importaciones citrícolas originarias de Sudáfrica con destino a la UE han aumentado un 33% en los cinco años que está vigente el último tratado comercial, pasando de 470.255 toneladas en 2017 a 629.545 en 2021 (enero-septiembre).
En naranjas, Sudáfrica incrementó en un 68% sus envíos a la UE durante el pasado mes de octubre, es decir, al inicio de la comercialización de las naranjas navelina en España, siendo, a juicio de AVA-ASAJA, un factor decisivo para explicar el hundimiento de los precios en origen. En mandarinas, Sudáfrica exportó en septiembre un 44% más respecto al mismo periodo del año anterior, provocando igualmente un desplazamiento de las variedades extra-tempranas nacionales.
Aguado remarca que “el Gobierno español y la Unión Europea parecen dispuestos a acabar con sus agricultores, usándoles como moneda a cambio de beneficiar a otros sectores económicos. O los políticos se ponen las pilas en defensa del campo o retomaremos las movilizaciones de manera más contundente y menos pacífica, porque nos estamos jugando nuestra supervivencia y vamos a vender cara la piel”.
AVA-ASAJA.

 

-Los elevados costes de producción ponen en riesgo el sector agrario.
El gasto en insumos de producción ha subido un 13% respecto a 2020, liderado por la energía, los piensos y los fertilizantes. Por lo general, este incremento de costes no se ha trasladado al precio de venta de los productos, dando como resultado una fuerte caída de la renta agraria por UTA, que alcanza el 6%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).
“Según los cálculos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el incremento interanual de los costes de producción alcanza el 30% en diciembre de 2021, con una subida exponencial de los mismos en la última parte del año. Esto es muy preocupante para las expectativas del 2022 porque pone en riesgo la viabilidad económica de nuestras explotaciones”, explica Miguel Padilla, secretario general de COAG.
“Estamos muy preocupados por la resistencia de los compradores a trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias. Los operadores comerciales de la cadena se han fijado como objetivo la contención de precios al consumidor y el control de la inflación, todo ello a costa de las rentas de los hombres y mujeres del campo. Incluso cuando se producen las subidas de precios en los puntos de venta, en muchos casos no se reflejan en los precios percibidos por los productores”, ha subrayado Padilla.
Este mes de diciembre se han llevado a cabo y planeado nuevas movilizaciones del sector, que planea continuar con estas protestas a lo largo del próximo año. Sin embargo, hay algo en medio de estos desacuerdos que COAG ha valorado positivamente y es la aprobación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, dado que se han producido avances relevantes y abre nuevas expectativas de cara a la mejora de la posición en la cadena de agricultores y ganaderos.
COAG plantea que para que sea efectiva esta Ley, es necesario un mayor control en su aplicación y su completo despliegue, tanto por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios, como por los órganos de control de las Comunidades Autónomas, potenciando las inspecciones de oficio sobre todo en los contratos, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones.
Financial Food.

 

-El número de personas empadronadas en municipios rurales, aquellos que poseen menos de 30.000 habitantes y cuya densidad poblacional es inferior a 100 habitantes por km2, es de 7.538.929 personas, según datos del censo de 2020, lo que supone el 15,9% de la población española. Las áreas rurales se extienden sobre el 84% de la superficie del país. Los datos están reflejados en un documento publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en su página web, en el que se analiza la estructura demográfica y el empleo de las áreas rurales españolas.
El análisis de los procesos demográficos que caracterizan a las áreas rurales es importante para el diseño y aplicación de las políticas regionales. Los cambios sucedidos en la población española durante las últimas décadas han alterado la separación clásica entre los ámbitos urbano y rural. La diversificación económica de las poblaciones rurales, y el establecimiento de redes de comunicaciones cada vez más eficientes con las ciudades, han difuminado en muchos casos la frontera existente entre ambos. Sin embargo, también existen territorios menos vitales donde surge el problema del despoblamiento.
La importancia demográfica de las poblaciones rurales pequeñas se corrobora al observar que el 60% de la población que habita las áreas rurales está empadronada en municipios con menos de 5.000 habitantes, la mitad de la cual estaría censada en términos municipales inferiores a 2.000 habitantes.
En cuanto a la evolución a medio plazo, la población que habita áreas clasificadas como rurales ha descendido un 7,1% en los últimos 10 años (2011-2020), dentro de un contexto general de crecimiento demográfico de un 0,6%. El descenso ha sido superior en los municipios rurales de más de 5.000 habitantes. Por el contrario, la población censada en municipios de tipo urbano ha aumentado un 2,1%. Estos datos son el resultado conjunto de procesos demográficos –naturales y migratorios-, así como de cambios en las tipologías de algunos municipios, que pasan de rurales a urbanos o viceversa debido a variaciones en su censo o en su densidad poblacional.
Las áreas rurales poseen un índice de masculinidad un 9,2% más elevado que en las urbanas, existiendo una mayor masculinización cuanto más pequeño es el municipio. Este índice ha descendido un 0,4% en los últimos 10 años. Por otro lado, la tasa de jóvenes es un 35,2% menor en los municipios rurales que en los urbanos, y disminuye también considerablemente en los de menor población. Esta tasa ha descendido un 9,1% entre 2011 y 2020.
Comunidades autónomas
Las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de población censada en municipios rurales, de un 30% a un 50%, son Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.
Por lo que respecta al empleo, la tasa de ocupación de la población de 15 años o más en las áreas rurales es del 44,5%, siendo esta cifra inferior respecto a la de las áreas urbanas. Las áreas rurales se han mostrado algo más resilientes frente a los efectos de la crisis motivada por el Covid-19 que las urbanas, ya que la ocupación, si bien ha descendido, lo ha hecho en menor grado.
agroclm.

