La lucha energética se recrudece

05 de agosto de 2021

El recorte a los beneficios vinculados al CO2 que reciben las centrales nucleares e hidroeléctricas, principalmente controladas por Iberdrola y Endesa, ha sido aprobado en Moncloa y está encima de la mesa del Congreso de los Diputados. Una iniciativa liderada por la vicepresidente Ribera, que espera que tenga un apoyo mayoritario de los representantes de ambas cámaras. 

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“Confiamos en contar con el apoyo de las distintas fuerzas parlamentarias”, apuntaba la ministra el pasado martes sobre esta medida que afecta principalmente a Iberdrola y Endesa. “De hecho, una muy buena parte de los grupos parlamentarios ha manifestado su respaldo a esta iniciativa, incluido el caso del grupo parlamentario popular que a finales de mayo nos pidió que presentásemos una iniciativa como esta en un plazo máximo de tres meses”, añadía Ribera en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, previo a las vacaciones y en las que la también ministro se hizo con un nuevo aliado dentro del sector.

Pero volvamos al principio, el PP presentó el pasado 26 de mayo, una enmienda que plantea al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desarrollar "un mecanismo de limitación de la sobrerretribución que puedan recibir las tecnologías no emisoras de CO2 como consecuencia de la incorporación del precio del CO2 a los precios del mercado mayorista de la electricidad por parte de las tecnologías emisoras”. Una medida que los populares colocaron encima de la mesa para paliar “los efectos perniciosos de la extrema volatilidad y las prácticas especulativas en los precios del CO2, para mitigar lo que se ha venido a denominar windfall profits (beneficios sobrevenidos o beneficios caídos del cielo) que pueden generar a las tecnologías que no precisan de derechos de emisión de CO2″.

Esto quiere decir que Iberdrola y Endesa tienen trabajo por hacer en su debate parlamentario. Ambas compañías habían criticado duramente el anteproyecto y han logrado introducir modificaciones antes de su tramitación en las cortes. Ribera ya la trasladado a los diferentes partidos que esta normativa incluye las "observaciones y comentarios de los distintos actores", así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado para "garantizar su solvencia y rigor".
Ribera cuenta desde finales de junio con la luz verde de la CNMC para su hachazo a los dividendos al carbono o beneficios caídos del cielo (windfall profits). El organismo regulador aprobó de forma unánime, con pequeñas matizaciones, el anteproyecto de ley que lidera el Ministerio para la Transición Ecológica. El organismo reconoce que durante este estudio ha recibido “alegaciones” de grandes empresas como Iberdrola y Endesa. 

Un proceso que también incluyó las valoraciones de otras empresas del sector como que  denunciaron que los cálculos del equipo de Ribera se basan en hipótesis falsas y que distorsionan el mercado. Las empresas contactaron con Competencia para demostrarle que esta normativa no arreglará el problema que pretende solucionar: bajar la factura de la luz a los consumidores.  La CNMC, por su parte, le matizó a Transición Ecológica que podrían ajustar su estimación de los sobre-ingresos realmente percibidos por las instalaciones por la internalización del precio del CO2 en el mercado de electricidad. No obstante, todos los consejeros del organismo aprobaron de forma unánime la propuesta.
Estas modificaciones incluyen el establecimiento de un umbral mínimo de 20 euros en el precio del CO2 a partir del cual se activaría la minoración. Una medida que, según el Ejecutivo, asegura la rentabilidad y la viabilidad de estas plantas que controlan Iberdrola y Endesa. Su trámite en las cámaras también incluye la modificación en la fecha de referencia para las plantas a las que afectará la medida, trasladándose a dos años antes (de 2005 a 2003).

Al objeto de determinar la cuantía del dividendo de carbono a detraer, el borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las referidas instalaciones y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad. De acuerdo con esta fórmula, la minoración de ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones de euros con la tonelada a cien euros. Con los actuales precios del ETS (por las siglas en inglés del mercado), que superan los 50 euros por tonelada, el importe de la minoración sería de unos 625 millones de euros, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones. En el anteproyecto que se lanzó a consulta hace unos meses el recorte a las instalaciones ascendía a en torno al 25% facturación media anual de las centrales afectadas, ascendiendo a unos 1.000 millones de euros anuales. Es decir, Iberdrola y Endesa han logrado moderar este recorte. Aunque el objetivo de los principales dueños de estas centrales es frenar por completo esta medida.

Y aquí entra en juego el nuevo aliado. Tras el conejo del martes y la aprobación de la OPA de IFM, todo indica que el fondo ha llegado para ejercer cierta influencia en el sector energético.
Y Ribera le ha dejado escritas las pautas que ha de seguir.

Y el Gobierno se ha encargado de escribirle el guion, al menos, para los próximos cinco años. Ribera suma así un fuerte aliado para la causa de la transición ecológica, después de que las fricciones entre la vicepresidenta tercera y el 'Ibex eléctrico' se hayan agudizado en los últimos meses. En concreto, IFM ha de  impulsar con su voto "la inversión de Naturgy en proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado".  En la misma línea, el Gobierno vigilará que IFM apoye una política de dividendos "prudente", lo que el Ejecutivo ha traducido como aquella que permita acometer la política de inversión vinculada al giro verde. El Gobierno también exige a IFM votar en contra de cualquier proyecto de exclusión en Bolsa en un plazo de tres años, una cuestión ante la que el propio Reynés se mostró poco concreto la semana pasada, dejando la pelota en el tejado de los accionistas. Del mismo modo, el fondo deberá mantener "una parte significativa de la plantilla del grupo en España", así como el domicilio social y la gestión de los negocios del grupo en nuestro país. IFM también queda vetado para suscribir cualquier propuesta de venta de activos que amenace el suministro de electricidad y gas natural en territorio nacional, así como aquellas desinversiones que no estén recogidas en el plan estratégico 2021-2025 que Naturgy presentó hace una semana, cuando el Gobierno aún guardaba silencio sobre la opa.
 

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