REFORMA FISCAL

El FMI recomienda a la UE una reforma

05 de septiembre de 2022

El Fondo Monetario Internacional ha recomendado este lunes a la Unión Europea que emprenda una reforma de su marco fiscal económicamente sólida y políticamente aceptable, para impedir una acumulación "indeseable" de deuda pública."Las reglas existentes han tenido cierto éxito, especialmente al aumentar la conciencia pública de que los déficits fiscales deben estar por debajo del 3% del PIB, pero no han impedido una acumulación indeseable de deuda pública y riesgos de sostenibilidad fiscal en algunos miembros”.

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La institución económica, con sede en Washington, consideró en su informe que, tal y como se vio en la crisis de la deuda soberana europea, esos riesgos han amenazado la estabilidad de la unión monetaria en el pasado y siguen creando vulnerabilidades, a pesar de los esfuerzos para fortalecer la supervisión central.
El FMI propone vincular las reglas fiscales al nivel de riesgo. En su opinión, aunque el límite del 60% del PIB al endeudamiento y del 3% al déficit se mantienen como valores de referencia, "la velocidad y la ambición de los ajustes estarían ligados al grado de riesgos fiscales". De esa manera, los países con mayor riesgo fiscal deberían avanzar hacia un equilibrio fiscal positivo en los próximos 3 a 5 años, mientras que aquellos con menores riesgos y una deuda por debajo del 60% pueden gozar de mayor flexibilidad.
La UE, que congeló temporalmente tras el golpe del Covid-19 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se encuentra en un debate interno para reformar las reglas fiscales. La propia Comisión Europea y varios Estados miembros, incluyendo a España, proponen que una vez que se reactiven las normas (previsiblemente en 2024) estas se hayan actualizado para adecuarse a los niveles y situación de cada socio.

El FMI también ve necesario fortalecer las instituciones nacionales fiscales, con marcos fiscales a medio plazo y topes de gasto anuales plurianuales y un mayor rol de los consejos fiscales independientes a la hora de avalar proyecciones macroeconómicas o de evaluar los riesgos financieros. El tercer eje de su propuesta es una capacidad fiscal "bien diseñada “para conseguir dos objetivos clave: mejorar la estabilización macroeconómica y permitir la provisión de bienes públicos comunes a nivel comunitario, como en materia de cambio climático o seguridad energética. El FMI estima que sus recomendaciones deben verse como "un paquete de elementos interconectados para promover una reforma efectiva" y admite que requiere un esfuerzo mutuo entre las normas de la UE y la implementación nacional. A su juicio, "la extraordinaria incertidumbre económica y los retos fiscales que se avecinan" hacen que la deseada reforma no pueda esperar.
El organismo apunta que la extensión a 2023 de la cláusula general de escape, que facilita acometer gasto público sin exponerse a penalizaciones, brinda una ventana de oportunidad para hacer lo que solicita.

"Más retrasos obligarían a los países a volver a las antiguas reglas con todos sus problemas. La oportunidad no debe desperdiciarse", concluye el FMI, que considera urgente llevar a cabo las modificaciones señaladas.

OCDE: el envejecimiento de la población pude crear problemas fiscales

El envejecimiento demográfico al que se enfrentan buena parte de las principales economías traerá consigo un mayor gasto público, vinculado al pago de las pensiones y a servicios como sanidad y dependencia. En paralelo, la pérdida de población en edad de trabajar repercutirá en una caída de los ingresos fiscales y de las cotizaciones sociales que financian estos servicios y prestaciones.


De ello llevan advirtiendo desde hace años los principales organismos internacionales. La OCDE lo hizo por enésima vez la semana pasada en el informe Financiando el futuro: El impacto del envejecimiento de la población sobre los ingresos. En un ejercicio de prospectiva, el club de los países ricos prevé que de aquí a 2040 los ingresos de los gobiernos avancen a diferentes velocidades en función del factor demográfico. “Entre los países con menor crecimiento de los ingresos públicos se encuentran aquellos con una población más envejecida”, reitera la OCDE, que pone como ejemplo a España, Alemania, Italia, Grecia o Portugal, entre otros. En contraste, “los países con una población más joven tienden a estar entre aquellos con el mayor aumento en los ingresos”. En efecto, España, al igual que varios socios europeos, se sitúa en la parte baja de la tabla que proyecta cuál será la proporción de población en edad de trabajar dentro de dos y cuatro décadas. Si hoy el país tiene a cerca de un 65% de sus habitantes con posibilidad de participar en el mercado laboral, la cifra perderá hasta nueve puntos porcentuales de aquí a 2060.

Para mostrar el peso de la recaudación asociada al trabajo, la OCDE también diferencia entre los ingresos de los gobiernos centrales y regionales, “ya que estos últimos dependen más de los impuestos a la propiedad y menos de los impuestos sobre los ingresos del trabajo”. El gran frenazo recaudatorio, por ello, se da en el primer grupo. A partir de este diagnóstico la OCDE propone una serie de recomendaciones habida cuenta de que “se espera que las pensiones, los cuidados y los gastos de atención médica crezcan a largo plazo como resultado del envejecimiento”. Solo en España, con la indexación de las pensiones al IPC, el gasto en estas prestaciones rondaría ya el año que viene los 185.000 millones de euros.
El organismo que dirige Cormann, en concreto, pide adoptar reformas con el propósito de hacer que los ingresos tributarios “sean más resistentes” al envejecimiento. Entre todas las figuras impositivas, el documento señala a los gravámenes al consumo, especialmente el IVA. Son “más resistentes” al cambio demográfico, por lo que “en países donde el consumo aún no está sujeto a impuestos elevados, las tasas podrían incrementarse para impulsar la resiliencia al envejecimiento”. Allá donde el consumo ya está suficientemente gravado, la OCDE sugiere eliminar los tipos reducidos y superreducidos.

