Abengoa presenta la solicitud de rescate a la SEPI 

17 de marzo de 2021

Abengoa ha solicitado el rescate al fondo de la SEPI para preservar sus activos. El objetivo es salvar su filial operativa, Abenewco 1, de la que penden la mayor parte de los negocios y los alrededor de 13.000 empleos. La matriz ha solicitado el concurso, pero al mismo tiempo se busca un pacto para evitar que esta situación contamine al resto del grupo.

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El grupo de ingeniería ya informó el pasado 10 de marzo que se daba de plazo "hasta finales de mes para alcanzar una acuerdo con los acreedores, las instituciones públicas han reabierto las negociaciones para encontrar una solución".  Esto se produce después de que el pasado 22 de febrero la compañía solicitó el concurso voluntario de acreedores para su matriz, Abengoa S.A.

La empresa, asesorada por Ramán y Cajal Abogados, busca ahora que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda participe en la operación de salvamento, como publicó CincoDías el pasado 4 de marzo. Los acreedores están de acuerdo en que esta es una de las posibilidades para sacar adelante la porción sana del grupo andaluz. Hay mucho riesgo en manos de fondos, especialmente de KKR y Blue Mountain en la operativa y de KKR, Alden y Melqart en una de las  sociedades holdings.  Santander está muy concentrado en avales y también están presentes Bankia, CaixaBank y Crédit Agricole.
La participación del ICO y de Cesce también está encima del tapete, según fuentes de los acreedores. El Gobierno habilitó incluso la intervención del banco público en empresas en concurso a finales del año pasado con una línea de más de 2.500 millones de euros destinada exclusivamente a blindar la liquidez de las compañías en esta situación pero que estén cumpliendo el calendario de pagos acordado en el convenio.

Todo ello fue propiciado por la decisión de los bancos de retirar el waiver (acuerdo de no agresión), que habían extendido sobre la firma desde que en agosto pactaron el rescate de la firma. Entonces acordaron la inyección de más de 500 millones, con aval del ICO y Cesce, más 20 millones aportados por la Junta de Andalucía. La institución autonómica finalmente decidióno suscribir esta cantidad, lo que terminó por hacer fracasar el acuerdo.

También depende de la posible participación del fondo de capital riesgo que antes de que todo estallara estaba dispuesto a inyectar hasta 10 millones de euros más que Andalucía –35 millones en total– para cerrar la operación.
 

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