FUERTE MALESTAR EN LA BANCA

Los atracos en forma de impuesto ya están aquí

28 de julio de 2022

El PSOE y Unidas Podemos han presentado una proposición de ley para la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria con las que gravarán la facturación de las empresas energéticas y las comisiones e intereses de la banca.

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Estas dos tasas que entrarán en vigor el próximo año pretenden recaudar 7.000 millones de euros en dos años, con los que el Gobierno quiere financiar medidas sociales como las impulsadas como respuesta a la guerra de Ucrania. Alrededor de 20 grupos empresariales se verán afectados por estos gravámenes.

Los pagos se efectuarán en dos plazos, en primer lugar habrá un pago a cuenta del 50% en febrero y el segundo se producirá en septiembre una vez se hayan aprobado las cuentas definitivas de los años 2022 y 2023, que son sobre las que se aplicarán las tasas. Para el sector energético será del 1,2% sobre la cifra de negocios y para la banca, del 4,8% sobre la diferencia entre comisiones e intereses cobrados y pagados. El texto legal deja en manos del Banco de España y de la Comisión Nacional sobre los Mercados y la Competencia el control para que las empresas no repercutan en los clientes estos nuevos costes. Las compañías que los trasladen se enfrentan a multas del 150% del impuesto que deberían pagar. Los requisitos son distintos para las empresas energéticas que para la banca.

En el primer sector se incluyen las empresas gasísticas, eléctricas y petroleras. También aquellas compañías en las que la energía suponga más del 50% de su negocio. La proposición fija en 1.000 millones de euros la facturación de 2019 a partir de la cual estarán obligadas a pagar el impuesto. Ambos partidos consideran que tanto 2020 como 2021 han sido años con mayor volatilidad y por ello ven más representativo el año inmediatamente anterior a la crisis del coronavirus. Se da por hecho que el gravamen se repercutirá sobre grupos fiscales, es decir, que se tendrá que calcular sobre la cifra consolidada de las distintas filiales en España. Se tomará como referencia el registro de operadores principales que publica la CNMC.

Para los bancos, el umbral que se fija a partir del cual tendrán que contribuir con este impuesto es de 800 millones de euros. Para las entidades financieras no se toma como referencia la cifra de negocios, sino la diferencia entre intereses y comisiones cobradas a los clientes y pagadas por los propios bancos. En la elaboración del texto, se ha tenido en cuenta que estos conceptos representan el 80% de los ingresos. En este caso, no se incluyen otro tipo de empresas que puedan realizar servicios financieros y se repercutirá únicamente a los grandes bancos.

Finalmente, el Gobierno ha descartado la alternativa italiana al considerar que los beneficios de una empresa pueden estar afectados por muchos factores, como por ejemplo, en el caso de desinversiones. En el caso de los grupos fiscales, tampoco se tendrán en cuenta las ventas y servicios en el exterior, únicamente el perímetro de consolidación fiscal español. Si se gravará, en cambio, a empresas extranjeras que operen en España.

El mundo financiero es un clamor

Sin conocer los detalles de la propuesta, , la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Kindelán, apuntó que el anuncio repercutiría negativamente en "la capacidad de los bancos para financiarse" en el mercado y, por consiguiente, la de dar crédito a las familias y empresas. Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, advirtió que gravar lo que el Gobierno califica de "beneficios extraordinarios" de la banca, puede provocar "menos consumo, inversión y recaudación" porque añade incertidumbre en un contexto inflacionista y con la derivada de la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania.


En esa mima lineal. el consejero delegado de Sabadell, González-Bueno, ha pedido que el impuesto temporal que el Gobierno impondrá a la banca para los ejercicios 2023 y 2024 afecte a todas las entidades financieras que operan en España. En ese sentido, durante la presentación de resultados del primer semestre del banco, González-Bueno reclamó que este gravamen especial sea neutro para las entidades. "Sobre el hecho imponible y las sociedades sujetas al nuevo impuesto, es necesario que se respete la competencia entre entidades. No se puede favorecer ni perjudicar a unas entidades frente a otras. Debe ser neutral desde un punto de vista de competencia, y que afecte a todas las entidades financieras que tengan actividad en España", ha valorado.

