CON LA NUEVA LEY DE VIVIENDA

Fedea cree que habrá escasez de alquileres y menos inversión privada

19 de octubre de 2021

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada califica de “preocupante” el reciente acuerdo alcanzado entre los socios de la coalición de Gobierno sobre la futura Ley de Vivienda, ya que considera que se incluyen medidas que “tenderán a agravar los problemas ya existentes de escasez de vivienda de alquiler, desincentivando la inversión privada en el sector”.

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Así lo advierte Fedea en su nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid en el que también plantea “serias dudas” sobre las reformas que se quieren llevar a cabo en materia de mercado de trabajo y pensiones. Así, señala que se mantiene una “considerable incertidumbre” sobre algunas de las cuestiones más sensibles en materia laboral, como la simplificación de las modalidades de contratación y la regulación de la negociación colectiva y de la subcontratación, que deberían concretarse en este último trimestre del 2021, de acuerdo con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
En materia de pensiones, Fedea cree que lo que se ha hecho hasta el momento no contribuye precisamente a la sostenibilidad del sistema, que en principio debería ser la primera prioridad en este campo, o a mejorar su equidad intergeneracional.
En su opinión, la sostenibilidad del sistema parece fiarse a medidas, como el nuevo factor de equidad intergeneracional, la subida de las bases máximas de cotización o un cambio en el período de cómputo de la pensión inicial, que se acordarían a finales de 2022 y que no se han precisado en el Plan de Recuperación.

Mejor valoración merecen las reformas previstas en materia concursal y de evaluación de políticas públicas. Fedea apunta que el anteproyecto de ley de evaluación, que prevé la creación de una nueva división de evaluación de la AIReF, parece apuntar generalmente en la dirección correcta, aunque el proyecto podría beneficiarse de una mayor ambición, especialmente en lo que respecta al grado de independencia del nuevo organismo de evaluación y en las medidas complementarias necesarias para facilitar su tarea.
En materia concursal, se ha publicado también un “ambicioso anteproyecto” que apuesta por potenciar los procedimientos preconcursales, dando un mayor poder de decisión a las partes, en detrimento del juez, que pierde protagonismo y adquiere un papel de carácter arbitral.
No obstante, considera que la principal carencia de este anteproyecto es que se ha perdido una oportunidad para revisar el tratamiento de los créditos públicos, que mantienen sus anacrónicos privilegios procedimentales y sustantivos, con excepciones muy acotadas en el caso del procedimiento especial para microempresas.

En materia de inversiones, Fedea apunta que el gasto ejecutado a finales de agosto era todavía “modesto” y corresponde casi exclusivamente a partidas que han sido ya transferidas por el Estado a las comunidades autónomas u organismos públicos encargados de ejecutarlas. Hasta el momento, se ha comenzado a poner en marcha proyectos y programas por una cuantía total de unos 12.000 millones de euros, lo que supone en torno a un sexto del gasto total a comprometer en los tres años que el Plan de Recuperación permite a estos efectos.
De su lado, con cargo a estos fondos se han realizado pagos por un importe total de unos 4.400 millones euros que, como ya se ha dicho, corresponden fundamentalmente a transferencias en bloque a otras administraciones encargadas de la ejecución final de los proyectos.

En cuanto a la evolución de la economía, Fedea constata que durante el tercer trimestre se ha mantenido la senda iniciada en marzo de “fuerte crecimiento” del empleo efectivo, que ha vuelto a los niveles prepandemia. Sin embargo, ha advertido de que persiste la “debilidad de ciertos sectores” y la “atonía” del PIB plantea algunas dudas sobre la intensidad de la recuperación.Esto último podría deberse, según Fedea, a la dificultad de medir correctamente el ‘output’ en las circunstancias actuales o a que el indicador de empleo no recoge variaciones en horas medias de trabajo, pero también podría indicar, en parte, que las restricciones impuestas al despido están obligando a mantener en plantilla durante al menos seis meses a trabajadores en principio redundantes, lo que tiende a reducir la productividad aparente del trabajo.
Ante esto, Fedea considera poco acertados el mantenimiento de las restricciones al despido y la “extensión indiscriminada” de los ERTE más allá de los sectores más afectados por la pandemia, y advierte de que la nueva redacción del decreto que regula las ayudas directas sigue siendo “problemática”. Sobre las ayudas, la Fundación considera que, aunque se clarifica que las ayudas pueden, en principio, cubrir también los costes fijos no pendientes de pago, esta posibilidad se subordina a la devolución de la deuda con aval público, lo que en la mayor parte de los casos la hace “irrelevante”.

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