BdE: nuevo sistema de control

15 de marzo de 2022

El BdE ultima la habilitación de un nuevo registro al que las entidades financieras estarán obligadas a remitir de forma periódica los cargos no autorizados detectados, ya sea por la queja del propio cliente o como resultado de inspecciones internas.

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Esta base permitirá elaborar estadísticas y vigilar un problema que a medida que el sector financiero se digitaliza empieza a verse de forma más habitual, sobre todo en un contexto de incertidumbre derivado de una guerra armada en el que los ciberataques empiezan a desbordar las áreas de seguridad de muchas compañías.
Este aparato de monitoreo se incluirá en una nueva circular, que ya ha pasado por consulta pública y ha obtenido el dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno. El texto definitivo, que difiere del borrador del proyecto, verá la luz en los próximos días. Con esta normativa, que adapta de forma plena las exigencias europeas, se pretende vigilar los niveles de fraude y los medios por los que se lleva a cabo.
El arma de control del Banco de España sobre los pagos fraudulentos se enmarca en un reglamento europeo de diciembre de 2020, rediseñado nueve meses después de que estallara la pandemia del coronavirus y el mundo digital se volviera totalmente protagonista. Previamente existía otra normativa, relativa a 2013 y traspuesta en España en 2015. Tras los cambios de relevancia impuestos por el Banco Central Europeo (BCE), el organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos decidió derogar en su totalidad la norma traspuesta hace siete años como solución regulatoria más adecuada sustituyéndola por una nueva que se adapte completamente.

Los organismos regulatorios son conscientes de que el buen funcionamiento de los sistemas de pago depende de la confianza pública en los propios instrumentos, como las tarjetas, las transferencias o los adeudos directos, pues resulta evidente que las pérdidas financieras por fraude socavan la seguridad y la certidumbre. Con la entrada en vigor de la nueva circular se podrá seguir con precisión la evolución de los nuevos servicios, formulando directrices para unos mercados de pago minoristas que evolucionan rápidamente y evaluando el grado de eficacia para reducir los riesgos financieros y operaciones en cada opción de pago.

Los plazos para la remisión de la información, que deberá incluir incluso operaciones transfronterizas en tarjetas y desgloses por países, variará según la condición de cada entidad de pago, entre las que están afectadas Visa o Mastercard, entre otras. En cualquier caso, el envío es inminente. El primer grupo deberá presentar los datos referidos al periodo comprendido entre enero a marzo no más tarde del próximo 29 de abril. Las cifras del primer semestre de este año no podrán demorarse más allá del 31 de agosto. En caso de que la información a enviar sea anual, tendrá que rendirse cuentas antes del 28 de febrero de 2023. Además, las entidades que consoliden como un grupo deberán desagregar los datos de sus filiales y no podrán 'maquillarse' los números porque tendrán que mandarse con independencia de que los casos se hayan resuelto.


Las tarjetas bancarias han ido ganando peso al efectivo como medio de pago más utilizado en España durante los últimos meses. Más de la mitad de los españoles elige el uso del 'plástico' para realizar sus compras, si bien este hábito trae problemas. A los habituales por robo o pérdida se les suma ahora el riesgo derivado de su uso en la banca en línea. De hecho, los delitos financieros se extienden y los ciberataques son cada vez más sofisticados y habituales. Los equipos de los bancos trabajan diariamente por mantener sus cortafuegos, pero los fraudes en ocasiones se producen de forma externa en páginas web donde se realizan las transacciones. La mayoría se produce por copias o duplicados de las tarjetas.

La tecnología es un elemento imprescindible para que las firmas financieras puedan realizar su actividad de modo fiable, seguro y acorde con su modelo de negocio y estrategia. El propio Banco de España explica que factores como el elevado número de interconexiones dentro del sector y con terceras partes, la continua y veloz evolución tecnológica, el aumento en el número y sofisticación de las ciberamenazas o el desplazamiento masivo de la operativa financiera a los canales digitales han convertido la resiliencia y la ciberseguridad de las entidades en una prioridad, tanto desde el punto de vista prudencial como desde el de la estabilidad financiera.

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