Y es que, según avanzó el Ejecutivo, este nuevo impuesto se aplicaría a las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros. Teniendo en cuenta los resultados de 2021, se aplicaría sobre nueve bancos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Abanca y Cajamar.
El consejero delegado de Sabadell añadía que los accionistas minoritarios serán "los principales afectados". Igualmente, valoró que el sector bancario cuenta ya con una "elevada carga impositiva" y defendió que en 2021 la entidad pagó más de 800 millones en impuestos en España, frente a un beneficio neto a nivel global de 530 millones. Además, apuntó la baja rentabilidad que viene ofreciendo el sector ante el entorno de tipos de interés negativos que se han mantenido en los últimos seis años. "El peor comportamiento bursátil del sector bancario frente al Ibex general y otros sectores se debe fundamentalmente a un entorno de tipos extraordinariamente negativo para favorecer el buen funcionamiento de la economía para reactivarla. Ahora se encuentra en vías de normalización".

Santander: la inflación no se combate con impuestos

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha lamentado que el impuesto a la banca que el Gobierno registrará este jueves en el Congreso "estigmatiza al sector" y ha avisado de que, independientemente a quién afecte, la inflación no se combate con impuestos.

Así lo ha señalado durante la presentación de resultados del segundo trimestre del año a los medios de comunicación, antes de conocer los detalles del impuesto, y ha calculado que cumplir con el objetivo de recaudación de 3.000 millones de euros en dos años que pretende el Gobierno restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones de euros. Según ha explicado, con 3.000 millones de euros el sector bancario puede prestar 50.000 millones de euros a la economía. "Es una cuenta. Ese capital resta capacidad para prestar por un importe de 50.000 millones de euros. Las dinámicas del mercado serán las que tengan que ser", ha apuntado Álvarez, para avisar de que los primeros que podrían sufrir por el impuesto son los accionistas, pero también la economía en general.

Durante su intervención, el consejero delegado ha recordado que la situación económica actual es compleja, pues tras la pandemia del Covid-19 se han producido dificultades en las cadenas de suministro y una guerra entre Ucrania y Rusia que han provocado un episodio inflacionista más persistente y acusado de lo que inicialmente se esperaba. "Esta es la situación y, en general, nos proponen en España, como una de las opciones, un impuesto. La verdad es que, desde el punto de vista general, e independientemente de a quién afecte el impuesto, difícilmente se combate con impuestos", ha recalcado Álvarez. Además, el directivo ha advertido de que, en general, los cambios súbitos en las reglas del juego elevan el coste de capital, lo que termina afectando a la riqueza en general y al nivel de empleo.
En el caso concreto del impuesto al sector bancario, Álvarez ha reconocido que su primera preocupación es que estigmatiza al sector. "Hay una situación, unos orígenes muy claros de por qué tenemos esta inflación y, de repente, la solución parece ser cargar algunos sectores. Se estigmatiza al sector y me preocupa, porque en el periodo del Covid-19, si algo ha hecho el sector, es un esfuerzo enorme, manteniendo las oficinas abiertas para atender a los clientes", ha manifestado.

Respecto al argumento esgrimido por el Gobierno para la implementación del nuevo impuesto, sobre los beneficios extraordinarios que tendrá el sector bancario por la subida de tipos de interés, Álvarez ha recordado que el sector tiene una rentabilidad del 6% al cierre de 2021, "poco más que la mitad del coste de capital". "Por tanto, no sé dónde están los beneficios extraordinarios, a no ser que pensemos que el sector vaya a multiplicar los resultados por tres, cosa que no ceo demasiado probable", ha reconocido. En la misma línea, el consejero delegado de Santander ha recordado que la banca ya paga unos impuestos muy altos, con un tipo impositivo de Sociedades del 30% (frente al 25% del conjunto de la economía), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) o las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución Europeo.

 

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