ENFRENTAMIENTO BANCA/GOBIERNO

El impuesto de Sánchez une a la banca

29 de julio de 2022

Los directivos de los grandes bancos no solo no tiran la toalla ino que además preparan una dura batalla legal contra el atraco que la progresía que gobierna pretende endosarles, de modo y manera que puede incluso que nunca ese “impuesto” llegue a ver la luz. Hoy ha sido el turno de Gortazar , Genç o Escofet en esta batalla, de momento de titulares.

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CaixaBank calcula 450 millones por el impuesto a la banca:

CaixaBank ya ha calculado el impacto que tendrá en sus cuentas el impuesto temporal a la banca que el Gobierno aplicará para los años 2023 y 2024. El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, explicó que según las primeras estimaciones, la entidad desembolsará entre 400 y 450 millones de euros en 2023 a cargo del ejercicio 2022.

Al igual que el resto de ejecutivos bancarios que se han venido pronunciando estos días sobre el nuevo gravamen diseñado por el Gobierno, Gortázar rechazó la tasa. "Valoramos que la medida es equivocada, errónea. Lo es por tres motivos: es una medida injusta, distorsionadora y contraproducente". El ejecutivo de CaixaBank aludió a la baja rentabilidad media del sector, que todavía no cubre el coste del capital, situado en torno al 10%. "No es cierro que las entidades financieras están teniendo unos resultados extraordinariamente elevados. La rentabilidad media del sector en los últimos 12 meses es del 5,37%". Según los datos presentados hoy por la entidad, relativos al primer semestre de 2022, CaixaBank cerró el mes de junio con una ratio RoTE del 7,9%, aún por debajo del coste del capital.

Por otro lado, Gortázar consideró injusto que el impuesto solo se aplique a las entidades que sumasen al menos 800 millones de euros en ingresos entre comisiones netas y margen de intereses en el ejercicio 2019. En ese sentido, apuntó a una distorsión de la competencia. "Competimos en todo el territorio español, a veces con entidades locales que tienen una presencia muy fuerte, pero no llegan a ese umbral de los 800 millones. También con la banca extranjera que tienen mayoritariamente sucursales y como no llegan a ese requisito no estarán sujetos. La banca española está en desventaja competitiva, no tiene sentido económico y de competencia alguno", expresó.

Además, señaló que la medida diseñada por el Gobierno para que las entidades no trasladen a los clientes ese tributo incumple con la normativa europea, que establece que para calcular el precio del crédito las entidades deben tener en cuenta todos sus gastos, incluidos los impuestos. "Tenemos normas de buenas prácticas de la Autoridad Bancaria Europea que dicen que repercutamos todos los costes, los de capital, los operativos, los de crédito y los tributarios. No nos podemos permitir ir contra la normativa europea", valoró.
En ese sentido, Gortázar, además, apuntó que el impuesto tendrá consecuencias en la economía en general y en la oferta de crédito. "Como consecuencia de esa normativa que pide repercutir los costes vamos a encontrarnos con que, o bien se repercute y el crédito se encarece, o no se repercute y en muchas ocasiones se va a dejar de conceder ese crédito. Tendremos crédito más caro o menos crédito en un momento de empeoramiento de la economía".

Genç (BBVA): "Lo que necesita ahora España es crecer, no un impuesto a la banca"

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha afirmado este viernes que el nuevo impuesto a la banca es "una mala noticia" para España y que el país lo que "necesita ahora" es crecer, "no un impuesto a la banca".

En la presentación ante analistas de los resultados del grupo bancario en el primer semestre, cuando la entidad ganó 3.100 millones de euros, un 59,3% más, Genç ha valorado la proposición de ley presentada este jueves por los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos donde se contempla un gravamen al sector bancario del 4,8% sobre margen de intereses y comisiones, y ha considerado que si se busca "restringir la actividad" de un sector, "esta es la manera".
Ha defendido que la banca "no deteriora el PIB", sino que ayuda a impulsar el crecimiento de la economía y que, por ello, el nuevo impuesto "va a afectar" a ese proceso de crecimiento.

