Semana del 23 al 30 de enero de 2022.

La PAC llega para quedarse

02 de febrero de 2022

Compartir en:

Noticias bio-climáticas.

. Xi Jinping: la seguridad energética de China es más importante que los objetivos climáticos. Bloomberg.
. Stephen Moore: la guerra de Biden contra la energía estadounidense nos hizo dependientes, nuevamente. Fox News.
. Roger Boyes: El aumento de los precios de la gasolina podría conducir a una hambruna mundial. The Times.
. La crisis energética de Europa: una advertencia para Estados Unidos. Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de EE. UU.
. La crisis energética hace estallar la burbuja bursátil verde. The Daily Telegraph.
. Los precios de los paneles solares se disparan un 50-60%. Asia Times.
. La producción de combustibles fósiles de EE. UU. alcanzará niveles récord en 2023. OilPrice.com.
. Andy Mayer: Deja de posar. Empezar a perforar. El crítico.
. Mascarilla para vacas entre los finalistas del premio a la crisis climática del Príncipe Carlos. The Daily Telegraph.

“El premio Príncipe de Gales para salvar el planeta ha desvelado a sus 20 finalistas, entre ellos un arrecife funerario, papel de algas y una mascarilla para vacas. El Laboratorio de Diseño Terra Carter, lanzado por el Príncipe y Sir Jony Ive, ha reducido 125 presentaciones de estudiantes a una lista final de ideas para resolver mejor la "crisis climática".
Incluyen un juego de computadora para simular salvar el hielo ártico, un nuevo tejido para hacer ropa deportiva ecológica y tecnología que imita cómo las hormigas plateadas del Sahara se mantienen frescas en el desierto.
Un proyecto, llamado ZELP, implica un "dispositivo portátil" para vacas que parece una máscara facial que cubre la nariz del animal. Está diseñado para "neutralizar las emisiones de metano en tiempo real" para algunos de los 1.600 millones de cabezas de ganado en la Tierra.”

. La dependencia de Alemania del gas ruso limita las opciones de Europa en la crisis de Ucrania. The Wall Street Journa.
. Boris Johnson da la vuelta al IVA en las facturas de energía y considerará eliminarlo como parte de las medidas para abordar la crisis del costo de vida. Correo diario.
. Rolls-Royce busca ofertas para el sitio para hacer pequeñas plantas de energía nuclear. Financial Times.
. Craig Mackinlay: ¿Por qué volvernos a un rincón de energía costosa? The Times.

. Net Zero Watch.
Cualquier ilusión que quedara de que las energías renovables pueden proteger a los consumidores británicos y europeos contra el costo del gas se hizo añicos una vez más en los últimos días por la muy baja energía eólica en todo el continente, desde la Península Ibérica hasta la propia Rusia.
El Reino Unido tiene 24.000 MW de energía eólica, pero el pronóstico oficial publicado por Elexon y el Balancing Mechanism Reporting System (BMRS) es de una caída precipitada en la producción durante el día, cayendo a un mínimo de alrededor de 580 MW o poco más del 2%. de su capacidad máxima teórica.
https://www.bmreports.com/bmrs/?q=generation/windforcast/out-turn
A las 14:00, hora del Reino Unido, National Grid, el Operador del Sistema Eléctrico (NGESO) activó temporalmente el Mecanismo de Capacidad de emergencia ya que el margen de generación esperada sobre la demanda cayó por debajo de los límites aceptables.
El Dr. John Constable, Director de Energía de Net Zero Watch, dijo:
“La red eléctrica del Reino Unido, que durante mucho tiempo fue una vergüenza, se está convirtiendo en un lastre. El compromiso excesivo con la energía eólica hace que un sistema eléctrico dependa peligrosamente del gas natural para garantizar la seguridad del suministro durante los períodos de poco viento. Esto significa que los consumidores británicos y de otros países europeos no solo son vulnerables a los altos precios del gas, sino también al uso del gas como arma política”.
El Dr. Benny Peiser, director de Net Zero Watch, dijo:
"Como cuestión de urgencia, el gobierno del Reino Unido necesita acelerar la producción de gas de esquisto y reanudar la exploración de gas en el Mar del Norte, combinado con un rápido despliegue de la flota nuclear.
"Las cosas ahora se están poniendo peligrosas. Gran Bretaña necesita priorizar la seguridad nacional sobre el fallido experimento de energías renovables y eliminar todos los grilletes que impiden el rápido desarrollo de los recursos de gas domésticos en tierra y en alta mar".

. Siemens ya tantea a inversores para la posible venta de su negocio de renovables en España. En mayo de 2021, los rumores sobre una posible opa de exclusión del fabricante Siemens Gamesa obligó a suspender su cotización. Invertia.
. Ante el fiasco electoral, Joe Biden emite más permisos de perforación petrolera que Donald Trump. The Daily Telegraph.
. Lejos de morir, la industria del carbón está en auge. Bloomberg, 28 de enero de 2022.
. Europa 'verde' obligada a depender del carbón para mantener las luces encendidas. Bloomberg.
. El movimiento de vehículos eléctricos de Estados Unidos empodera a China. The Wall Street Journal.
. Los Verdes Radicales causan otro desastre humanitario: La agricultura orgánica causa una crisis alimentaria provocada por el hombre en Sri Lanka.


