La deuda pública en máximos

18 de noviembre de 2021

La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha alcanzado en septiembre un nuevo máximo histórico tras registrar un incremento del 0,9% respecto al mes anterior, al sumar 12.885 millones de euros más, hasta alcanzar los 1.432.301 millones de euros, el 122,1% del PIB, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

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La deuda ha vuelto a sufrir un incremento en septiembre y ha llegado a superar el máximo histórico alcanzado el pasado mes de junio, cuando se situó en 1.424.692 y llegó a subir al 122,8% del PIB al final del segundo trimestre del año. El Ministerio de Asuntos Económicos asegura que, a pesar de este nuevo récord y de haber superado el 122% del PIB, la deuda pública cerrará el año en el 119,5% del PIB, el objetivo oficial del Ejecutivo.
Así, explica que en el último trimestre del ejercicio se reducirá el ritmo de emisiones de deuda pública y además se producirán dos amortizaciones importantes, una que se ha realizado en octubre por importe de 20.329 millones de euros, y otra adicional en noviembre por 6.254 millones.

Respecto al mes de septiembre del año pasado, la deuda pública se ha incrementado en 124.097 millones de euros, lo que representa un repunte del 9,5%, como consecuencia de la crisis del coronavirus, que ha recortado los ingresos y ha elevado los gastos para financiar las medidas de apoyo aprobadas.
El aumento de la deuda en septiembre se debe a la subida del endeudamiento de la Administración Central, mientras que el resto -comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social- redujeron su endeudamiento o lo mantuvieron en niveles similares a los registrados el mes pasado.

En este contexto y ante los problemas que las CC AA entrevén en los proximos meses no es de extrañar que según algunas comunidades se estén planteando exigir a Hacienda más dinero para gestionar sus servicios. De forma que muchas de ellas están decididas a conseguir que el nuevo sistema de financiación autonómica regule por fin la implicación de las Haciendas Forales en la caja común de la solidaridad interterritorial. Es decir, que las Haciendas Forales se impliquen en la solidaridad interterritorial, en línea con la que ya planteó el informe del comité de expertos para la financiación autonómica en 2017. En aquel momento, el Ministerio de Hacienda dirigido por Montoro instó al Gobierno a redefinir la regulación del Cupo Vasco y del Convenio Económico de Navarra para que incorporara en el futuro de forma permanente una aportación específica al mecanismo de solidaridad interterritorial. Los expertos evitaron definir la posible cuantía que podría tener esa aportación, pero sí especificaron que debería salir de un mecanismo transparente e inteligible de modo que se pudiera determinar de forma clara el monto que tanto Navarra como País Vasco deberían aportar a la caja común.

Con el ambiente cargado con todos estos planteamientos Montero, ha anunciado en el Senado que la renovación del modelo de financiación autonómica, en la que está trabajando actualmente el Gobierno para presentar una propuesta durante este mes, tendrá que ser «acompasada» de una reforma fiscal. Según la ministra, Hacienda presentará este mes su propuesta respecto a la población ajustada para empezar ya la negociación, y avisa que el nuevo modelo de financiación tendrá que ir ligado de una reforma fiscal para aumentar los recursos a las comunidades autónomas. «Si pide más dinero para las comunidades autónomas», el PP debería también apoyar al Gobierno en la reforma fiscal que ha sido pedida a un grupo de expertos y que se presentará a lo largo de 2022, argumenta la ministra de Hacienda

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