El Gobierno estudia una opción fiscal para bajar el precio del gas

07 de diciembre de 2021

El Gobierno ha abierto la puerta a extender a los consumidores de gas el escudo fiscal dispuesto para aplacar la subida del recibo de la luz, un balón de oxígeno que el sector gasista demanda desde hace meses. Así lo ha deslizado la ministra de Asuntos Económicos, Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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El 'plan de choque' eléctrico del Gobierno rebajó del 21 al 10% el IVA de la factura de la luz, recortó el el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%, el tipo mínimo exigido por la Unión Europea, y suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%. Todas las medidas se mantendrán en 2022. Extender estas rebajas fiscales a los consumidores de gas supondría aplicar a sus recibos el mismo tipo de IVA (10%) y rebajar el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a 0,00234 euros/kWh, el umbral mínimo que marca Bruselas, frente a los 0,00234 euros/kWh que se aplican en España.
Los cálculos que manejan en el sector cifran en 40,5 millones de euros el eventual recorte a la recaudación fiscal que se derivaría de acotar el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). En paralelo, calculan que el coste para las arcas públicas de una eventual rebaja del IVA a los consumidores de gas superaría los 224 millones a las arcas públicas. Esto supone un recorte total de cerca de 265 millones de euros a la recaudación fiscal de Hacienda para el año 2022.
Cabe detallar que el sector ha elaborado sus proyecciones sobre la base de los algo más de 7,5 millones de clientes de gas que manejó el Ministerio para la Transición Ecológica cuando coló el tope a la tarifa regulada del gas (conocida como TUR) en el paquete de medidas excepcionales para frenar el 'tarifazo' electrico. El departamento atribuyó a los consumidores de gas un consumo medio de 4.266 Kw/h. Las fuentes consultadas aseguran que el impacto a las arcas públicas de aplicar rebajas fiscales al gas podría ser aún mayor, dado que califican los números de Ribera de "moderados" respecto al mercado real del gas.

"Seguiremos actuando con determinación y eficacia", garantizó Calviño el pasado martes ante el interés de los medios sobre la intención del Ejecutivo de acometer nuevas acciones para amortiguar la subida del recibo del gas. "Dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 hay aún margen para tomar medidas (para aplacar la crisis de los costes energéticos) si se considera que son necesarias", zanjó la vicepresidenta primera del Gobierno. En su intervención tras el pasado Consejo de Ministros, Calviño cifró el golpe fiscal de las medidas ya aprobadas en el entorno de los 4.000 millones.

El sector cifra en 40,5 millones el coste fiscal de rebajar el Impuesto Especial de Hidrocarburos y en más de 224 millones, el impacto para las arcas públicas de aplicar al gas un IVA del 10% Lo cierto es que, en las cuentas públicas para el siguiente ejercicio, el Gobierno ya maniobró para cuadrar sus números ante la previsión de que los precios en el mercado mayorista de electricidad (pool en la jerga del sector) se mantuvieran al alza en 2022, lo que obligaría al Ejecutivo a extender, al menos hasta el próximo mes de marzo. En el mejor de los casos, los presupuestos elaborados por el Ministerio de Hacienda confirman que este 'plan de choque' les obligará a recortar las perspectivas del departamento que dirige Montero para 2022 en alrededor de 2.000 millones.

Dicho recorte a los ingresos fiscales del Estado es solo el coste que tendrá para las arcas públicas frenar el 'tarifazo' eléctrico a base de reducciones fiscales en la factura de la luz. Las previsiones de un mercado del gas tensionado, al menos, hasta el próximo verano han elevado la presión sobre el Gobierno para que el trato del que se han beneficiado los consumidores de luz se extienda a los clientes de gas, a cargo de los Presupuestos Generales.

Las exigencias del gas ha recaído sobre la ministra para la Transición Ecológica, Ribera, que lleva semanas atendiendo las demandas de asociaciones del sector, compañías con vinculaciones en esta industria -con Naturgy a la cabeza- y grandes grupos industriales intensivos en gas, que, en algunos casos, han tenido que ralentizar o paralizar su actividad por el aumento de los costes energéticos. El marcaje a la vicepresidenta tercera por esta cuestión también se ha producido desde el flanco parlamentario, siendo el Partido Popular la formación que más ha insistido en que el escudo fiscal de la luz llegue a los clientes del gas antes de los meses fríos.
Independientemente de las negociaciones a puerta cerrada, Ribera siempre ha necesitado el visto bueno de Montero para cumplir las demandas del sector. La segunda aún no se ha pronunciado sobre un eventual paquete de rebajas fiscales al gas, pero las recientes declaraciones al respecto de Calviño, un peso pesado de la política financiera del Gobierno y una figura clave de las decisiones económicas de Moncloa, han dado alas al sector. En cualquier caso, el aval de Hacienda sigue siendo imprescindible.

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