La UDEF registra las fábricas de Alcoa

04 de marzo de 2021

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado en las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña para realizar un registro de las oficinas. Hasta las plantas, anteriormente propiedad de Alcoa, se han trasladado sobre las 9:00 horas varios furgones policiales. 

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El presidente del Comité de Empresa de la planta de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha explicado a Efe que los agentes han pedido a los trabajadores de las oficinas centrales que dejen de trabajar y están a su requerimiento. El registro estaría relacionado con la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y A Coruña que podrían ser constitutivas de alzamiento de bienes y estafa, y que el pasado mes de diciembre fue admitida por la Audiencia Nacional.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.


Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente.
Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018. El escrito de la querella relata el proceso de venta y concluye que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".
Maroto pide "altura de miras" a todos los actores implicados en el caso Alcoa
La titular del juzgado central de instrucción nº 3, María Tardón, explicaba en un auto fechado el pasado 12 de febrero, por el que rechazaba el recurso de apelación de un querellado, que en un "momento procesalmente tan temprano" no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo, y que lo que trata la instrucción es precisamente "comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia". 

Ante la presencia policial, el presidente del comité de empresa ha pedido a la plantilla "la máxima colaboración". "Para que se esclarezca la verdad y poder llevar a cabo esas actuaciones en el ámbito judicial, que exijan responsabilidad a todas las empresas implicadas en este engaño tremendo", ha dicho sobre el proceso de venta. Asimismo, ha aprovechado para pedir de nuevo a las administraciones estatal y autonómico que se establezca ya una "hoja de ruta" que dé garantías de futuro a la fábrica y al empleo. Corbacho ha descartado una mesa social "con empresas implicadas en esta estafa" y ha apelado a hacerla con la presencia de las administraciones y la parte social. "Toca confeccionar esa salida", ha insistiendo, pidiendo "tranquilidad" en estos momentos ante la investigación policial, pero también apelando a las administraciones para dar "un paso firme" para buscar una "salida". 


 

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