Las organizaciones denuncian el fuerte aumento de los costes de producción, especialmente del gasóleo y los fertilizantes, así como los bajos precios que perciben agricultores y ganaderos. También reclaman el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los productores cobren por encima de sus costes.
Entre sus demandas figuran una PAC con un presupuesto suficiente, una menor carga burocrática y medidas frente a la competencia de productos importados que, según denuncian, no cumplen las mismas exigencias que los europeos.
Por su parte, UPA ha decidido no sumarse a la protesta y posponer sus movilizaciones hasta después de las elecciones del 29 de noviembre, aunque mantiene sus reivindicaciones y su intención de continuar presionando a las administraciones.

