Definir el plan de consolidación fiscal, tarea urgente

19 de julio de 2021

El elevado déficit público estructural que arrastra España desde hace años y la magnitud de la crisis derivada de la pandemia hacen particularmente exigente una senda de consolidación fiscal que debería definirse ya, para comenzar a implementarla en 2022, antes incluso de que se reactiven las reglas fiscales europeas y concluya el programa extraordinario de compras de deuda pública del BCE. 

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Es una de las advertencias incluidas en el último número de Cuadernos de Información Económica publicación editada por Funcas, que aborda los desafíos y oportunidades en la recuperación. La permisividad fiscal y la acción del BCE posibilitan financiar enormes volúmenes de deuda pública a costes históricamente bajos, lo que, según Santiago Lago, favorece una calma aparente en el corto plazo, pero apunta a turbulencias a largo plazo, de ahí que la situación exija reaccionar ya. En su opinión, el retorno a la estabilidad presupuestaria en 2023 y años siguientes va a ser más exigente que nunca. La definición de una estrategia de consolidación fiscal debería basarse en tres pilares: ampliar el horizonte temporal del actual plan presupuestario, abordarse con un amplio apoyo político y sostenerse en una mejora de la calidad del gasto público y de la gobernanza multinivel pues también corresponderá parte del esfuerzo a las comunidades autónomas.

Las medidas de restricción de movilidad y confinamiento han tenido una incidencia social considerable de la que la vivienda no es excepción, si bien el impacto ha sido moderado, con un descenso momentáneo de precios y transacciones seguido de avances muy acotados. En cuanto a las previsiones sobre la evolución del mercado, el precio medio de la vivienda libre podría terminar 2021 con una subida de en torno al 1% y de entre el 1% y el 2% en 2022, según Carbó y Rodríguez. En su artículo señalan que los efectos sobre el mercado inmobiliario se producen por ceses de actividad, pérdida de empleo y restricciones a la movilidad y advierten de que, aunque se trata de cuestiones temporales, han redundado en algunos problemas de acceso a la vivienda que España ya registraba antes de la pandemia y son objeto de preocupación en la medida en que pueden generar disfunciones más permanentes. La pandemia ha afectado, sobre todo, al alquiler, con aumentos del stock de viviendas disponibles y caídas de precios, especialmente en grandes ciudades. A pesar de ello, continúa la discusión sobre posibles planes para aliviar los problemas de acceso en el mercado del alquiler, sobre todo en las zonas "tensionadas", con escasez de oferta y precios elevados. Una de las propuestas, regular los precios de los arrendamientos, solo lograría, en opinión de los autores, disminuir la oferta y aumentar los precios, reduciendo aún más la accesibilidad.

Además de en las cuentas públicas, la crisis va a dejar cicatrices en el tejido productivo. Dos artículos se centran en la tasa de morosidad, consecuencia de la vulnerabilidad financiera de algunas empresas y familias. Destacan que no solo no ha aumentado en el último año, sino que se ha reducido de forma más intensa incluso que en países con menores caídas de PIB. A pesar de esta buena noticia, Joaquín Maudos explica que hay indicios, como el fuerte aumento del crédito bancario a empresas calificado en situación de "vigilancia especial" y la evolución de las refinanciaciones, que podrían ser la antesala de un alza de la morosidad.
Por su parte,  Alberni, Rodríguez y  Troiano analizan el importante esfuerzo de provisiones de las entidades financieras españolas en 2020, en un contexto regulatorio más laxo y a pesar de la aparente estabilidad del riesgo. Ese esfuerzo de saneamiento -que ha perdido intensidad en el primer trimestre de 2021- podría cubrir una parte muy importante de las pérdidas asociadas a un previsible repunte de la morosidad.
 

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