Culpables para todo los gustos

31 de agosto de 2021

En efecto, puestos a buscar culpables a la hora de encontrar las causas del encarecimiento  del recibo de la luz, y teniendo en cuenta que ningun ministro, ministra o ministre puede serlo, no queda mas remdio que pensar que el CO2 es uno de ellos porque repercute de forma directa en los costes de generación eléctrica a través de aquellas que usan combustibles fósiles (gas, carbón…). 

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En la era de la transición energética hacia las renovables, el precio de los derechos de emisión del carbono se encuentra en máximos históricos. Su cotización ha enlazado una racha alcista que está comenzando a alarmar a los inversores.
El contrato del dióxido de carbono de la UE marcó un nuevo máximo histórico este lunes por encima de los 60 dólares por tonelada, barrera que cruza por primera vez en su historia. Va camino de duplicar su precio en lo que va de 2021 y acumula una revalorización superior al 200% desde los mínimos de marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia del Covid-19, cuando se situaba por debajo de los 20 euros. Este tipo de contrato otorga a su tenedor el permiso para emitir una tonelada de CO2 y se estableció como un mecanismo de mercado para penalizar el uso de combustibles fósiles, al tiempo que se creaban incentivos financieros para que empresas y países redujesen sus emisiones. De un tiempo a esta parte, su cotización forma parte de la columna vertebral contra el cambio climático, si bien, tiene efectos colaterales como puede ser un encarecimiento del recibo de la luz en Europa.

Pero ahí no acaban los culpables. El gas natural cotiza en máximos desde 2008, caso del tipo Henry Hub, tras revalorizarse cerca del 90% desde enero o más del 200% desde julio de 2020. La mayor demanda y una oferta que parece restringida está provocando un 'cuello de botella' cuya única vía de escape parece ser una escalada de su cotización
Los operadores apuntan a los rifirrafes sobre el gasoducto Nord Stream 2 -que traerá el gas ruso a Alemania- como principal explicación para entender el boom de precios de este combustible. Estados Unidos, sobre todo bajo la nueva presidente de Biden, se ha opuesto desde el principio a este proyecto porque dará a Moscú una influencia sobre el Viejo Continente que no se ha visto desde antes de la caída del Muro de Berlín. Los episodios de corte de suministro del gas ruso a Ucrania, Bulgaria y otros países de la Europa del Este a principios de siglo -con Putin al mando de Rusia- todavía están presentes en la memoria de algunos dirigentes occidentales. La tensión se ha disparado en las últimas semanas debido a que comienza la temporada de aprovisionamiento de gas antes de que llegue el frío. Además, los picos de consumo eléctrico durante el verano han obligado a recurrir al gas antes de lo previsto y en mayor proporción que en años anteriores. Una aparente disminución de la llegada de gas ruso a Europa se encuentra detrás de las presiones para poner en marcha el gasoducto Nord Stream 2, que solucionaría cualquier problema de abastecimiento pero daría el poder al Kremlin para usarlo como arma política. La reciente cumbre de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente ruso, Vladimir Putin, tuvieron esta cuestión como asunto principal.

Y ya puestos, los fotovoltaicos están calientes y han enviado a la ministra un paquete de alegaciones a la propuesta para subastar 3.300 megavatios de nueva capacidad de producción de energías renovables este otoño, en el que alerta del gran freno que suponen las restricciones locales que se plantean para el desarrollo de este tipo de energías, tanto por la escasa adjudicación que se les ofrece, como por las complicaciones que supone para que puedan acceder los pequeños productores de este tipo de generación eléctrica.
La parte reservada para la producción de energía solar fotovoltaica apenas llega al 20% del total de la subasta planteada (entre 600 y 700 megavatios) frente al desarrollo de la eólica, pero la capacidad de acceso de las plataformas más pequeñas que puedan formarse en los núcleos rurales o comarcales se queda incluso muy por debajo de ese montante, en apenas la mitad, dadas las condiciones duras que se imponen. Fuentes del sector recuerdan que, de entrada, se obliga a los productores pequeños a tener cuatro socios a nivel local y reservarles el 25% del capital en los municipios en los que vayan a instalarse, algo que, si bien puede valorarse de forma positiva, limita mucho las posibilidades de dinamización social y de inversión de la población general de esas comarcas.

Desde Unef no se entiende cómo se puede plantear este reparto como una palanca para la participación local en los proyectos, “cuando nos encontramos ante la primera subasta de estas características, por lo que establecer demasiadas condiciones o limitaciones puede poner en riesgo el éxito de la misma”. A su juicio, lo más conveniente ahora para el desarrollo de las pequeñas producciones fotovoltaicas, que fomentan el desarrollo de la generación distribuida a menor precio en plena tensión de la factura de la luz, sería “comenzar con una primera subasta abierta sin el tipo de limitaciones que se plantean y en función del resultado de la misma, analizar la conveniencia o no de introducir restricciones en el futuro”.
Es más, una de las peticiones que los pequeños productores realizan a la ministra Ribera de cara a la adjudicación de capacidad productiva a la energía fotovoltaica, pasaría por establecer un límite de la producción adjudicada a un único proyecto del 30% en cada una de las reservas de capacidad planteadas en la subasta del Ministerio, de forma que no aumente la concentración de negocio en los grandes productores del sector. “La promoción de proyectos de pequeño tamaño se justifica por la necesidad de fomentar la presencia del mayor número posibles de agentes para garantizar un mercado permanentemente competitivo, por el interés social de aumentar el número de actores que pueden participar de forma directa o a través de cooperativas en la producción de energía eléctrica, la posibilidad de optimizar tanto la utilización de las infraestructuras eléctricas como el impacto ambiental y territorial”, señalan desde la asociación.
 

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