-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este martes 28 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos resoluciones sobre las limitaciones a la autorización de nuevas plantaciones de viñedo y las restricciones de replantación.
La primera de dichas resoluciones fija en 946 hectáreas la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2022, lo que supone el 0,1 % de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2021.
La segunda establece las limitaciones a las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo y restricciones a las de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación en la denominación de origen calificada (DOCa) Rioja para 2022.
Sobre las limitaciones de la DOCa Rioja, indica que la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación en las zonas geográficas delimitadas será, como máximo, de 0,1 hectáreas para el año 2022.
Esta segunda normativa también da publicidad a las decisiones de la Comunidad de Castilla y León sobre la denominación de origen protegida (DOP) Ribera de Duero, que pasa por una limitación a 100 hectáreas de las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en 2022.
Para esta denominación, el MAPA ha detallado que no hay restricciones a la replantación y a la conversión de derechos de plantación.
Por su parte, el Gobierno vasco ha limitado a dos hectáreas las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo amparados en la DOP Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia para este ejercicio y a 15 hectáreas las de la DOP Getariako Txacolina/Txacolí de Getaria/Chacolí de Getaria.
En estas dos denominaciones del País Vasco, el texto precisa que sí hay restricciones a las autorizaciones de replantación y de derechos de plantación.
En 2021 se aprobó, para su aplicación en 2022, una limitación a las autorizaciones de nuevas plantaciones y restricciones a las autorizaciones de replantación y de conversión de derechos en la DOP Cava.
Agroinformación.


-Net Zero Watch pide al gobierno que:
1. Suspenda los planes Net Zero con urgencia y situar los costos de energía y la seguridad del suministro en el centro de la seguridad nacional.
2. Suspenda todos los impuestos verdes sobre las facturas de energía, financiando los subsidios temporalmente fuera de los impuestos, pero actuando con firmeza para cancelar estos subsidios a corto plazo.
3. Cancele los pagos por restricciones y obligar a los generadores eólicos y solares a pagar sus propios costos de equilibrio, incentivándolos así a auto-despacharse solo cuando sea económico.
4. Elimine todos los desincentivos fiscales y de otro tipo a la exploración de petróleo y gas, incluido el gas de esquisto, para aumentar los niveles de producción nacional.
5. Suspenda los impuestos al carbono sobre la generación de carbón y gas con el fin de brindar alivio al consumidor y garantizar la seguridad del suministro.
6. Reabra instalaciones de almacenamiento de gas recientemente cerradas y apoyar nuevos proyectos de almacenamiento.
7. Suspenda todas las iniciativas políticas adicionales dirigidas hacia el objetivo Net Zero, incluidos los presupuestos de carbono, los objetivos de las bombas de calor y el calendario demasiado ambicioso para la prohibición de los motores de gasolina y diésel, hasta que se estabilice el sector energético del Reino Unido.
8. Facilite la aceleración de la construcción y despliegue de pequeños reactores modulares tanto para electricidad como para calor.
Benny Peiser advierte que:
"Es casi seguro que las empresas de energía, si sobreviven a la tormenta que se avecina, no reembolsarán el fondo de 20.000 millones de libras esterlinas que están exigiendo. En cualquier caso, entregar miles de millones a los proveedores de energía mientras los precios de la energía se disparan por las nubes bajaría como un balde de resfriado enfermo con los votantes ".
"Boris Johnson debe priorizar la seguridad nacional como una cuestión de urgencia declarando una emergencia energética, reiniciando la exploración de gas del Mar del Norte de inmediato y abandonando la prohibición efectiva sobre el desarrollo de gas de esquisto".
"Al continuar dando prioridad a la agenda Net Zero sobre la seguridad nacional y la estabilidad económica, Boris Johnson corre el riesgo de convertir una crisis en un desastre nacional".
Dr. Benny Peiser
Director, Net Zero Watch

 

-Esta semana Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras, Oxfam Intermón y UGT han enviado una carta al Ministerio de Agricultura y Ministerio de Trabajo haciendo un llamamiento al sentido de las instituciones, pidiendo la condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC).
Situación actual
Recuerdan que al menos diez millones de personas están empleadas en la agricultura europea, principalmente con trabajos de temporada o en otras situaciones inseguras. A pesar de ser definido como esencial por las instituciones de la UE y los diferentes gobiernos cuando golpeó el COVID-19, la realidad de muchos de estas personas trabajadoras sigue siendo de lucha, privación y violaciones de los derechos humanos, condiciones de trabajo inhumanas, ínfimos salarios, jornadas laborales interminables…son solo algunas de las dificultades a las que estas personas se enfrentan.
A pesar de esta precaria situación, las personas trabajadoras del sector agrícola, nunca han figurado en la Política Agrícola Común (PAC). Su lucha por exigir derechos, justicia social y dignidad en el trabajo no han tenido hasta ahora la visibilidad que debería.
Es el momento de actuar
Actualmente las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la nueva PAC están en curso y por lo tanto el momento presente es fundamental para que la condicionalidad social se convierta en parte del acuerdo final entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
El envío de esta carta al Ministerio de Agricultura y Ministerio de Trabajo supone implicar a las instituciones con el fin de que no solo trasladen en el actual proceso de negociación en la UE la necesidad de una condicionalidad social de la PAC que garantice el respeto del derecho al trabajo, a la salud y a la vivienda de las personas trabajadoras en la actividad agraria, sino además para que, establezcan la misma condicionalidad social, en el futuro Plan Estratégico de la PAC en España.
Agronews Cy L.

 

Compartir en:

Crónica económica te recomienda