Mutua Madrileña entra en el capital de Cabify

26 de julio de 2022

Mutua Madrileña ha desembarcado en el capital de Cabify con la compra de un 1,26% de su capital. Una operación con la que busca profundizar en el segmento de la movilidad urbana a través del mercado de las plataformas digitales y que le permitirá ofrecer servicios de la plataforma de movilidad a los clientes de la aseguradora.

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Con esta operación Mutua Madrileña busca dar respuesta a las nuevas necesidades en movilidad que están surgiendo y potenciar una expansión que ya inició con la reciente adquisición del 100% de las plataformas de movilidad ElParking e Imbric. Una transacción que se cerró hace justo un año cuando adquirió a Portobello las dos apps de movilidad urbana de Eysa (Estacionamientos y Servicios S.A.): ElParking e Imbric. El acuerdo permitirá también a la aseguradora, según explica, "ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de usuario gracias al uso de la plataforma líder en su sector, así como desarrollar en el futuro nuevos servicios de movilidad".
Para Cabify, uno de los pocos unicornios españoles, el acuerdo afianza la relación entre ambas compañías, que comparten objetivos comunes en materia de movilidad y sostenibilidad, según han destacado en un comunicado. La relación entre Mutua y Cabify se inició ya en 2019 cuando Mutua desembarcó en el capital de Movo, su startup española de micromovilidad, con una inversión de 10 millones de euros.

La entrada de Mutua Madrileña en Cabify se produce en un momento complicado para el sector de las VTC, pues el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como decreto Ábalos (por el exministro de Fomento) prohíbe a las licencias VTC realizar trayectos urbanos más allá del 1 de octubre de 2022. Por eso, empresas como Cabify están pendientes de la nueva regulación que establezcan las comunidades autónomas para poder seguir ofreciendo un servicio de transporte urbano. Si las autonomías no legislan las licencias de las compañías del sector seguirán estando operativas, pero solo para realizar transporte interurbano. Por eso, el pasado 6 de julio, las empresas de VTC pidieron al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una extensión del plazo compensatorio recogido en el citado decreto que daba un plazo de cuatro años a este sector en concepto de indemnización, con el fin de que las empresas pudieran recuperar su inversión.

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