SEOPAN: los sobrecostes suman ya perdidas millonarias

24 de noviembre de 2021

Según la patronal Seopan, el sector sufre unos sobrecostes que suponen ya una desviación estimada en los 7.000 millones de euros. Así, el impacto en la facturación para los contratistas con proyectos adjudicados por las Administraciones Públicas desde 2018 supera los 1.300 millones de euros.

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El Gobierno está trabajando en alguna solución para reequilibrar los contratos y mitigar así los sobreprecios que se están generando en las obras públicas en curso que se contrataron a partir de la entrada en vigor de la Ley de Contratación del Sector Público en marzo de 2018. Con la nueva normativa desapareció la obligatoriedad de incluir la revisión de precios en los contratos, dejando su inclusión al arbitrio de cada órgano de contratación. La mayoría de los pliegos suprimieron este mecanismo, que ahora el sector privado reclama y que algunas Administraciones Públicas como Adif han introducido, desde el pasado verano, en sus pliegos para las nuevas contrataciones.
La cesta de materiales de construcción, que incluye el acero, el cobre, el aluminio o las mezclas bituminosas, entre otras, se ha encarecido un 54% en el último año
La cesta de materiales de construcción, que incluye el acero, el cobre, el aluminio o las mezclas bituminosas, entre otras, se ha encarecido un 54% en el último año, según advierte la patronal de las grandes constructoras que engloba a firmas como ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y OHLA. El peso de los materiales en el coste de una obra civil media alcanza el 37%. Además, también hay tensiones en la disponibilidad de determinados materiales. Todo ello está llevando a los contratistas a afrontar incrementos de precios superiores al 100%, lo que pone en peligro el equilibrio económico de los contratos y, en consecuencia, el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras.

En su análisis, Seopan aplica los índices de precios reales en las obras públicas, de lo que se extrae un sobrecoste promedio próximo al 20% que se traduce en los más de 1.300 millones de euros mencionados. No obstante, según explican desde la organización que preside Julián Núñez, "la cifra será muy inferior" para las Administraciones Públicas. Esta aseveración deriva, por un lado, de la expectativa, arrojada por organismos como el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), de que la curva de los precios comenzará a bajar a partir de la primavera de 2022. En consecuencia, la eventual revisión de precios corregirá entonces en sentido contrario el desequilibrio acumulado ahora. Y, por otro lado, el coste para las Administraciones no será de la magnitud que relata el sector privado porque éstas utilizan los índices de precios oficiales, que históricamente siempre han sido inferiores a los reales en el ámbito de las actividades de construcción.

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