-APAG Extremadura ASAJA ha recordado que hay una Ley de la Cadena Alimentaria que no se está cumpliendo, por lo que avanza su preocupación para la próxima campaña. El precio mínimo debe ser de 105 €/Tm.
APAG Extremadura Asaja ha exigido que, de cara a la nueva campaña del tomate que se acerca, se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y no se pague el kilo por debajo de los costes de producción, algo que se sospecha pueda ocurrir porque vemos “muchas sombras y pocas luces”.
El presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, ha mostrado mucha preocupación por la “desidia” de la consejería de Agricultura que todavía no ha presentado un estudio con los costes de producción, algo que debería haber hecho ya para cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria y que es fundamental para poder tener una base “oficial” del precio y así poder exigirlo para los agricultores extremeños.
Ante esta falta de respuestas por parte de la consejería de Agricultura y en base al estudio realizado por Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, desde APAG Extremadura Asaja se considera que el precio mínimo por el que se debe contratar en la próxima campaña del tomate debe ser de 105€/Tm.
No obstante, se matiza desde APAG Extremadura Asaja, este precio por tonelada sería con condiciones actuales, puesto que hay que estar pendientes de muchos factores que pueden hacer que cambie ese precio al alza como es el incremento de los insumos, que no paran de subir.
También es fundamental estar “pendientes del cielo y la lluvia” que permita garantizar el riego del 100% de las 23.000 hectáreas que se vienen contratando en Extremadura anualmente, puesto que, si no se garantiza esa previsión de plantación, también se debería realizar una revisión.

En definitiva, desde APAG Extremadura Asaja se ha insistido en la importancia de que se pague por los productos agro-ganaderos el precio que les corresponde y nunca por debajo de los costes de producción.
Lo que no puede ser, ha concluido Metidieri, es que todavía estemos esperando a que la administración presente un estudio con los costes de producción que sirvan de referencia para evitar los atropellos que hoy en día se están dando en las distintas producciones.

 
-Este viernes -28 de enero de 2022- más de 400 tractores han recorrido las calles de Salamanca para solicitar «más respeto hacia agricultores y ganaderos profesionales y rentabilidad para el sector». La movilización la han convocado las organizaciones profesionales agrarias con representatividad en la provincia (ASAJA, COAG y UPA).
La manifestación ha partido a las 11:00 horas del aparcamiento de las Madres Bernardas, posteriormente la caravana de vehículos ha transcurrido por Paseo de la Aldehuela, Paseo Canalejas, plaza España, avenida de Mirat, Puerta Zamora, avenida de Mirat y Gran Vía para terminar frente a la Subdelegación del Gobierno.
Bajo el lema «Por unos precios justos. Más respeto al medio rural», que sujetaban, entre otros, los dirigentes provinciales de ASAJA, Juan Luis Delgado; de COAG, José Manuel Cortés; y de UPA, Carlos Sánchez, los agricultores y ganaderos han recorrido a pie el recorrido de la movilización.
Según han informado las organizaciones convocantes, está previsto que al llegar a la Gran Vía los tres máximos representantes lean un manifiesto antes de reunirse con la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, a la que entregarán dicho documento con sus reivindicaciones.
Reivindicaciones
Entre las reivindicaciones, el sector reclama un plan de choque contra el incremento de los costes de producción; el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, obligando a los compradores al incremento de los precios pactados para los productos agrarios; un nuevo Plan Hidrológico, ya que consideran que se está haciendo a espaldas y en contra del sector agrario.
También solicitan una mayor protección de agricultores y ganaderos profesionales en la nueva PAC ya que consideran que «choca frontalmente con el modelo de agricultura y ganadería profesional de Castilla y León»; que tanto la normativa medioambiental como los criterios de aplicación de la misma tengan en cuenta a los verdaderos garantes del medioambiente rural, los agricultores y ganaderos; control de la fauna salvaje (lobo, buitre, jabalí, corzo, ciervos, meloncillo, etc.) e indemnizaciones por todos los daños que ocasionan estos animales.
Además, reclaman líneas de seguros agrarios adecuadas que «permitan la defensa del agricultor y ganadero ante el monopolio de Agroseguro»; campañas gubernamentales a favor del sector agrario; y que se implanten medidas para incentivar el relevo intergeneracional.
Agropopular.


-La Unión Europea (UE) se ha propuesto lograr una alimentación más sostenible desde el punto de vista ambiental frente a las reticencias de agricultores y cooperativas, que advierten de los mayores costes y de la competencia de otros países, por lo que recelan de la nueva política alimentaria de la UE.
En su lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente, la Comisión Europea (CE) está impulsando el llamado Pacto Verde Europeo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % hasta 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050.
En línea con esos objetivos, la CE ha lanzado la estrategia «De la granja a la mesa»; en su nueva política alimentaria de la UE que plantea ampliar al 25 % la superficie agraria europea dedicada a los cultivos ecológicos y reducir el uso de fertilizantes en un 20 % y el de fitosanitarios y antibióticos en un 50 % para 2030.
La postura de las Organizaciones Agrarias.
El director de Relaciones Internacionales de la organización agraria ASAJA, Ignacio López, señala a Efeagro que hay que esperar para ver si finalmente los planes de la Comisión se traducen en medidas vinculantes, en cuyo caso tendrán un impacto «no muy halagüeño».
Vaticina que los costes de producción se incrementarán, así como los precios que deberán pagar los consumidores, y aumentará la dependencia de las importaciones de fuera de la UE.
La nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027 incorpora mayores exigencias ambientales, cuestiones a las que España dedicará hasta un 43 % del gasto.
En dicha reforma, López destaca que la digitalización cumplirá un papel «fundamental», junto a nuevas tecnologías como los drones, los sensores y otras herramientas de la agricultura de precisión para racionalizar el uso de los recursos naturales.
Para lograrlo, aboga por destinar inversiones y legislar desde la evidencia científica, empleando «reciprocidad y coherencia en las relaciones comerciales»; para poder competir en los mercados internacionales y desarrollar esta nueva política alimentaria de la UE.
El miembro de la Ejecutiva de COAG Andoni García considera que deben darse bastantes cambios para lograr los objetivos de la Comisión, para lo que reclama apoyo económico y una nueva política de precios que permita reflejar los costes de producción y evitar que estos sigan externalizándose.
Sobre el aumento de la superficie ecológica, sostiene que se tienen que poner medios y campañas con el propósito de fomentar el consumo de estos productos entre la población.
«Tal como se ha diseñado la PAC, los instrumentos de mercado son insuficientes y el agricultor que vive de la actividad agraria no se verá priorizado»; en el reparto de las ayudas, apunta García.
El responsable de COAG expresa el compromiso de los productores con el medio ambiente y pide apoyar su tránsito hacia modelos más sostenibles con leyes como la de la cadena alimentaria, que impide vender en España por debajo del coste de producción.
Por parte de UPA, su secretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Roche, defiende la sostenibilidad en su sentido más amplio, entendida como un «equilibrio»; entre la parte económica, la social y la ambiental.
«Apostamos por el modelo de agricultura familiar porque realiza una actividad sostenible que se debe apoyar», afirma Roche, a favor de fortalecer la posición de los productores en la cadena.
Llama a establecer un apoyo presupuestario aparte de la PAC para que los agricultores se adapten a las nuevas estrategias comunitarias y alerta de que una disminución drástica de los productos fitosanitarios les puede suponer un problema en su actividad.
La competencia desleal de terceros países y la pérdida de competitividad son otras de las cuestiones que inquietan a UPA si los productos agroalimentarios que entran en el mercado interno no cumplen los mismos estándares que los europeos.
LAS COOPERATIVAS BUSCAN RENTABILIDAD
El director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias España, Gabriel Trenzado, cree que faltan indicaciones sobre cómo cambiar de modelo productivo, financiar las reformas y lograr resultados antes de 2030.
«Se han establecido unos grandes objetivos que hay que alcanzar, pero realmente no tenemos la respuesta de hacia qué modelo tenemos que ir, más allá de las indicaciones dadas al sector en cuanto a reducir las sustancias activas o limitar las producciones», afirma.
Trenzado insiste en que «va a ser difícil que el sector cambie a un modelo medioambiental más exigente si no hay ciertas garantías de rentabilidad», ya que compite en un mercado abierto en el que necesita que «las políticas económicas le ayuden a tomar decisiones adecuadas»;.
Recuerda que las explotaciones agropecuarias y las cooperativas «son negocios que tienen que ser rentables»; y concluye: «No va a haber economía verde en números rojos».


