Credit Suisse apuesta por un cambio político

OCDE España crecerá un 4,7% este año, pero solo al 1,3% y al 1,7% en 2023 y 2024

22 de noviembre de 2022

La crisis energética, la mayor desde la década de 1970, ha elevado la inflación a niveles no vistos en muchas décadas y está reduciendo el crecimiento económico en todo el mundo. Así introduce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sus nuevas perspectivas macroeconómicas, con revisiones a la baja de las que pocos países se libran. España no es una excepción, aunque sí logrará mejores cifras que sus vecinos más cercanos.

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El producto interior bruto (PIB) nacional crecerá un 4,7% en 2022 para caer al 1,3% en 2023 y mejorar al 1,7% en 2024. Las anteriores previsiones del organismo, el pasado mes de septiembre, preveían un crecimiento del 4,4% en 2022 y del 1,5% en 2023. Las perturbaciones económicas, por tanto, tendrán sus mayores efectos el ejercicio próximo. Pese a ensombrecer el panorama en el informe de previsiones actualizado este martes, la OCDE sostiene que España conseguirá mejores cifras que las del resto de grandes economías europeas. Alemania, por ejemplo, caerá un 0,3% en 2023, mientras que Italia y Francia avanzarán únicamente un 0,2% y un 0,6%. La zona euro, por su parte, crecerá un tímido 0,5% (el mismo aumento que registrará Estados Unidos), mientras que el conjunto de la OCDE lo hará un 0,8%.

Con estos números, la OCDE se alinea con las proyecciones dadas a conocer recientemente por otros organismos nacionales e internacionales como la Airef y el Banco de España o la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Todos ellos sitúan el aumento del PIB español para 2023 en torno al 1%, lejos del 2% en el que todavía confía el Gobierno.
Los principales riesgos que rodean la proyección nacional están relacionados con el impacto en la actividad de los planes de la UE para reducir el consumo de energía y con la evolución de la guerra en Ucrania, "aunque es probable que España se vea menos afectada por la escasez de gas que la mayoría de los países de la UE, ya que depende menos de las importaciones rusas". La inflación, de hecho, cerraría 2022 en el 8,6%, pero lograría bajar al 4,8% en 2023 y 2024.

La OCDE justifica sus proyecciones con "el efecto depresivo de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares", sumado a unas "perspectivas más débiles de la demanda externa". En paralelo, la subida de los tipos de interés de la zona del euro lastrará la inversión empresarial, mientras que se espera que la inversión pública mantenga su dinamismo gracias a los fondos europeos, aunque una mejor gestión de las ayudas aceleraría la recuperación, insiste la OCDE.

A la radiografía general que dibuja el organismo dirigido por Mathias Cormann se le suman las ya tradicionales advertencias a cuenta de la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, en mayor riesgo de lo habitual por las medidas de apoyo desplegadas por el Gobierno para combatir los efectos de la inflación. Según estima la OCDE, la deuda pública cerrará 2022 en el 115,9% del PIB para seguir alrededor del 115% en 2024. El déficit, por su parte, terminaría este año en el 4,9% del PIB y bajaría al 4,2% del PIB el año próximo. Todo ello, eso sí, suponiendo que las medidas desplegadas para amortiguar la crisis energética, y que de momento terminarán en 2023, no se prorrogan durante más tiempo. La OCDE es consciente de que el Plan Presupuestario enviado por España a la Comisión Europea recoge la posibilidad de extender durante más tiempo todas estas políticas. Por eso, avisa de que "las medidas fiscales para aliviar la crisis deben ser temporales, dirigidas a los más necesitados, equilibradas con la necesaria consolidación fiscal a medio plazo y manteniendo los incentivos al ahorro energético". Esto último, añade, "requerirá la introducción de un marco regulatorio eficiente e incentivos adecuados para fomentar la inversión privada en tecnologías verdes".

Credit Suisse apuesta por un cambio político

No es la primera vez, ni será la última en la que un banco dice apostar por un gobierno de este o aquel signo político. Pero lo cierto y verdad es que de vez en cuando ese hecho se produce y esta vez ha sido nada men os que Credit Suisse quien se ha pronunciado a favor de un gobierno de derechos para salir de la crisis que ñle aguarda a nuestro país.


En efecto, en el momento de presentar sus previsiones, y al referirse a España en concreto, ha rebajado drásticamente sus estimaciones. En estos momentos sus previsiones que nuestra economía solo crecerá un 0,8% en 2023, frente al 2,8% esperado anteriormente, después de cerrar este año con una subida del 4,6%, desde el 5,1% previo. Además, se atreve a vaticinar que al país le iría mejor con un Gobierno de centro derecha, porque "podría estar mejor posicionado para estabilizar las complicadas finanzas públicas de España".