También ha indicado que este gravamen excluye a las cajas e instituciones más pequeñas, ya que se aplicará a aquellas entidades cuyos ingresos se eleven por encima de 800 millones de euros, por lo que sostiene que podría afectar al nivel de competencia y que es "injusto". "Aunque fuese para todo el sector, sería injusto", ha añadido.

Sobre la postura que el Banco Central Europeo (BCE) pueda tomar ante el impuesto como supervisor de la estabilidad financiera de la eurozona, Genç ha recordado que la institución ha expresado opiniones "bastante firmes" en el pasado, donde consideraba que cualquier impuesto 'ad hoc' que grave a la banca "no sería deseable, ya que sería una carga injusta".
Sin embargo, no ha querido pronunciarse más al respecto, ante la perspectiva de la discusión parlamentaria en torno a la proposición de ley y ante la reunión prevista para este viernes entre el Ministerio de Hacienda y los sectores afectados por los nuevos gravámenes -tanto la banca como las empresas energéticas-.

Escotet: la retroactividad es inconstitucional

El presidente de Abanca, Escotet, carga contra el nuevo impuesto a la banca anunciado por el Gobierno porque «es profundamente dañino para toda la economía». Y avisa que «se está aplicando con retroactividad, lo cual es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional». En la presentación de resultados del primer semestre de Abanca (104,3 millones de beneficios, un 14,3% más), Escotet insiste en que «lo vemos con mucha preocupación, confiamos en que no resulte aprobado». Y asegura que «es difícil de entender que a algunos sectores se les apliquen y a otros no», al igual que a «algunos bancos sí y otros no».

Resume en que «son demasiados los efectos en contra», «no tienen nada positivo», además de que «no cumplen con los criterios para los cuales fue teóricamente diseñado». Este gravamen «tendría unas consecuencias en el crédito», por lo que «es profundamente dañino para toda la economía, para todos los sectores de la economía, para la sociedad y, naturalmente, para los bancos».

Argumenta que la principal diferencia entre la crisis financiera de 2008 y la de la covid, es que en la primera «hubo literalmente un ‘credit crunch’, lo que provocó una elevadísima mortalidad del sector privado, con desaparición de empresas y destrucción de empleo, sin embargo, ahora ha habido abundancia de crédito, que fluyó dinámicamente, de manera que se ha salvado una recesión que podría haber sido muy seria, hemos salvado un enorme cantidad de empleo, así como una enorme cantidad de tejido empresarial». El presidente de Abanca considera que «no es un nuevo impuesto», sino que «el calificativo es prestación pública patrimonial no tributaria», de modo que «debería estar sujeta a una prestación de un servicio público por el cual, eventualmente, tienes una implicación remunerativa», pero «esa prestación de servicio público no ocurre». Sostiene que «no hay claridad sobre cómo se ha construido el criterio» y «hay mucha dificultad» en su aplicación.

Cree que este impuesto incluye «consideraciones francamente difíciles de entender». Opina que, si se pretende combatir los efectos inflacionarios por las «teóricas ganancias extraordinarias» de los bancos, se están «anticipando mucho» a esas ganancias, dado que los tipos de interés «no han subido lo suficiente», pues «no ha habido una subida radical de los tipos» y se produce una «razonable progresividad».
Escotet considera que ese gravamen «tendría que ser sobre los beneficios) incrementales», ya que «es muy difícil de entender que sea sobre el margen financiero neto». «Se está aplicando con retroactividad, lo cual es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional», insiste.
En algunas entidades que apliquen el impuesto igual «no hay resultados positivos», «pueden llegar incluso a perder dinero».

Cuestionado sobre si prevé medidas legales contra ese impuesto al dudar de que sea constitucional, Escotet ha afirmado que «es muy prematuro hablar de una posible judicialización», que «sería sectorial» y para «eso están patronales cuando consideren que hay fundamentos para hacerlo», pero «hay algunas sobre dudas sobre si se pueden aplicar o no ciertos criterios». El presidente de Abanca avisa del «efecto que esto puede tener a nivel macroeconómico en el conjunto de todos los sectores en España», al igual que la «pérdida de competitividad para los bancos españoles en la UE», pues «este tipo de medidas no se están aplicando en otros países». «El sector bancario español va a verse claramente afectado en sus rentabilidades», con un «agravio comparativo» respecto a sus competidores, y «eso los mercados lo toman en cuenta».

