El Consejo de Seguridad Nuclear veta el proyecto de la mina de uranio 

12 de julio de 2021

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dictado este lunes la que puede convertirse en la condena a muerte del proyecto de la mina de uranio que la compañía Berkeley intenta abrir desde hace más de una década en el municipio salmantino de Retortillo. 

Compartir en:

El organismo supervisor ha emitido un informe negativo sobre el permiso de construcción de la planta de procesado del mineral que contempla este proyecto. Con este pronunciamiento es imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica conceda la autorización para esta parte vital de la polémica explotación minera, ya que la opinión del CSN es vinculante.

El pleno del CSN, cuyos cinco miembros son nombrados por el Congreso de los Diputados, veta el permiso para construir la planta al entender que existen riesgos con el tratamiento y almacenamiento de los residuos radiactivos que se generarían durante el procesado del uranio y cuya gestión se dejará como herencia a las generaciones futuras. La intención de la empresa Berkeley era enterrar esos desechos en dos de las cortas —los grandes agujeros en la tierra que se abren en un yacimiento a cielo abierto para extraer el mineral—. En la práctica, esto supondría crear un almacén de residuos radiactivos en este pequeño municipio salmantino.

La mayoría del pleno del CSN ha considerado que existen suficientes dudas —fundamentalmente, las referidas a la hidrogeología de la zona y las posibles filtraciones de sustancias peligrosas a los acuíferos— como para no conceder la autorización de construcción de la planta. Cuatro de los cinco consejeros del CSN han votado en contra del proyecto; se trata del presidente, Josep Maria Serena i Sender, y de los consejeros Elvira Romera, Pilar Lucio y Francisco Castejón. Solo el miembro nombrado a propuesta del Partido Popular, Javier Dies, ha rechazado la opinión mayoritaria de sus compañeros y ha abogado por apoyar la concesión de la autorización, según fuentes de este órgano supervisor, queafirman que tiene pensado redactar un voto particular.

El voto negativo de la mayoría de los consejeros se ha visto reforzado por el informe redactado sobre el proyecto por el cuerpo técnico del CSN, que lleva más de cinco años analizando toda la documentación. Ese cuerpo técnico ha elevado al pleno una “propuesta de dictamen técnico” desfavorable. Según las fuentes consultadas, ese informe concluye que existen gran cantidad de deficiencias en la propuesta que la empresa ha presentado para el futuro almacenaje de residuos y respecto a la posible afección a los acuíferos por filtraciones. Por eso concluyen que no se ha valorado correctamente la afección que tendrían sobre las masas de agua del emplazamiento las escombreras permanentes.

Si saliera adelante, la de Retortillo sería la primera explotación privada de uranio del país. En España existió entre 1948 y 2000 una minería de este tipo en yacimientos de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Pero a finales del siglo pasado Enusa, la empresa pública que ha operado todas esas minas, decidió cerrar la última de sus explotaciones al considerar que ya no era rentable la extracción del mineral. De hecho, los permisos mineros de Berkeley para poder sacar adelante su proyecto pertenecían a Enusa, que no consideró viable económicamente explotar esos yacimientos y se los cedió a esta empresa.
De la restauración y el control de los residuos radiactivos generados durante medio siglo de minería pública del uranio en España se encarga ahora otra empresa pública: Enresa. En el caso del proyecto de Retortillo, al tratarse de un proyecto privado, existían dudas sobre quién se haría cargo en el futuro de la gestión de esos desechos.

Berkeley, que sostiene que crearía un millar de empleos, defiende que ha recibido más de 120 permisos (muchos de ellos meros trámites o autorizaciones menores) durante la década que lleva tramitando su iniciativa. El principal sustento que tiene la mina es la declaración de impacto ambiental que le concedió en su día el Gobierno de Castilla y León, en manos del PP y que se ha mostrado favorable al proyecto en los últimos años. Sin embargo, como reconocían hace unos meses los responsables de la compañía, la autorización para la planta de procesado era vital.
 

Compartir en:

Crónica económica te recomienda