FUNCAS: echa en falta la credibilidad del Estado

26 de noviembre de 2021

La sostenibilidad de las finanzas públicas en España requiere una senda creíble y ambiciosa de reducción progresíva del déficit estructural, que ya antes de la pandemia se encontraba entre los más elevados de la Unión Europea. En el último número de Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas, se advierten los riesgos principales que pueden afectar a la política presupuestaria. A pesar de la dinámica positiva del déficit en 2021, en el próximo año el déficit estructural aún será del 4,5% del PIB.

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Los factores que han contribuido a la mejoría del saldo presupuestario en 2021 y el propio soporte normativo de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, irán perdiendo fuerza, ya sea por la reintroducción de un nuevo marco de reglas fiscales en la UE, por la desaceleración de las tasas de crecimiento y de la recaudación o por la reformulación de la política de compra de bonos por parte del BCE. En paralelo, será fundamental mejorar el ritmo de ejecución de los fondos europeos para impulsar y consolidar la recuperación.
Santiago Lago explica en su artículo que para cuadrar las cuentas existen soluciones como la reforma fiscal y la evaluación del gasto público en busca de ineficiencias y ahorros potenciales. Y cree necesario aprovechar los próximos meses para trazar una senda de encaje presupuestario y eliminación progresiva del déficit estructural que permita estar preparados cuando se retiren las actuales condiciones fiscales y monetarias. Del mismo modo, el autor se refiere a la existencia de riesgos latentes de aumentos permanentes del gasto que pueden complicar la estrategia de consolidación presupuestaria.
Desiderio Romero y José Félix Sanz evalúan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y apuntan que existen dudas de que la senda prevista de déficit para el período 2021 a 2024 pueda cumplirse en ausencia de un plan de consolidación fiscal que revise tanto las cifras de ingresos como de gastos. Especialmente, si se tiene en cuenta que hasta la fecha la senda de reducción del déficit descansa en el efecto ciclo para los ingresos y en la retirada progresiva de las medidas extraordinarias por la COVID-19.
La expansión de las bases imponibles –asociada al crecimiento del PIB nominal-, la entrada de fondos europeos y el impacto de las medidas normativas aprobadas en los dos años anteriores, que afectan a la creación de nuevos impuestos y a modificaciones en otros como el IVA o el impuesto de sociedades, son factores clave en la previsión de ingresos públicos en 2022. En cuanto al gasto, destaca el incremento destinado a pensiones, tanto por su cuantía como por su permanencia en términos de gasto estructural.
Dentro de los PGE, la Seguridad Social es una pieza clave, no solo por cuanto representa cerca del 40% del gasto consolidado, sino porque en el sistema de pensiones se ventila el principal factor de aumento del gasto estructural en 2022 y una de las reformas de mayor calado social que deben abordarse. Eduardo Bandrés analiza en su artículo las dos principales novedades del Presupuesto de la Seguridad Social de 2022: el nuevo método de revalorización de las pensiones y el aumento de las transferencias del Estado.
Con la previsión de inflación para el conjunto de este año, la revalorización de las pensiones en 2022 rondará el 2,5%, es decir, unos 3.600 millones de euros. Además, la garantía de revalorización vigente en 2021 supondrá unos 2.300 millones. En total, un crecimiento del gasto de la Seguridad Social de unos 5.900 millones.
El artículo también apunta que la cantidad acumulada en el Fondo de Reserva a finales de 2032 sería de unos 35.000 millones de euros. En los 10 años siguientes a 2032, el gasto en pensiones crecerá unos dos puntos de PIB, de modo que el fondo no será suficiente para afrontar los déficits anuales que se irían generando. La revisión periódica de las cuentas exigirá, con toda probabilidad, la adopción de medidas de contención del gasto.
Los PGE de 2022 contemplan 26.900 millones de euros en concepto de fondos europeos de recuperación. Atendiendo a la distribución presupuestaria contemplada para 2021 y a la información sobre las convocatorias publicadas hasta el mes de octubre, inclusive, César Cantalapiedra y Ana María Domínguez ponen de relieve las reducidas cifras de ejecución del presupuesto en este primer año de implementación del Plan España Puede, no solo por las convocatorias pendientes de realizar o de resolver, sino también por la aplicación efectiva de los fondos sobre la economía real.
Los autores cuantifican el estado actual de ejecución de los fondos en cada una de las nueve políticas palanca del Plan español, poniéndose de manifiesto tanto el retraso que se está produciendo como la heterogeneidad en la ejecución de las diferentes políticas.

 

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