INFLACION Y SALARIOS

El Gobierno estudia una subida salarial del 3,5% para los funcionarios

28 de septiembre de 2022

El Gobierno está valorando ofrecer a los sindicatos un aumento salarial para los empleados públicos del 3,5% para 2023, y baraja otras fórmulas para compensarles este mismo año por el desboque de la inflación, según han indicado fuentes sindicales.

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El diario ‘El País’ ha filtrado este miércoles que esta oferta del 3,5%, sujeta a cambios en la negociación con los sindicatos, no tendrá una aplicación directa y estará condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroeconómicas, como el crecimiento del PIB o el nivel de la inflación. El objetivo que persiguen los sindicatos y que parece compartir Hacienda, es lograr un acuerdo plurianual que, a lo largo del ciclo, compense a los funcionarios por el repunte de la inflación. De hecho, las mismas fuentes apuntan a que Hacienda baraja un acuerdo a dos años (2023 y 2024), pero con posibilidad de revisar el salario de los empleados públicos antes de que finalice el año para compensarles, en parte, por el repunte de los precios.
A los empleados públicos se les subió el sueldo a principios de este año un 2% y la inflación sigue registrando tasas de dos dígitos (10,5% en agosto). De ahí que se estudie una posible subida salarial para este mismo año, tal y como solicitan los sindicatos, que quieren además que tenga efectos retroactivos. En todo caso, los sindicatos de la Función Pública están a la espera de que el Ministerio que dirige María Jesús Montero les detalle su propuesta durante la reunión de la Mesa General de esta tarde, prevista para las 16.30 horas.
CCOO, UGT y CSIF tienen además otras reivindicaciones de cara a la consecución de un acuerdo con el Gobierno, como la implantación de la jornada de 35 horas –a la que el Ejecutivo podría abrir la puerta–, la mejora de la promoción y la clasificación profesional, de las indemnizaciones por razón de servicio; el desarrollo y actualización del Estatuto Básico del Empleo Público; cambios normativos en materia de igualdad, la extensión de la jubilación anticipada al conjunto de los empleados públicos y la derogación de los recortes que se llevaron a cabo en el sector público a partir de 2010. Para la consecución de estos objetivos, los sindicatos llevan meses movilizándose e incluso amenazaron con ir a la huelga (caso de CCOO) si no se lograba un pacto salarial con el Gobierno en el ámbito de la Función Pública.


BdE: cada vez hay mas empleaos protegidos por la "salvaguardia"

En un articulo. titulaod “Un análisis del contenido de las cláusulas de salvaguarda firmadas recientemente”, que se incluirá en el próximo Informe Trimestral de la Economía Española del Banco de España, el bano emsior constata que la incidencia de las cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva «ha aumentado».

Los datos del Banco de España muestran que, hasta agosto de 2022, el 25% de los trabajadores con convenio ya firmado para el ejercicio en curso está protegido por las cláusulas de salvaguarda. Un porcentaje superior al 16,6% observado en el promedio entre 2014 y 2021, «aunque significativamente por debajo del registrado a principios de los años 2000».Si bien el porcentaje de trabajadores protegidos con este tipo de cláusulas hasta agosto es algo inferior al observado a principios de 2022 (próximo al 30%), el Banco de España estima que la introducción de cláusulas de revisión salarial ha sufrido un «aumento adicional», pues hasta algo más del 45% de los trabajadores con convenio ya firmado para 2023 cuentan con ellas.
Las cláusulas de salvaguarda contemplan revisiones de los salarios si la inflación al final del año (o del período de vigencia del convenio) supera el incremento salarial pactado inicialmente y, por tanto, tratan de compensar a los trabajadores, total o parcialmente, de las «sorpresas inflacionistas».
El Banco de España realiza un análisis pormenorizado de las características de aquellas cláusulas que se han incluido en los convenios colectivos con vigencia en 2022 registrados hasta agosto. Y señala que la referencia de inflación utilizada en los convenios suele ser la tasa interanual al final de cada año, aunque en algunos casos también se emplean las tasas interanuales medias del conjunto del ejercicio. El análisis no ha identificado ningún convenio que utilice como referencia de la evolución de los precios la inflación subyacente o alguna otra medida de inflación que descuente la evolución del componente energético (más volátil, especialmente en al coyuntura actual) de los precios. Para el Banco de España, en una situación como la actual, en la que los precios se encuentran «muy distorsionados por el fuerte repunte y la volatilidad que han mostrado los precios de la energía», que no se utilice la inflación subyacente como referencia en las cláusulas de salvaguarda «es particularmente relevante».
«En este sentido, en el contexto actual, las medidas más generales de inflación no estarían ofreciendo una visión completamente ajustada de las verdaderas presiones inflacionistas subyacentes y/o internas en nuestro país», subraya el análisis del Banco de España. En cuanto al horizonte temporal de las cláusulas que contienen los convenios, el Banco de España apunta que algo más del 60% de los trabajadores cubiertos tienen una referencia anual, de forma que la eventual revisión de sus salarios se determinaría a partir de la inflación al final del año. En cambio, un 20% de los trabajadores cuentan con una referencia plurianual, por lo que las posibles revisiones salariales se determinarían a partir del comportamiento de la inflación a lo largo del período de vigencia del convenio.
«En principio, en un contexto en el que las elevadas tasas de inflación actuales podrían desacelerarse de forma apreciable durante los próximos años, estas cláusulas plurianuales contribuirían a mitigar el impacto de la inflación sobre los costes salariales en el corto plazo», señala el análisis del Banco de España.Algo más de la mitad de los trabajadores con convenio vigente en 2022 cuentan con cláusulas de salvaguarda sin efectos retroactivos, «lo que prolongaría la tendencia alcista que se ha observado en dicho porcentaje desde 2009, cuando se situaba en el 20%». Para este colectivo de trabajadores, una eventual activación de las cláusulas no implicaría ajustes salariales asociados a los años pasados, sino que únicamente conllevaría una actualización de los salarios para el año siguiente.