El banco suizo justifica esta postura alegando que de cara a la próxima legislatura (las elecciones se celebrarán en diciembre de 2023 a más tardar), hay que tener en cuenta que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento volverá a ser vinculante en 2024, por lo que un Ejecutivo de otro color podría tener mejores bazas para afrontar esta situación. Es más, ha remarcado que el apoyo al partido de extrema derecha Vox "sigue siendo moderado", al situarse en el 15%.
En cualquier caso, Credit Suisse señala que el PIB real español sigue estando aproximadamente un 2% por debajo de su pico prepandémico, a pesar de un crecimiento "más vigoroso de lo esperado" en los tres primeros trimestres de 2022 apoyándose en el consumo de servicios, gracias al repunte de la actividad turística, y en la inversión, algo que el banco relaciona directamente con la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE.

En su opinión, ambos factores "deberían seguir apoyando el crecimiento en los próximos trimestres", aunque sus expertos esperan "un estancamiento de la actividad económica, en el mejor de los casos, durante el invierno" por la combinación de una inflación elevada, tipos de interés en aumento y una demanda externa debilitada. "Para 2023, nuestros expertos prevén una relativa resiliencia de la economía española y un crecimiento del PIB real del 0,8%. Se espera que la inflación subyacente disminuya gradualmente, aunque a un ritmo más rápido que la media de la zona euro, y que la tasa media de inflación en España se sitúe en el 4,6% en 2023, ha apuntado Carrasco, responsable de banca privada y gestión de patrimonios de Credit Suisse en España.

Europa busca gravar energía, comercio y banca para pagar los fondos NextGen

Los parlamentarios europeos buscan la fórmula que permita incrementar los ingresos de la Unión Europea y así hacer frente al aumento de gastos causado por la puesta en marcha de los planes de recuperación. El Parlamento Europeo debatirá esta semana una propuesta para aumentar los recursos propios en 17.000 millones de euros al año mediante proyectos que han levantado polémica por la afección que suponen sobre las transacciones comerciales, especialmente en las zonas limítrofes del continente.

Tras acordar la puesta en marcha de mecanismos como NextGenerationEU para paliar las consecuencias económicas del coronavirus y la invasión rusa de Ucrania, el Parlamento Europeo negociará esta semana la puesta en marcha de nuevas fuentes de ingresos que permitan sostener las cuentas de la UE sin recortar en otros proyectos como la Política Agraria Común (PAC) o programas como Erasmus+.
Para llevar a cabo esta expansión de los ingresos, los europarlamentarios han propuesto reformar el sistema de comercio de derechos de emisión, de forma que se incluya la incineración de residuos municipales, se reduzca el número de derechos anuales y desaparezcan los derechos gratuitos de emisión en los años 2026, 2030 y 2032, respectivamente.

Esto se complementaría con el aumento de ingresos derivados de la puesta en marcha de un nuevo impuesto fronterizo sobre el carbono. Este mecanismo, que se aplicará en las fronteras de la UE, pretende gravar los productos que se importan desde otros países externos poco cumplidores en materia de descarbonización y prohibir a las empresas europeas que trasladen allí su producción. Puertos como el de Algeciras ya han mostrado su preocupación por que buena parte de su tráfico se desvíe a la instalación marroquí de Tanger-Med para evitar sufragar esta nueva tasa.

Piden subir el impuesto de sociedades

Aunque ambas medidas han levantado importantes polémicas por las afecciones que pueden generar para el comercio internacional o a la competitividad de las instalaciones y productos europeos, la propuesta que ha recibido un mayor rechazo es la subida del impuesto de sociedades para las grandes multinacionales. Esta propuesta forma parte de un acuerdo sellado por los países europeos en las cumbres del G20 y la OCDE.
Fernandes, eurodiputado portugués del Partido Popular Europeo, defiende la aplicación de estas nuevas normas para devolver el préstamo de NextGenerationEU. "Sin nuevos recursos propios, después de 2027, tendremos que recortar más de 15.000 millones de euros al año de los programas de la UE", afirma en una nota distribuida por la institución.

No afectaría al impuesto español sobre banca y energéticas
La aprobación de estas nuevas normativas no afectarían a la tramitación parlamentaria del impuesto sobre los beneficios extraordinarios a la banca y las energéticas anunciado por el Gobierno de España. Fuentes de los socialdemócratas europeos consultadas por La Información aseguran que, en caso de que el nuevo impuesto fuera más allá de la propuesta del Ejecutivo español, este tendría que aplicarlo, como suele suceder cuando se traspone cualquier directiva europea. Sin embargo, el diseño del propio impuesto deja en manos de los estados miembros su conversión al sistema tributario de cada país, de forma que se convierta en una fuente de ingresos que repercuta en el presupuesto que luego se destina a la UE. La eurodiputada francesa Valérie Hayer, del grupo Renew Europe, defiende la implantación de estas nuevas tasas, ya que en caso contrario sería necesario aumentar las contribuciones de cada país o recortar en los programas europeos que ya están en marcha.

Con estos tres nuevos gravámenes, la Comisión Europea espera recaudar anualmente hasta 17.000 millones de euros que permitan financiar el presupuesto comunitario entre 2026 y 2030. Al mismo tiempo, servirían para devolver la deuda generada por la puesta en marcha de los fondos de recuperación, como el NextGenerationEU, así como financiar el Fondo Social del Clima.

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