La Agencia Tributaria validó las facturas de Villarejo a Repsol 

20 de abril de 2021

La Agencia Tributaria analizó en 2018, con el caso Villarejo en plena investigación judicial, la contratación que desde Repsol se hizo de la empresa del comisario y dio por buenas las facturas pagadas al haber contabilizado y tratado el asunto "con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones fiscales". 

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La Agencia realizó una inspección fiscal sobre la petrolera para comprobar el pago del Impuesto de Sociedades y el IVA entre los años 2014 y 2016 y le requirió un informe detallado sobre su actividad en esos años, en el que pudo verificar y revisar los servicios facturados por Cenyt, según señala a modo de justificación de esa contratación el informe de ‘compliance’ que la compañía envió a la Audiencia Nacional para la investigación del caso.

El documento, revisa las cuatro contrataciones que se hicieron de los servicios de Cenyt por parte de Repsol en 2011, 2012 y 2014, con el objeto de frenar la operación que el entonces presidente de Sacyr, Luis el Rivero, estaba preparando con la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control de Repsol y sacar de su presidencia a Antonio Brufau. Fuentes jurídicas conocedoras de este tipo de inspecciones aseguran que, la práctica habitual de la Agencia Tributaria en sus comprobaciones sobre los grandes impuestos de grupos como Repsol pueden suponer, además de la comprobación de los efectos formales de cada tributo, una explicación justificativa de los servicios prestados.

Cuando la AEAT requirió esas explicaciones a la petrolera, en 2018, ya estaba el caso en marcha tras la detención del comisario en noviembre de 2017, pero no se había puesto sobre la mesa de forma clara la posibilidad de que las grandes empresas para las que trabajó hubieran cometido un supuesto delito de cohecho activo por contratar sus servicios como funcionario. Tal opción empezó a vislumbrarse de esa manera en el año 2019, cuando el BBVA inicia su forensic. Aún así la pieza número 9 de la macrocausa sobre el banco y sus directivos, con el posible cohecho activo, no toma forma hasta el mes de julio de ese año.

Esa sucesión de los hechos justificaría además la parte del informe de ‘compliance’ en la que se alude a que, incluso tras la revisión de la AEAT, parecía claro que los servicios prestados por Cenyt se podían obtener en el sector privado de modo legítimo y su ejecución no “requería, interfería o guardaba conexión alguna con actividades o actos propios de un cargo público, ni implicaban ejercicio de autoridad en algún grado”. Es decir, el documento que se le envía al juez y que es la base del caso explica que, con los datos que se tenían entonces, la contratación de Cenyt se habría realizado igualmente, porque se trataba de un “proveedor de servicios de investigación conocido en el sector profesional de la seguridad y de buena reputación (…); se sabía que trabajaba con empresas españolas de primer nivel; tenía recursos propios para ejercer la actividad; contaba con oficinas abiertas al público; por aquella época no estaba en los medios de comunicación por actividades controvertidas; y, por tanto, no había motivos evidentes o conocidos para dudar de su actividad y consiguientemente para cuestionar su contratación”.

Pero de la misma manera que el trabajo realizado por la Comisión de Ética y Cumplimiento de Repsol justifica la legalidad de la contratación y corrobora que se cuidaron todos los pasos preceptivos del buen gobierno que marca la compañía, resulta llamativo el párrafo en el que advierte que “posiblemente en alguna conversación habitual entre el Presidente de Repsol y el de la Caixa, acordaron, cada una en su respectivo propio interés, compartir los servicios de información contratados a Cenyt, puesto que ambas entidades estaban potencialmente afectadas por el pacto Pemex-Sacyr”. Curiosamente, ese razonamiento es idéntico al que esgrime el juez en el auto que establece la imputación de los dos máximos responsables de ambas corporaciones, Antonio Brufau e Isidro Fainé.

El informe que realizan los servicios de ‘compliance’ de Repsol admite que, en un principio, la empresa de Villarejo intentó ‘venderles’ un proyecto más amplio de actuaciones que quedaban “fuera de lo que se pretendía” y suponían una “cuantía desmesurada” de 1,5 millones de euros. Fue el propio exdirector de seguridad de Repsol, Rafael Araujo (RA), quien rechazó esa primera propuesta y “de modo expreso” explicó a Villarejo que se centrase en una actuación más limitada, “focalizada sólo en recabar y verificar información para el análisis de inteligencia corporativa, con actuaciones en ningún caso intrusivas y de mucha menor entidad”. En cualquier caso, el informe de ‘compliance’ admite que desde la empresa no se impuso ninguna recomendación al comisario sobre la “metodología concreta a seguir” en sus pesquisas, una práctica que suele ser habitual para evitar la contratación de proveedores que se salgan de las normas sobre ética y transparencia que todas las grandes compañías se marcan.

Lo único que se acordó, tal y como se le explica al juez en ese documento, es que Cenyt iría facturando los servicios que prestase a medida que los fuera realizando, con un importe que se hablaría en cada momento. En total, la empresa ya ha admitido que pagó 165.000 euros al comisario en tres facturas entre 2011 y 2012, todas ellas contempladas como fuera del presupuesto del departamento de Seguridad, más una factura posterior de 20.000 euros más en el año 2014, que sí se llegó a contemplan dentro de las previsiones de gasto de la petrolera para ese ejercicio. Las dos primeras facturas las aprobó de forma individualizada el exdirector de Seguridad, imputado en el caso, mientras que las otras dos fueron corroboradas, dentro de un paquete más amplio de servicios, por “JA”, iniciales que se corresponden con el exdirector corporativo de Servicios Patrimoniales, Juan de Amunátegui, que declarará ante el juez a finales de mes junto con el resto de nuevos investigados

 

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