En enero de 2019, el Gobierno anunció su intención de sellar y desmantelar de forma definitiva el almacén, lo que incluyó en un real decreto el 31 de octubre de ese año. En el mismo, el Ministerio para la Transición Ecológica ordenaba a Enagás el cierre “definitivo” de Castor una vez analizado que ya “no puede servir” al sistema gasístico español. Por ello, se acordó el desmantelamiento, sellado y abandono definitivo de los pozos.
Evitar costes
El Gobierno justificó la medida para evitar el coste de mantenimiento (aunque el del desmantelamiento es superior) y “para más seguridad”. El decreto habilitaba al ministerio a dar las instrucciones necesarias para cumplir con el acuerdo de sellado y abandono de los pozos y ordenar las fases sucesivas del desmantelamiento, al no ser “ni viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y el futuro del gas natural” en España (hoy la situación del mercado del gas ha dado un vuelco). El Ejecutivo consideraba que “mantener las instalaciones solo serviría para aplazar el abandono definitivo y prolongaría los costes de vigilancia y mantenimiento”.
De momento, Castor sigue en situación de hibernación, la que fue decretada en 2013 por el entonces ministro de Industria, Soria. Enagás es la encargada de su gestión. La decisión del desmantelamiento se basó en un informe encargado por esta compañía a un profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a otro de la Universidad de Harvard. El MIT declaró después que dicho profesor, aunque formaba parte de la institución, había elaborado dicho informe (pagado por Enagás con un coste de 600.000 euros) a título personal. En él se advertía del peligro de reanudar las operaciones.