Cuello de botella o escasez de materiales

13 de diciembre de 2021

Distintas empresas y/o sectores ponen de manifiseto sus dificultades.: --Seat ha anunciado un expediente de regulación temporal de empleo --Los concesionarios acumulan una bolsa de pedidos de 250.000 vehículos --La construcción entrega cada vez mas tarde las obras

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Seat ha anunciado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y el cierre de la planta de Martorell (Barcelona) los días 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre a causa de la crisis en el suministro global de semiconductores. Fuentes de Seat han explicado a que a partir del 24 de diciembre empezará el periodo habitual de vacaciones de Navidad y que la producción se retomará el 10 de enero. En este sentido, los días 3, 4 y 7 de enero se han acordado como días de jornada industrial, y el 5 y 6 se enero son festivos.
La empresa ha asegurado que la demanda de modelos Seat y Cupra se encuentra actualmente en niveles prepandemia y que está haciendo "todo lo posible" para entregar los vehículos a los concesionarios cuando dispone de semiconductores.

Ha puesto como ejemplo que las tres líneas de producción de la planta de Martorell trabajaron el pasado 7 de diciembre y "no descansaron durante el puente".

Los concesionarios acumulan una bolsa de pedidos de 250.000 vehículos

Los concesionarios habrán acumulado una bolsa de pedidos de unos 250.000 vehículos hasta final de año por el retraso en las entregas provocado por la crisis de los semiconductores que arrastra el sector en los últimos meses, según una estimación de Faconauto.

Se trata de ventas en firme realizadas principalmente en el último trimestre que, sin embargo, no se convertirán en matriculaciones hasta los primeros meses de 2022, según vayan llegando desde las fábricas. De esta manera, ha advertido la patronal de los concesionarios, los compradores de estos vehículos se verán afectados por la subida del Impuesto de Matriculación, efectiva desde el próximo 1 de enero, cuando se revertirán los tramos del Impuesto vigentes desde julio de 2021 y que, en la práctica, suponían una congelación de este tributo.
Los vehículos se encarecerán una media de entre 800 y 1.000 euros, según cálculos de Faconauto, que se verán obligados a asumir los clientes por dos situaciones totalmente excepcionales y coincidentes en el tiempo, como son la citada subida del impuesto y los retrasos en la entrega de sus vehículos por la crisis internacional de semiconductores.
Faconauto ha trabajado activamente en los últimos meses para explicar esta situación sobrevenida tanto al Gobierno como al resto de partidos políticos, insistiendo en la necesidad de una segunda prórroga de la aplicación de los nuevos tramos del Impuesto de Matriculación mientras se regulariza el mercado y para no penalizar injustamente a esos miles de compradores.
Por otro lado, a su juicio, una nueva prórroga permitiría, de cara a 2022, dar certidumbre al mercado y no lastrar aún más unas matriculaciones muy deprimidas principalmente por efecto de la citada crisis de los semiconductores y también por el impacto de la pandemia sobre la confianza de los consumidores.

La construcción entrega cada vez mas tarde las obras

Según una encuesta de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el 75,6% de las obras en España ha sufrido retrasos durante el último trimestre, mientras que el otro 24,4% cumple con los plazos a costa de registrar una subida media de costes del 22,2%, con el acero y la madera liderando el alza de precios.

Aunque esta situación afecta a todos proyectos en general, a la patronal preocupa especialmente la incidencia en las obras públicas, donde ya hay licitaciones que se han quedado desiertas ante la falta de ofertas para pliegos con estimaciones de precios desfasadas y que no resultan rentables. Ante la presión de unos números que no cuadran, las constructoras llevan tiempo reivindicando al Ejecutivo fórmulas para reequilibrar de forma automática la inflación en el sistema de contratación. Con el objeto de dar respuesta a esta reclamación, el Ministerio de Transportes está ultimando una norma que permitirá revisar costes de proyectos de obra en ejecución. A falta del visto bueno de Hacienda sobre su impacto presupuestario, la Administración confía en que este mecanismo ayude a evitar una ola de litigios por el encarecimiento de suministros, como la que se avecina en el sector privado.

 

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