Las constructoras urgen al reparto de los fondos comprometidos

16 de marzo de 2021

Las empresas relacionadas con la construcción, la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética presionan al Gobierno para que canalice cuanto antes los  6.300 millones comprometidos para mejorar el parque de viviendas y cumplir con los objetivos establecidos por la Unión Europea en la "Ola de rehabilitación" (Renovation Wave) que presentó en octubre. 

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La rehabilitación es clave para cumplir con los objetivos des descarbonización a 2050 y el despliegue del coche eléctrico, pero España parte de muy atrás. Bruselas exige una tasa de rehabilitación anual del parque de viviendas del 3%, pero España apenas si llega al 1%.
Las compañías piden celeridad en el proceso para que los 6.300 millones que van a gestionar los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Economía lleguen cuanto antes. Para ello, reclaman que el dinero se canalice en forma de ayudas directas y que se permita la agrupación de la demanda -por comunidades, barrios etc-. El pastel millonario está ahí y también sus posible efectos beneficiosos para la economía. El Consejo Superior de Arquitectos de España cifró el potencial de creación de empleo por rehabilitación en 400.000 puestos de trabajo.

El informe elaborado por la Fundación Naturgy (Iniciativas y modelos de negocio para la rehabilitación de edificios. Una comparativa global) concluye que para lograr los objetivos, España tendría que multiplicar por 25 el ritmo de rehabilitación actual. El país cuenta con un parque inmobiliario antiguo e ineficiente energéticamente. De 20 millones de viviendas, 9,4 necesitan una reforma urgente, según detalló el subdirector general de Eficiencia Energética, Llerena. La inmensa mayoría son energéticamente ineficientes. Y peor aún: la mitad del parque es anterior al año 1980 y fue construido sin normativa de eficiencia energética. El resto, excepto quizá las terminadas en la última década, tienen un aislamiento muy pobre.

Pese a las necesidades, las cifras que maneja el Gobierno son discretas. El Gobierno presentó en octubre el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2023” y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció la rehabilitación en tres años de 500.000 viviendas, 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga. En el mes de enero, en el Spain Investors Day, el Ejecutivo adelantó  cifras modestas en la creación de empleo por rehabilitación: 17.842 empleos en el año 2021, cifra muy alejada, aparentemente, de las que maneja el Consejo de Arquitectos.
Para expertos como el presidente del consejo asesor de la Fundación Renovables, Javier García Breva, "deberían rehabilitarse cada año en España 750.000 viviendas desde las 30.000 actuales y el plan del Gobierno llega solo a 160.000".  El déficit es preocupante, en su opinión, porque el esfuerzo en rehabilitación "repercute directamente en el desarrollo de la movilidad eléctrica pues determina la recarga en los edificios donde las personas viven o trabajan”. Españaestá a la cola de Europa en ventas de vehículos eléctricos, según ha publicado ANFAC, por el crecimiento casi nulo de las infraestructuras de recarga.

Los 6.300 millones a los que aspiran las empresas incluyen, según fuentes del sector, 1.000 millones para la rehabilitación de edificios públicos. Es un punto importante que ya fue considerado hace tres años por el ex comisario de Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete, que elaboró un documento de recomendaciones destinado a los socios de la UE para actuar sobre el parque de viviendas. El documento incluía, entre otras,  la mejora de la eficiencia de todos los edificios públicos. No sólo los de la Administración central, sino los de todas las Administraciones Públicas,  alquilados o en propiedad.

El Gobierno se lo toma con calma. Fuentes de Transición Ecológica recuerdan que el plazo para presentar los detalles del plan de recuperación a la UE finaliza en abril y la Comisión se tomará su tiempo hasta su aprobación definitiva. Además de Bruselas también empujan comunidades autónomas como  Cataluña, Baleares, País Vasco o Navarra, con leyes  medioambientales que en algunos casos superan en muchos puntos los objetivos adelantados por el Gobierno central en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Las autonomías aprovechan que tienen competencias exclusivas en urbanismo y en vivienda.
Para que la estrategia de rehabilitación -y los 6.300 millones- den el resultado positivo esperado hay que remozar también un marco normativo oxidado. El Código Técnico de la Edificación (CTE) y  la regulación eléctrica, que van de la mano, necesitan cambios. El Código se actualizó en 2019 pero todavía no recoge toda la normativa europea y el nuevo recibo de la luz, que debería favorecer el ahorro, todavía tardará unos meses en entrar en vigor. La nueva estructura del recibo de la luz recoge el reparto de competencias entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para decidir sobre el 65% de la factura; extiende a todos los clientes la discriminación horaria para aprovechar más las franjas de las tarifas ( horas punta, llano y valle) y contempla la posibilidad de contratar varias potencias para recarga de coche eléctrico.
 

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