 -El negacionismo llega al regadío: Ribera cree que «el plan de regularizar cultivos en Doñana es un ataque negacionista»
La vicepresidenta del Gobierno de España Teresa Ribera señaló este sábado 22 en una entrevista con Efe que el plan de la Junta de Andalucía para regularizar 1.460 hectáreas de cultivo ilegal de fresas en los alrededores del Doñana es un «ataque negacionista» que promueve «la ilegalidad y la destrucción» del parque.
«Es una barbaridad lo que está ocurriendo y me parece particularmente gravoso que sea el Gobierno de la Junta de Andalucía quien, en este ataque, que merece ser calificado como ataque negacionista, esté promoviendo la ilegalidad y la destrucción de Doñana», dijo a Efe Ribera durante un consejo informal de ministros de Energía de la Unión Europea celebrado en la localidad francesa de Amiens.
El conflicto en torno al agua en Doñana ha surgido a raíz de una doble proposición de ley que el PP ha registrado en el Parlamento, primero con Ciudadanos y luego con Vox, que garantiza los votos suficientes para que pueda salir adelante, con el objetivo de regularizar 1.460 hectáreas de suelo agrícola regable en el entorno de Doñana.
Según el PP, son derechos históricos acreditados y será con agua «superficial y no afectará» al acuífero de Doñana, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España el pasado junio por no proteger adecuadamente esa área natural.
“Sería dar por bueno el que haya extracciones ilegales generando expectativas que no van a ningún lado. “Así que me parece una enorme irresponsabilidad”.
La corte de Luxemburgo reprochó a España que no hubiera tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana al elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021.
«Es inadmisible y vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que esto no llegue a materializarse», agregó la también ministra para la Transición Ecológica en relación a los planes anunciados por el Gobierno andaluz.
Ribera agregó que no se trata sólo de «un problema medioambiental» y de la «desprotección» y aceptación de la «desaparición de uno de los ecosistemas más emblemáticos» de España.
«Es que los propios vecinos y agricultores que utilizan el agua de manera compatible con la legalidad y de forma ordenada dentro del Plan Hidrológico ya han dicho expresamente que están en contra de esa medida», aseguró.
La ministra agregó que la medida «no va a ningún sitio», no hay agua y no se puede activar esto que ellos quieren».
«Por lo tanto sería dar por bueno el que haya extracciones ilegales generando expectativas que no van a ningún lado. Así que me parece una enorme irresponsabilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social», añadió.
El secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, trató el asunto el jueves en Amiens con el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, que enviará una carta al Gobierno explicaciones formales.
Ve la propuesta como una “irresponsabilidad, ilegalidad y destrucción de uno de los espacios más emblemáticos y más queridos por los andaluces”.
«Y las vamos a dar. Pero creo que esto no debería de salirle gratis a las autoridades. Creo que la sociedad española es suficientemente madura como para entender qué nos estamos jugando y debería de exigir a sus responsables públicos responsabilidad en asuntos tan sensibles como esto, que generan confusión populista y que son manifiestamente ilegales e imposibles», dijo Ribera.
Aunque se trate de una decisión regional, es el Gobierno de España el que tiene que responder ante las autoridades internacionales, tanto ante la Unesco, que cataloga el parque como Patrimonio Mundial, como ante la Comisión Europea.
Pero el Gobierno central, prosiguió Ribera, también tiene que responder a nivel interno en España.
«Y lo haremos y diremos que no, porque los derechos de agua los concede la Confederación Hidrográfica y simplemente es incompatible, contrario a la disponibilidad de agua, a la planificación y a la posibilidad de hacer una cosa así, que sería una barbaridad ambiental pero también de disponibilidad física: no existe agua disponible para eso. Así que es inviable», zanjó.
Más allá de asumir las responsabilidades que le corresponden al Ejecutivo central para impedir la regularización, la vicepresidenta subrayó dijo que «merece la máxima crítica que instituciones tan importantes como el Gobierno de la Junta de Andalucía promueva, con partidos antisistema como VOX, una irresponsabilidad de semejante calibre».
«Irresponsabilidad, ilegalidad y destrucción de uno de los espacios más emblemáticos y más queridos por los andaluces», concluyó, reiterando su oposición a lo que ve como un ataque negacionista
Agroinformación.


