CaixaBank no cobrará comisiones al Congreso y al Senado

27 de junio de 2021

CaixaBank seguirá gestionando las cuentas bancarias del Congreso y el Senado, pero ya sin cobrarles comisiones de mantenimiento, al haberse hecho con el contrato adjudicado por las Cortes en virtud del concurso convocado a finales de 2020.

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El contrato, que se extinguirá el 31 de diciembre de 2022, con posibilidad de una prórroga de un año, ha sido adjudicado por un importe de 584.100 euros. El valor estimado del mismo, según los pliegos aprobados en su momento por las Mesas de ambas Cámaras, ascendía a 1.091.762,85 euros y el presupuesto base de licitación era de 682.351,78, exentos de IVA.

Caixabank, que cuenta también con las oficinas institucionales que hay en las dos Cámaras, fue la única entidad que se presentó al concurso, según la documentación. A finales de 2020, el Congreso y el Senado decidieron trasladar sus cuentas de tesorería al Banco de España para evitar las comisiones que venía imponiendo la banca privada y convocaron un nuevo concurso para exigir que no se le cobrasen esas tasas por mantenimiento.

Las entidades bancarias mantienen una política de cobrar comisiones por los depósitos de sus clientes institucionales, unos cargos que se han ido consolidando y aumentando hasta el punto de que ya son varias las instituciones que han decidido tomar medidas para que no les resulte gravoso tener el dinero público en los bancos privados. Su refugio es el Banco de España, que ha ido viendo cómo se iban incrementando los depósitos de clientes de la Administración. En ese contexto, las Cortes Generales optaron por convocar un nuevo concurso para gestionar las cuentas bancarias de las Cortes, el Congreso, el Senado, la Junta Electoral Central y del Defensor del Pueblo.

El concurso se ha realizado mediante procedimiento negociado con publicidad y por tramitación urgente. Las propias Cortes justifican este trámite acelerado alegando que hay que "reducir la situación de precario del contrato del anterior adjudicatario debido a la onerosidad del mismo, como consecuencia de las exigencias del Banco Central Europeo en relación con la facilidad de depósito". El contrato, cuyo abono corre a cargo de los remanentes presupuestarios de las Cortes, tiene un presupuesto base de licitación de 682.351,78 euros y está exento de IVA. Para el precio se tomó como referencia el tipo de facilidad de depósito que aplica el Banco de España en la remuneración de los depósitos de las administraciones públicas no relacionados con la política monetaria y que actualmente está fijada en 0,5%.

En concreto, se aplicó dicha facilidad de depósito a los saldos medios de las cuentas operativa de gastos y diferentes cuentas auxiliares que precisa cada institución referidos al año 2019, actualizado al incremento presupuestario para 2021 en cada organismo. A esta estimación del coste anual de mantenimiento de las cuentas objeto se ha añadido un porcentaje del 8% para remunerar el servicio de gestión.
Por instituciones, la previsión es que teniendo en cuenta sus presupuestos para 2021, las Cortes tendrán un saldo total de 21,56 millones; el Congreso otros 33,69; el Senado de 15,80 millones; el Defensor del Pueblo de 4,28 millones y la JEC de 462.318 euros. A diferencia de convocatorias anteriores de este tipo, en esta ocasión no se fijaba como requisito a las entidades que compitan para hacerse con el contrato la apertura de oficinas institucionales en ambas Cámaras, aunque se valoraría si lo incluían en sus ofertas. Así, según el pliego de prescripciones técnicas, la adjudicataria deberá hacerse cargo de la apertura y mantenimiento de las cinco cuentas corrientes principales y de la auxiliares que pueda requerir cada una de estas instituciones.

Y ahí ya especifica que los abonos a estas cuentas se producirán principalmente por traspasos del Tesoro Público o ingreso de cheques del Banco de España o cualquier otro que se derive de la tesorería de las Cámaras, la JEC y el Defensor del Pueblo. Además de estas cuentas corrientes operativas se abrirán cinco cuentas de ingresos que, si lo precisan, recogerán los ingresos imputables a los presupuestos de las cinco instituciones, así como cuentas auxiliares donde, por ejemplo, el Congreso acumulará sus ingresos por la venta de artículos de su tienda o de sus publicaciones.
El pliego del concurso dejaba claro que todas estas cuentas "deberán estar exentas de todo tipo de gastos y comisiones de administración, mantenimiento y descubierto" y que no se podrán cobrar comisiones o gastos por transferencias nacionales y extranjeras ya sean en euros u otras monedas, la compra y venta de divisas, los ingresos en efectivo, la emisión de cheques y su uso, la de cheques nominativos por la entidad bancaria, los pagos en moneda extranjera o la intervención de bancos intermediarios.
"Por la prestación de los servicios, la entidad bancaria no podrá descontar ni exigir cantidad alguna a ninguno de los titulares de las cuentas ni a los perceptores y/o acreedores", rezan también el pliego aprobado por las Mesas de las Cortes Generales.

Durante el periodo que medió entre la convocatoria y la resolución del concurso, los fondos de estas cinco instituciones quedaron depositados en el Banco de España.


 

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