De cara al IRPF, uno de los tributos más afectados por estos procesos, la OCDE sugiere que no esté centrado únicamente en las rentas del trabajo y se incremente el peso de los impuestos al capital y a los ingresos por pensiones. A su vez, el organismo anima a ampliar los grupos de edad que tienden a obtener más ingresos laborales y tienen mayores retenciones. Esto se puede hacer “alentando a las mujeres, los ancianos e inmigrantes a unirse o permanecer en la fuerza laboral”. Un aumento de la productividad y, por lo tanto, de los salarios también podría mejorar la recaudación.

La OCDE también insiste en que la carga fiscal para financiar el sistema de salud no esté sesgada hacia los grupos de edad –los trabajadores– que potencialmente se benefician menos del Estado del bienestar, a fin de no crear tensión intergeneracional. Por lo tanto, a medida que la población activa se reduce, "gravarlos aún más para compensar la reducción de los ingresos fiscales podría crear distorsiones en el mercado laboral y crear problemas intergeneracionales que podrían conducir a un menor apoyo al Estado de bienestar". Una mayor dependencia de los impuestos sobre el capital, la propiedad y los ingresos por pensiones, argumenta la OCDE, podría aumentar la resiliencia del sistema tributario frente al envejecimiento de la población y a la vez minimizar cualquier tensión intergeneracional.

Y Puig se apunta y anuncia su propia reforma fiscal

El presidente de la Generalitat, Puig, ha anunciado que el Consell prepara una nueva reforma fiscal "adaptada a este tiempo de inflación" con los objetivos de "ayudar a las clases medias y trabajadoras, proteger más a la población vulnerable e impulsar la creación de empleo".

El presidente ha defendido que "ningún gobierno puede ser indiferente a las dificultades que está causando la inflación", y "ningún nivel de la administración puede obviar la responsabilidad que tiene". Por ello, ha criticado a quienes ejercen "la política del avestruz". "Dicen: Que lo arregle el Gobierno de España, que lo arregle Europa. Abdicar del ejercicio democrático del autogobierno nunca será para mí una opción", ha señalado Puig en su discurso, en el que ha remarcado que "cada uno, en el ámbito de sus consecuencias, aunque sean limitadas, debe aportar soluciones".
El líder del ejecutivo valenciano ha defendido que existen "motivos para la esperanza" y ha rechazado el "catastrofismo" porque "no ayuda". "No nos lleva a ningún sitio mejor, no favorece a nadie salvo al que espera de él rédito electoral y perjudica a muchos", ha agregado. Asimismo, ha anunciado la convocatoria de una conferencia con los municipios para sumar a las administraciones locales a esta "Alianza Valenciana contra la Inflación".

Aboga por subir los salarios
Puig ha considerado que hay "tres palancas que accionarán dinámicas positivas en lo económico": el mercado de trabajo, los fondos extraordinarios del Estado y los Fondos Europeos. "La Comunitat Valenciana no puede repetir recetas fracasadas", ha añadido. El presidente ha señalado que hay que subir los salarios ante el contexto de inflación: "Lo recomienda Europa y lo dicta el sentido común", y ha puesto en valor el "diálogo social". "Es la hora de la responsabilidad por parte de todos, ni beneficios extraordinarios ni sufrimientos extraordinarios", ha manifestado. Hay que subir los salarios ante el riesgo de impago de hipotecas.No lo digo yo, lo dice el Banco Central Europeo. Hay que subir los salarios sin perjudicar el empleo, teniendo en cuenta las condiciones de cada sector. No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y para esto es imprescindible una negociación colectiva honesta, franca y transparente", ha manifestado, al tiempo que ha aseverado: "O reducimos drásticamente la desigualdad, o corremos el riesgo de que se rompa la sociedad".

"La intervención en el mercado es imprescindible para evitar el colapso industrial", ha manifestado Puig, quien también ha destacado la "oportunidad" de alejarse de la "dependencia histórica de los combustibles fósiles que nos genera una factura de decenas de miles de millones anuales y que propician toneladas de CO2 a la atmósfera". A nivel autonómico, Puig ha apuntado que planteará a las fuerzas políticas, a los agentes sociales y a los representantes institucionales, un Pacto Valenciano por la transformación energética. "Nuestro horizonte es alcanzar ese escenario sostenible en una década a través de una transformación acelerada para superar el dilema entre crecimiento y sostenibilidad": "La protección del planeta es una oportunidad para relanzar la economía", ha considerado. Puig ha indicado que "la Estrategia Valenciana 2030 se asentará en el impulso de las renovables, la eficiencia, el ahorro energético y la reforestación para combatir el cambio climático".
También ha propuesto unos pactos autonómicos en varios ámbitos, entre ellos por la energía: "En España hay grandes consumidores de energía" y "grandes generadores de energía. Y todos debemos comprometernos en un desarrollo armónico". "No es muy razonable que quienes más energía consumen y menos energía generan, sean también quienes más obstáculos ponen a medidas que propician la implantación de renovables, el ahorro y la eficiencia. ¿Es razonable que los responsables de un territorio que solo produce el 4,9% de la energía consumida actúen como si no pasara nada?", ha agregado.

"La libertad no es ir por libre. Eso se llama egoísmo", ha aseverado. En este sentido, ha rechazado una "España energética de dos velocidades": "Unos albergando centrales nucleares, huertos solares y molinos de viento, otros apretándose el cinturón energético, y una minoría instalada en un egoísmo de alto voltaje". Además, le ha preguntado al PP dónde piensa instalar las nuevas centrales nucleares que apoya.

 

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