 -Christiane Lambert / Presidenta del Copa y de la organización agraria francesa FNSEA

«Este es el momento de Europa». Con estas palabras se dio inicio a la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, con una expresa alusión a las cuestiones relativas a la salud y al clima. Esta referencia también atañe a la agricultura: de todos los años que he podido presenciar en Bruselas, 2021 fue un año muy prolífico en materia de iniciativas agrícolas. Si bien, con el surgimiento del Pacto Verde, sigue siendo la Política Agrícola Común la principal política europea y el cimiento histórico de la Unión, tenemos claro que la PAC ya no es la única política que da lugar a repercusiones importantes en la agricultura.
La estrategia «De la granja a la mesa», la de Biodiversidad para 2030, la de Metano, la del suelo, la forestal de la UE, la de eliminación progresiva de las jaulas y la del paquete de medidas
«Objetivo 55» son iniciativas cuyos principios rectores se esbozaron en 2021 y que deberán traducirse en propuestas legislativas a partir de 2022, en parte en el marco de la Presidencia francesa. Lo mismo puede decirse de la revisión de la política comercial de la UE, con la posible conclusión de los acuerdos comerciales entre la UE y Australia y entre la UE y Nueva Zelanda, así como las incertidumbres relacionadas con la ratificación del acuerdo entre la UE y el Mercosur.
Todas estas iniciativas proponen cambios profundos que redefinirán nuestro modelo agrícola durante las próximas décadas. Por su parte, los agricultores europeos ya llevan a cabo múltiples transiciones en sus explotaciones. Desde el punto de vista político, lo más importante para la comunidad agrícola es la coherencia: tanto entre estas diversas iniciativas a nivel local, nacional y europeo, como también, y sobre todo, en nuestra política comercial. A lo largo del 2021, hemos procurado promover esta doble exigencia de garantizar coherencia en el ámbito europeo mediante una petición clara y recurrente: que se lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre los efectos acumulativos de estas iniciativas.
Sin embargo, seamos claros: si bien los legisladores europeos emplearon una cierta creatividad a la hora de desarrollar los requisitos impuestos a los productores, lo mismo no puede decirse del capítulo dedicado a las propuestas para garantizar una competencia equitativa con nuestros socios comerciales internacionales, que careció mayoritariamente tanto de precisión como de ambición.
En este contexto, para el Copa-Cogeca es de vital importancia la hoja de ruta presentada por la Presidencia francesa de la Unión Europea, la cual se centra en el debate en pro de la competencia equitativa en el marco del «refuerzo de la autonomía estratégica de la Unión». La Comisión sostiene que esta medida puede suponer una contravención de las normas de la OMC, con lo cual la UE quedaría a la merced de posibles represalias jurídicas y económicas. Por lo tanto, examinaremos de forma minuciosa el informe que la Comisión publicará antes de junio de
2022 sobre cuán factible sea aplicar las normas comunitarias a todas las importaciones que ingresen a la UE. La comunidad agrícola ha sido y sigue siendo consecuente en la reivindicación de la competencia equitativa.
A priori, deberían imponerse a las importaciones que lleguen a la Unión Europea las mismas normas rigurosas que han de respetar los agricultores comunitarios.
No hay cuestión más transversal que ésta en cuanto a la capacidad de determinar, en gran medida, la ambición y el éxito del Pacto Verde en la agricultura.
El Copa-Cogeca apoya el comercio, tanto intracomunitario como con terceros países, no obstante, el comercio debe estar cimentado en normas equilibradas, equitativas y transparentes para así evitar la distorsión de la competencia. Hay que seguir atentos y dar continuidad a nuestro aporte al debate sobre las «medidas espejo» y, en términos más amplios, sobre la forma de integrar la sostenibilidad y los objetivos del Acuerdo de París en el comercio internacional.
Por el momento, la OMC continúa paralizada, si bien tiene un papel fundamental que cumplir. Por consiguiente, es fundamental que haya una aplicación adecuada de los capítulos sobre los alimentos sostenibles que figuran en los acuerdos bilaterales. Es imprescindible que el proceso se desarrolle debidamente y que todo se dé en el momento oportuno si se quiere evitar que las famosas «medidas espejo» se conviertan en meros pretextos y engaños, o «humo y espejos» por hacer alusión a la frase original en inglés.
Hay un segundo punto en la hoja de ruta de la Presidencia francesa que nos parece esencial: el énfasis que se ha puesto en el desarrollo de la «absorción de carbono mediante la actividad agroganadera» [en inglés: carbon farming].
Esta iniciativa brindará grandes frutos si permite que la agricultura sea más sostenible, aporta beneficios climáticos y garantiza una renta adicional para los agricultores. Las dos claves del éxito de este nuevo modelo de negocio para los agricultores son la tarificación del carbono y los instrumentos de mercado. En este sentido, el paquete de medidas «Objetivo 55» ya está encaminado a allanar el camino. Sin embargo, la nueva estrategia de protección del suelo de la UE, la estrategia de Biodiversidad para 2030 y los objetivos de recuperación de la naturaleza también tendrán que ser coherentes con el papel clave de la agricultura en el almacenamiento de carbono. Hay que asegurarse de que los agricultores sean recompensados no sólo por su participación en el aumento de la captación de carbono, sino también en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto al comercio internacional, también es interesante la propuesta de establecer un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono para evitar justamente la fuga de carbono.
Los principales estudios relativos a la estrategia «De la granja a la mesa» muestran que este efecto de fuga de carbono tiene el potencial de anular en gran medida todos los esfuerzos realizados por los agricultores europeos.
Por el momento, la Comisión ha decidido excluir la agricultura, aunque los factores de producción esenciales para la continuidad de la actividad agrícola, en particular, los fertilizantes, estarán sujetos a este mecanismo. Esto no solo reduciría la competitividad de la agricultura europea, sino que también provocaría una fuga de carbono del sector agrícola al favorecer las importaciones de productos agroalimentarios con una mayor huella de carbono. Por lo tanto, se debería rectificar este desequilibrio, bien excluyendo al sector de los fertilizantes, o bien desarrollando un instrumento para evitar la «fuga de carbono» en la agricultura. Pero dada la escasa voluntad política de eliminar al sector de los fertilizantes de la propuesta de la Comisión, es de vital importancia mejorar el buen funcionamiento del mercado de los fertilizantes a corto plazo.
El próximo lunes tendrá lugar la primera reunión del Consejo de Agricultura y Pesca bajo la Presidencia francesa. Contamos con que estos últimos presenten una visión ambiciosa y estratégica de la agricultura europea, en la que se vuelvan a poner en perspectiva las cuestiones alimentarias y medioambientales. Dicha reunión será una ocasión sumamente importante y tenemos grandes expectativas al respecto.


