Nace el defensor del inversor, con la clara oposición de la banca

05 de abril de 2022

La autoridad del cliente financiero, que se ocupará esencialmente de dar respuestas a las reclamaciones de los clientes de alguna de las entidades del sector, ya está en la mesa del Consejo de Ministros. El organismo, que sustituirá a los servicios de reclamaciones de la CNMV, del Banco de España y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dictará veredictos vinculantes para reclamaciones por un importe de hasta 20.000 euros.

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Sin embargo, Roldan, presidente saliente de la Asociación Española de Banca se ha mostrado preocupado porque las entidades tengan que financiar con una tasa de 250 euros cada reclamación que se admita en su contra: “Una tasa es una traslación de un servicio al que se beneficia, siguiendo esta lógica no deberían ser los bancos los que la paguen. Estudiaremos la norma para ver cómo encaja”, ha expuesto en su última rueda de prensa en el cargo.

 

Pero, el Gobierno con Calviño al frente no escuchan,  El nuevo supervisor se financiará directamente con contribuciones de las entidades –deberán abonar 250 euros por cada reclamación que se presente– también fomentará la educación financiera. Esta es la última pieza de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno en el ámbito de los servicios financieros, un área con muy alta litigiosidad, "que supone una carga para los tribunales, además de para los ciudadanos".
Esta medida, dentro del ámbito regulatorio, se suma a la decisión de las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, que firmaron recientemente un protocolo de diez medidas para ayudar a los clientes mayores y vulnerables a salvar los obstáculos que suponen para ellos la digitalización del sector. También está en marcha el anteproyecto de ley de atención a la clientela. Las entidades deberán contar un servicio de atención al cliente 24 horas los 365 días del año con personas al otro lado del teléfono, con una plantilla formada y con capacidad para atender a personas mayores y con discapacidad,

El presidente del Gobierno se comprometió a la creación del nuevo organismo tras la controversia por el impuesto de actos documentados. El Supremo declaró que debía pagarlo el cliente, pero el Ejecutivo cambió la norma para que lo abonara el banco. La disputa data de noviembre de 2018. El organismo, que será independiente, tendrá representación en el consejo de la CNMV, del Banco de España y de la DGSFP y del Tesoro. Será una especie de cuarto supervisor financiero junto a los tres mencionados. La disparidad es que su vigilancia no será vertical, sino horizontal, con competencias específicas a la hora de tramitar las quejas en todas y cada una de las áreas del sector financiero.

La gran diferencia es que los veredictos de la nueva autoridad, al contrario de los de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ­(DGSFP), tendrán carácter vinculante hasta los mencionados 20.000 euros, según ha detallado Nadia Calviño.

 

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