SMI: REUNION DE SABIOS CON DIAZ

En noviembre deben de tener su propuesta, lista

02 de septiembre de 2022

El Ministerio de Trabajo ha dado dos meses y medio de plazo a la comisión asesora en materia de salario mínimo interprofesional (SMI) para que presente una propuesta de subida del SMI para 2023, tras lo que convocará la mesa del diálogo social para negociar ese alza con patronal y sindicatos.

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De esta manera, los expertos deberán dar a conocer su propuesta a mediados de noviembre, tras conocerse la inflación media anual --que se toma en cuenta para revalorizar las pensiones-- en la que también tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, datos estadísticos sobre el salario medio más actualizados que los de su propuesta anterior hecha en junio de 2021, que indicaban que el 60% del salario medio en España el próximo año ascendería a 1.049 euros al mes en 14 pagas. Tras reunirse con los expertos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado este viernes en rueda de prensa que la comisión asesora tendrá además la tarea de analizar el impacto que la revalorización del salario mínimo ha tenido sobre la pobreza y la desigualdad en España.
El SMI subió en 2022 a 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas, con el compromiso del Gobierno de situarlo en el 60% del salario medio nacional en 2023, una cifra que tendrá que proponer la comisión teniendo en cuenta también la coyuntura actual. En su informe de junio de 2021, el grupo de expertos planteó tres escenarios en los que la subida más alta situaría el SMI en 1.049 euros brutos en 2023.

"Estamos en momentos difíciles y excepcionales", ha subrayado Díaz en relación con un contexto económico marcado por la elevada inflación, si bien ha recordado que "bastantes" países europeos ya han adoptado subidas de sus salarios mínimos como Alemania, Bélgica, Grecia, Países Bajos o Polonia, en tanto que Francia lo ha revalorizado en tres ocasiones este año.

UGT: los trabajadores han perdido poder adquisitivo

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha cifrado la pérdida de poder de compra salarial en lo que va de año en 5,9 puntos porcentuales, teniendo en cuenta la media de las tasas anuales del IPC hasta agosto (9%) y el promedio de las subidas salariales registradas en convenio hasta julio (2,6%), que es el último dato disponible.

«Es imprescindible que se amplíen las medidas adoptadas hasta ahora para proteger la creación de empleo y la calidad de vida de las personas trabajadoras, construyendo un verdadero pacto de rentas a la altura de la coyuntura», ha insistido el sindicato a través de un comunicado. Sin embargo, UGT cree que la negativa de la CEOE a llegar a un acuerdo en esta materia «es un despropósito», sobre todo cuando la economía actualmente requiere de certidumbre. «El esfuerzo para superar los inconvenientes ocasionados por el conflicto bélico en Ucrania debe ser colectivo, y las empresas deben ajustar sus márgenes, principales responsables del aumento de la inflación», ha reclamado.
Respecto a los datos de paro y afiliación dados a conocer este viernes, UGT considera que, aunque el paro aumenta en agosto en 40.428 personas como consecuencia del fin de la temporada estival, la fortaleza del empleo y la mejora de su calidad persisten, fruto de la reforma laboral pactada en el ámbito del diálogo social. No obstante, el sindicato considera «preciso» seguir manteniendo el escudo social y las medidas de apoyo, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores con la inclusión de cláusulas de revisión en los convenios, y subir el SMI hasta que alcance los 1.100 euros en 2023. «No hay motivos para la alarma, pero sí para la preocupación y la prevención», ha insistido.

CEOE pide "prudencia" ante los datos del paro: "Es la cifra más alta desde 1982"