-Más de 150 cooperativistas del sector agroalimentario han asistido al webinar sobre la Reforma Laboral organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, y en el que se han analizado las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre. La jornada, celebrada en formato online, ha intentado dar respuesta a las numerosas dudas y preocupaciones que asolan a los profesionales de la agricultura y de la ganadería andaluces tras la entrada en vigor de la normativa, que está aún pendiente de aprobación parlamentaria.
Jaime Martínez-Conradi Álamo, director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha destacado durante la inauguración del seminario «la inquietud existente en el sector por cómo será finalmente el desarrollo de la normativa», así como el «recelo que produce la obligación de dar prioridad a los contratos fijos-discontinuos para la realización de trabajos de carácter estacional».
El director de la federación ha hecho referencia de este modo al hecho de que, pese a que la norma está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, no será hasta el 30 de marzo de este año cuando entre en vigor el nuevo marco de contratación.
José Agustín González Romo, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, quien ha participado en la apertura y clausura del seminario, ha aclarado que aún «pueden plantearse cambios en la normativa una vez que entre en trámite parlamentario» y ha indicado «que no es una reforma que se adapte a la situación concreta del campo». «El sector primario tiene una condición intrínseca de temporalidad, lo cual no significa necesariamente precariedad, sino que son las propias circunstancias de la cosecha las que marcan esta situación», ha apuntado.
Principales novedades
Para analizar el fondo del Real Decreto-ley, así como su aplicación en la gestión laboral de la agricultura y la ganadería han intervenido Fernando Ruiz Linaza y Beatriz Prieto Panadero, socio y abogada senior del área laboral de Deloitte Legal. En su ponencia, los abogados laboralistas han insistido en que las medidas que incluye el Real Decreto pretenden corregir la temporalidad excesiva del mercado laboral español y que, a pesar de no ser específicas para el campo, sí existen los mecanismos para adaptarla al sector.
El mayor cambio que se produce con la norma, han explicado, es la desaparición del contrato por obra o servicio, ya que la modalidad por defecto serán el contrato indefinido y el fijo discontinuo.
En cuanto al contrato de trabajo de duración determinada, sólo podrá adoptarse por circunstancias de la producción o por sustitución de una persona trabajadora. En el caso de las campañas agrícolas, por ejemplo, ha explicado que las causas imprevisibles contarán con una duración máxima de seis meses, mientras que las previsibles no podrán exceder de 90 días anuales. Dichas causas previsibles no podrán ser utilizadas de manera continuada, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de estos días. Además, en el último trimestre de cada año, las empresas deberán trasladar al representante legal de los trabajadores una previsión anual de uso de estos contratos.
En este sentido, y en referencia a la temporalidad de las diferentes campañas del sector agroalimentario, los expertos laboralistas han corroborado que el contrato fijo-discontinuo será el que se deba realizar por defecto en trabajos estacionales o vinculados a actividades productivas de temporada.
Contratos temporales anteriores a la norma
En cuanto a los contratos temporales realizados antes de la aplicación de la norma de contratación, aquellos de obra y servicio o los eventuales realizados entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, se regirán por la normativa vigente en el momento en el que fueron realizados. Sin embargo, no podrán durar más de seis meses.
Otro de los aspectos que regula la normativa y que se han tratado en el webinar ha sido la negociación colectiva. Por un lado, se recupera la «ultraactividad indefinida», es decir, que se mantendrá el convenio colectivo si, transcurrido el proceso de negociación, no se ha llegado a ningún acuerdo. Además, se elimina la prevalencia del convenio de empresa a la hora de fijar la retribución del trabajador.
Tras la ponencia, los abogados han contestado a numerosas preguntas formuladas por los asistentes y moderadas por Elvira Espinosa Portero, responsable del Departamento Jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Sanciones, tramitación de contratos, periodos de prueba, duración máxima de los diferentes tipos de contratos o prórrogas de los contratos vigentes han sido algunas de las cuestiones aclaradas en el seminario. Durante la clausura de la jornada, la responsable del Departamento Jurídico ha recordado que la federación se pone a disposición de todos sus asociados para seguir resolviendo cuestiones relacionadas con el Real Decreto.
Agrónoma.


