OCDE: España no debe de subir impuestos

14 de abril de 2021

La OCDE recomienda a España aplazar cualquier medida que implique una subida de impuestos en tanto no se consolide el crecimiento de la economía. El organismo internacional entiende que el país debe avanzar hacia un sistema fiscal más equitativo y además generar recursos para financiar la reformas que se necesitan en el mercado de trabajo o en el sistema de formación, pero que ese proceso debe abordarse una vez se haya superado el ´shock´ económico generado por la Covid.

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Es mas, en opinión de los expertos de la OCDE, debe ir acompañado de un paquete de medidas compensatorias para los hogares más vulnerables, según se recoge en el informe de evaluación sobre las reformas estructurales realizadas por el Gobierno de España. Los analistas de la Organización  entienden, no obstante, que en España es más prioritario aumentar la equidad del sistema fiscal que subir los tipos impositivos. En ese sentido, sus recomendaciones van en línea de aumentar la base fiscal del país a golpe de reducir exenciones en el IRPF y el Impuesto de Sociedades y limitar el efecto de los tipos reducidos del IVA, sin mencionar en ningún momento la opción de subir los tipos de estos impuestos o crear nuevas figuras impositivas. De hecho, la única subida fiscal que recomienda de forma específica el organismo hace referencia al impuesto sobre hidrocarburos para penalizar fiscalmente las emisiones contaminantes, y la plantea "en el medio plazo".

El club de países ha valorado que un sistema tributario «más efectivo» podría rebajar la desigualdad del país, así como limitar la contaminación y las emisiones. Además, un incremento en la recaudación «proporcionaría financiación para las reformas del mercado de trabajo, educativa y de innovación». «Cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y posiblemente necesite ir acompañada de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables», ha alertado el organismo que preside Ángel Gurría.
La OCDE ha valorado de forma positiva el incremento del IVA a las bebidas azucaradas y el impuesto sobre determinados servicios digitales. Una vez la recuperación esté en marcha, el organismo ha recomendado «ampliar la base fiscal» reduciendo el número de exenciones, reducciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas. Asimismo, considera que España debería «limitar» el uso de tipos reducidos del IVA a medio plazo. También que debería los gravámenes sobre combustibles para «reflejar mejor» sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), aunque esta medida debería llevar aparejada alguna medida para ayudar a los hogares más pobres.

A nivel general, gran parte de las recomendaciones van dirigidas a invertir y reformar la educación para crear empleos de calidad y aprovechar las oportunidades de crecimiento. El organismo con sede en París considera necesarias mejorar la formación universitaria para alinearla más con el mercado laboral. Además, ha instado al Ejecutivo a que la financiación competitiva de las universidades esté ligada al rendimiento, de forma que se incentive la «investigación de calidad». Además de la formación reglada, la OCDE también ha recomendado al Gobierno mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo mediante una mayor asignación de recursos a formación profesional para parados. Otra recomendación es crear programas públicos de formación laboral dirigidos a trabajadores poco cualificados o de mayor edad.

Por lo que respecta a las empresas, receta eliminar las regulaciones que dependen del tamaño de la sociedad, implementar la unidad de mercado en todo el país y reducir el número de contratos disponibles.
Lo curioso de todo esto y no es casualidad es que el informe de la OCDE se conoce apenas un par de días después de que la ministra de Hacienda haya avanzado la intención del Gobierno de acelerar sendas reformas fiscales para implantar el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y para armonizar los impuestos sobre la riqueza en todas las comunidades autónomas, lo que se traduciría sobre el papel en un incremento de la presión fiscal tanto sobre las grandes empresas como sobre los contribuyentes con rentas más altas.
 

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