Los industriales, en contra

01 de junio de 2021

La Alianza para la Competitividad de la Industria Española ha advertido al Gobierno de que el fondo supondrá un coste energético adicional a la industria de 2.650 millones de euros y que, por tanto, se pone en peligro su "competitividad".

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La alianza -constituida por las patronales Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia)- asegura que la creación del FNSSE, pendiente del dictamen del Consejo de Estado, puede "agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro", después de que haya perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30% del tejido productivo y un 20% del empleo, y en una situación en la que se ha registrado un "extraordinario" incremento de los costes del gas y la electricidad en España.

Desde el ministerio de Ribera han confirmado que el 'mordisco' a la facturación de los gigantes energéticos será descafeinado, pues el cambio legislativo solo recoge una minoración parcial de la retribución extra que reciben las centrales eléctricas no emisoras de CO2. Es decir, las compañías seguirán ingresando una parte de lo que se conoce como beneficios caídos del cielo (windfall profits), aunque desde el Gobierno se han reservado a qué porcentaje de los mismos, afectará el tijeretazo de Ribera. 
La evolución del mercado mayorista (el pool, en la jerga), donde se negocia diariamente el precio de la electricidad que luego sirve de referencia para calcular una parte de la factura de la luz, mete presión al Ejecutivo. Con la entrada en vigor del nuevo sistema de tarificación, que encarecerá el recibo eléctrico para al menos 10 millones de consumidores, el 'mordisco' a lo que el Ejecutivo ha bautizado como dividendo de carbono, supone un intento 'in extremis' del Gobierno para atajar por la vía legal el precio de la electricidad. 

Según los cálculos del ministerio del ramo,la recaudación generada por la intervención del Estado en la sobrerretribución de las grandes eléctricas conllevará se traducirá en una rebaja de entre el 4 y el 5% del precio final del recibo eléctrico (incluyendo el precio de la energía y parte regulada). El Gobierno limitará el torpedo a los gigantes del sector, pues la minoración estatal a estos ingresos extra se limitará a las centrales de más de 10 MW -con costes fijos más bajos-, que se hayan puesto en marcha antes de 2005 y que ya no se encuentren bajo un régimen retributivo regulado, esto es, que no se encuentren dentro de los 20 años de vida útil que marca la normativa. 
El plan de Ribera se limitará a centrales hidroeléctricas y nucleares de más de 10 MW, anteriores a 2005 y que no se hallen bajo un régimen retributivo regulado

En definitiva, la medida estrecha el cerco sobre los grupos más expuestos a la generación nuclear e hidráulica: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona (solo opera en hidroeléctrica), en este orden. El Gobierno ha informado de cómo prevé gestionar esos 1.000 millones de recaudación a mayores. El 90% del monto total detraído a las eléctricas -unos 90 millones anuales- se destinará a proveer el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (Recore), es decir, a sufragar el coste de las subvenciones a las energías renovables.  El 10% restante será transferido a las CCAA y autoridades locales para hacer frente al gasto energético de los consumidores vulnerables. El Estado y las comercializadoras ya sufragan al 50% el recibo de la luz de las personas calificadas como 'vulnerables en peligro de exclusión' (unas 6.000 en todo el país), aquellas a las que por ley no se les puede cortar el suministro. El plan del Gobierno es extender esta protección a otras 7.000 personas que, por falta de medios de la Administración, no entraban en esta categoría lo que dispararía en un 60% el número de consumidores bajo esta consideración. 



 

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