 -El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado hoy que la industria alimentaria “se ha significado de forma muy importante en la lucha contra el desperdicio alimentario” y que con las actuaciones que ha puesto en marcha “ha avanzado a pasos de gigante” en su reducción. Planas ha reiterado la importancia de las inversiones en I+D+i para optimizar los recursos y lograr una mayor vida útil del alimento, mejorar las condiciones de conservación, innovar en el diseño de envases, producir a través de tecnologías limpias o desarrollar cadenas de valor eco-eficientes mediante la incorporación de sistemas digitales orientados a la eficiencia global.
El ministro Planas ha clausurado hoy la tercera entrega del Foro Participativo de la Industria Alimentaria sobre el anteproyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que ha organizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Palacio Condestable de Pamplona y que sucede a las sesiones de Valencia (dirigida a consumidores y ONGs) y Barcelona (para la distribución y el canal Horeca). Se trata de una serie de jornadas sectoriales que tienen un carácter participativo y de recogida de experiencias y propuestas para poder proyectarlas en la propia Ley.
El ministro ha señalado que, en la elaboración del anteproyecto de ley, el ministerio “ha hecho una recopilación del elevadísimo número de buenas prácticas empresariales y sociales que ya existen” para combatir el desperdicio alimentario. “No partimos de la nada”, ha reiterado, y ha destacado que la industria agroalimentaria”, está cada vez más concienciada sobre la necesidad de reducir el impacto económico, en sostenibilidad y ético” de este problema.
Ha recordado que apenas hace unos años las acciones de responsabilidad social relacionadas con el desperdicio se limitaban a donaciones de alimentos excedentarios. Hoy, cerca del 71 % de las industrias agroalimentarias disponen ya de una estrategia interna definida para luchar contra el desperdicio; más del 61 % de ellas promueve las buenas prácticas; y un 51 % impulsa acciones conjuntas con sus proveedores. En el aspecto de las donaciones, son más del 53 % las empresas del sector que tiene acuerdos estables con entidades sociales. “Son datos para contar con orgullo”, ha afirmado.
Esta realidad, junto a la investigación e innovación, la formación de los empleados, el análisis de la eficiencia de los procesos, el control de existencias o el intercambio de información a lo largo de la cadena, entre otros, son ejemplos de prácticas cada vez más implantadas en la industria alimentaria. Todo ello sitúa a las industrias agroalimentarias en una buena posición para abordar las novedades del proyecto de Ley que Planas ha anunciado que tiene intención de llevar al Consejo de Ministros en primavera para su posterior tramitación parlamentaria.
RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO
Luis Planas ha situado esta iniciativa en el marco de los compromisos que tiene España con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en las aspiraciones de las políticas comunitarias que también tienen fijado la reducción a la mitad del desperdicio alimentario. Poner freno a este fenómeno es uno de los aspectos más cruciales a la hora de articular sistemas alimentarios sostenibles y de economía circular.
El ministro Planas también ha recordado las dos metas concretas que se ha propuesto España, dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y como parte del Informe Progreso 2021, que se presentó ante las Naciones Unidas el pasado mes de julio durante la celebración del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.
Se trata de la meta de haber revisado, para finales de 2022 y en colaboración con las instituciones comunitarias, la legislación referente a las fechas de duración mínima, caducidad y consumo. Y de la meta de haber reducido, para el año 2030, la generación de residuos alimentarios (el 50 % en el hogar y el comercio minorista y el 20 %, en las cadenas de producción y suministro).
El Gobierno también adquirirá nuevas responsabilidades. Tendrá que elaborar un Plan Estratégico en coordinación con otros ministerios que definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.
Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa consulta al resto de ministerios implicados, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico. El MAPA también realizará un informe anual sobre los resultados de la aplicación del plan nacional del que tendrá que informar a las Cortes.
La ley impone, además, a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgativas, así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.
MAPA.


 -El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tildado este lunes 24 de «oportunista» la «presencia de líderes de partidos de la derecha» en la protesta agrícola, ganadera y pesquera en defensa del mundo rural que este domingo recorrió las calles de Madrid.
«Este es el Gobierno, en este siglo, más comprometido con el medio rural y que más cosas ha hecho y está haciendo a favor de los agricultores, ganaderos y el medio rural»; «que la derecha quiera apropiarse del campo no es nuevo, pero creo que no pertenece a nadie, pertenece a los agricultores y ganaderos y a los que viven en él».
«Hay que discernir entre los que hablan y los que actúan, y creo que eso es muy importante de cara al futuro», ha sentenciado antes de resaltar que «hay que ser capaces de mantener el principio de igualdad entre todos los españoles, y que alguien que viva en el mundo rural tenga las mismas oportunidades que quien vive en el mundo urbano».
Planas ha hecho estas declaraciones antes de que comenzara la presentación de una nueva reedición del libro «El óxido del cielo», del cordobés Alejandro López Andrada, un volumen que es un «ejemplo de la literatura rural española».
El titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no cree que las declaraciones sobre la carne del ministro de Consumo, Alberto Garzón, vayan a perjudicar a su partido en las próximas elecciones en Castilla y León.
«Ya lo dije la semana pasada, para mí es un capítulo cerrado» en el que ha habido una «interpretación interesada sobre sus manifestaciones, que ya dije en su momento que me parecían no afortunadas» ya que «este Gobierno apoya a la ganadería» y todas sus modalidades «merecen respeto y consideración».
Sobre la manifestación de ayer en Madrid convocada por Alma Rural ha destacado su «heterogeneidad» en cuanto a organizaciones y su «diversidad» en cuanto a problemáticas e intereses.
Trabajando en la solución de los problemas.
«El hecho es que el Gobierno de España está trabajando en muchas actuaciones que responden a esas problemáticas», como en «poner en práctica la Ley de la cadena alimentaria», ha asegurado antes de explicar que la semana pasada ya mantuvieron una reunión con el Consejo Asesor «para establecer los pasos a dar de forma inmediata».
También ha mencionado que su departamento sigue trabajando para alcanzar una Política Agrícola Común (PAC) «mejor distribuida, más sostenible, que fomente el relevo generacional y que produzca innovación y digitalización» y en la «modernización del regadío» o en la «mejora del sistema de seguros agrarios».
También ha resaltado que los esfuerzos del MAPA se han dirigido a la ordenación de la oferta, calidad, trazabilidad y promoción del aceite de oliva.
«También está la parte de los sentimientos», -ha continuado al referirse a la protesta de ayer-, y es cierto que hay un sentimiento de «espalda con espalda entre el mundo urbano y el mundo rural en España», que a su juicio «no es bueno», ya que hay que «saber de dónde vienen los alimentos».
También se ha referido a que es necesario «hacer digno el trabajo y la vida en el medio rural», un objetivo que se ha marcado el Gobierno, junto a los objetivos de las medidas planteadas en materia de reto demográfico.
Sanidad Animal.
Sobre la peste porcina africana (PPA), ha comentado que por ahora «no hay ninguna novedad» tras detectarse un foco en Italia, pero «no hay que bajar la guardia».
Respecto a la gripe aviar, ha confirmado que hay un brote en una explotación avícola española y que tras los «brotes importantes en Francia», «el riesgo está ahí», ya que se transmite a través de aves migratorias, por lo que su ministerio y las comunidades autónomas están «muy vigilantes para que no se reproduzcan más focos».
En cuanto al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Agrícola, ha asegurado que mañana no irá a Consejo de Ministros y que esta semana hay varias reuniones técnicas interministeriales para la preparación del texto.
Por último, se ha referido a «relación complicada» que existe entre la ganadería extensiva y el lobo «no solo en España, sino en la Unión Europea», ya que «la presencia de grandes carnívoros en el mundo rural es ciertamente una amenaza para nuestros ganaderos», y por eso «estamos intentando favorecer y ayudar con mastines y con vallados para la protección» del ganado.
«Hay que conciliar diversidad y actividad ganadera, es un punto de preocupación», ha finalizado.
Agroinformación.