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ve con preocupación el aumento del paro y la caída de la afiliación, una señal del “esperado impacto de la inflación sobre la economía”, y ha hecho un llamamiento a “evitar el deterioro del empleo en el medio plazo”.
“Si bien es cierto que el comportamiento de la afiliación y el desempleo es cuantitativamente similar al de otros agostos, la pérdida de cotizantes del último día de mes marca un máximo histórico de 409.429 empleos destruidos, la cifra más alta desde 1982”, explican desde la patronal. Esta misma desaceleración de los afiliados se advierte, indica la CEOE, desde abril, cuando se alcanzó una tasa interanual del 5,1%, mientras que en agosto dicha tasa se sitúa en el 3,5%. “Se trata de una diferencia de 1,6 puntos porcentuales que refleja el proceso de moderación de la actividad económica al que nos venimos refiriendo, que inevitablemente afectará al empleo”, apuntan.
Este hecho “es especialmente grave”, asegura la patronal, si se tiene en cuenta que la tasa de desempleo en España, según datos de Eurostat, se situó en el 12,6% en el mes de julio, siendo la más alta de la UE y duplicando su media del 6,6%, “lo que llama a la prudencia”. “Consideramos que es preciso poner el foco en el entorno económico y su evolución y dedicar nuestros esfuerzos a sostener la marcha de la economía, que tiene en las empresas y las familias dos pilares fundamentales”, aseveran.
La CEOE afirma que, “al igual que las familias”, las empresas, “en su mayoría pymes y autónomos, están padeciendo la inflación”, ya que no están siendo capaces de trasladar el aumento de costes a los precios finales, “abocándoles a una situación especialmente complicada”.
Para la patronal, la Administración “continúa planteando políticas de gasto que introducen más presión sobre la deuda pública, en un escenario de subida de tipos de interés, ahondando en la vulnerabilidad de la economía, al tiempo que aumenta aún más la carga fiscal sobre las empresas”.“En su lugar, el Ejecutivo podría optar por dedicar los ingresos tributarios extraordinarios a dotar de más ayudas a los ciudadanos y al tejido productivo, es decir, a sostener la marcha de la economía y el empleo”, afirman desde la organización empresarial.
Asimismo, la CEOE cree que “sería más aconsejable aprovechar el mayor margen fiscal para reducir la factura del IRPF de cara a aliviar también los costes para las empresas”, evitando “alimentar la espiral inflacionista y favoreciendo los acuerdos sociales”. “Se podría plantear además una reducción de costes por la vía de las cotizaciones sociales y acompasar los precios de los contratos públicos, asumiendo la Administración las mismas obligaciones que se exigen al sector privado”, añade la patronal.

Por último, CEOE asegura que mantiene su disposición a seguir negociando “como hemos demostrado ampliamente en los últimos años”. “CEOE nunca se ha levantado de ninguna mesa”, afirman con rotundidad desde la patronal, al tiempo que señalan que “en todo caso, tras sucesivas propuestas empresariales para cerrar un acuerdo salarial antes de verano, no fue posible alcanzarlo por la exigencia de los sindicatos de introducir cláusulas para ligar los salarios al IPC”. “Algo que por responsabilidad no podíamos asumir”, agregan. “Las empresas españolas estamos comprometidas con España y los españoles, con su empleo, y apostamos por un país en el que haya estabilidad política, seguridad jurídica y calidad normativa para generar un clima de inversión favorable”, sentencian desde CEOE.
La CEOE también ha aprovechado para criticar la postura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien ha pedido sin nombrar que evite “la conflictividad social y no hacer declaraciones que favorezcan la crispación”. “Sería deseable generar desde las instituciones un entorno favorable a la consecución de acuerdos”, señalan desde la CEOE, antes de señalar que “los anuncios sobre subidas desmedidas del SMI (se ha incrementado un 35,9% desde 2018) bloquean las negociaciones a la espera de lo que finalmente se apruebe”.En las últimas semanas Díaz, ha anticipado que el Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) "más que nunca" y ha exigido al presidente de la CEOE, Garamendi, "que se comprometa con su país" para dejar de "bloquear la negociación de los convenios colectivos", expresando así su "apoyo explícito" a las movilizaciones sindicales en este sentido.
"Sin ninguna duda, vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca, porque estamos en una situación de absoluta excepcionalidad política", ha aseverado la vicepresidenta segunda.

La postura de la titular de Trabajo ya fue criticada con anterioridad por el vicepresidente de la CEOE, Navarro, calificando como “arrogante” y de tener “poca empatía hacia las empresas”. "Son mensajes demagógicos. Este país es un país de autónomos y de pequeñas y medianas empresas y esa es la realidad", afirmó Navarro.

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