España no progresa en la lucha contra la corrupción

25 de enero de 2022

La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publica Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/1001.

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Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado.Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado.De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, una diferencia de un punto en un año, como el que ha bajado España en 2021, no es estadísticamente significativa. Sin embargo, sí que refleja que sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las autoridades públicas, al sector privado y a la sociedad civil.
A nivel comparativo, el informe refleja que España ha empeorado en relación con varios países con los que compartía una puntuación y posición similar en ediciones anteriores. Así, varios de los países que en 2020 se situaban por debajo de España en el ranking (Portugal, Lituania, Corea del Sur), ahora superan a nuestro país, y aquellos que tenían puntuaciones superiores pero que sin embargo se encontraban cercanos en el ranking, este año se han alejado (Barbados, Bahamas, Catar). Finalmente, aquellos países que se encontraban muy por debajo de la posición española, han reducido su diferencia significativamente (Israel, Letonia, San Vicente y las Granadinas, Cabo Verde), quedando ahora muy cerca de España. En el contexto de la Unión Europea, y también a nivel comparativo, España ha sido adelantada por dos países con los que siempre ha mantenido una relación pareja: Lituania y Portugal.
En cualquier caso, Transparency International España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad. Por eso, este año TI-España señala una vez más que reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.El IPC 2021 indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86 % de los países evaluados en los últimos diez años. Este índice clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción experta de la corrupción en el sector público de cada uno, medido a través de datos de 13 fuentes externas2, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), en la que solo se miden los siguientes aspectos: soborno, desvío de fondos públicos (malversación), preponderancia de funcionarios públicos que utilizan la función pública para el provecho personal, funcionamiento de las instituciones públicas para prevenir la corrupción y hacer cumplir las normas, la existencia de exceso de burocratización que permitan incrementar las oportunidades de corrupción, formas de acceso a la función pública y existencia de nepotismo, enjuiciamiento efectivo de funcionarios, protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores, captura del Estado por intereses privados y acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos.
La puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50/100.▪ A la cabeza se sitúan Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88). Estos tres países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles según el informe Democracy Index.▪ Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) obtienen de nuevo las puntuaciones más bajas del índice. Siria es también el último país en materia de libertades civiles (Somalia y Sudán del sur no están calificados).▪27países,comoChipre(53),Líbano(24)yHonduras(23)hanobtenidolaspuntuaciones más bajas. En la última década, 154 países han sufrido un deterioro o no han avanzado sustancialmente.▪ Desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67). Este último ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez.▪ 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, como Estonia (74), Seychelles (70) y Armenia (49).
Corrupción, derechos humanos y democracia
Al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados. No se trata de una coincidencia. Si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de Covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad.De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles. Además, de los 331 casos registrados de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020, el 98% se produjeron en países con calificaciones por debajo de 45.

Moncloa trata de que no le pillen dando dinero a dedo
El Gobierno se está curando en salud y está plagando de cláusulas de revisión las grandes reformas comprometidas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los cambios que se están introduciendo en ámbitos tan relevantes como el sistema público de las pensiones o la legislación laboral son de gran calado y, para garantizar la consecución de los objetivos adquiridos con Bruselas, el Ejecutivo está introduciendo mecanismos de fiscalización temporal en las medidas más controvertidas. 
Se trata, en definitiva, de dar la máximas garantías a los 'hombres de negro' que vigilan escrupulosamente desde la capital belga el cumplimiento de los hitos vinculados a los fondos europeos. Para empezar, la reforma laboral incorpora un "compromiso de reducción de la tasa de temporalidad" que establece que el Gobierno efectuará una evaluación de las medidas adoptadas ahora en enero de 2025 y, a partir de ese momento, cada dos años, para analizar su impacto. El objetivo comprometido con la Comisión es que la tasa española se aproxime a la del entorno europeo, que está unos diez puntos por debajo. El texto también fija que, en el caso de que los resultados de esa evaluación demuestren que no se avanza en su reducción, el Ejecutivo elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho objetivo para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales.

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