INFORMES Y ANALISIS

Fedea critica el plan de recuperación por la subida de impuestos

20 de abril de 2021

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia conlleva «cierto riesgo» de retroceso hacia una «excesiva rigidez» en materia laboral y apuesta por una subida «indiscriminada y poco meditada» de la presión fiscal en los próximos ejercicios.

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Además, ha trasladado sus dudas sobre las propuestas de pensiones recogidas en el Plan de Recuperación, que a su entender «difícilmente» supondrán un avance en términos de la sostenibilidad del sistema o su equidad intergeneracional. «El documento apunta a objetivos generalmente deseables, aunque en ocasiones demasiado genéricos, pero deja abiertas muchas cuestiones importantes sobre cómo se pretende alcanzarlos, lo que dificulta su valoración», ha lamentado. Fedea considera que mantiene en lo esencial las líneas de actuación y las propuestas de inversión avanzadas en el borrador publicado en octubre, con pequeños retoques y algo más de detalle en cuanto a sus dotaciones presupuestarias.

Una de las principales novedades es la incorporación de un extenso listado de más de 100 «reformas» que incluye una multitud de nuevas leyes, regulaciones, planes, agendas, hojas de ruta y estrategias. «En la mayor parte de los casos, el documento se limita a enunciarlas sin demasiadas precisiones más allá de referencias genéricas a la modernización o mejora de la normativa relevante», ha señalado. En algunos casos se entra en algo más de detalle sobre las reformas, «aunque no siempre de una forma clara». No obstante, desde la Fundación valoran positivamente el anuncio de la introducción de mecanismos de pago por uso en las carreteras de alta capacidad y el compromiso de agilizar los procedimientos y facilitar las soluciones negociadas en la nueva reforma concursal que se está preparando.

En materia de vivienda, agua y educación, Fedea ha apuntado que «la discusión no es muy informativa», como tampoco lo es en el caso de las tres grandes reformas en las que seguramente se está concentrando la negociación con la Comisión Europea: el mercado de trabajo, las pensiones y la fiscalidad. En cuanto al decreto de ayudas directas para pymes y autónomos, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha advertido de que no parece que las autonomías, a diferencia de la Agencia Tributaria, cuenten con ventaja comparativa en la gestión del programa y esto retrasará «inevitablemente» la llegada de las ayudas, a pesar de que «que ya se han hecho esperar más de lo razonable».
Tampoco se entiende, según se señala en el nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid, la necesidad de un reparto ex ante entre territorios cuando el texto ya establece criterios para fijar la cuantía de las ayudas en función de la caída del volumen de negocio de las empresas.

Aunque desde la Fundación han hecho una valoración positiva de las ayudas, también han alertado de que hay «muchos aspectos» del decreto que son claramente susceptibles de mejora. Uno de ellos es la exigencia de que los solicitantes de las ayudas que en él se contemplan estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social en el momento de presentar su solicitud, ya que ven muy probable que muchas de ellas sean incapaces de cumplir este requisito.
Alternativamente, para hacerlo podrían verse obligadas a concentrar sus incumplimientos en sus acreedores privados, reforzando así los posibles «efectos de bola de nieve que el Gobierno presumiblemente busca evitar con las ayudas», ha alertado.

Adicionalmente, el decreto opta por dar a las ayudas un marcado carácter finalista, estableciendo incluso un orden de prevalencia que podría ser un problema si se opta por una interpretación rígida del texto. «Tomado literalmente, el decreto obligaría a los beneficiarios de las ayudas a destinar el remanente de las mismas que pudiera quedar tras pagar las deudas pendientes con proveedores a reducir sus préstamos, comenzando por los ICOs, incluso aunque careciesen de liquidez para hacer frente a nuevos pagos a proveedores o cubrir sus costes fijos en los próximos meses», ha explicado la Fundación.
 

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