PFIZER: Hacienda exige el pago de 11M€ de tres inspecciones

24 de septiembre de 2021

Hacienda reclama a la farmacéutica,  11 M€ en impuestos vinculados con su actividad en España, a través de sus diferentes filiales. Lo ha hecho después de tres inspecciones, de las cuales dos se abrieron en 2019 y una en 2020. 

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El fabricante de una de las vacunas clave frente a la Covid-19 ha hecho frente al pago de 5,4 millones de los reclamados, mientras que el resto está pendiente pues firmó en disconformidad y ahora pleitea para tratar de frenarlas. Estos se suman a otros 'affaires' que ha mantenido durante los últimos años que han desembocado en una factura millonaria.

Al igual que las tecnológicas, las farmacéuticas están siendo especialmente vigiladas por la Agencia Tributaria por sus estructuras fiscales. La mayoría de ellas opera en España con filiales que se encargan, fundamentalmente, de la distribución de productos de prescripción y no prescripción médica. Estos se fabrican, en la mayoría de las ocasiones, fuera de las fronteras españolas (Pfizer lo hace en Irlanda, Gran Bretaña, Puerto Rico e Italia) y por tanto han de comprarse pagando un precio de transferencia que ha de ser ajustado para evitar un traslado de los beneficios fuera. Durante los últimos años, Hacienda ha mirado con lupa precisamente esos precios abonados (que tienen traslado en el impuesto de la renta de no residentes) y el IVA desembolsado por la importación.
En enero de 2019, la sociedad cabecera del grupo recibió la visita de los inspectores para comprobar esas retenciones del impuesto de la renta de no residentes. Hacienda exigía que las facturas de 'royalties' emitidas por una entidad holandesa (PF Prism CV) debían contar con una retención del 24% y no del 10%. ¿Consecuencia? El pasado mes de octubre de 2020 confirma una deuda tributaria de 5,4 millones de euros (cuota no pagada e intereses de demora). Intentó resistirse pero finalmente decidió abonarlo sin recurso. 

En el marco de esta misma investigación, también se analizaron las facturas de otra sociedad holandesa. Ha habido discrepancias por el porcentaje de retención: 6% es el aplicado por la empresa y 10%, el que exige la Agencia Tributaria. La consecuencia es el pago de otros 845.000 euros que aún no se han confirmado formalmente en un acta.
A esta investigación hay que sumar dos sobre el IVA y la tarifa exterior, es decir, las tasas de aranceles frente a países terceros por la importación de productos. Se referían a los ejercicios 2017 y 2018. Las diferencias se refieren al método de cálculo del importe del 'royalty' pagado por el producto Benefix. Esto llevó a dos actas de liquidación por 2,5 y 2,2 millones de euros, respectivamente. En ambos casos la empresa pretende pleitear y en una de ellas se ha presentado una reclamación económica de manera formal.

En el equipo financiero y fiscal de Pfizer empiezan a estar acostumbrados a este 'marcaje estrecho' que mantiene la Agencia Tributaria. La investigación más importante que ha tenido durante los últimos años el grupo fue a principios de 2017, sobre prácticamente todos los impuestos que afectan a su actividad, según queda reflejado en la memoria anual presentada en el Registro Mercantil. Desembocó en el pago de algo más de 12 millones de euros. También tuvo que enfrentarse al escrutinio por el producto Benefix. 
Como se sabe, Pfizer opera con una estructura que empieza en un holding del que cuelga la cabecera: Wyeth Farma SA. Esta, al igual que Pfizer SL, se dedica a la venta y distribución de productos. Y, por último, se encuentran varios laboratorios controlados por la multinacional como Vinci Farma o Binesa. En el resultado consolidado del ejercicio 2020 -que acabó en noviembre-, declaró una ligera caída de los ingresos a 1.191 millones de euros, y una mayor en los beneficios netos. Acabó con una plantilla global de algo más de 1.100 empleados.

En estos números de todo el grupo no se incluye el impacto de la vacuna del coronavirus, que Pfizer desarrolló de la mano de Biontech. Y la razón principal es que, como asegura en la citada memoria, logró en diciembre de 2020 la autorización de la Comisión Europea. Pero deja claro que los acuerdos con la Unión Europea son entre la matriz estadounidense (Pfizer Inc) no con ninguna filial europea. Desde esa fecha se realiza la distribución con envíos semanales que son repartidos por toda España a los 50 puntos de envío identificados por el Ministerio de Sanidad.
A nivel global sí que aportaron números al regulador estadounidense (SEC) de los dos primeros trimestres. En concreto, la multinacional vendió 7.800 millones de dólares en inyecciones de la vacuna solo durante el segundo trimestre, lo que le llevó a mejorar las previsiones de ventas comunicadas al mercado previamente. Por tanto en estos primeros seis meses del año, los ingresos por este producto -con el nombre comercial de Comirnaty- sumaron 11.300 millones de dólares.

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