El 75% de los trabajadores tiene topes en las cláusulas

Para el 75% de los trabajadores con convenios vigentes en 2022 que incorporan una cláusula de salvaguarda, ésta contempla determinados topes o umbrales. Este hecho «puede condicionar muy sensiblemente la intensidad con la que eventuales sorpresas inflacionistas pueden acabar trasladándose a los salarios».«No necesariamente la revisión salarial que se acuerda en las cláusulas supone una traslación plena a los salarios de las diferencias que se producen entre la inflación observada y el incremento salarial inicialmente pactado (esto es, de la sorpresa inflacionista), sino que esta traslación es, en la mayor parte de los casos, parcial», resalta el análisis del Banco de España.
En este sentido, el Banco de España apunta a que el grado de cobertura que las cláusulas de salvaguarda han venido proporcionando ante distintas «sorpresas inflacionistas» a lo largo de los últimos años «se ha reducido notablemente».
Entre 1994 y 2011 la desviación media de la inflación con respecto al incremento salarial pactado fue de 1,1 puntos, mientras que la revisión salarial media inducida por las cláusulas de salvaguarda en este período fue de unos 0,56 puntos. Como la incidencia de las cláusulas de salvaguarda entonces era del 60,1%, su grado de cobertura implícito durante este periodo fue del 85%, apunta el Banco de España. Por contra, en el promedio del período 2012-2016 el grado de cobertura proporcionado por las cláusulas es del 41%, el 33% en 2021, según el análisis del Banco de España.

Los sindicatos a por uvas

Los sindicatos UGT y CCOO han decidido convocar grandes protestas para exigir subidas salariales a los empresarios. El 7 de octubre se concentrarán delante de todas las sedes de las organizaciones empresariales, de CEOE en el caso de Madrid, y el 3 de noviembre celebrarán una gran manifestación en la capital del país.

Además, durante la semana del 14 al 28 de octubre continuarán celebrando asambleas informativas en las empresas. Sin embargo, descartan la posibilidad de convocar una huelga general, al menos por el momento. «Los aumentos de salarios que proponen [los empresarios] son absolutamente incompatibles con el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras», ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en rueda de prensa. «Es una situación que tenemos que mover, lo tenemos que conseguir de manera importante en los próximos meses».

«Nos hemos hartado de hacer nuestras propuestas y toca dar un salto adelante en materia de movilización», ha afirmado también el secretario general de CCOO, Unai Sordo, insistiendo en que buscan «la recuperación del poder de compra en un momento en que las empresas están repercutiendo los aumentos de coste a los precios al consumo».

Escasa compensación económica para el teletrabajo

Con la irrupción de la pandemia y la necesidad de trabajar a distancia, se hizo necesario establecer mecanismos para determinar, compensar y abonar los gastos derivados de esta modalidad laboral.

