La próxima reunión romperá toda posibilidad de arreglo

08 de febrero de 2022

El Gobierno y los agentes sociales volverá a reunirse el miércoles con el objetivo de poder aprobar la subida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo antes posible. Tras el rechazo de la CEOE, la subida volverá a aprobarse casi con toda seguridad solo con el respaldo de los sindicatos, al igual que ocurrió con el incremento aprobado en septiembre del año pasado.

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Los sindicatos ya habían señalado su objetivo de situar este salario, que afecta a unos dos millones de trabajadores, al menos en 1.000 euros.
La subida propuesta por el Gobierno está en la franja intermedia de las recomendaciones del comité de expertos, en cuyo informe se prevén tres casos para 2022 con incrementos del SMI a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más). Desde el Gobierno, la portavoz, Rodríguez, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que subir el SMI es "un elemento más en el avance por la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores más vulnerables".

La cúpula empresarial justifica esta negativa a aceptar un salario mínimo de 1.000 euros al mes debido a "un contexto económico de incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad". Este incremento rechazado de 35 euros mensuales que supondría un coste adicional al empresario de unos 600 euros al año (incluyendo las cotizaciones) por trabajador que cobre el salario mínimo. Esto además podría dañar el empleo entre los niveles menos cualificados, opinan los dirigentes empresariales.
Asimismo, la patronal considera "que no es el momento" de aplicar esta subida salarial que, según han denunciado hoy, parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica.
Desde la patronal añaden que la subida propuesta por el Gobierno, afectará a cerca de dos millones de trabajadores asalariados de manera directa o indirecta, y no tiene ninguna "conexión con la productividad" y la "recuperación".

 

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