Primeros pasos de la batalla legal

La banca ha reaccionado de forma crítica contra el nuevo impuesto que gravará el 4,7% de su facturación y que este jueves presentaron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, en forma de proposición de ley. Las entidades financieras ya han activado a sus equipos legales para intentar, al menos, rebajar la figura fiscal o eliminar alguna de las exigencias.

El objetivo, según explican fuentes del sector, es actuar de manera colegiada, en bloque, contra una tasa pionera en la Unión Europea (el Ejecutivo decidió no inspirarse en la italiana por los problemas recaudatorios) que califican de "injusta" e, incluso, de "disparatada" en alguno de sus términos. El Gobierno afirma estar preparado para esta ofensiva y por eso la iniciativa no partió de los grupos parlamentarios sino que los fogoneros de la misma han sido los técnicos de Hacienda.

Dos son los argumentos que la banca pretende emplear en esta batalla legal. En primer lugar, exponen que la proposición de ley planteada por PSOE y UP podría entrar en conflicto con el "principio de proporcionalidad" al entender que "no se respeta el principio de generalidad" que impera en cualquier tributo. "Supone una amenaza a la competencia flagrante", indican desde una de las grandes entidades financieras. A la competencia nacional y a la europea, donde estas firmas operan en un mercado único.

El segundo argumento girara en torno a la base imponible: "es un disparate; gravar la facturación significa que puedas gravar a una empresa que pierda dinero". Le ha ocurrido hace no muchos años, con motivo de la crisis del Covid, a alguna entidad financiera, cuya cifra de facturación ha sido elevada y, a pesar de ello, la compañía registró pérdidas.

Los bancos aseguran entender el concepto "arrimar el hombro", empleado por el Gobierno, pero consideran injusto gravar la facturación porque se podría generar un "efecto disuasión". El CEO del Banco Santander, José Antonio Álvarez, cifró este jueves en 50.000 millones el posible impacto sobre el crédito. ¿Por qué? Porque los bancos tienen dos opciones ante el nuevo impuesto: dejar de remunerar a sus accionistas o reducir el capital. La segunda opción implica rebajar 3.000 millones (la recaudación estimada por el Ejecutivo) los préstamos. Teniendo en cuenta los llamados activos ponderados por riesgo (APR o RWA en inglés), la cifra podría multiplicarse, advierten.

Por otra parte, los bancos y sus gabinetes jurídicos aprecian que podría existir una doble imposición, indican otras fuentes del sector. Así lo razonan: el Gobierno de coalición, en su proposición de ley registrada, ha evitado hablar de tributo (PSOE y UP se refieren a las tasas como "gravámenes temporales"), pero las entidades financieras consideran que sí lo es porque se trata de un ingreso que irá a engrosar los Presupuestos. Para ser una "prestación patrimonial", explican, se debería producir un pago para una cuestión concreta relacionada con la actividad (el llamado rápel en el caso de las farmacéuticas, por ejemplo).

Por eso afirman estar ante un tributo y, por tanto, ante una doble imposición. "Grava lo mismo que el Impuesto de Sociedades", añaden desde la banca. "Y la doble imposición es inconstitucional"; es más, definen la nueva figura fiscal como "un Impuesto de sociedades bis sin posibilidad de poder deducirse los costes".

El sector energético también se posicionó este jueves en contra del tributo dado a conocer por PSOE y UP. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), por ejemplo, consideró que "no está justificado por la existencia de beneficios extraordinarios, ya que estas compañías no están obteniendo estos beneficios por el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha". En este caso la batalla es otra. Las eléctricas consideran que quien realmente está obteniendo beneficios extra son las gasistas y petroleras, de forma que no existe una unidad de acción tan férrea como en la banca.

Entienden, las eléctricas, que el Gobierno ha sido más duro con los bancos y que su figura fiscal ya estaba anunciada desde hace semanas. Por eso desde una de las grandes compañías afirman tenerlo asumido, "incluso los analistas e inversores". "Nos faltaba conocer la letra pequeña", añaden. Sus servicios jurídicos, explican, ·ya están analizando" el impuesto. "No tenemos nada descartado", concluyen.

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