La legislación establece que el trabajo a distancia regular es aquel que se presta, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada (al menos un día y medio a la semana, entendiendo una jornada completa) o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo y que las empresas deben sufragar o compensar los gastos, atendiendo a lo establecido en el convenio o en acuerdos colectivos. Lo cierto es que no todas lo están haciendo, según se desprende de los resultados de la encuesta realizada por la plataforma de empleo líder en España, InfoJobs sobre Hábitos y Recursos asociados al Teletrabajo, solo uno de cada tres (31%) de quienes trabajan 100% en remoto recibe algún tipo de remuneración, un porcentaje que se reduce hasta casi la mitad (17%) para los empleados con modalidad híbrida. De aquellos que reciben compensación económica por incurrir en nuevos gastos, lo más habitual es que sea tan solo de entre 10 y 49 euros, con el 59% de las menciones.
La Ley de Teletrabajo –publicada en el BOE el 10 de julio de 2021– también determina que los empleados tienen derecho a que las empresas les proporcionen los medios y equipos necesarios para el desarrollo de su actividad. Sin embargo, un 20% de los teletrabajadores encuestados afirman que su compañía no les ha facilitado la herramienta básica de trabajo: el ordenador, y el 7% declaran no haber recibido ningún material para desempeñar su labor.

La oficina, más necesaria que hace un año

Las compañías continúan formulando teorías sobre cómo desempeñar el trabajo y el papel que tienen las oficinas. En este sentido, la mitad de la población ocupada considera que las oficinas son necesarias (52%), lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales con respecto al año pasado. En cambio, se reduce en 10 puntos porcentuales la percepción de necesidad de cambios en los lugares de trabajo. Los más demandados por los trabajadores siguen siendo la aplicación de horarios flexibles, con un 48% de las menciones, un 11% menos que en 2021; y el aumento de dispositivos digitales portátiles, con un 32% (frente al 45% registrado en 2021).
Por otra parte, alrededor del 40% de la población ocupada considera que su productividad es la misma, ya sea desde casa o en la oficina, y el 54% elegiría el modelo híbrido como el ideal a la hora de trabajar.
El trabajo en remoto motiva la realización de ejercicio…
La encuesta de InfoJobs también analiza hasta qué forma la llegada del teletrabajo al mundo laboral repercute en el sedentarismo. La falta de actividad física regular es una problemática asociada a la manera de vivir, consumir y trabajar en sociedades avanzadas como la nuestra. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), un 47% de los españoles pasan entre 1 y 5 horas al día sentados, tumbados o inactivos –sin contar las horas de sueño-, y hasta un 31% lo hacen entre 5 y 8 horas al día.
Los resultados señalan que el 31% de los trabajadores con modelo laboral en remoto realizan más ejercicio físico de bajo rendimiento, frente al 25% de quienes tienen trabajo presencial. Asimismo, el 22% de los teletrabajadores indican que han aumentado el ejercicio físico de alto rendimiento en su día a día, un 7% más que quienes asisten al trabajo presencialmente (15%). En cuanto a los motivos para hacer más ejercicio, los profesionales de ambos modelos destacan la motivación y la posibilidad de desestresarse y/o desconectar, con más de la mitad de las menciones en ambos casos. Sin embargo, los que teletrabajan hacen referencia en mayor medida a la flexibilidad laboral, con un 37% frente solo al 14% de quienes trabajan presencialmente. Además, el 34% indica que el hecho de teletrabajar en sí es la causa principal para realizar más ejercicio físico.
Respecto a las razones primordiales por las que los profesionales dedican menos tiempo al deporte, en comparación con el periodo prepandémico, aparecen la pérdida de rutina de hacer ejercicio (con un 38% en teletrabajadores, frente al 37% de los presenciales), el aumento de la carga laboral (30% vs. 29%) y la falta de ganas (24% en teletrabajo vs. 35% en presenciales). Cabe destacar que los empleados encuestados con modelo laboral en remoto justifican en mayor medida el haber cambiado de lugar de residencia, con un 9%, frente al 1,5% de quienes asisten diariamente al puesto de trabajo de forma presencial.

… pero aumenta el sedentarismo durante la jornada laboral

En este sentido, las personas que desempeñan su labor profesional desde casa pasan sentados el 88% de su jornada, mientras que solo permanecen de pie el tiempo restante, un 12%. Es más, según la encuesta, aquellos profesionales con trabajo híbrido confirman que están más tiempo sentados los días que teletrabajan (77%), con una diferencia del 14%, en comparación con el resto de días (63%). En cambio, existe un mayor equilibrio en la jornada en quienes hacen trabajo presencial (con un 49% del tiempo sentado, frente al 51% de pie). Estos datos tienen sentido si se tiene en cuenta que no todos los trabajos que se hacen de pie permiten el teletrabajo.

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