Sin embargo, los empresarios afectados piden una rápida actuación gubernamental

17 de marzo de 2022

Las asociaciones empresariales que representan a la cadena de valor del gran consumo -industria y distribución- han solicitado formalmente al Gobierno su colaboración urgente para asegurar el buen funcionamiento de la cadena y la garantía de la libre circulación de mercancías. En un comunicado conjunto, las organizaciones representativas de las cadenas de supermercados y la gran distribución, Asedas, ACES y Anged, y los representantes de la industria y fabricantes, Aecoc y FIAB, han reclamado la acción del Gobierno, ante "el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios".

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Estas organizaciones han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los convocantes de la huelga para no alentar los actos vandálicos que se están produciendo y evitar hacer pagar a los ciudadanos "los problemas que la sociedad en su conjunto ya está sufriendo y que son consecuencia del actual contexto inflacionista y el complejo escenario internacional".Tras recordar que este paro del transporte ha sido convocado por una organización muy minoritaria y que no cuenta ni con el apoyo del Comité Nacional del Transporte por Carretera ni de los sindicatos mayoritarios, han resaltado la actuación cada vez más beligerante de los convocantes. En ese sentido, han mencionado bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos que "están empezando a ocasionar importantes problemas para las empresas del sector", como la falta de suministro en fábricas o dificultad para abastecer los puntos de venta.
La cadena de valor del sector ha asegurado que "intenta por todos los medios" paliar esta realidad que, a su juicio, se está produciendo por el recrudecimiento de las acciones de "una minoría de transportistas que impide que la mayoría de los profesionales y empresas del transporte puedan realizar libremente su trabajo". Ante esta situación, han trasladado su firme compromiso con el abastecimiento de productos esenciales, para lo que han solicitado al Gobierno que "adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías". Han reclamado al Ministerio del Interior la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales para poder ejercer su derecho al trabajo.
"No es el momento de paralizar el país sino de trabajar juntos, desde el diálogo y la colaboración, en la búsqueda de soluciones", han advertido. Finalmente, estas empresas han reconocido que comparten las consecuencias del actual escenario inflacionista y, por ello, ya habían pedido al Gobierno un plan especial de ayuda para mitigar los efectos de la escalada de costes sobre el transporte de mercancías por carretera. Han abogado por medidas como las adoptadas en Francia, Italia y Portugal, que incluyen la reducción de las tasas sobre los combustibles y otras exenciones fiscales.


CARTA DE AEGE, FEIQUE y UNESID a la que se han adherido Confemetal, Oficemen y AEA.


AEGE, FEIQUE y UNESID han liderado hoy el envío de sendas cartas a los comisarios del Mercado Interior y de la Energía de la Unión Europea, haciéndoles partícipes de la situación de alerta industrial y exigiendo que se adopten medidas urgentes e inmediatas.

Desde el pasado verano, las industrias electrointensivas padecen una gravísima crisis energética generada por la evolución del precio del gas y los derechos de emisión. Con la guerra de Ucrania, la situación se convierte en una emergencia industrial sin precedentes. Las asociaciones advierten a los dos Comisarios que, si la escalada de precios eléctricos es generalizada en toda la UE, las peculiaridades del mercado ibérico hacen aquí la situación mucho más crítica.
Las asociaciones dicen sus cartas que “es imposible mantener la actividad con estos precios eléctricos” y que, de no enderezarse la situación en los próximos días, muchas empresas ya en cierres temporales se verán obligadas a poner en marcha expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) y posibles deslocalizaciones de producción; a la vez, otras que no pueden parar sus instalaciones comienzan a reducir producción al mínimo permitido, como algunas electrolíticas.
La alerta —continua la carta a los Comisarios— afecta a toda la industria española consumidora de electricidad, con mayor incidencia en los sectores electrointensivos como siderurgia, química, metalurgia no férrica, los gases industriales, cemento …
El crítico momento sin precedentes que vive la UE requiere medidas de emergencia acotadas y temporales. En España, más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. Sin ofertas de contratos bilaterales de las compañías eléctricas a precios anteriores a la crisis, las empresas españolas necesitan con urgencia la acción de las instituciones europeas y del Gobierno español: es imprescindible para salvaguardar la industria básica, la economía española y el empleo de cientos de miles de trabajadores afectados.
Las asociaciones piden que, en situación de emergencia nacional y europea, el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo adopte una decisión urgente, reformando inmediatamente el mercado marginalista eléctrico mientras dure esta crisis energética, desacoplando el precio de los combustibles fósiles (gas y carbón) de la fijación del precio eléctrico en el mercado. La medida es la única viable y con impacto, e imprescindible para poder mantener la actividad industrial y el empleo en España.
Las asociaciones firmantes apoyan la posición del Gobierno español y piden medidas efectivas que puedan entrar en vigor el 1 de abril, confiando en los esfuerzos del Gobierno español para plantear la necesidad de adoptar la desvinculación inmediata de los combustibles fósiles de la formación del precio de la electricidad; ni topes artificiales de los precios, ni medidas fiscales —que por su propia naturaleza no pueden tener un efecto inmediato en el mercado—, son válidas en momentos de emergencia.
Las asociaciones reiteran a los Comisarios que el momento es crucial, en mitad de una guerra que ha agravado la alerta industrial, que, de no atajarse, pondrá en serio riesgo el futuro económico de España y de Europa.


 

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