Las renovables en otra pelea fiscal

03 de marzo de 2022

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica, la Unión Española Fotovoltaica y la Asociación de Empresas de Energías Renovables, entre otras, están dispuestas a adelantar al 1 de enero de este año el ajuste de su retribución que, según la ley, habría que hacer el 1 de enero de 2023.

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Se trata, insisten las mismas fuentes, de “un acuerdo financiero, que no implica ningún cambio regulatorio”, aunque al tratarse de una excepción en una norma con rango de ley requerirá de la aprobación de un nuevo real decreto ley.

Como se sabe, las empresas pertenecientes al llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos), reciben una retribución especial: una rentabilidad por su inversión del 7,1% (el 7,4% en el caso de las que rehusaron recurrir a arbitrajes internacionales por el recorte de la reforma eléctrica de 2014) y un precio de referencia de unos 30 euros/MWh. Esto supone que, si no reciben este precio en el mercado mayorista (pool), se les compensa la diferencia a través de los cargos de la factura eléctrica (6.000 millones de euros previstos este año). Sin embargo, con precios del pool rondando los 250 euros/MWh la rentabilidad se ha desorbitado.
Aunque la retribución a la que tienen derecho durante 25 años se revisa cada seis años (en ese plazo se puede cambiar), las cuentas se ajustan cada tres, de tal manera, que si han cobrado de más en un trienio, se les descuenta en el siguiente y viceversa. Estas plantas, con 29.200 MW de capacidad (más de la mitad del total de renovables), están haciendo caja en un momento en el que los consumidores más lo necesitan. Si la situación ya era grave desde finales del año pasado, la guerra en Ucrania la ha llevado al límite, con las cotizaciones del gas y la electricidad en máximos.

De hecho, fuentes del sector señalan que ha sido este conflicto y la flexibilidad que, ahora sí, está demostrando la Comisión Europea, abriendo la puerta a cualquier tipo de solución para contener los precios, ha llevado a las del Recore a aceptar (o pactar, según ellas) una solución: cobrar este año entre 50 y 60 euros /MWh (dependiendo de la tecnología) y hacer cuentas en 2023, año que también se avecina complicado.
Las eólicas, como Acciona e Iberdrola, reclamaban que solo se aplicara el adelanto del ajuste trienal a las plantas posteriores a 2009, a lo que el ministerio se negó, así como la suspensión del impuesto del 7% a la generación (eliminado temporalmente hasta finales de este mes). Pero a lo que más temen las grandes del sector es a las subastas obligatorias de energía primaria que, en su opinión, les obligaría a dejar de suministrar a parte de sus actuales clientes para subastar una electricidad que tienen comprometida en contratos bilaterales.
En este punto, el Gobierno, que ya aprobó en un decreto ley dichas subastas, cuyo desarrollo debe incluirse en un futuro decreto, tiene de su parte a la Comisión Europea.

 

 

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