Macrodemanda contra la gestión del Gobierno en las Covid-19

12 de julio de 2021

Perjudicados por el coronavirus han pedido amparo al Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Supremo rechazara a finales de 2020 todas las querellas interpuestas para que se investigara a los miembros del Ejecutivo, acusados de actuar de manera "negligente", ocultar información y no tomar medidas adecuadas a tiempo contra la pandemia, desoyendo las advertencias de organismo internacionales. 

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el 14 de marzo de 2020 un estado de alarma que conllevó un confinamiento de toda la población española durante meses para combatir el aumento de casos de contagios y muertes por la covid-19. Para muchos colectivos y particulares, tanto esta decisión como otras medidas de relevancia -por ejemplo, la falta de provisión de material de prevención- llegaron demasiado tarde, por lo que distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la Sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) presentaron una veintena de querellas y una treintena de denuncias contra el Ejecutivo por su gestión. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente para investigar a los miembros del Gobierno debido a su aforamiento, dictó un auto el 28 de diciembre del pasado año por el que inadmitió todas estas acciones al considerar que no se justificó debidamente la autoría de los delito que se les atribuía (homicidio y lesiones imprudentes, contra el derecho de los trabajadores, prevaricación o malversación de caudales públicos) tanto al jefe del Ejecutivo como a sus ministros. Los magistrados afirmaron en su resolución que no hay indicios suficientes que sostengan y acrediten que de "haberse ejecutado la acción omitida, se habrían evitado los resultados lesivos y mortales". "En otras palabras, habría que demostrar que si no se hubiera ocultado información o se hubiera anticipado la decisión política del confinamiento, se habrían impedido los daños", zanjó.

Una de las asociaciones querellantes, la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, en nombre de más de 600 víctimas, no compartió en su día este criterio del alto tribunal, por lo que recurrió sin éxito ante la misma Sala la decisión de no abrir causa contra el Gobierno. Ahora ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional impugnando ambas resoluciones del Supremo al entender que se han vulnerado los derechos de igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva de las personas a las que representa. El escrito presentado ante el tribunal de garantías, al que ha tenido acceso La Información, asegura que el archivo de las querellas generó "indefensión" a los familiares de las personas fallecidas y a aquellos que aún sufren los efectos del virus, ya que no se ha desplegado la "más mínima actividad probatoria" para "obtener por medio de la justicia la depuración de las responsabilidades penales" de los miembros del Consejo de Ministros.

A juicio de la fundación que preside la letrada Emilia Zaballos, el Supremo ha "desviado la atención" al no justificar por qué la actuación del Gobierno durante los meses más duros de la pandemia no encaja en ningún tipo delictivo. El recurso señala que el hecho de que no exista un delito que prevea en su redacción "una pandemia, unido a la palabra riesgo",  dificulta que se admita a trámite una querella contra el Gobierno y se desarrolle alguna "actividad probatoria" para examinar su actuación. 
Por ello, pide al Tribunal Constitucional que admita a trámite su recurso por la "especial trascendencia constitucional" que tiene el asunto, ya que se plantea "una faceta o problema de un derecho fundamental" sobre el que no hay doctrina constitucional.  Asimismo, además de recordar la repercusión económica que ha tenido la pandemia, insta a que ordene la apertura de una investigación "con la práctica de diligencias de prueba, aunque sea mínima, a efectos de impedir la percepción de impunidad de estos hechos vistos con suma decepción por el conjunto de la ciudadanía".
El Gobierno es "el único órgano competente para establecer las medidas necesarias que hubiesen impedido el resultado de muerte de miles de personas", subraya el recurso. La fundación añade que independientemente de que los miembros del Ejecutivo hubieran hecho pública toda la información de la que disponían, "lo que es un hecho incuestionable es que no se adoptaron las medidas necesarias para impedir el contagio de personas, cuando eran los únicos que inicialmente podían decretarlas, y el haber retrasado la imposición de las medidas que más adelante se establecieron, causó innumerables muertes y secuelas a los que han sobrevivido tras sufrir la enfermedad".

Con todo ello, el recurso, con fecha del pasado 29 de junio, también reprocha al Supremo que, para el estudio de todas las querellas y denuncias, y asumiendo el criterio de Fiscalía, acordara acumularlas  en un único procedimiento, siendo el "único punto en común" el coronavirus. No todas atribuían los mismos delitos ni iban dirigidas contra las mismas personas, pues una de ellas se presentó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 
Para la Fundación Zaballos, dicha aglomeración es otro motivo de vulneración de derechos, ya que nada tiene que ver la querella en la que "solo se pretende imputar la previsión 'nefasta' a la hora de calificar el bajo riesgo a un colectivo que está cara al público" con aquella que busca que los miembros del Gobierno respondan por no haber adoptado "las medidas precisas para evitar tantos resultados de muerte". Por este motivo, también pide al Constitucional que revoque esta decisión adoptada por los magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal.
 

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