ICO ficha a un ´supervisor´ para vigilar los avales

27 de julio de 2021

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) no quiere que se le escape ninguna incidencia relacionada con la gestión que están realizando los bancos sobre los préstamos a empresas con garantía estatal. 

Compartir en:

Como respuesta a este propósito, tratará de buscar durante el verano a una firma de consultoría experta en gestión financiera que controle y haga un seguimiento de las recuperaciones y cobranza de los avales puestos en marcha para apoyar al tejido productivo durante la crisis del Covid-19. También deberá resolver las controversias que surjan y realizar propuestas de actuación. El examen se llevará a cabo durante los próximos cinco años.  El organismo público está dispuesto a pagar hasta 7,98 millones de euros (6,6 millones de euros sin IVA) a la firma interesada en realizar estos chequeos. Su intención es que sea una única empresa la adjudicataria, por lo que evitará a toda costa tener que dividir el contrato en diversos lotes, puesto que esto implicaría la necesidad de coordinar a diferentes firmas pudiendo derivar en un riesgo de ejecución. Conocer toda la normativa vigente relativa a los avales ICO-Covid y aplicarla en la revisión de las comunicaciones recibidas respecto a impagos, recuperaciones, situaciones concursales y fallidos será condición 'sine qua non'. 

La entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital exige varios requisitos para poder concurrir a la licitación. En los pliegos técnicos recoge que el licitador deberá contar con un volumen mínimo anual de negocio de cinco millones de euros referido al mejor de los últimos tres ejercicios completos disponibles. También será obligatorio acreditar experiencia en, al menos, dos proyectos de auditoría de control de cumplimiento de condiciones para la concesión de ayudas o subvenciones, financiación o líneas de mediación por un importe mínimo de 500.000 euros. 

Probar la solvencia técnica y profesional de la firma que finalmente realice estos trabajos resulta indispensable teniendo en cuenta que los avales Covid son una herramienta puesta en marcha de forma excepcional en España para hacer frente a un grave shock económico que ha tenido un impacto 'milmillonario' en las cuentas estatales. En virtud de esta medida, el Gobierno ha dispuesto 140.000 millones de euros. Este volumen se enmarca en dos líneas concretas: Líneas de Avales de Liquidez y Líneas de Avales de Inversión y Actividad. La primera, más utilizada durante el inicio de la crisis, se focaliza en facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de las medidas de distanciamiento social. La segunda trata de financiar gastos corrientes y de capital relacionados con nuevas inversiones, renovación de equipos o reinicio de actividad.

Las concesiones se han venido ralentizando, pero todavía queda margen para solicitar los avales, tanto por fecha -termina en diciembre de 2021-, como por importes. Los últimos datos disponibles señalan que las garantías ascienden por el momento a 98.539 millones de euros, con lo que se ha movilizado más de 129.568 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1,092 millones de operaciones. Alrededor del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos. Por la experiencia vivida hasta ahora, el Ejecutivo asegura que está siendo uno de los programas "más eficaces" de los países del entorno de la Unión Europea en cuanto a su uso y extensión.
Sin embargo, que la banca sea la encargada de canalizar los fondos a través de esta colaboración público-privada con el ICO ha generado desde un principio dudas sobre posibles malas prácticas de comercialización, debido a que esta ha sido una cualidad casi inherente durante años del sector. De hecho, la jefa de la cartera económica, Nadia Calviño, no tuvo más remedio que elaborar un Código de Buenas Prácticas para velar por el buen uso del dinero público. Las entidades financieras han reiterado, una y otra vez, que trabajan diariamente vigilando el riesgo y buscando soluciones con sus clientes, por lo que no veían necesario este documento.

El problema se viralizó sobre todo cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un expediente sancionador  contra Banco Sabadell, Banco Santander y Caixabank (y Bankia) por posibles vinculaciones de productos como condición para acceder a las líneas de financiación con garantías del Estado o por el uso de las mismas como mecanismo para reestructurar deudas antiguas. Aunque las denuncias recibidas por el organismo presidido por Cani Fernández habrían sido residuales, sospecha que el abuso ha podido ser una práctica generalizada. El sector bancario se ha quejado públicamente de esta investigación. El canal de reclamaciones del propio ICO recibió en 2020 un total de 1.493 quejas, la mayoría relacionadas con los avales. Un año antes solo tuvo que atender 136.

En cualquier caso, habrá un seguimiento absoluto una vez se adjudique el contrato. Se realizarán análisis de los importes recuperados por cada entidad financiera y la aplicación de los mismos de manera proporcional a la cobertura del aval a favor del ICO. Se harán verificaciones de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) morosa. Asimismo, se analizarán las situaciones concursales comunicadas por la banca a la entidad pública y a la Abogacía del Estado. 

Otra cuestión importante será la validación de que las amortizaciones anticipadas han sido realizadas sólo sobre el principal avalado. En caso de que se hayan aplicado quitas a la deuda con garantía, se revisará que existe la autorización de la Agencia Tributaria y, en caso contrario, que haya sido la entidad financiera la que asume íntegramente la condonación. Igualmente, se requerirá la elaboración de informes periódicos para el seguimiento de las líneas y otros por banco de manera individual revisando resultados de impagos, avales ejecutados y recuperaciones.
 

Compartir en:

Crónica económica te recomienda
Otros artículos de Redacción y Agencias