 

 

-Los agricultores andaluces no se ven como generadores de cambio climático, según una investigación de la UCO.
El 96% de los encuestados cree que el cambio climático está ocurriendo y el 90% ha percibido cambios en la duración de las estaciones.
Los agricultores andaluces se ven más como solucionadores que como generadores de cambio climático, según ha revelado la investigación sobre Percepción del Cambio Esta percepción, en la que "tienen bastante razón", según la catedrática del Departamento de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la institución académica, María del Mar Delgado Serrano, se extrae de la que "probablemente sea la muestra más importante que se haya hecho" en el agro andaluz y que ha cubierto "todos los sistemas agrarios andaluces con una muestra representativa".
Para Delgado, una de las investigadoras principales del proyecto, desarrollado en el marco del Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020, "las políticas no tienen tanta capacidad para hacer cosas, por lo que es muy importante saber qué opinan, cómo lo ven, cómo perciben el riesgo y en qué condiciones estarían dispuestos a tomar decisiones" los agricultores andaluces.
El estudio ha puesto de manifiesto que el 91% de los encuestados confían en la información dada por la comunidad científica, mientras que sólo el 22% lo hace en la que reporta el Gobierno.
Según aseguró María del Mar Delgado, "hablamos de un sector absolutamente clave en Andalucía, tanto desde el punto de vista económico por su generación de empleo, como de ordenación del territorio" y porque la comunidad "puede ser dentro de veinte años un medio desierto".
De hecho, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un órgano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha situado en su quinto informe a Andalucía entre las zonas más afectadas por este fenómeno, enfatiza.
El 96% de los encuestados cree que el cambio climático está ocurriendo y el 90% ha percibido cambios en la duración de las estaciones, mayor temperatura media y mayor frecuencia de sequías, concreta Macario Rodríguez Entrena, el otro investigador principal y profesor asociado en la Universidad cordobesa.
"El agricultor percibe perfectamente, con experiencia propia, pasada y presente la presencia del cambio climático, sobre todo en el acortamiento de los ciclos de cultivo, esa difuminación de las estaciones del año, y eso hace que, en general, estén dispuestos a adaptarse y a tomar medidas que puedan hacer frente al cambio climático", concreta Rodríguez.
Pese a ello, "la principal barrera que encuentra es la gran presión de los mercados internacionales respecto a los productos agroalimentarios y tiene bastante recelo sobre cuál va a ser el acompañamiento público, a través de las políticas agrarias (PAC), para transicisionar hacia unas políticas más ecológicas".
En todo caso se señala que la mayoría de los agricultores y de los ganaderos mantienen "una creencia aún más fuerte sobre que son los habitantes de las ciudades quienes tienen una mayor obligación de cambiar su comportamiento para hacer frente a este fenómeno", el agro andaluz no se identifica "dentro del sistema alimentario".
Así, resalta que "no es la agricultura en sí la que genera tanto cambio climático, es el sistema alimentario, que es el que tiene unos altos in put (aportes) energéticos, de fertilizantes, de transporte, de transformación, pero un agricultor que está arando su tierra o podando su olivo no está generando una gran cantidad de emisiones", apunta la catedrática.
El perfil del agricultor con "mayor disponibilidad a adoptar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático", se da en aquellos que tiene una alta probabilidad de relevo generacional, disponen de varios tipos de cultivos o de ganado y en el que el mayor porcentaje de la renta total familiar procede de la agricultura.
La profesora del Área de Economía, Sociología y Política Agraria Universidad de Córdoba Manuela Castillo Quero, integrante también del equipo de investigación, explica que para el estudio se realizaron más de mil encuestas entre personas con actividad agraria de toda Andalucía, de diferentes sistemas agrarios: arroz, olivar, ganadería, frutas y hortalizas al aire libre, invernadero, viñedos y cereales, oleaginosas y proteaginosas.
A su juicio, "la diversidad de cultivos y modos de producción, además de los impactos diferenciados del cambio climático, tienen una elevada influencia en los factores que modelan la percepción social, en el tipo de acciones individuales de mitigación y adaptación, en las estrategias y políticas de adaptación y mitigación que los agricultores están dispuestos a aceptar y, en definitiva, en la resiliencia frente al cambio climático".
Se trata de un trabajo que permite perfilar una realidad del agro andaluz ante la realidad de que "la mayor parte de las acciones de adaptación frente al cambio climático dependerán de la capacidad autónoma adaptativa de los agentes, independientemente de las acciones que puedan poner en marcha los gobiernos".
El Día de Córdoba.


