El uso de la mascarilla en revisión 

31 de marzo de 2021

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado crear una mesa técnica para interpretar la ley que endurece el uso de mascarillas en todo momento, publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Fuentes conocedoras de las deliberaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado este miércoles en Valladolid, explican que en la reunión se ha debatido sobre el contenido de esta nueva norma que, en algunos aspectos, ha quedado “obsoleta”, según han manifestado varios participantes. La mesa técnica tratará de dilucidar qué tipo de excepciones puede haber al uso de la mascarilla y cómo se pueden reglamentar, algo que ya estaban regulando las comunidades autónomas antes de la entrada en vigor de la ley.

La ministra de Sanidad, Darias, ha comparecido tras la reunión para explicar que se trabajará en “elaborar criterio técnico para la aplicación de la ley”. “Espero que [de aquí al próximo Consejo Interterritorial] podamos encontrar espacio para poder aplicar esta ley, hacerlo de la más armonizada posible y de la manera más contextualizada posible”, ha señalado. “La mascarilla es de uso obligatorio, pero tenemos que estudiar si la ley nos deja margen de actuación”, ha añadido ante la insistencia de las preguntas de los periodistas.
La norma comenzó a tramitarse en junio y su aprobación supone eliminar una salvedad al uso de mascarillas: se permitía cuando la distancia era superior a 1,5 metros. Una enmienda del grupo socialista en el Senado modificó esta excepción para imponer el uso de la mascarilla en todo momento en los espacios públicos, tanto cerrados como abiertos. Otra enmienda de Vox, que no salió adelante, pedía que en espacios interiores fuera obligatoria siempre y que en exteriores solamente cuando no se pudiera mantener la distancia de seguridad.

El nuevo reglamento solo permite no llevar mascarilla en espacios públicos a personas con alguna enfermedad a las que perjudique el uso de esta protección, para hacer deporte individual al aire libre y en casos que no están concretados, bajo el siguiente enunciado: “Cuando por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias”. Esto se aplicaría por ejemplo para bañarse en la playa o en una piscina, pero no sería fácilmente encajable para estar por ejemplo en la playa fuera del agua, según ha explicado a este periódico José Martínez Olmos, que fue director general de Sanidad.

La norma “habilita al Gobierno y a los ministros de Sanidad y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto” en la ley. Una de las posibilidades que tendrá que estudiar la mesa técnica es si en ese desarrollo caben excepciones adicionales, señala Manuel Moreno, doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga.

En otro caso, si las comunidades o el ministerio consideran que la norma ha quedado “obsoleta”, tal y como han manifestado algunos miembros del Consejo Interterritorial, las opciones jurídicas pasarían por que el Gobierno aprobara un Real Decreto Ley que la superase, que tendría que ser refrendado por el Congreso; aprobar otra ley de modificación, que requiere una larga tramitación parlamentaria; o añadir un cambio a algún aspecto concreto de la norma ahora aprobada en otra ley que se apruebe mediante nuevos artículos, algo poco ortodoxo, pero que se hace con frecuencia, según añade Moreno.
La consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, ya ha adelantado que su comunidad no cumplirá lo que dice la ley, 

El Consejo también aprobó la resolución que la Comisión de Salud Pública adoptó el martes, que mantiene el límite de 65 años para la vacuna de AstraZeneca, y solo hace una excepción en los trabajadores esenciales, para los que se aplicará a cualquier edad. A efectos prácticos, esta medida no cambia prácticamente nada con respecto a lo que había en vigor, ya que el número de empleados esenciales con más de 65 años es mínimo.
 

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