 -La manifestación que tuvo lugar en Madrid ayer, convocada por Alma Rural, más allá de la habitual guerra de cifras y de que se quedase muy lejos de ese millón de participantes que se habían fijado como objetivo, es un paso importante y supone dos advertencias.
La primera, para el Gobierno de Pedro Sánchez. Una parte significativa de la gente del campo y también de la vinculada con el medio rural, sus usos y tradiciones, se siente maltratada por este Ejecutivo en general y por cuatro Ministerios en concreto: los de Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y, por supuesto, el de Agricultura. En este último, Luis Planas y su equipo más directo de colaboradores se ponen de perfil y parece como si la cosa no fuese con ellos. Y no es así. Una parte de las reivindicaciones de los convocantes afectan a competencias directas de este departamento. Y, en las restantes peticiones, Planas también se ve implicado, porque se supone que es el embajador del campo y del medio rural ante el Gobierno y viceversa. Es muy difícil de entender, por ejemplo, que Planas no haya convocado a estas organizaciones a negociar el Plan Estratégico
La otra llamada de atención es para las organizaciones agrarias «clásicas». Son cuatro. Tres de ellas, ASAJA, COAG y UPA, reconocidas oficialmente. La cuarta, Unión de Uniones, también existe, especialmente en algunas comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León o Comunidad Valenciana, porque así lo han decidido los agricultores y ganaderos en las elecciones a Cámaras. Ninguna de las cuatro convocó de forma oficial la manifestación de ayer de Madrid, aunque alguna de ellas participó. Los manifestantes que estuvieron por las calles de la capital respondían a la llamada realizada por una amalgama de organizaciones provinciales, locales y sectoriales, cuyos representantes (o una parte) afirman no sentirse representados por los cuatro sindicatos citados anteriormente. Lo de ayer es un aviso claro a los dirigentes de ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones, que pueden verse sobrepasados. Es muy difícil de entender, por ejemplo, que Planas no haya convocado a estas organizaciones a negociar el Plan Estratégico, el principal instrumento de la nueva PAC, y que sus dirigentes no hayan dicho ni «muuu». Advertidos quedan.
C. Lumbreras. La Razón.


 -España asegura que el gran giro de la PAC es que el 42 % del gasto será medioambiental.
Uno de los grandes cambios de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 es su «giro ambiental, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones», con un 42 % del gasto destinado a ayudas a las prácticas que mejoran el medioambiente, los suelos o el uso de «inputs» en la producción.
En una entrevista con Efeagro, el secretario de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, analiza éste y otros aspectos novedosos de la futura PAC, cuyo plan estratégico de aplicación nacional y sobre el que la Comisión Europea tendrá que pronunciarse en breve, España acaba de enviar a Bruselas.
«Las medidas que estaban dentro del “greening” dejan de ser medidas por las que se pagaban ayudas y pasan a ser requisitos; la diversificación de cultivos, conservar los pastos permanentes o mantener superficie de interés ecológico se incluyen ahora como tales en la condicionalidad reforzada», detalla Miranda.
«Sobre esos requisitos mínimos hemos construido unas ayudas nuevas, los ecoesquemas, con una finalidad medioambiental. Y con un mensaje muy bueno para la sociedad: la PAC ‘devuelve’ el dinero invertido en ella con un servicio ambiental, manteniendo la rentabilidad de agricultores y ganaderos».
A su juicio, permitirá «hacer esa transición ambiental, que cuando tengamos perspectiva nos hará observar un cambio muy profundo a la hora de hacer agricultura en España y la Unión Europea».
El plan de aplicación en España prevé que cada agricultor tenga al menos un ecoesquema a su alcance; son siete prácticas, divididas en las destinados a pastos permanentes, superficies de cultivo y cultivos leñosos.
Una vez presentado el plan estratégico a Bruselas y en procedimiento de exposición pública para la evaluación ambiental, los siguientes pasos de la PAC se centran en el paquete legislativo para aplicarla en España: «Ese trabajo ha comenzado ya; será una veintena de propuestas, una con rango de ley y el resto, de real decreto».
Miranda precisa que en ellas se «tocarán todos los aspectos que tienen que ver con la gobernanza de la PAC», desde cómo se hacen las solicitudes a cómo se comprobará la condicionalidad social; una tarea que «llevará todo el año» para que entre en vigor a final de 2022 y para el 1 de febrero de 2023 se abra la ventanilla con todo dispuesto desde el punto de vista legal y técnico.
En este sentido, el secretario de Agricultura y Alimentación incide en que en muchos casos los agricultores tendrán que tomar ya este año las decisiones sobre qué van a producir o a qué ecoesquema se va a acoger, por lo que el sector también tendrá que prepararse de cara al nuevo escenario.
Información y Formación.
«Este es el año de la información y la formación», defiende, porque «los agricultores tienen que saber qué hacer y cómo hacerlo», y hay es fundamental el trabajo de la administración agroalimentaria y el de las organizaciones y cooperativas.
Y cita como ejemplo, poner en contacto a agricultores que ya hacen determinadas prácticas ambientales con otros productores, para extender su uso y hacerlo general, con lo que eso supondrá de beneficio para el medio ambiente, el suelo y el territorio.
En cuanto a las zonas agronómicas, de cara a cumplir con la convergencia (igual ayuda para misma producción de una zona), para la nueva PAC se ha pasado de 50 a 20 regiones, a partir de las recomendaciones de la Comisión Europea.
«Tenemos un país tremendamente diferenciado y el acuerdo con las autonomías es llegar a 20 regiones, para tener un modelo evolutivo y que en 2026 tengamos el 85 % de convergencia en cada reunión; y que en el 2029 se alcance de forma plena», explica Miranda.
Desarrollo Rural.
Otro cambio fundamental se refiere al segundo pilar, referido al desarrollo rural: «Hemos pasado de tener 18 planes (CCAA y el del Ministerio) y las medidas del segundo pilar a integrarlo todo en un plan, en el que las acciones tienen que ser coherentes y sinérgicas entre sí».
“Lo que nos obliga el plan estratégico es a identificar qué necesidades tenemos y con qué medidas se va a responder y a ponernos todos de acuerdo en cómo hacerlo con los dos pilares de la PAC”, señala.
Según subraya Miranda, el plan es «el marco en el que se tienen que mover el desarrollo de las políticas agroalimentarias del Estado y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y las comunidades autónomas, porque será como nos relacionaremos con la Comisión Europea».
La PAC tiene que «verse de una forma integral, como un instrumento que da soluciones para problemas», señala.
Efeagro.


 

Compartir en:

Crónica económica te recomienda